La historia vuelve a repetirse. Mientras el gobierno de Luis Abinader abre las puertas de la base aérea de San Isidro para operaciones militares extranjeras, el pueblo dominicano observa con rabia contenida cómo, otra vez, decisiones que comprometen la soberanía se toman sin consultar al país.
Aquí cambian los gobiernos, cambian los discursos, cambian los eufemismos… pero el guion imperial se mantiene. Hoy el gobierno lo llama “autorización temporal para operaciones logísticas”, una frase tan lavada que casi da risa. Pero el olor es el mismo de siempre: el olor a tutela extranjera, a territorio prestado para intereses ajenos, a soberanía convertida en trámite burocrático.
Porque aquí no hablamos de un simple aterrizaje técnico ni de un tanque de combustible. Hablamos de un principio sagrado: no puede haber operaciones militares extranjeras dentro del territorio nacional sin control pleno del Estado dominicano, sin supervisión democrática y mucho menos sin un Congreso que apruebe o rechace lo que corresponde por Constitución. Eso, en un país que recuerda 1916 y 1965, debería ser terreno prohibido.
El gobierno intenta cubrirse citando acuerdos firmados en 1995 y ampliados en 2003. Y es cierto que esos documentos existen. Pero también es cierto —y el gobierno lo sabe— que esos acuerdos jamás han sido debatidos abiertamente por el país, que su constitucionalidad es cuestionable, y que un permiso administrativo no puede reemplazar un mandato constitucional. Son, en el fondo, papeles útiles para justificar lo que no se quiere discutir de frente: la entrada de una potencia militar a infraestructuras estratégicas dominicanas.
El peligro no está solo en lo que se firma, sino en lo que se permite
Las autoridades repiten que el permiso es “temporal”, “técnico”, “logístico”, “no militar”. Palabras bonitas. Pero la historia internacional está llena de ejemplos donde esas mismas palabras fueron el umbral de algo mucho más grande, más largo y más difícil de revertir.
Ahí está Guantánamo: un arrendamiento “legal” convertido en una base permanente usada incluso para fines jamás imaginados en 1903. Ahí está Diego García, en el archipiélago de Chagos: un acuerdo entre Estados poderosos que terminó con una población entera expulsada de su territorio y con la creación de una instalación militar clave para operaciones globales.
Ahí está Manas, en Kirguistán: empezó como un punto logístico “temporal” y terminó funcionando más de una década, a pesar de protestas internas y renegociaciones constantes. Ahí está Yibuti: acuerdos de “cooperación” que crecieron hasta convertir Camp Lemonnier en la principal base estadounidense en África.
Ahí está Filipinas: bases militares justificadas en “seguridad cooperativa” que se mantuvieron por casi medio siglo.
Y más reciente, ahí está Arabia Saudita tras la Guerra del Golfo (1990): permiso temporal, inicialmente vinculado a la defensa regional, que terminó teniendo consecuencias políticas imprevisibles en la región.
La lección es clara: cuando un país abre la puerta “solo por un ratito”, el visitante decide cuánto dura el ratito.
Y casi siempre dura más que el gobierno que firmó.
En nuestro caso sabemos que el presidente Luis Abinader autorizó el uso de la Base Aérea de San Isidro y del AILA para operaciones de aeronaves estadounidenses hasta abril de 2026.
Sabemos que se habla de supuestas “operaciones antidrogas”, la palabra mágica que le abre puertas sin preguntas, exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos.
Y sabemos también que no se ha publicado un texto detallado: ni número de personal, ni límites operacionales, ni mecanismos de supervisión, ni protocolos de inspección, ni formas de compensación, ni responsabilidades en caso de daño, ni nada que permita a la ciudadanía evaluar los alcances reales.
En otras palabras: se pide confianza a ciegas.
¿Vamos a seguir siendo un país que firma lo que no debate, que autoriza lo que no entiende y que el Ejecutivo entrega lo que no le pertenece?
¿O vamos a ser un país que exige transparencia, control democrático y supervisión popular sobre cada centímetro de soberanía?
Porque la soberanía se defiende en el Congreso, sí. Pero sobre todo se defiende en las calles. En los gremios.
En las organizaciones sociales. En los barrios.
En cualquier lugar donde alguien diga: ¡Ya basta! Este país no está en venta, ni en alquiler, ni en “autorización temporal”.
El gobierno podrá firmar papeles bajo la mesa. Pero no podrá evitar que el pueblo levante la voz y recuerde, antes de que sea demasiado tarde, que la soberanía dominicana no se negocia: se ejerce, se exige y se defiende.
Llamado a la acción: 10 de diciembre
Por eso, hoy más que nunca, hacemos un llamado urgente a todos los dominicanos y dominicanas a unirse al llamado de la Coordinadora Popular Nacional (CPN): rechazar de manera firme y organizada este acuerdo y cualquier presencia militar extranjera en nuestro país, en el Caribe y en toda Latinoamérica.
La CPN ha convocado a actividades y demostraciones simultáneas el próximo 10 de diciembre. Acojamos el llamado defendamos a la República Dominicana como parte de un Caribe y una Latinoamérica libres, independientes y zona de paz, donde ningún poder extranjero decida por nosotros.
La soberanía no se negocia: se ejerce, se exige y se defiende colectivamente.
jpm-am
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