La icónica frase resume con claridad la situación nacional: la nave en la que viajamos enfrenta un grave problema. No radica únicamente en el destino, sino en los pilotos que la conducen. Durante los últimos cincuenta años, el liderazgo político dominicano ha colapsado, arrastrando al país por un rumbo incierto, marcado por la corrupción, el clientelismo y la falta de visión.

Desde un inicio errático tras la  gran conquista de independencia hasta el caos actual, nuestra sociedad no ha sido capaz de definir un camino hacia la prosperidad ni hacia la equidad ante la ley. La corrupción en todos los niveles, sumada a la ausencia de compromiso cívico de las élites gobernantes —y que tristemente se replica en la ciudadanía—, constituye una verdadera pandemia moral.

La clase política, al asumir el poder, con frecuencia se transforma en empresaria. Ello genera una competencia desleal con los verdaderos productores y creadores de riqueza, y deja como consecuencia un profundo desprecio hacia la clase productiva, hoy víctima además de la especulación cambiaria.

Garantizar la estabilidad monetaria y cambiaria es una tarea impostergable. Para que nuestros productores compitan en un mundo más complejo, el país necesita:

Incrementar sus reservas en oro.

Impulsar una economía de ahorro, en lugar de la cultura del “día a día”.

Considerar la creación de una criptomoneda nacional respaldada en oro y dólares —“RDGOLD”— que proteja el dólar físico como reserva estratégica.

Pero el problema no es únicamente económico. La política social, basada casi exclusivamente en el clientelismo, no fomenta el desarrollo. Al contrario, convierte al Estado en un instrumento de control que debilita la productividad y castiga el esfuerzo honesto de trabajadores y empresarios.

A la juventud

Ignoro si la ministra de Interior fue la que primero informó que el director de la Policía dispuso la suspensión de los agentes que ultimaron a cinco hombres en Santiago, o si fue la procuradora general, Yeni Berenice, que ordenó investigar esa matanza perpetrada el miércoles en el sector La Barranquita, de Santiago.

La primera información sobre ese suceso fue ofrecida por el coronel Diego Pesqueira, quien dijo que los agentes actuantes enfrentaron a miembros de una banda de delincuentes, que al menos dos de los occisos tenían antecedentes penales y que un miembro de la institución fue herido en la balacera.

Es posible que los agentes de la Dirección Centran de Investigaciones (Dicrim)  enfrentaran a supuestos miembros de una banda de sicarios o narcotraficantes, pero al menos se sabe que José Vladimir Valerio Estevez fue acribillado a balazos cuando iniciaba su jornada laboral como barbero.

La ministra Raful ha prometido que no habrá impunidad ante ese suceso que se quiso cerrar con la tradicional versión de que las victimas formaban parte de una peligrosa banda que enfrentó a las autoridades con un arsenal, sin establecer si pudo tratarse de otra ejecución extrajudicial.

En lo que va de año la prensa ha contado 170 personas ultimadas por patrullas policiales en alegados intercambios de disparos, a los que se agrega los cinco abatidos en una plaza comercial de Santiago. Donde la policía pone el ojo, pone la bala.

Se reconoce el especial interés que el presidente Luis Abinader ha puesto en el proyecto de transformación de la Policía, cuyo avance revisa cada lunes, pero aun la ciudadanía no percibe de manera significativa el cambio que experimenta la institución.

El narcotráfico, sicariato, terrorismo, extorsión y trata de personas se erigen en grandes multinacionales del crimen que perturba la seguridad ciudadana y la gobernanza política en América Latina, con tanto poder y dinero que llegan a penetrar hasta el tuétano de las instituciones   encargada de combatirlo.

En República Dominicana se han decomisado desde el 2020 más de 224 toneladas de drogas, pero se da por seguro que otros muchos cargamentos de narcóticos llegan desde aquí a su destino final de Estados Unidos y Europa, pero también es mucha la droga que se queda para mercadeo y consumo, lo que promueve una economía de subsuelo que alienta al crimen.

El Ministerio Público esta compelido a investigar las circunstancias en que cinco personas fueron abatidas a tiros por agentes policiales en Santiago, un episodio que no puede ser coronado por la impunidad porque sería como darle aquiescencia a que delincuentes maten a delincuentes.

jpm-am

La nueva ley penitenciaria, ley No.113-21, la cual sustituye a la ley 224-84, ambas leyes adoptaron el sistema progresivo como medio de reinserción del interno. El sistema progresivo es reconocido también en Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos o reglas de Nelson Mandela como también se le denomino en honor a dicho personaje, quien estuvo preso por 27 años.

Estas reglas constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad dictadas por la ONU.

El sistema progresivo para ser materializado debe ser llevado a cabo por instituciones penitenciariaS que permitan su desarrollo. Una de esas instituciones es el medio libre, la cual  se crea bajo la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales con la finalidad de contribuir a la reinserción social de las personas egresadas de los centros de corrección y rehabilitación en el periodo de prueba, así como la gestión de las medidas alternativas a la prisión.

El objetivo del medio libre es ayudar con la seguridad pública mediante la reinserción laboral, en un trabajo remunerado, de personas condenadas, aplicando medidas alternativas a la reclusión, incluyendo la capacitación y la colocación laboral, independiente o dependiente.

El medio libre tuvo como antecedente desde el punto de vista de su desarrollo reglamentario la Resolución No.00040 dictada por la Procuraduría General de La República en el año 2012. Por ello la ley 113-21 la recoge en su artículo 147.

El medio libre como la institución del sistema penitenciario tiene como función pproponer a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales los planes y programas a ejecutar para el medio libre, previamente aprobados por el Procurador General de la República.

Las reformas a la justicia penal ocurridas en América Latina recientemente generaron un escenario jurídico penal donde la “alternatividad penal” es el centro como nueva alternativa al proceso tradicional.

Esta alternatividad trajo nuevos modos para la resolución del conflicto y cumplimiento de las penas. Es por ello, que el Código Procesal Penal adopta numerosas instituciones que constituyen modos de alternativas a la prisión.

Figura como los criterios para la determinación de la pena (art. 339 cpp); condiciones especiales de cumplimiento de la pena (art. 342 cpp); el perdón judicial (art. 340 cpp); la suspensión condicional de la pena (art. 341 cpp); las soluciones alternativas al juicio: (conciliación, resarcimiento integral del daño y la suspensión condicional del procedimiento arts. 37, 40 y 44.9 del cpp); así como el perdón condicional de la pena ( ley 223) y la libertad condicional (ley 164) constituyen un arsenal amplio de instituciones del derecho penitenciario para que por mandato del artículo 169 constitucional y articulo 2 del cpp (que establece el principio de ultima ratio- derecho penal mínimo) se concretice verdaderas salidas alternativas a la prisión y se solucionen los conflictos diferente a la imposición de una pena.

Entre 2022 al 2025 se emitieron 9,449 salidas de medio libre. Estas salidas es el resultado de la participación de numerosos departamentos e instituciones del orden judicial que involucran al Poder Judicial, juez de ejecución de la pena, Ministerio Público, departamentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, abogados, médicos, Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, Constitución, leyes y por supuesto el interno.

Ignorancia

Negar y cuestionar estas salidas alternativas a la prisión que constituyen nuevas formas de ejercicio del derecho penitenciario-penal es evidenciar ignorancia del orden jurídico, una manera de medir la democracia y el nivel de pensamiento humano.

El inmenso y gigante Nelson Mándela dijo que suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.

Las salidas alternativas a la prisión no son una impunidad, un indulto o una amnistía. Son formas de cumplimento de las penas basada en el sistema progresivo que adoptó el Estado dominicano para su sistema penitenciario.

Si queremos un sistema penitenciario sin cárcel hacinadas, en malas condiciones e indignas deberíamos respetar las salidas alternativas a la prisión.

jpm-am