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Aún se mantienen frescos en mi memoria los recuerdos de aquellas clases de historia en la primaria, cuando, siendo apenas un niño, se hacía referencia al acontecimiento conocido como la “masacre del perejil”. Como todo neófito en estos asuntos, y como muchos dominicanos, creí sin cuestionar aquel discurso que hoy, al contrastarlo con los hechos, se revela más bien como un relato construido con la finalidad de estigmatizar al dominicano y victimizar a quienes nos acompañan en el otro lado de la isla.
Con solo observar los eventos del presente, así como los del pasado, podemos percibir que durante décadas ha existido, tanto a lo interno como a lo externo de nuestro país, una tendencia a magnificar cualquier hecho que perjudique al conglomerado humano vecino y a minimizar aquellos en los que la víctima es un dominicano.
Quien dude de lo anterior encontrará sustento en dos casos recientes. El primero se relaciona con el lamentable fallecimiento de una niña extranjera mientras se encontraba en un viaje escolar. El hecho se difundió rápidamente en la prensa nacional e internacional: en un inicio se afirmó que había sido ahogada; posteriormente, gracias a las cámaras, se comprobó que, sin saber nadar, se lanzó al agua, donde tristemente perdió la vida.
No obstante, en otro caso, un grupo de individuos provenientes de la nación ubicada al oeste, utilizando armas blancas, le provocó la muerte a un joven en el barrio Los Mina. Este hecho apenas tuvo presencia en los medios nacionales. Cuando los medios tradicionales se referían al caso, omitían la nacionalidad de los responsables. La comunidad, ante la inacción de las autoridades, tuvo que movilizarse para exigir justicia.
Este preámbulo sirve como referencia para entender cómo determinados entes supranacionales, con agentes en el país, alteran los acontecimientos históricos con el propósito de presentar a la República Dominicana como un territorio profundamente racista que ha maltratado a sus vecinos, generando en la población un sentimiento de culpa y de deuda histórica. Es en ese contexto donde se construye la narrativa de que en 1937 murieron 37,000 extranjeros, algunos supuestamente lanzados al río Masacre y otros enterrados en fosas comunes.
Al investigar sobre el tema, encontré un artículo en el Listín Diario que señalaba que un arqueólogo y un historiador dominicanos dedicaron más de 30 años a la excavación en zonas fronterizas en busca de fosas comunes, sin resultados concluyentes. Asimismo, se suele citar la obra de Freddy Prestol Castillo titulada El Masacre se pasa a pie.
Cabe entonces formular algunas preguntas: ¿Es posible lanzar 37,000 cuerpos a un río? Si no existen fosas comunes, ¿dónde fueron enterrados esos cadáveres? Si, como se afirma, las muertes ocurrieron mediante el uso de bayonetas, machetes y cuchillos, ¿cuántos militares o ejecutores se habrían necesitado para perpetrar tal cantidad de asesinatos? ¿Cuántos efectivos tenía el país en esa época: dos mil, tres mil?
