Por EZEQUIEL CUEVAS

La República Dominicana arrastra desde hace décadas una deuda histórica con sus ciudadanos: la de una justicia oportuna, imparcial e independiente. El sistema de justicia dominicano enfrenta el gran reto de mejorar sus niveles de confianza.

Según el Latinobarómetro 2024, apenas el 28% de los latinoamericanos confía en el Poder Judicial, una cifra que ubica a esta institución entre las de menor credibilidad en la región, por encima únicamente de los sindicatos, el Congreso y los partidos políticos. [Hoy Digital] https://hoy.com.do/el-poder-judicial-y-los-casos-de-corrupcion-en-republica-dominicana/) Este dato no es una anécdota estadística; es el reflejo de un sistema que, pese a declaraciones optimistas, sigue fallándole a la ciudadanía.

Uno de los males más crónicos del sistema judicial dominicano es la llamada mora judicial, que se traduce en expedientes acumulados, audiencias postergadas y ciudadanos que esperan años para obtener una resolución. Al 15 de enero de 2024, se identificaron 66,500 asuntos en estado de mora a nivel nacional, registrados en el Sistema de Gestión de Casos, y en ese momento solo el 30% de los tribunales del país estaban al día. [El Nacional] https://elnacional.com.do/mora-judicial-y-falta-recursos-retos-penal/) Este represamiento no es solo un problema administrativo; es una violación sistemática al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en la propia Constitución dominicana.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha reconocido públicamente la gravedad del problema. Durante el acto conmemorativo por el Día del Poder Judicial, el magistrado Luis Henry Molina Peña subrayó que la mora judicial continúa siendo el mayor reto que enfrenta el sistema, señalando que «hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes». (Diario Libre, 2025).

Resulta paradójico que sea el propio titular del sistema quien confirme el diagnóstico de crisis, mientras los esfuerzos institucionales aún no logran erradicar el problema de raíz. En 2024, el 73% de los tribunales reportó estar al día, pero aún quedaba un 27% que enfrentaba retrasos significativos, lo que supone que cientos de tribunales siguen operando con mora. (Diario Libre, 2025).

Más allá de la mora estructural, el talón de Aquiles del sistema judicial dominicano es su incapacidad para procesar con celeridad los casos de corrupción administrativa de alto perfil. Los casos de corrupción presentados por el Ministerio Público en los años 2020 y 2021 avanzan muy lentamente, con algunos expedientes que acumulan ya cuatro años sin que se haya logrado una sentencia en primera instancia.

Los reenvíos constituyen el día a día de la justicia, y se aplaza el conocimiento de casos incluso por falta de combustible para trasladar a los imputados. [Hoy Digital] https://hoy.com.do/el-poder-judicial-y-los-casos-de-corrupcion-en-republica-dominicana/) Esta realidad desnuda una burocracia judicial que no responde a la urgencia que la ciudadanía demanda.

La organización Participación Ciudadana ha sido una de las voces más críticas frente a esta situación. Según esta entidad, aunque el país cuenta con un marco legal y organismos especializados para combatir la corrupción, el principal desafío sigue siendo la mora judicial y el uso de recursos legales para retrasar los procesos. «Se utilizan mecanismos para bombardear el proceso y atrasarlo.

Luego solicitan la extinción de la acción penal, y ese es uno de los grandes desafíos», explicó la coordinadora general Leidy Blanco. (N Digital, 2026). Esta estrategia defensiva, tolerada en parte por la lentitud del sistema, convierte a la prescripción en un aliado de los corruptos.

Blanco cuestionó abiertamente la ausencia de condenas ejemplarizantes, señalando: «Hemos visto los casos, hemos visto cómo se decide llevarlos a la justicia, pero ¿dónde están los presos?, ¿dónde están las sanciones?». Además, advirtió que muchos expedientes tardan cinco o seis años en llegar a un juicio de fondo, lo que debilita la confianza en las instituciones. (Diario Libre, 2026). Esta impunidad de facto no es solo una falla técnica del sistema: es una señal política que desalienta la denuncia ciudadana y alimenta la percepción de que en la República Dominicana la justicia tiene dos pesos y dos medidas.

La situación financiera del Poder Judicial agrava aún más el panorama. La Ley 194-04 fija un piso del 4.10% de los ingresos internos para el sistema de justicia, del cual el 2.66% corresponde al Poder Judicial. Sin embargo, históricamente la justicia ha operado con un porcentaje muy inferior: el promedio histórico es de apenas 1.23%, equivalente a un exiguo 0.15% del PIB. ([El Nuevo Diario] https://elnuevodiario.com.do/la-independencia-judicial-un-compromiso-de-todos/)

Esta brecha presupuestaria compromete la capacidad del sistema para contratar personal suficiente, modernizar infraestructuras y garantizar condiciones dignas a los operadores de justicia, perpetuando así el ciclo de ineficiencia.

En el plano de la corrupción pública, Participación Ciudadana advirtió en su balance de 2025 que la sociedad dominicana experimentó «graves retrocesos» en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y justicia. La organización consideró el desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como el caso más grave del año, con un perjuicio estimado en 15,000 millones de pesos que afectó directamente el acceso a servicios de salud de sectores vulnerables. [Diario Libre, 2025) Que el crimen llegue hasta la salud de los más pobres habla de un sistema de control judicial que no ha logrado actuar como verdadero disuasor de la corrupción administrativa.

A pesar del avance de cinco puntos consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que llevó al país al puesto 99 mundial con 37 puntos en 2026, el informe advierte que el progreso sigue siendo limitado y marcado por la falta de sanciones efectivas y la lentitud del sistema judicial para castigar los casos de corrupción.

La impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción administrativa. (N Digital, 2026) El reto de la República Dominicana no es solo mejorar posiciones en rankings internacionales, sino transformar de manera real y profunda un sistema judicial que devuelva a sus ciudadanos la fe en que la justicia, tarde o temprano, llega para todos por igual.

jpm-am

Cada 24 de abril la República Dominicana conmemora el Día de los Ayuntamientos, fecha que debería servir para reflexionar sobre el rol estratégico de los gobiernos locales en el desarrollo nacional.

En teoría, los cabildos están llamados a ser el primer nivel de gobierno, el más cercano a la gente, con capacidad para gestionar servicios esenciales y liderar el desarrollo de sus territorios. Sin embargo, la realidad dista mucho de ese ideal.

La descentralización, ampliamente reconocida como un pilar de las democracias modernas, sigue siendo una promesa incumplida en el país.

En lugar de fortalecerse, los ayuntamientos han experimentado, de manera progresiva, una reducción de sus competencias. Servicios clave como el agua potable, la salud, la educación, el transporte y el desarrollo local han sido concentrados en el gobierno central o en entidades autónomas, dejando a los “gobiernos municipales” con un margen de acción cada vez más limitado.

Hoy, en muchos municipios, la función más visible, y a veces casi la única, de los ayuntamientos es la recolección de desechos sólidos. Paradójicamente, incluso este servicio ha sido en numerosos casos tercerizado a empresas privadas, lo que reduce aún más la capacidad operativa y la relevancia institucional de los cabildos.

Esta realidad plantea una gran contradicción: mientras el discurso oficial insiste en la importancia de la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales, en la práctica se ha producido un proceso inverso, una excesiva centralización de funciones, recursos y decisiones.

Modelo carencial

El resultado es un modelo de gestión territorial donde los ayuntamientos carecen de autonomía real, recursos suficientes y capacidad técnica para incidir de manera efectiva en la calidad de vida de los ciudadanos.

Las consecuencias de este modelo son evidentes. La distancia entre las decisiones públicas y las necesidades reales de la población se amplía. Los procesos se vuelven más burocráticos, menos eficientes y menos sensibles a las particularidades de cada territorio. Se debilita la participación ciudadana y se limita el potencial de desarrollo local.

En este contexto, la celebración del Día de los Ayuntamientos debería trascender el simbolismo. Más que actos protocolares, se requiere una reflexión seria sobre la necesidad de redefinir el papel de los gobiernos municipales en la estructura del Estado dominicano.

Esto implica revisar el marco legal, la ley 176-07 y otras, garantizar una asignación más sustancial y justa de recursos, fortalecer las capacidades técnicas locales y, sobre todo, transferir competencias reales que permitan a los ayuntamientos convertirse en verdaderos gobiernos de las ciudades, con poder de decisión y verdadera autonomía.

La experiencia internacional demuestra que los países que han apostado por una descentralización efectiva logran una gestión más eficiente, participativa y cercana a la gente.

La República Dominicana tiene en sus municipios una oportunidad invaluable para impulsar el desarrollo desde lo local. Pero para ello, es necesario pasar del discurso a la acción.

Hoy, en su día, los ayuntamientos dominicanos no solo merecen reconocimiento. Merecen, sobre todo, poder.

jpm-am

En la República Dominicana, la indignación se ha convertido ya en un reflejo automático: estalla con cada tragedia que nos golpea, se hacen eco de ella las autoridades, la expresa el común de los ciudadanos, se multiplica en los medios de comunicación, las redes y luego se disuelve sin arrojar cambios reales.

Mientras tanto, el caos y el desorden permanecen. Y uno de sus rostros más evidentes es, sin lugar a dudas, el Motoconcho: un servicio público de facto que opera, en gran medida, sin regulación ni reglas claras.

Lo que nació como una respuesta a la falta de transporte eficiente en nuestro país, se ha transformado en un sistema paralelo que mueve a miles de ciudadanos cada día. Cumple una función social innegable, eso sí, especialmente en zonas donde el transporte formal no llega.

Pero ese mismo crecimiento, sin control ni regulación efectiva, ha derivado en una peligrosa normalización del caos.

El Motoconcho llena un vacío real, no hay dudas, llega donde otros sistemas no llegan, es rápido y barato. Pero ese mismo crecimiento desorganizado ha traído problemas difíciles de ignorar: accidentes frecuentes, uso del servicio para fines delictivos en algunos casos, y ausencia de garantías mínimas para el usuario.

La realidad en las calles de cualquier ciudad del país es cruda de ver. Motoristas que cruzan semáforos en rojo, que se suben a las aceras obligando a peatones a apartarse, que circulan a alta velocidad entre vehículos, rozándolos sin asumir responsabilidad.

Igualmente, giros prohibidos, tránsito en vía contraria, ocupación desordenada de esquinas como paradas improvisadas, motoristas sin casco, sin identificación, sin placas visibles en muchos casos, operando en cualquier horario, sin que el usuario tenga la menor garantía de seguridad.

¿Quién responde cuando ocurre un crimen? ¿Quién controla a quien está detrás del manubrio? Simplemente, la ley no se respeta porque, a decir verdad, no se hace respetar.

Y cuando ese desorden escala y se afianza, las consecuencias son devastadoras. El reciente asesinato de un chofer de camión recolector de basura en Santiago, presuntamente a manos de varios motoristas, ha sacudido la conciencia nacional. La indignación es profunda, pero también reveladora: la sociedad empieza a entender que estos hechos no surgen en el vacío, sino en un contexto de permisividad prolongada.

Aunque, verdaderamente, sería injusto e insensato generalizar, ya que la mayoría de los motoconchistas son trabajadores que buscan el sustento diario con esfuerzo.

Pero también es innegable que la falta de control ha abierto espacio a conductas temerarias, a la impunidad y, en algunos casos, a la violencia y la delincuencia.

Pero el problema, en esencia, no es el Motoconcho en sí, es la ausencia del Estado, el abandono institucional. Durante años, las autoridades han permitido que el Motoconcho crezca sin control, sin registro confiable, sin identificación visible y sin consecuencias claras para quienes violan la ley.

Se anuncian pactos, planes, medidas, se realizan operativos puntuales, pero no existe una política sostenida que ordene de manera definitiva este servicio; pero todo se desvanece, y al final, el desorden vuelve a imponerse con rapidez.

Regular no es eliminar. Regular es organizar, proteger y dignificar. Implica establecer un registro obligatorio de motoconchistas, con identificación clara y verificable, exigir licencia adecuada, certificado de buena conducta, definir rutas y paradas, imponer el uso estricto de casco, y, sobre todo, garantizar que las normas de tránsito se cumplan sin excepciones.

Pero también implica algo más difícil: voluntad política de parte de las autoridades para enfrentar el desorden y la cultura de permisividad. Porque el verdadero problema es ese: donde no hay consecuencias, el desorden se convierte en norma.

Hay que decirlo claro: regular también implica asumir un costo político. Significa enfrentar resistencia, desmontar mafias informales, imponer orden donde por años ha reinado la permisividad. Y eso requiere decisión, no discursos ni promesas.

El crimen de Santiago no puede quedar atrapado en el ciclo habitual de indignación y olvido. Debe marcar un punto de inflexión. No basta con lamentar, no basta con condenar, no basta con reaccionar.

La indignación, por sí sola, no da seguridad, ni mejora la calidad de vida. El orden, sí. Y ese orden solo puede imponerlo un Estado que asuma, de una vez por todas, la responsabilidad que durante años ha evadido.

El país no puede seguir atrapado en el ciclo de indignarse y olvidar. La tragedia de Santiago debe marcar un antes y un después. Porque cuando el desorden se normaliza, la violencia encuentra terreno fértil.

De cuando se produjo el golpe de Estado contra el gobierno democrático del profesor de Juan Bosch, 25 de septiembre de 1963, recuerdo a obreros de un camión recolector de desechos a su paso por la calle Abreu, de San Carlos, lanzando a la calle zafacones repletos de basura, en protesta por esa asonada militar.

De mi memoria infantil extraigo también algunas escenas de represión policial contra jóvenes de la barriada que se movilizaron en reclamo del retorno de Bosch al Poder y de la de la Constitución política botada durante  ese malogrado gobierno.

Casi dos años después, el 24 de abril de 1965, observé la multitud que desfilaba hacia la avenida teniente Amado García en dirección al Puente Duarte, en lo que sería el inicio de la Revolucion de Abril. Más tarde llevaron a su  casa de la calle Damián del Castillo, el cadáver destrozado de Julio, impactado por una bomba.

El miércoles siguiente (la insurrección se desató un sábado), pude ver por una por una “rendija” del colmado de don Mariano, el tropel de vehículos y tropas estadounidenses, tiroteada al cruzar la calle Francisco Henríquez y Carvajal, con saldo de un yanqui herido y un muchacho del barrio muerto.

Han pasado 61 años desde cuando José Francisco Peña Gómez convocó, en una proclama por radio, a la población a respaldar  al movimiento cívico militar que propugnaba por el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, a lo que se oponía el Grupo San Isidro, dando origen  a la Insurrección de Abril y después  a la Guerra Patria.

En mi condición de niño no podía entender lo que  ocurría ni menos las causas que motivaron esa revuelta, aunque entendí que mis hermanos se colocaron del lado bueno al empuñar las armas para unirse a la Revolucion, aunque mi abuela María Candelaria lloraba desconsoladamente al darlos por muertos.

Lo que se desató  el 24 de abril fue un episodio bélico entre bandos del mismo país, que en apenas días se convirtió en guerra patria entre combatientes de un pueblo pequeño y pobre contra el ejército más poderoso del planeta, en la que resistir equivalía a la más contundente victoria política y militar.

Aunque formalmente concluyó el 3 de septiembre con la firma del Acta Institucional, la Revolucion Constitucionalista se prolongó en términos políticos por varios lustros porque las razones que la motivaron no fueron alcanzadas a causa de la invasión estadounidense, a saber: el retorno a la democracia y el fin de la corrupción, razón por la cual miles de jóvenes murieron por la represión política.

Todavía hoy los dominicanos tienen el compromiso de fortalecer la soberanía, erradicar el peculado, la pobreza, la iniquidad económica y social, mismos postulados que motivaron la insurrección de abril. Loor a los héroes y mártires de abril.

jpm-am