El asistencialismo como política pública aplicada al campo dominicano desde la década de 1970 toca fondo. El Estado debe focalizar mejor sus subsidios al sector agropecuario y motivar una mayor eficiencia productiva y competitividad frente a Centroamérica y Estados Unidos.
Quizá ninguna otra nación del área latinoamericana ha tenido tanto éxito como República Dominicana en resistir la apertura forzada de los mercados, como lo demandó Estados Unidos, y al mismo tiempo propiciar estructuras productivas básicas en manos de medianos y pequeños productores.
Para lograrlo, el Estado tuvo que construir grandes presas y sus respectivos sistemas de canales de riego, desarrollar programas de extensión agrícola que incluyen preparación de tierras y entrega gratuita de semillas, establecer estructuras de almacenamiento y garantizar el abastecimiento de alimentos básicos a precios de finca, además de ofrecer financiamientos blandos o a tasa cero.
Después de la pandemia, el Gobierno afrontó una considerable carga financiera directa para recuperar el sector agropecuario. Si bien desde entonces se han mantenido los programas de asistencia financiera y técnica al campo, en procura de la seguridad y autosuficiencia alimentaria en cultivos básicos, cada vez resulta más evidente la urgencia de incrementar la producción y la productividad.
El acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, negociado y firmado a última hora por el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía en 2004, que evitó el primer gobierno peledeísta de Leonel Fernández (1996-2000), no solo abrió una amplia gama de posibilidades para el presente y el futuro, sino que también generó enormes retos relacionados con el aumento de la eficiencia y la productividad.
La vocación de combatir el latifundio y apoyar a los pequeños y medianos productores del campo, iniciada por Balaguer, consolidada por Guzmán Fernández y profundizada por el PLD, principalmente durante la administración de Danilo Medina, constituye la herencia que reciben el PRM y el presidente Luis Abinader.
ALTO COSTO DE LOS SUBSIDIOS CONTRIBUYE MÁS A LA SOBREVIVENCIA
De una economía esencialmente agrícola y pecuaria, República Dominicana pasó a diversificar su estructura productiva, incorporando la manufactura y las zonas francas a gran escala, así como la minería, el turismo y otros servicios, entre ellos los financieros y de comunicaciones.
De las actividades que dieron origen a la economía agropecuaria se han mantenido competitivos el azúcar de caña, el cacao, el café y el tabaco, precisamente porque se han concentrado en grandes plantaciones y empresas cada vez más adaptadas a las exigencias de los mercados modernos.
De no haberse producido la capitalización de los ingenios durante la administración de Leonel Fernández, hoy tendríamos una carga aún mayor de subsidios estatales.
Los subsectores arrocero y avícola pueden ilustrar los sacrificios financieros que ha tenido que asumir el Estado.
En casi ocho años, hasta 2019, el Banco Agrícola había prestado al campo RD$125,000 millones, con una cartera y un capital que apenas superaban los RD$20,000 millones.
Solo en 2026, el Bagrícola cuenta con una cartera de préstamos superior a RD$56,000 millones, mientras el Estado lo ha capitalizado con más de RD$20,000 millones, duplicando ese renglón.
Si bien el banco muestra que, de su cartera activa de crédito de RD$27,000 millones, ha recuperado RD$22,000 millones, una proporción elevada con relación a su comportamiento histórico, hay que precisar que su capitalización depende de los aportes estatales.
Solo en su participación en el programa de pignoración del arroz ha tenido que aportar RD$2,800 millones este año.
El Banco de Reservas, que facilita más del 80 % de los recursos destinados a la pignoración, seguido del Bagrícola y de los bancos privados Popular, BHD y Santa Cruz, ha entregado este año RD$8,500 millones de los RD$12,000 millones presupuestados, a una tasa de interés del 7 % subsidiada por el Estado a través del Ministerio de Agricultura.
Históricamente, el Banco de Reservas ha prestado RD$96,000 millones para la pignoración, únicamente en el subsector arrocero, y la demanda continúa creciendo exponencialmente.
Ahora también se incorporó al programa de pignoración la adquisición de ocho millones de libras de pollo y despojos, facilitada a grandes granjeros y mataderos que, de todas maneras, ya habían garantizado una parvada de 25 millones de pollos, con un peso promedio de entre 3.5 y 4 libras, para abastecer el mercado durante la temporada navideña.
Sin embargo, para garantizar que no se produzcan desabastecimiento ni aumentos de precios, solicitaron la referida importación desde Estados Unidos libre de aranceles.
Ha llegado la hora de pasar balance a la política asistencialista del Estado en dos sectores específicos: el arroz, que aporta el 15 % del PIB agropecuario, y el avícola, con una participación del 16 %.
De más de 500 factorías de arroz construidas desde los gobiernos de Balaguer hasta la actualidad, apenas 130 permanecen operando. Un 40 % de ellas, pertenecientes a grandes molineros, procesa el 80 % de la cosecha. El resto son estructuras abandonadas y de difícil recuperación, levantadas a un altísimo costo para el Estado.
Con la incorporación de variedades más productivas, mecanización y mejores prácticas agrícolas, la productividad alcanza un promedio de 5.44 quintales por tarea.
El cultivo mueve alrededor de RD$50,000 millones al año y reúne entre 30,000 y 32,000 cosecheros, procesadores y comercializadores, que abastecen un mercado consumidor cada vez más exigente.
La producción total esperada de las cosechas de primavera e invierno, dos al año, es de 16 millones de quintales, prácticamente al nivel de la demanda, que este año se aproxima a los 14 millones de quintales y continúa aumentando.
Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos reconoce que el cultivo de arroz dominicano, comparado con el de ese país, donde participan unos 5,500 cosecheros, presenta niveles de eficiencia prácticamente similares en calidad y costos.
Hasta ahora, las 23,000 toneladas métricas autorizadas desde Estados Unidos sin aranceles se mezclan aquí en una proporción de 99 % de arroz criollo y 1 % importado.
En el caso de la avicultura, la Asociación Avícola de República Dominicana cuenta con 400 granjas pequeñas y medianas, mientras que la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA) agrupa a productores medianos y grandes.
Este último sector es responsable del 75 % de los 750,000 pollos que se producen diariamente, entre 20 y 23 millones de unidades al mes, así como de la sorprendente cantidad de 460 millones de huevos mensuales, para un mercado que demanda poco más de la mitad de esa producción. La actividad se concentra principalmente en las provincias Monte Plata y Espaillat.
La industria avícola dominicana está considerada como la segunda mejor ensambladora de granos para producir pollos y alimentar gallinas ponedoras, después de Chile. Al igual que ese país, depende de las importaciones de maíz y soya.
Un 75 % de las granjas opera con climatización y está integrado al resto del proceso productivo. Es decir, en ambos casos, el Gobierno interviene para permitirles sobrevivir.
EL GOBIERNO TRANSITA, HASTA AHORA CON ÉXITO, HACIA LA COMPETITIVIDAD
No obstante estas cifras, ambos subsectores tuvieron que recibir asistencia del actual Gobierno, que les permitió incrementar los precios pagados a los productores.
Sigilosamente, en 2025, el Gobierno autorizó, por intermedio de la Comisión Nacional Arrocera, aumentos escalonados para el productor y los demás integrantes de la cadena, de manera que el precio pasara de RD$22 por libra a entre RD$28 y RD$32.
Esta medida se combinó con el Decreto 693-24, que durante casi dos años penalizó el arroz norteamericano importado con un arancel del 99 %.
Por su parte, la libra de pollo vivo en granja se comercializa entre RD$38 y RD$48, cuando anteriormente no superaba los RD$34.
El Gobierno observa los elevados márgenes de intermediación que elevan el precio al consumidor a una franja de entre RD$60 y RD$80, e incluso hasta RD$100 por libra.
Aun así, las grandes granjas y los mataderos mantienen el control del mercado, debido a que también son los autorizados para importar.
Ahora, productores medianos y pequeños aseguran que los precios han descendido hasta RD$32 por libra en granja, mientras que el costo de producción ronda los RD$41.
Críticos de la oposición, como el experto agropecuario Carlos Segura Foster, exadministrador del Banco Agrícola, sostienen que los créditos subsidiados y los programas de pignoración se alejan cada vez más de los pequeños y medianos productores de ambos subsectores, concentrándose en los grandes.
Si nos guiamos por los resultados, parecen tener razón, porque el Gobierno privilegia mercados suficientemente abastecidos y precios razonables frente a eventuales escaseces que pudieran convertirse en situaciones críticas.
Lo cierto es que los campos dedicados al cultivo de arroz en todas las regiones tradicionales se mantienen activos y con mayor confianza que en años recientes. Lo mismo puede decirse de las estructuras medianas y pequeñas de la avicultura.
Los pequeños productores de arroz, que representan más del 60 % de la producción, deben comprender que, para alcanzar mayores niveles de eficiencia y convertirse en sujetos de crédito, necesitan asociarse y eliminar las divisiones físicas de sus terrenos que impiden la mecanización.
En otro sentido, los años han demostrado que las granjas avícolas medianas y pequeñas pueden convivir con las grandes, siempre que estén dispuestas a asociarse, mejorar los controles de bioseguridad e incorporarse a los sistemas de ambiente controlado.
Todos son necesarios en las viñas del Señor.
of-am
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El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) consideró que ahora hay oportunidad de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia, con una judicatura comprometida con la independencia, la integridad, la excelencia técnica y el respeto a la Constitución y las leyes.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reonoció «la experiencia, trayectoria y conocimientos de los magistrados escogidos, tanto en el ámbito de la carrera judicial como en el ejercicio profesional».
