Aun en países con economía estable y resiliente como la dominicana, una crisis financiera de raíz externa que impacte sobre los niveles de inflación, déficit fiscal, tasas bancarias, tipo de cambio y empleo, puede lacerar la gobernanza y causar inestabilidad social y política.

Entre gobierno, liderazgo político y empresariado hay consenso ed que el aumento y volatilidad en  los precios del petróleo derivado de la guerra en Irán, coloca a República Dominicana en peligro de sufrir una crisis económica de imprevisible consecuencia.

La ecuación es sencilla: la economía carece de capacidad para asumir el costo de un barril de petróleo en torno a los cien dólares, ni la población poder adquisitivo para asumir las alzas de precios en artículos y servicios básicos.

La prevalencia de la gobernanza, que también llaman convivencia social es un compromiso del Estado, instituciones partidarias, sector productivo, academias y sociedad civil, en  el entendido de que la anarquía afectaría grandemente a la democracia.

Esa es la razón por la que el dialogo nacional que impulsó el  para abordar la crisis con actores políticos, empresariales, religiosos y sindicales, contó con la anuencia de la población, no porque  se conseguiría alguna fórmula mágica para  afrontar la crisis, sino porque ayudaba crear conciencia sobre el riesgo de un ciclón económico.

Participantes en esa gestión de consenso  coincidieron en sugerir al gobierno que presente un plan de trabajo para mitigar el daño que causaría a la economía el intempestivo incremento en los precios del petróleo, lo que motivó  el jueves el anuncio de que el Consejo de Ministros aprobó escarbar ahorros por unos RD$40,000 millones.

El viernes, el gobierno aumentó entre $7 y $9 pesos el galón de gasolina y de gasoil, con lo que también atiende sugerencia de  organismos internacionales y economistas locales opuestos al subsidio generalizado a la comercialización interna de los combustibles.

Nómina pública

El plan del oficial no precisa cuáles partidas presupuestarias serían recortadas, ni si la austeridad incluye congelar la nómina pública, aumentada este año en 37 mil nuevos nombramientos, como tampoco se tiene certeza sobre la efectividad de reducir consumo de combustibles y adquisición de vehículos  en el sector público.

Lo que sí  parece seguro es que se recortaría drásticamente el presupuesto de publicidad y en un 50% en la partida dirigida a los partidos políticos, con lo cual se despoja a la oposición de muelas y patas y se coloca a medios de comunicación y periodistas en difícil situación económica. Esa receta tiene cocoricamo.

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POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Síntomas visibles, patología oculta

Tratar exclusivamente el dolor, ignorando la hemorragia interna es una forma elegante y documentada de prolongar la enfermedad hasta el colapso, y esto es exactamente lo que ocurre en República Dominicana con los combustibles.

Hay una pregunta que ningún funcionario ha respondido con honestidad en veinte años:

¿Por qué cuando el precio internacional del petróleo sube un 10%, el dominicano lo siente al día siguiente en la bomba, pero cuando baja ese mismo 10%, el alivio tarda semanas en llegar, llega incompleto, o simplemente no llega?

La respuesta no está en la geopolítica. No está en la volatilidad del crudo. No está en el flete del Caribe.

Está en el diseño.

Durante años he documentado los síntomas del mercado de combustibles: precios que no bajan cuando el crudo cae, opacidad en la fijación semanal, márgenes que no responden a competencia sino a decreto. He sido un clínico del malestar ciudadano.

Hoy elevo el diagnóstico.

República Dominicana no tiene un problema de precios.

Tiene un problema de diseño.

La tesis que nadie quiere pronunciar

El combustible en el país no es energía. Es un tributo.

Se ha convertido en una herramienta estructural de financiamiento del Estado.

No es un caos.

No es ineficiencia.

No es negligencia acumulada.

Es un sistema que funciona exactamente como fue diseñado.

Y esa es la diferencia que lo cambia todo.

Cuando la ley es la patología

Para entender la enfermedad, hay que leer el expediente clínico: el marco jurídico.

La Ley 112-00 establece un impuesto fijo por galón. Es una carga rígida, que no respira, que no se ajusta, que permanece indiferente a si el barril cuesta cuarenta o cien dólares.

La Ley 495-06 le superpone una segunda capa de aproximadamente el 16% ad valorem. Una carga que sí se mueve, pero solo hacia arriba con fuerza real.

El resultado aritmético es una doble imposición estructural:

fija + variable sobre el mismo producto.

No es redundancia legislativa; es arquitectura extractiva.

Cuando el precio internacional sube → el impuesto fijo se mantiene y el porcentual crece. El ciudadano paga dos veces el alza.

Cuando el precio baja → el impuesto fijo actúa como piso que no cede. El alivio llega siempre amputado.

Esta asimetría no es técnica. Es política. Y está codificada en ley.

A esto se suman componentes técnicos —flete, seguro, almacenamiento— y el polémico Gasto de Aplicación de la Ley (GAL), mediante el cual el ciudadano financia la burocracia que lo regula.

Es un circuito cerrado.

La consecuencia es clara:

hasta un 33% del precio final puede ser carga fiscal y administrativa.

No petróleo.

No energía.

Fiscalidad disfrazada de combustible.

El mercado que no existe

Aquí está el segundo pilar del problema:

En República Dominicana no hay mercado de combustibles.

Hay un sistema administrado.

El Estado fija los precios semanalmente.

Los márgenes no compiten: se decretan.

Las empresas no ganan por eficiencia, sino por diseño regulatorio.

Esto genera una distorsión crítica:

Cuando el crudo sube → el aumento se traslada completo

Cuando baja → el alivio se diluye, se retrasa o se absorbe

El ciudadano siente el golpe en tiempo real.

La recuperación, nunca en la misma proporción.

No es mercado.

Es un mecanismo de transferencia.

Aquí no compiten precios.

Se administran.

El incentivo que lo explica todo

Aquí reside el núcleo de la patología y la verdad técnica que choca contra el discurso político.

El Estado dominicano depende del combustible caro. No sufre cuando el combustible sube.

Recauda más.

Los hidrocarburos representan una fuente clave de ingresos fiscales.

Y muchos de esos ingresos crecen debido a la naturaleza indexada de estos impuestos, la recaudación crece   automáticamente cuando el precio internacional sube.

La lógica es implacable:

a mayor precio en la bomba, mayor oxígeno para las arcas públicas. Si el precio colapsa, el Estado enfrenta una inmensa presión fiscal.

Entonces surge la pregunta incómoda:

¿Qué incentivo real tiene el sistema para abaratar el combustible?

La respuesta técnica es: ninguno.

No es pereza. No es mala gestión. Es que el sistema tiene incorporado un incentivo estructural para preservar el precio alto.

Mientras eso no cambie, ninguna promesa de alivio tendrá arquitectura que la sostenga.

La fiscalidad invisible

El ciudadano cree que llena el tanque para moverse.

En realidad, financia simultáneamente:

servicio de la deuda

gasto corriente de un Estado que consume cerca del 87% de su presupuesto en su propio mantenimiento

subsidios cruzados opacos

y la estructura que lo regula

Propongo un concepto para este fenómeno:

Fiscalidad invisible del combustible.

Usted no sabe qué parte de lo que paga es energía y qué parte es Estado.

Y esa opacidad no es un error.

Es funcional.

La distorsión acumulada

En análisis previos documenté el fraude en estaciones:

mangueras descalibradas, combustible adulterado, pérdidas estimadas en RD$4,800 millones anuales.

Ese es el fraude visible.

Pero el problema mayor ocurre antes de llegar a la bomba:

doble imposición que amplifica alzas

impuesto fijo que impide que las bajas se reflejen plenamente

márgenes protegidos por decreto

ausencia de competencia real

Otros países —Chile, Panamá, Guatemala— han corregido estas distorsiones con mecanismos técnicos, competencia o eficiencia logística.

Nosotros no.

Elegimos el diseño más costoso para el ciudadano.

El diagnóstico definitivo

El paciente llega cada semana a consulta cuando se anuncian nuevos precios.

Se le explica el mercado internacional, la geopolítica y la volatilidad.

Son analgésicos discursivos.

No es mercado.
No es logística.
No es coyuntura.

Es diseño.

El diagnóstico es claro:

doble imposición estructural

incentivos fiscales que premian el precio alto

ausencia de competencia

opacidad en el destino de los recursos

dependencia estatal del combustible caro

Estamos ante una hemorragia fiscal crónica, donde el combustible es la vena por la que se extraen recursos del ciudadano.

La prescripción

Esto no se corrige con ajustes.

Se corrige con decisiones.

1. Mecanismo automático de precios sin discrecionalidad política

2. Reforma impositiva: eliminar la doble carga y sustituirla por un tributo único, transparente

3. Liberalización de márgenes para introducir competencia real

4. Transparencia total del destino de cada peso recaudado

5. Separación entre política fiscal y energética

Mientras el combustible sea caja recaudadora, nunca será herramienta de desarrollo.

Conclusión: el verdadero problema

La discusión no es cuánto cuesta el combustible.

Es porque siempre termina costando de más.

No es coyuntura.

No es gestión.

No es el precio internacional.

Es diseño.

Y los problemas de diseño no se corrigen con parches.

Se corrigen rediseñando.

El cierre

Mientras el tanque del ciudadano siga siendo la caja del Estado,

la economía seguirá atrapada en el tráfico de la ineficiencia.

El combustible debe dejar de ser tributo

para ser motor.

Porque hoy, en República Dominicana.

El problema no es que el tanque esté vacío.

Es que lo hemos estado llenando…
para sostener un sistema que no devuelve.

Cuando la indiferencia ciudadana se mezcla con la indiferencia estatal, el resultado es un Estado que se encoge y una sociedad que se aturde en la oscuridad. En ese vacío crecen las turbas, la impunidad y la “ley del más fuerte”. Y lo más peligroso: empezamos a verlo como normal, es decir a validar el vicio.

No hay neutralidad frente al deterioro cívico. Guardar silencio ante el abuso, mirar hacia otro lado ante la injusticia y resignarse ante la violencia no es prudencia, es una forma de tolerancia social a la ilegalidad. La dignidad humana y la convivencia se protegen con denuncia, prevención y un régimen de consecuencias que se cumpla.

La falsa idea de que la norma es opcional

Se está consolidando una idea peligrosa: que las reglas son negociables y que quien intimida o agrede impone su voluntad. Esa cultura de irrespeto a la autoridad legítima se alimenta de una realidad conocida, la ausencia de un régimen de consecuencias consistente. Sin sanciones efectivas, la arbitrariedad se normaliza y la convivencia ciudadana se deteriora.

La inseguridad vial ya no es solo una estadística es un riesgo cotidiano mortal. A la elevada tasa de accidentes se suma un fenómeno especialmente preocupante: las turbas viales. Grupos que, además de infringir la ley abiertamente, reaccionan de manera colectiva y violenta ante incidentes menores: persiguen, saquean, acorralan, destruyen propiedad, agreden y, en el peor de los casos, provocan muertes. Ninguna sociedad puede aceptar eso como parte “normal” del tránsito.

Que nadie se engañe, no son “hechos aislados”. Están escalando peligrosamente. El caso de Santiago de los Caballeros, donde una turba de motoristas atacó y asesinó a un chofer de un camión recolector de desechos sólidos, encendió indignación, sí, pero la indignación sin acción se evapora. Lo peor sería normalizar la idea de que vivimos en tierra de nadie.

Eso tiene nombre: anomia social. El sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim lo describió como la falta de regulación normativa que rompe la cohesión y empuja a los individuos a actuar por cuenta propia, desconectados de las reglas compartidas.

De lo vial al terreno: la inacción es ilegalidad

La lógica es la misma, solo cambia el escenario. Si una turba puede imponer su fuerza en la vía pública, ¿por qué no habría de imponerse también sobre un terreno ajeno o sobre un área protegida? Las invasiones sean contra lo estatal o contra la propiedad privada envían el mensaje más devastador posible: la ilegalidad paga.

Estas conductas rompen la norma y los valores compartidos. Generan inseguridad jurídica, conflictos sociales y desconfianza en las instituciones. Y, peor aún, van instalando una cultura donde el atropello se justifica como “necesidad” o como “respuesta”. Pero la violencia nunca construye legitimidad. Hannah Arendt lo advirtió con claridad: “siempre es posible justificar la violencia, pero eso no la hace legítima”.

Ante turbas viales e invasiones de terrenos, la inacción del Estado no es un asunto menor: comunica tolerancia a la ilegalidad. Esa señal debilita la autoridad pública, erosiona la confianza en las instituciones y termina incentivando respuestas por cuenta propia. Cuando el derecho no se hace valer, el desorden se expande y la conflictividad aumenta.

¿Qué debe hacerse?

La respuesta no puede limitarse a comunicados, operativos esporádicos y olvido legal. La ley debe aplicarse con igualdad y firmeza, sin privilegios ni discrecionalidad. Eso implica, como mínimo:

– Respuesta oportuna y coordinación interinstitucional ante agresiones colectivas;

– Investigación, identificación y judicialización efectiva de quienes agreden, destrozan o causan muertes;

– Fortalecimiento del control y la fiscalización del tránsito, con sanciones que se cumplan;

– Educación y concienciación vial, que involucre el desarrollo de una cultura ética de respeto por la vida propia y ajena.

– Desalojo conforme al derecho y sanción a invasores de terrenos y áreas protegidas, con medidas de restauración cuando corresponda. Sin consecuencias verificables, la norma pierde sentido; y con ello, el Estado de derecho se debilita.

Toda omisión de autoridades y de ciudadanos debilita el Estado de derecho y abre paso a la arbitrariedad. No se trata de mano firme por capricho; se trata de defender el derecho básico a circular sin miedo y a vivir sin que una turba decida tu suerte. Cuando el Estado no protege, empuja a la gente a buscar “protección” fuera de la ley. Y ahí empieza el abismo.

Que quede claro: la libertad no es impunidad. La verdadera libertad no consiste en evadir leyes, sino en confiar en un sistema justo donde todos, sin excepción, estén sujetos a las mismas reglas. El “dejar hacer, dejar pasar” frente a la violación de la ley es una invitación a la violencia. No seamos indiferentes ante las turbas viales ni ante las invasiones de terrenos y áreas protegidas. Exijamos consecuencias, con serenidad y firmeza.

Finalmente, en resumen, si el país acepta que una turba controle la vía pública o que la ilegalidad se adueñe de terrenos y áreas protegidas, entonces renuncia, en la práctica, a la autoridad de la ley. La indiferencia ciudadana o institucional no es neutral: crea espacio para el abuso y encarece la paz social. El Estado tiene el deber de prevenir, intervenir y sancionar; y la ciudadanía, el deber de exigir y respaldarlo por las vías legales. La convivencia no se sostiene con resignación, sino con normas claras y consecuencias reales.

angelgomera@gmail.com

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