SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Ha repercutido aquí el caso de  una vivienda que resultó destruida por un cohete lanzado al espacio por estudiantes del Instituto Iberia como parte de un ensayo científico que pretendían presentar ante la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), de los Estados Unidos.

Al parecer, la prueba se salió de control y el cohete se precipitó encima de una casa del residencial Isabel G, donde provocó un incendio.

Nelson Mauricio Collado, dueño de la residencia afectada, demandó al Colegio por daños a su propiedad. Su abogado, Francisco Javier Ascona Reyes, depositó ante el Departamento de Denuncias y Querellas de la Fiscalía de Santiago la instancia legal en contra de los ejecutivos de dicho colegio porque supuestamente se niegan a pagar por los daños.

Ascona Reyes indicó al periódico Listín Diario que el Colegio no contaba con los permisos ni la supervisión de ningún organismo del Estado, para realizar este tipo de maniobras.

“Si la familia de Nelson Mauricio Collado hubiera estado con su esposa y sus hijos la historia hubiese otra; estuvieran contados los muertos”, dijo.

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Santo Domingo (EFE).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, rechazó este martes las declaraciones del director general de Migración, Venancio Alcántara, quien aseguró, «erróneamente», que no contaba con el apoyo del Ministerio Público en los operativos de detención de inmigrantes ilegales.

Germán Brito recordó que, para realizar arrestos en las calles, los agentes de la Dirección General de Migración (DGM) no necesitan a un representante del Ministerio Público, destacando que, en todo caso, lo que tienen es la obligación de respetar la dignidad de las personas.

La titular del Ministerio Público reiteró, en un comunicado, que la institución que dirige mantiene las puertas abiertas en todo momento, así como las vías institucionales formales a disposición de toda persona que las requiera para cualquier diligencia, sin importar si es un funcionario o un ciudadano.

«La vía más adecuada para resolver cualquier situación, que él sienta que le afecta su trabajo, es mediante el diálogo con las personas correspondientes», dijo Germán Brito.

«Esa afirmación del director de Migración está totalmente divorciada de la verdad, porque para las requisas siempre se les ha proporcionado el debido acompañamiento de un miembro del Ministerio Público, como establece la ley cuando se va a penetrar a un domicilio», agregó.

Asimismo, la magistrada enfatizó que las personas migrantes en República Dominicana tienen derecho al debido proceso, además de que la Ley 285-04 establece «que en los procedimientos administrativos o judiciales que conciernen a los extranjeros, se respetarán los derechos humanos y las garantías previstas en la Constitución, convenciones internacionales y leyes vigentes».

La procuradora valoró los esfuerzos que se realizan para enfrentar el tráfico de indocumentados y afirmó que este órgano persecutor ha cumplido con su rol en el proceso.

En ese sentido, resaltó que, gracias al apoyo ofrecido por el Ministerio Público a la Dirección General de Migración, esa institución ha logrado ejecutar las acciones de su plan migratorio.

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de sur a norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

Nelsonencar10@gmail.com