Un propósito del presidente Luis Abinader desde antes de asumir el Gobierno en 2020 fue controlar la enfermiza pasión de políticos dominicanos de mantenerse en el poder, aún fuere violando normas de la ética y de la decencia. Le ha llegado el momento de realizar esa sentida y muy magnánima aspiración.

En nuestro país se ha enraizado la insana costumbre de que los gobernantes se aferren al poder “como la hiedra a la pared”. La Constitución ha estado a merced de sus veleidades, mientras ellos mismos han llegado a propagar, o al menos han fingido creer, que son indispensables en la Administración del Estado.

Las alteraciones a la Constitución para adecuarla a la utilidad de un individuo han predominado sobre cuestiones de mayor importancia, a lo largo de las cuarenta mutaciones que se han aplicado a nuestra Ley Sustantiva. No quiere esto decir que todas las enmiendas constitucionales hayan sido impertinentes.

Hasta durante la tenebrosa dictadura de Trujillo, en sus siete reformas constitucionales, se introdujeron cambios de alto interés. Tal el caso de la promulgada en 1947, que introdujo cambios sustanciales en el régimen monetario, creó el Banco Central y la Junta Monetaria.

Por la reforma constitucional de 1942, las mujeres consiguieron los derechos de ciudadanía. El artículo 9 especificaba que: “Son ciudadanos todos los dominicanos de uno u otro sexo, mayores de 18 años, y los que sean o hubieren sido casados, aunque no hayan cumplido esa edad”. Incluyó, además, disposiciones favorables para los trabajadores, como salario mínimo, vacaciones y limitación de la jornada de trabajo.

Bastó que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, anunciara el propósito de preparar un proyecto de reforma constitucional, enfocado en impedir la reelección presidencial y establecer la independencia del Ministerio Público, para que grupos opositores refunfuñaran con amenaza de lanzarse a las calles a protestar.

Las reformas pertinentes y oportunas deben ser aspiración de todos. Por ejemplo, las que hizo el Consejo de Estado para derogar el artículo que impedía a Juan Bosch ser candidato presidencial en 1962. De 1961 a 1970, la Constitución fue intervenida seis veces. La única impertinente fue la que anuló el texto proclamado en abril de 1963.

Ahora se quiere grabar en el ánimo nacional la idea de que no es posible que un gobernante proponga modificar la Carta Magna sin albergar un interés particular y sin buscar acomodos para permanecer en el Gobierno o regresar en otro momento. Quienes así piensan tendrán que aprender que Luis Abinader es diferente. Lo suyo es en serio.

JPM

POR CARLOS SALCEDO

No repostulación e independencia del Ministerio Público

Con singular responsabilidad el presidente Abinader ha reiterado la necesidad de reformar la Constitución para ponerle candados y con ello evitar que un presidente de la República pueda repostularse más de dos períodos y para garantizar la independencia del Ministerio Público, despojándose, con esto último, del nombramiento directo, por su parte, o de quien le suceda, del Procurador General de la República.

Candados actuales en la Constitución

Lo digo porque, según advierto, el presidente quiere candados de mejor calidad o más grandes para “trancar” la Constitución a “hacha y machete”. Pero resulta que para que la Constitución sea modificada requiere de un procedimiento especial. Se debe declarar la necesidad de la reforma mediante una ley, que no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, y, aunque en cuanto a sus límites y alcances no es pácifico el tema en doctrina constitucional, debe contener el objeto de la reforma y la indicación de los artículos de la Constitución sobre los cuales versará (Art. 270 Constitución, CR).

Asimismo, para la validez de la reunión de la Asamblea Nacional Revisora deben estar presentes más de la mitad de miembros de cada una de las cámaras, es decir, al menos el cincuenta más uno de los senadores y de los diputados. Además, para que puedan ser aprobadas las modificaciones constitucionales se requiere de una mayoría calificada, esto es, de las dos terceras partes de los votos (Art. 271 CR).

Igualmente, en caso de que la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en la Constitución, entre otros temas relevantes, se requerirá la ratificación de la mayoría de los ciudadanos en derecho al voto, en referendo aprobatorio (Art. 272 CR).

Por si faltara poco, la aprobación o desaprobación – si o no- de dicha reforma por vía referendo amerita más de la mitad de los sufragantes y que este número exceda del treinta por ciento del total de los ciudadanos que integren el Registro Electoral (Párrafo II, Art. 272 CR). Según lo conocido, además de otros surgidos como reacción a la propuesta presidencial, los temas a modificar podrían encontrarse dentro del catálogo de aquellos que requieren de dicho instituto de democracia directa.

¿Quién debe poner los candados constitucionales?

Estos son candados, y no otra cosa, puestos por esta generación a la Constitución, para evitar que se convierta en un festín acomodado por parte de quienes detentan el poder en un momento determinado; pero, a la vez, para que no ignoren la contemporaneidad, las circunstancias y los cambios propios de una sociedad dinámica y en constante evolución, cuyas normas requieren de ajustes.

De ahí que, aun cuando está lleno de buenas intenciones, el presidente Abinader,  con su anunciada iniciativa -ratificada por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, quien anunció recientemente de la instrucción impartida por el presidente para proceder a redactar la propuesta de reforma- podría estar dejando de lado algunos aspectos a considerar.

Por un lado, nuestra generación no puede hacer tan rígida la Constitución, que obligue a los que vivirán y se desarrollarán después de nosotros, a sujetar y limitar su voluntad a los que ya no estaremos. La Ley Suprema no es un cuerpo momificado que se expone intencionalmente para que se imponga -es normativa y de ahí su rigidez y las condiciones especiales para modificarla- a la sociedad en constante evolución de hoy como a la de las generaciones por venir.

Si en un futuro nosotros o quienes vengan queremos y decidimos tener, siguiendo la regla de la mayoría, una democracia parlamentaria unicameral, como la República de Singapur, por ejemplo o adoptar cualquier otro régimen político incluso, solo el pueblo lo puede y debe decidir. Pero, no el nominal, sino el de carne y hueso, el que conforma la sociedad del momento, el que tiene hombres y mujeres con nombres y apellidos propios.

A esta y solo a esta gente le debe caber el flu o el traje que le entalle y del color o la forma que quiera. Porque las llaves, el cerrajero, las ganzúas y las patas de cabra para abrir los candados constitucionales los tiene y tendrá siempre, en democracia, el soberano, es decir el pueblo.

El que un presidente, en un régimen presidencialista, desee privarse del poder de nombrar a quien tiene el mandato constitucional de diseñar y ejecutar la política criminal del Estado, es su decisión, muy correcta para él; pero con ello abandona la posibilidad de intervenir en las estrategias que incluso tienen incidencia en la seguridad ciudadana. Y esto no es menor, pues, ¿qué hacemos con el programa de gobierno integral dirigido a ello por el que se votó? ¿Qué nivel de legitimidad democrática tendrá un Procurador General de la República no designado por quien fue elegido mayoritariamente por el pueblo votante, sino, eventualmente, por una combinación de funcionarios electos o seleccionados, donde hasta habría algunos de segundo grado de elección? Son solo algunas de las tantas preguntas por responder.

Aun con los candados actuales y anteriores, cuando se han extraviado las llaves constitucionales, se  ha llamado a los cerrajeros para abrir los candados sustantivos o revisores constitucionales. En la medida que las cerraduras sean de mejor calidad y más grandes vendrán cerrajeros más capaces y con grandes patas de cabra para reparar las cerraduras y posibilitar su reparación.

Ya los cerrajeros constitucionales tienen hoy, y tendrán mucho más en el futuro, gran variedad de herramientas, con avanzados sistemas de seguridad, incluso circuitos cerrados de Carta Magna. Pero cuando se tranque la casa constitucional, vendrán de nuevo los cerrajeros constitucionales, uno “malos”, con palancas adocenadas o mediatizadas y, otros,  el pueblo bueno, de quien emanan todos los poderes. Vale la pena reflexionarlo y proceder con mesura y madurez democráticos para no desdecir del sistema de libertad que tenemos.

jpm-am

La sucesión de cambios operados en la sociedad dominicana durante las últimas décadas nos lleva a la necesidad de redefinir el rol del Estado, y su relación con la sociedad, reivindicando el papel de la administración pública como herramienta al servicio del desarrollo económico y social de la Nación.

La construcción de un nuevo tipo de Estado y el desarrollo de un modelo de administración pública más apto para instrumentar políticas públicas que nos conduzcan verdaderamente a un desarrollo sostenible e inclusión social, y que, a la vez, restaure la confianza de la sociedad en sus instituciones.

 Un Estado para el siglo XXI, que además de garantizar la paz y estabilidad, debe ser lo suficientemente fuerte como para asegurar los derechos fundamentales y la ejecución de políticas públicas efectivas que impacten en la mejora de la calidad de vida de los dominicanos.

Los funcionarios públicos deben expresar, con sus acciones, el pensamiento solidario del Estado, procurando siempre que su trabajo sea útil para la sociedad, haciendo que resurja el orgullo de ser servidores públicos.

Se precisa de reformas que nos conduzcan a la reconstrucción de un aparato estatal eficiente y modernamente gestionado, que pueda dar respuesta a los problemas que angustian a la sociedad dominicana. Reformas que, lamentablemente, por falta de voluntad y liderazgo político, nunca son llevadas plenamente a cabo, o en el mejor de los casos, son dejadas a medias.

Debemos apostar a un Estado como un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible, orientado primordialmente hacia el área social, asegurando la universalidad de los servicios de salud y educación, y hacia la creación de instrumentos que ayuden a promover el desarrollo integral de las personas.

Para lograrlo el Estado debe eficientizar su gestión, mediante la formulación de políticas públicas sólidas que impacten en la mejora de la calidad de vida de todos los dominicanos, atrayendo a la comunidad, a las empresas o al sector público no estatal, para compartir la responsabilidad en la ejecución de los servicios públicos, principalmente los de salud y educación y de asistencia social.

Es preciso fortalecer las formas democráticas de relación entre el Estado y la sociedad, aumentando el grado de participación y responsabilidad de parte de los actores del sistema, capacitando a los ciudadanos para controlar las actividades públicas, pudiendo hacerlas, simultáneamente, más eficientes y de mejor calidad.

De conformidad con la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (CLAD, 2009) “la participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política.”

Si bien el concepto ha sido definido de forma clara en esta Carta, la participación ciudadana en la gestión pública aún no es una práctica extendida y consolidada en nuestra región. Es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas: Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación.

Hay que dedicar los recursos necesarios para implantar la administración digital plena y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las diferentes instituciones públicas por medios electrónicos cuando así lo decida.

Utilizar las redes sociales para la prestación de servicios públicos en ciertos ámbitos, a través de la tecnología. Facilitar los trámites en línea a través de medios que utiliza la ciudadanía en su día a día, tales como el teléfono, tarjetas bancarias, entre otros.

Impulsar procesos de transformación cultural en las organizaciones públicas basados en la ética y los valores públicos, incluyendo la formación de los futuros cuadros profesionales en estos valores.

Políticas reales de gobierno abierto y lucha contra la corrupción administrativa, combinadas con procesos participativos, deliberativos y evaluables en su rendición de cuentas.

Convertir a las instituciones públicas en plenamente accesibles, de un modo simple y ágil, en el contexto de una transformación tecnológica, organizativa y jurídica que permita simplificar al máximo sus actuaciones y requerimientos.

Poner en marcha planes de desburocratización pública, reduciéndola al mínimo imprescindible en la Administración, prestando atención especial a los programas de simplificación administrativa.

En fin, dignificar el servicio público, dar ejemplo, y superar la barrera que sigue distanciando aún a la ciudadanía de la Administración Pública.

jpm-am

La mayoría, pero inmensa, alrededor el 76 % de  los accidentes de  tránsito tienen una motocicleta o a más de una involucrada, dicen las estadísticas  oficiales, o sea las del gobierno, que igual afirma que invierte ¿O será gasta? El  2.21 % de su presupuesto en asistencia a personas accidentadas.

Esas imágenes de motoristas tirados en el Darío Contreras, donde dizque hacen gente, pero a algunos  no pueden ni rehacerlos, no amedrentan a los que de modo frenético circulan por las calles y hasta por las aceras.

No, ese drama dantesco no impacta a los que calibran, a los que van acostados en el asiento, a los que conducen en vía contraria, a los que siempre tienen prisa y no respetan el semáforo y pierden y quitan vidas, sobre todo de transeúntes.

En todas esas categorías entran muchachos y no tan que laboran de mensajeros en  empresas de servicios, sobre todo de entrega de  comida. Unju, los delivery.

Penoso ese accionar, esas acrobacias y violaciones a  la  Ley de Tránsito que ejecutan sin importarles que van identificados con uniformes y con un canasto detrás.

La  gente debe respetar su trabajo, que es respetarse a sí misma y estos actos bochornosos dejan tan mal parados a quienes los cometen como a sus empleadores.

¿Por qué será que conductores de vehículos tan frágiles son tan temerarios, tan poco sensatos y arriesgan así su seguridad y la ajena?

Como bien exclamó un anciano ante un pésimo proceder de un motorizado ¡Ayyy, si supieran lo que es estar allí tirados con las cuatro gomas pa rriba!

¿Qué tan cierto será que no lo saben? Pues al perro huevero ni que le quemen la boca.

Jpm-am