Cuando Estados Unidos desplegó su portaaviones frente a las costas venezolanas, no fue un gesto de fuerza armoniosa: era la base de una operación que costaba millones de dólares diarios, pero que permitía que cada movimiento de Nicolás Maduro fuera rastreado al detalle. Cada llamada, cada mensaje y cada desplazamiento quedaba registrado, mientras drones y satélites captaban imágenes en tiempo real de sus rutinas.

Maduro se movía como un león vigilante, cambiando rutas y residencias. Pero cada acción estaba bajo el ojo implacable de la inteligencia estadounidense: qué comía, con quién se reunía, a qué hora dormía. Cada gesto, cada habitación recorrida, era monitoreado. No había lugar donde pudiera esconderse ni rutina que no fuera observada.

Mientras tanto, emisarios de Estados Unidos mantenían reuniones discretas con ciertos oficiales y funcionarios del régimen. Mensajes codificados, promesas de continuidad administrativa y reducción de víctimas se intercambiaban en secreto. Cada palabra, cada pausa, cada gesto, era evaluado y registrado, mientras el régimen buscaba mantener la apariencia de normalidad.

Dentro del círculo cercano a Maduro, la traición se movía silenciosa pero efectiva. Oficiales que debían protegerlo simplemente no actuaron; escoltas retiraron apoyo en momentos críticos. Cada acto de omisión se convirtió en un aliado silencioso de la operación estadounidense, que sabía que capturar a un líder absoluto requería que sus propios hombres lo dejaran solo.

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., resumió la operación como “una extracción controlada, con fuerzas especiales que actuaron con precisión, neutralizando la resistencia sin necesidad de combates urbanos”(CBS News, 3 enero 2026). Lo que no se cuenta son las conversaciones tensas en las salas de comando: decisiones en segundos, riesgos evaluados con pulso firme, cada operador sabiendo que un error podía arruinar todo.

La guerra electrónica y los apagones estratégicos desorientaron a los sistemas de seguridad del régimen. Los cortes eléctricos, interferencias selectivas en radares y comunicaciones, y la neutralización de cámaras funcionaron como un lenguaje silencioso: obedecer o quedar aislado y vulnerable. Cada acción tenía consecuencias inmediatas y visibles.

Los aviones y drones sobrevolaron Venezuela filmando cada instalación militar y equipo bélico. Cada registro servía para decidir qué debía neutralizarse y qué áreas evitar, limitando la capacidad de reacción del régimen incluso antes de que la operación comenzara. Cada vuelo era un mensaje: el control estaba en manos de quienes dominaban la tecnología y la información.

Maduro confiaba en China, Rusia, Irán y Cuba, creyendo que sus aliados impedirían cualquier intervención. Pero sus enviados actuaban con cautela: proteger intereses estratégicos y económicos sin comprometer tropas ni sistemas que pusieran en riesgo su posición. “Sus gestos diplomáticos fueron simbólicos, sin riesgo real”. (El País, 3 enero 2026)

Los recursos estratégicos del país —petróleo, gas, oro y minerales— tierras raras,  eran decisivos.

En los intercambios internos quedó claro: cooperar significaba preservar influencia y estructura; resistir, perderlo todo. Cada gesto y cada palabra entre los oficiales eran decisiones que definían el destino de Venezuela.

Haití, Irak y Afganistán sirvieron como advertencia. Quitar un régimen sin plan de transición provoca vacío de poder y caos. Por eso, oficiales y políticos internos del madurismo fueron incluidos en negociaciones estratégicas, encargados de mantener la estabilidad y garantizar que, incluso con Maduro fuera, el país no colapsara.

Finalmente, Maduro y Cilia Flores fueron trasladados al Distrito Sur de Manhattan. Univisión reportó que “ambos están imputados por delitos graves que datan de acusaciones previas”( Unitv,3 enero 2026). Lo que parecía invencible terminó reducido a custodia y procedimientos judiciales.

Los cargos incluyen “conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armamento en relación con delitos federales”(TVN-2, 3 enero 2026). Cada acusación es el reflejo de años de seguimiento, espionaje encubierto y vigilancia internacional implacable.

Según El Universal, la combinación de cargos puede sumar más de 50 años de prisión( El Universal 3, enero 2026). La arrogancia tiene límites, y la caída de un hombre que se creía intocable es una advertencia para futuros líderes: nadie está por encima de la ley.

Hoy Maduro aparece sin traje ni corbata, con vestimenta simple, un hombre desprovisto de símbolos de poder. Su caída es un recordatorio brutal: todo poder es transitorio. Lo que ayer parecía intocable se muestra vulnerable, y su humillación sirve como alerta para cualquier presidente que crea que la arrogancia y la impunidad pueden sostener un régimen. En la política real, el poder absoluto no perdura; la estrategia, la ley y la traición silenciosa lo derriban.

JPM

Nunca voy a entender porqué instituciones estatales en República Dominicana que por ley tienen que dar servicio a la población se desentienden de los reclamos y/o necesidades comunitarias que afectan a sectores residenciales. Muy por el contrario de las atenciones que reciben los llamados barrios populares.

A través del tiempo y por la experiencia vivida en los últimos años, me he dado cuenta que cientos de residenciales pasan por serias vicisitudes debido a la dejadez de las autoridades que supuestamente están para buscar soluciones.

Esa negatividad se la dicen a uno frente a frente cuando alguna comisión de junta de vecinos acude a una de esas instancias, y mucho más en gestiones a nivel individual. La excusa que dan es que los residenciales tienen su origen con empresas constructoras, y que es a las que se debe reclamar.

Pero hay un tiempo tope para que la firma constructora se desentienda del proyecto ante los reclamos. Eso lo saben las autoridades del Estado.

El artículo 19 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, establece todo lo relativo a las competencias propias que debe ejercer el ayuntamiento frente a las necesidades propias de las comunidades. Sin embargo, para conseguir que a una comunidad en específico se le preste atención hay que agenciarse de algún político en las alturas, o un diputado o senador, o alguien que tenga disposición y agarre de mover contactos al más alto nivel.

Voy a poner de ejemplo lo que vivimos en carne propia quienes tenemos más de 25 años que habitamos el Residencial Carmen María, por la avenida República de Colombia, Distrito Nacional, proyecto que tuvo a cargo de la Constructora Bisonó.

Distintas directivas de la junta de vecinos de nuestro residencial han realizado gestiones ante el Ayuntamiento del Distrito Nacional, los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente, Edesur, compañías telefónicas, entre otros, con tal de que resuelvan situaciones que nos afectan.

Esas situaciones tienen que ver con el pésimo servicio en la recogida de basura, el deterioro progresivo de aceras y contenes, hoyos en distintas calles, poda y acondicionamiento de áreas verdes, cables ya sin uso que cuelgan cual hamacas gigantes entre postes del alumbrado público.

En cada uno de estos casos, las instituciones de servicios se muestran inexistentes para buscar soluciones. Lo hemos comprobado y  hemos sufrido eso con los desplantes y el “ningunismo” que nos han hecho en todas las oportunidades.

Cuando digo pésimo servicio de recogida de basura me refiero a que desde hace más de un año están enviando camiones compactadores que son un colador por debajo, o sea, que presentan roturas en la parte baja de su equipo compactador.

Esos camiones dejan escapar en nuestras calles la sanguaza o agua putrefacta con gusanos que deja la basura al compactar. Estando parados o en marcha, la situación es la misma.

Ya se podrán imaginar lo maloliente de esas inmundicias, el terrible hedor en las calles por donde pasan esos camiones, teniendo los residentes que arrojar cubetas de agua y desinfectantes para apaciguar el vaho.

Algo hay que hacer para terminar con esa vaina, que provoca desesperación y pone a los residentes a pasar por malos momentos.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional nada hace para corregir esa iniquidad, muy a pesar de que en el Residencial Carmen María la inmensa mayoría paga puntual por el servicio de recogida de basura, que dicho sea de paso ahora la entrada del camión de turno muchas veces tarda hasta una semana, cuando anteriormente pasaba  interdiario (3 días a la semana).

Otro problema lo tenemos con la maleza que se ha apoderado del área verde, y donde aún se mantiene un peligro latente en la parte usada como sitio de esparcimiento por un derrumbe provocado por las fuertes lluvias de noviembre de 2024. Todas las gestiones encaminadas en instituciones públicas nunca tuvieron resultados satisfactorios, solo promesas que iban a resolver, y nada.

Los cables en desuso que cuelgan hasta el cansancio hemos pedido a las telefónicas Claro, Altice para que pasen a recogerlos, pero solo escuchan y muestran sordera eterna.

Y con los pedidos de bacheos en nuestras calles deterioradas, ya hemos perdido la dinámica. Los barrios populosos tienen ese privilegio, muy a pesar de que la mayoría de quienes vivimos en residenciales pagamos impuestos, y cumplimos con nuestros compromisos de pagar los servicios con puntualidad.

jpm-am