POR CARLOS SALCEDO

El Mundial de Fútbol tiene la virtud de revelar muchas cosas que no pertenecen al fútbol. En estos días, mientras millones de personas siguen los partidos, también se hace visible una práctica que he venido denunciando desde hace años: el uso expansivo, innecesario y conceptualmente desviado de la publicidad estatal.

Comunicar no es autopromocionarse

La publicidad estatal no es mala en sí misma. Un Estado democrático necesita comunicar. Debe informar sobre servicios públicos, campañas de vacunación, seguridad vial, prevención del delito, derechos ciudadanos, obligaciones tributarias, protección ambiental, emergencias, educación, salud pública o acceso a programas institucionales.

El problema comienza cuando la publicidad deja de ser información pública y se convierte en propaganda institucional vacía. Una cosa es que Aduanas informe sobre procesos, derechos, deberes, controles, facilidades o mecanismos de transparencia. Otra muy distinta es que utilice espacios masivos de audiencia para proyectar una narrativa de autosatisfacción burocrática.

Cuatro pruebas para legitimar el gasto 

El criterio debe ser dogmático, no emocional. La publicidad estatal legítima debe superar, al menos, cuatro pruebas: finalidad pública, necesidad comunicacional, proporcionalidad del gasto y neutralidad institucional. Si no hay finalidad pública identificable, el anuncio es sospechoso. Si la información podía transmitirse por canales institucionales ordinarios sin necesidad de comprar espacios de alto costo, el gasto es discutible. Si el mensaje no produce beneficio educativo, cultural, preventivo o ciudadano, la comunicación se vuelve vacua.

Ya el Decreto núm. 1-24 intentó ordenar esta materia al disponer que la publicidad oficial debe cumplir objetivos operativos y estratégicos, facilitar el acceso oportuno a información pública y ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía. Ese lenguaje es correcto. Pero el problema dominicano no suele estar en la declaración normativa, sino en la disciplina de cumplimiento.

El Estado no es una marca comercial

El Mundial agrava la tentación. Como concentra audiencia, emociones y conversación pública, se convierte en vitrina perfecta para que la Administración compre presencia simbólica. Pero el Estado no puede comportarse como una marca comercial ordinaria. Su legitimidad comunicacional no nace de su capacidad de ocupar pantallas, sino de la utilidad pública de lo que comunica. Cuando una institución anuncia sin informar, gasta sin justificar y se celebra a sí misma sin aportar conocimiento ciudadano, el mensaje no fortalece al Estado: lo empobrece moralmente.

La publicidad estatal debe dejar de ser un instrumento de prestigio gubernamental y convertirse en una herramienta de servicio público. No se trata de silenciar al Estado, sino de obligarlo a hablar con sentido, sobriedad y responsabilidad. El dinero público no existe para fabricar admiración. Existe para satisfacer necesidades colectivas.

JPM

En tiempos donde la política estadounidense parece atrapada entre la polarización superficial, el espectáculo mediático y la administración pragmática de las desigualdades, dos nombres jóvenes emergen desde orígenes distintos para colocar sobre la mesa una misma pregunta de fondo: si todavía es posible reconstruir una izquierda con vocación de poder, sentido social y arraigo en las comunidades populares.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, de 34 años, nacido en Uganda y criado en Queens, y Darializa Ávila Chevalier, dominico-estadounidense de 32 años, formada entre la academia, la organización comunitaria y las luchas sociales, no representan únicamente dos trayectorias individuales exitosas, sino la posibilidad de un relevo generacional en una izquierda estadounidense que durante décadas tuvo referentes morales e intelectuales de enorme peso, pero escasa traducción institucional.

Desde los antípodas, Mamdani y Ávila Chevalier no anuncian todavía una victoria definitiva de la izquierda estadounidense, pero sí una señal de época. Allí donde Bernie Sanders abrió una puerta, Richard David Wolff puso lenguaje económico y Noam Chomsky sostuvo una crítica moral al poder, estos nuevos rostros intentan convertir ideas en gestión, indignación en organización y representación en políticas públicas. Ese tránsito, difícil y lleno de contradicciones, es precisamente el terreno donde se mide un verdadero relevo generacional.

Un relevo con raíces y referentes 

Mamdani y la dominicana Darializa Ávila Chevalier encarnan una nueva generación política que se nutre de luchas comunitarias, organizaciones de base, movimientos contra la desigualdad y una tradición crítica que ha logrado abrirse paso dentro de un sistema históricamente hostil a cualquier proyecto que cuestione el dominio del mercado sobre la vida social.

Mamdani encarna una parte de esa continuidad, pero con rostro propio. Hijo del reconocido intelectual ugandés Mahmood Mamdani y de la cineasta india Mira Nair, porta una biografía atravesada por el Sur Global, el poscolonialismo y la experiencia migrante, pero su política no se limita al símbolo. Desde la Asamblea Estatal de Nueva York y luego desde la alcaldía, ha colocado en el centro temas estructurales: vivienda, transporte, cuidados, servicios públicos y dignidad urbana.

Al plantear la vivienda como derecho y no como mercancía, el transporte público como bien colectivo y las guarderías como parte de una política de igualdad, Mamdani cuestiona el núcleo mismo de una ciudad organizada durante décadas alrededor del capital inmobiliario, la gentrificación y la expulsión silenciosa de los trabajadores pobres hacia la periferia económica y territorial.

En esa misma corriente aparece Darializa Ávila Chevalier, quien acaba de protagonizar una de las sorpresas políticas más significativas de las primarias demócratas de Nueva York al derrotar al veterano congresista de origen dominicano Adriano Espaillat. Su victoria no solo sacude una estructura de representación consolidada, sino que introduce una tensión nueva dentro de la comunidad dominicana y latina: la disputa entre la continuidad institucional y una izquierda joven que reclama otra agenda.
La política como disputa de sentido

Ávila Chevalier llega con credenciales distintas a las de la política tradicional. Hija de inmigrantes dominicanos, formada en la Universidad de Columbia y con estudios doctorales en sociología en la City University of New York, ha trabajado en temas de vivienda, inmigración, justicia racial, defensa pública y reforma del sistema penal. Su ascenso expresa una sensibilidad generacional que no se conforma con la representación étnica si esa representación no se traduce en cambios materiales para las comunidades.

De ahí que el punto común entre Mamdani y Ávila Chevalier no sea únicamente la juventud, ni el origen migrante, ni su cercanía con los Socialistas Democráticos de América.

Lo central es que ambos colocan el debate en el terreno de la economía política de la vida cotidiana: quién puede pagar una renta, quién tiene derecho a servicios públicos, quién decide el destino de la ciudad, quién financia la política y quién queda fuera cuando el mercado se convierte en organizador absoluto de la existencia.

Los Socialistas Democráticos de América no constituyen un partido político formal en el sentido clásico, pero funcionan como una organización de izquierda que impulsa candidaturas, programas y luchas dentro y alrededor del Partido Demócrata.

Su apuesta por servicios públicos universales, economía orientada al bien común, justicia social y control democrático de sectores estratégicos explica por qué figuras como Mamdani y Ávila Chevalier despiertan entusiasmo en unos sectores y alarma en otros.

La prensa corporativa, el capital inmobiliario, los estrategas del centro demócrata y los sectores conservadores ya los presentan como amenaza, exceso o experimento. Pero justamente ahí reside el valor político de su aparición: obligan a discutir lo que el consenso neoliberal prefería administrar en silencio, y devuelven a la política una pregunta elemental que nunca debió desaparecer: para quién se gobierna.

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La posible penalización de la difusión de audios de una persona sin su consentimiento establecida en el artículo 192 del nuevo Código Penal ha traído preocupación en sectores periodístico y de la comunicación, que la han interpretado como un acto que violenta y amordaza la libertad de expresión.

Se ha producido esa inquietud, porque la mayoría de las personas que se definen como periodistas, locutores, comunicares, abogados, opinólogos o influencers, con sus excepciones, no saben, o saben muy poco sobre la libertad de expresión, su alcance y sus límites. También creen que la libertad de expresión no tiene límites.

Por igual, creen que la difusión de audios de una persona sin su conocimiento es algo nuevo, cuando no lo es, porque el artículo 337 del actual Código Penal de la República Dominicana, modificado por la Ley 24-97, contiene esa penalización.

Ese artículo dice que: “se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de veinticinco mil a cincuenta mil pesos el hecho de atentar voluntariamente contra la intimidad de la vida privada, el o las personas que por medio de cualquiera de 1os procedimientos siguientes: 1.- Capten, graben o transmitan, sin el consentimiento de su autor, palabras pronunciadas de manera privada o confidencial. 2.- Capten, graben o transmitan, sin su consentimiento, la imagen de una persona que se encuentra en un lugar privado”.

En cambio, el nuevo Código Penal, en su artículo 192 establece: “quien publique o difunda por cualquier medio audios, imágenes o videos de otra persona sin su consentimiento, será sancionado con seis meses a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público”.

La pena

Entonces, como podemos ver, la difusión de audios e imágenes de una persona sin su consentimiento, no es nuevo en el Código Penal Dominicano. La única diferencia es en la pena, ya que en el actual Código es de seis meses a un año y multa de veinticinco mil a cincuenta mil pesos, y en el nuevo Código, que entraría en vigencia el próximo 3 de agosto, es de seis meses a diez años de prisión.

Así las cosas, en ambos códigos la difusión de audios sin el consentimiento entra dentro del ámbito de la privacidad, el honor, la imagen, la protección del domicilio y de las correspondencias de cada persona, entre otras cosas, que deben respetarse, y que forman parte de los límites de la libertad de expresión.

Por tanto, nadie puede difundir sin el consentimiento un audio en público, o a través de chats, por la televisión, la radio o en redes sociales, sin que se exponga a que la persona afectada lo someta a la justicia.

Otro aspecto que hay que resaltar, es que, en la República Dominicana, nadie ha sido sometido a la justicia, ni muchos menos condenado, por difundir audios sin consentimientos, ni tampoco por violar los derechos a la intimidad,  imagen y el buen nombre de las personas, entre otras cosas. En la República Dominicana el único delito de palabras que ha sido conocido por los tribunales es el de difamación.

Pero, hay que resaltar, que modernamente, con el uso de la tecnología se ha democratizado la comunicación, ya que casi toda la población puede incursionar en esa área, dentro del ecosistema digital, y, además, está protegida por el artículo 49 de la Constitución dominicana, por lo que vulnerar derechos de terceros se realiza con frecuencia, y hasta con impunidad.

Pese a todo, en la República Dominicana, el derecho a la intimidad, al honor, la moral,  la imagen, el buen nombre y el secreto de las comunicaciones están protegidos por la Constitución y por diversas leyes especiales, de manera que la divulgación de conversaciones privadas sin el consentimiento de sus participantes debe generar responsabilidades civiles y penales.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha sostenido en múltiples decisiones que el derecho a la intimidad constituye un derecho fundamental indispensable para preservar la dignidad humana y que la libertad de información no autoriza la divulgación indiscriminada de aspectos pertenecientes a la esfera privada de las personas.

Ahora bien, podría existir una excepción a las reglas, sólo cuando la difusión de un audio privado pudiera tener  un evidente interés público, la información sea indispensable para revelar hechos de corrupción o delitos graves y la divulgación resulte proporcional al fin perseguido.

Incluso, en esos casos, los tribunales deben realizan una ponderación entre el derecho a informar y el derecho a la intimidad, teniendo siempre en cuenta que la libertad de expresión no puede convertirse en una licencia para invadir la vida privada de las personas.

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