POR RAFAEL PASIAN

Hay libros que describen una época, y otros que, sin proponérselo del todo, la delatan. El trabajo de Omar Furment –“Donald Trump: Empresario disfrazado de político”– pertenece a ambos.

Furment no escribe desde la ingenuidad. Su mirada reconoce en Donald Trump no una anomalía, sino un síntoma: el triunfo de la lógica del mercado sobre el lenguaje de la democracia. Trump, en su lectura, no es un error del sistema; es su consecuencia más cruda, su versión sin maquillaje institucional.

Y ahí radica uno de los grandes méritos del libro: entender la política como espectáculo corporativo, como extensión de la marca personal, como una sala de juntas donde las decisiones no se votan, se imponen. Furment descifra ese código con claridad, con pulso periodístico, con una prosa que no le teme a la simplificación cuando es necesaria para llegar al lector común.

Pero toda luz proyecta su sombra.

Desde una óptica progresista, el libro roza —y a veces evita— una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la política deja de ser un contrato social y se convierte en una transacción? ¿Quién paga el precio de esa eficiencia empresarial trasladada al Estado?

Porque si el poder se gestiona como una empresa, entonces inevitablemente habrá “costos operativos”, y esos costos suelen tener nombre y rostro: migrantes, trabajadores precarizados, comunidades históricamente marginadas.

Furment nos muestra el mecanismo, pero podría adentrarse más en sus víctimas.

No basta con entender cómo funciona el poder; hay que interrogar a quién sirve. Y ahí el libro, por momentos, parece quedarse en la sala de control, observando las palancas, sin bajar del todo al terreno donde esas decisiones se convierten en vidas concretas.

También se echa de menos una confrontación más abierta con otras tradiciones de pensamiento: la socialdemocracia, el progresismo latinoamericano, incluso las críticas internas al capitalismo contemporáneo. No para diluir su tesis, sino para tensarla, para obligarla a dialogar con quienes ven en Trump no solo un empresario eficaz, sino un riesgo estructural para la democracia misma.

Y, sin embargo, el libro cumple una función importante: incomoda. Nos recuerda que la política del siglo XXI ya no se libra únicamente en parlamentos, sino en narrativas, en branding, en percepciones moldeadas como productos de consumo.

Furment escribe sobre Trump, sí. Pero en el fondo escribe sobre todos nosotros: sobre una sociedad que aprendió a admirar al vendedor antes que al servidor público, al ganador antes que al justo.

Quizás la crítica más honesta que se le puede hacer al libro es también su mayor oportunidad: ir más allá del diagnóstico y atreverse a proponer una alternativa. Porque describir el poder es necesario, pero imaginar un poder distinto es urgente.

En tiempos donde la política se disfraza de negocio, hace falta algo más que desenmascararla: hace falta reconstruirla.

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El seis de agosto del año 2026 entrará en vigencia en nuevo Código Penal en la República, por un lado con grandes avances, retrocesos, aumentos de penas, la configuración de delitos nuevos, la figura del cúmulo de penas, una nueva modalidad de cumplimiento de las penas, entre otras novedades que el país aún desconoce y que debería saber porque este código le va a dar muy duro a las personas que se dedican a cometer delitos y que antes se podían salir con las suyas, ya que trae penas bastante severas y será necesario construir varias cárceles nuevas porque las que hay no van a dar abasto.

Una de las figuras nuevas lo constituye el hecho de que el artículo 251 del nuevo código penal, contempla penas que serán complementarias o adicionales y concomitantes a las de la prisión correccional establecidas en los artículos 30, 34 y 41 del mismo código, cuando un profesional de cualquier rama utilice su profesion, sus conocimientos y hasta su oficina para cometer delitos.

Penas incluyen no solamente el cierre y clausura a veces definitivas otras veces de manera temporal, de la sociedad comercial acusada del delito, sino también que las personas que las dirigen y resulten culpables, no importa la profesión o el oficio que ejerzan, también les serán revocados unas veces de manera temporal y otras veces de manera definitiva el exequátur que les fue otorgado por el poder ejecutivo para ejercer su profesión, lo que no estaba claramente regulado en leyes anteriores o era de difícil aplicación dada las complicidades que se daban en los gremios profesionales para sancionar solo de manera leve a sus miembros, a excepción del Colegio Dominicano de Notarios que de manera frecuente si solicitaba la cancelación del exequatur a varios notarios acusados de faltas muy graves al ejercicio de la notaria.

Esto  permitía en otros gremios, que un profesional condenado hasta varias veces por utilizar su profesión u oficio para cometer delitos siguiera operando y delinquiendo, como ocurre con varios ingenieros y agrimensores, cuya ley del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y profesiones afines era prácticamente inaplicables en materia disciplinaria y esto permitía que siguieran delinquiendo a pesar de haber sido condenados por prácticas dolosas tanto de estafas como de robo de tierras en sus profesiones.

Esta disposición pondrá en cintura a varios ingenieros dedicados a cometer estafas y abuso de confianza involucrados en estafas inmobiliarias, bancarrotas fraudulentas y estructuras piramidales para defraudar el patrimonio de cientos de personas que compran apartamentos en planos, lo mismo sucederá con los médicos que tienen su propio cementerio privado por malas prácticas médicas a los cuales prácticamente nunca se les clausuran los consultorios ni su exequátur y por vía de consecuencia siguen en su proceso de operaciones quirúrgicas clandestinas y de carnicería mortal sin muchas consecuencias.

Con esta nueva disposición el Ministerio Público podrá lograr la revocación definitiva del exequátur profesional de contables, auditores, dedicados a cometer delitos graves y muy graves vinculados a la doble contabilidad y al lavado de activos, abogados, ingenieros, arquitectos y agrimensores y profesiones afines, dedicados a cometer estafas, falsificaciones, uso de documentos falsos y cualquier tipo de delitos graves y muy graves, maestros, médicos, enfermeros, administradores de empresas, ingenieros en sistemas, etc. etc. etc.

Los artículos 30, 34, 39 y 41 del nuevo Código Penal (ley 74-25), establecen lo siguiente;

“Penas complementarias por infracciones leves, graves y muy graves. Las penas complementarias aplicables a las personas físicas imputables de infracciones muy graves son las siguientes”:

2) El cierre definitivo del establecimiento comercial o de la instalación involucrada directa o indirectamente en la infracción, o su cierre temporal por un periodo no mayor de tres años;

4) La inhabilitación definitiva para ejercer la función pública o actividad profesional o social en cuyo ejercicio se cometió la infracción que da lugar a la condena, o la inhabilitación temporal para ejercerla por un periodo no mayor de cinco años;

7) La revocación de la licencia o título público habilitante.

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