El reciente Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior, elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de CAPEL, aporta un elemento particularmente interesante para comprender una de las contradicciones de nuestro sistema político: mientras la abstención crece en las grandes ciudades, en algunas zonas rurales y comunidades con fuertes redes territoriales la participación electoral se mantiene en niveles más elevados.

Entre las explicaciones que plantea el estudio aparece una realidad que durante mucho tiempo ha formado parte del debate político dominicano: el peso de las redes comunitarias y de las dinámicas de clientelismo político.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿queremos simplemente aumentar la cantidad de personas que votan o queremos construir una ciudadanía que vote con mayor libertad, información y convicción?

El clientelismo puede ser eficaz para movilizar electores. En determinadas comunidades, las relaciones de dependencia, intermediación política, ayudas individuales y redes territoriales pueden convertirse en mecanismos que acercan al ciudadano al proceso electoral. Pero una cosa es movilizar y otra muy distinta es fortalecer la participación democrática.

Una democracia sólida no debería depender de la capacidad de un partido, candidato o dirigente para activar una red de favores el día de las elecciones. El ideal democrático es que el ciudadano acuda a las urnas porque comprende la importancia de su voto, evalúa propuestas, compara candidatos y ejerce libremente su derecho a decidir quién debe representarlo.

El estudio sobre la abstención ofrece, precisamente, señales de una creciente inconformidad con la política tradicional. Una parte importante de los ciudadanos que decide no votar no lo hace necesariamente por apatía. Su abstención puede representar una expresión consciente de rechazo hacia candidatos que no convencen, promesas incumplidas, prácticas clientelares y una forma de hacer política que muchos consideran agotada.

Esta realidad debe llamar la atención de los partidos políticos

Durante décadas, una parte de la competencia electoral ha estado asociada a la capacidad de movilización territorial. Sin embargo, el contexto actual parece estar enviando un mensaje diferente: las viejas formas de movilización pueden conservar influencia en determinados territorios, pero ya no son suficientes para construir legitimidad ni para reconectar con una ciudadanía cada vez más crítica.

El contraste territorial que revela la investigación es significativo. Las zonas urbanas más desarrolladas del país presentan mayores niveles de abstención, mientras que en zonas rurales persisten formas de participación más elevadas, vinculadas, entre otros factores, a redes comunitarias y dinámicas clientelares. El desafío consiste en no interpretar este fenómeno como una invitación a fortalecer esas prácticas, sino como una oportunidad para preguntarnos qué tipo de participación queremos construir.

Porque una democracia puede registrar una elevada participación electoral y, aun así, tener una ciudadanía débilmente conectada con el debate público. Del mismo modo, una baja participación puede expresar una profunda crisis de representación que ninguna fundita, ayuda circunstancial o mecanismo de movilización podrá resolver de manera sostenible.

La abstención de 45.6 % registrada en las elecciones generales de 2024 constituye una advertencia suficientemente seria. El estudio del IIDH-CAPEL demuestra que el problema de la participación no tiene una explicación única y que la respuesta no puede limitarse a mejorar aspectos logísticos o desarrollar campañas genéricas para incentivar el voto. Se requiere, sobre todo, una respuesta política.

Eso implica fortalecer la calidad de la oferta electoral, mejorar los mecanismos de selección de candidaturas, promover partidos más cercanos a la ciudadanía y reducir las prácticas que convierten la relación entre representantes y representados en una simple transacción de corto plazo.

El clientelismo puede movilizar. Puede producir participación y puede ayudar a explicar por qué determinados territorios mantienen niveles de votación superiores a otros. Pero no necesariamente genera confianza en las instituciones, compromiso con lo público ni una ciudadanía más fuerte.

El reto hacia 2028 debe ser superar la idea de que el éxito democrático consiste únicamente en llenar las urnas. Necesitamos llenar las urnas, sí, pero con votos que expresen convicción y confianza en el proceso democrático.

La gran tarea es pasar de una política que moviliza ciudadanos mediante la dependencia a una política que los convoca mediante ideas, propuestas y resultados.

Ese es, quizás, uno de los debates más importantes que nos deja el estudio sobre la abstención: no basta con lograr que la gente vote; debemos trabajar para que vuelva a creer que votar vale la pena.

fujudel@gmail.com

jpm-am

Por Víctor Garrido Peralta

Una República puede aprender de sus errores y seguir siendo prácticamente la misma. Puede evaluar una política, corregirla y archivar sus conclusiones. Puede acumular estadísticas, diagnósticos y recomendaciones.

Pero si cada administración debe reconstruir desde cero lo que la anterior ya descubrió, la experiencia no se ha convertido todavía en capacidad. Simplemente hemos vivido.

El ensayo anterior dejó una pregunta decisiva: ¿qué decisión posterior fue diferente porque una decisión anterior produjo conocimiento? Este plantea el paso siguiente: ¿qué queda en una República después de aprender y corregirse?

Debería quedar algo más duradero que una nueva ley, un programa o un procedimiento: una mayor capacidad para enfrentar el siguiente problema.

La secuencia es sencilla: experiencia, aprendizaje, corrección, capacidad. La práctica registra que algo ocurrió. El aprendizaje comprende algo sobre ello. La corrección modifica la conducta. La capacidad aparece cuando esa modificación queda incorporada y permite decidir mejor la próxima vez.

Ahí se produce el verdadero salto institucional.

El problema de volver a empezar

Cada administración llega con nuevas prioridades, equipos y explicaciones. Eso es normal en una democracia. Lo peligroso es que cada alternancia se convierta en un reinicio.

La alternancia política es necesaria. El reinicio permanente no.

Una reforma puede sustituir una estructura sin conservar el conocimiento que la precedió. Puede cambiar un procedimiento sin preguntar por qué existía. Puede abandonar un programa antes de saber qué funcionó, qué fracasó y bajo qué condiciones.

El resultado parece movimiento, pero puede ser simplemente repetición.

Una República que vuelve siempre al punto de partida no acumula experiencia: la consume.

La diferencia puede entenderse como un círculo y una espiral. El círculo regresa al mismo punto. La espiral también vuelve sobre problemas conocidos, pero desde una posición diferente.

Cada vuelta debería dejar a la República mejor preparada que la anterior.

Institucionalizar no es inmovilizar

Una institución necesita conservar lo aprendido, pero no puede convertirlo en dogma. Una solución que alguna vez funcionó puede convertirse en un obstáculo cuando cambia el contexto.

Por eso institucionalizar no significa congelar una respuesta. Institucionalizar es hacer permanente la capacidad de revisar.

La memoria importa, pero debe ser útil. No basta con conservar conclusiones. Hay que conservar, cuando sea relevante, el problema que originó una decisión, la evidencia disponible, los supuestos adoptados y las razones por las cuales posteriormente se cambió de rumbo.

La memoria que conserva conclusiones transmite recetas. La que conserva el razonamiento transmite capacidad.

Así, continuidad y adaptación dejan de ser opuestos. El Estado conserva aquello que debe sobrevivir a la alternancia y modifica aquello que la evidencia demuestra que ya no funciona.

La estabilidad verdadera consiste en mantener los principios mientras se modifican los instrumentos cuando la evidencia, interpretada mediante juicio, demuestra que debe hacerse.

¿Qué capacidad quedó instalada?

Esta debería ser una pregunta obligatoria después de toda reforma.

No solamente: ¿funcionó?. Sino: ¿qué capacidad nueva quedó instalada que antes no existía?

¿Puede la institución diagnosticar mejor? ¿Decidir mejor? ¿Ejecutar mejor? ¿Detectar antes sus propios errores? ¿Transferir conocimiento cuando cambian las personas? ¿Responder mejor ante un problema que todavía no conoce?

Una reforma que resuelve un problema puede ser útil. Una reforma que además deja instalada la capacidad para resolver mejor los siguientes puede transformar una institución.

La prueba más exigente no aparece cuando todo funciona normalmente. Aparece en la siguiente crisis.

Una capacidad creada ayer demuestra su existencia cuando mañana aparece un problema nuevo y la institución puede enfrentarlo mejor sin tener que reinventarse.

El peligro de aprender la lección equivocada

También es posible acumular conocimiento falso.

Una política puede fracasar por un diagnóstico equivocado, un diseño defectuoso, una mala ejecución, insuficiente capacidad administrativa o un cambio de contexto. Si el Estado atribuye el resultado a la causa incorrecta, puede convertir el fracaso en una falsa enseñanza.

Por eso aprender exige comprender, no sólo recordar.

La misma experiencia puede producir capacidades distintas según cómo sea interpretada. Una institución puede conservar durante años una explicación equivocada con la misma eficacia con que conserva un buen conocimiento.

La capacidad institucional depende, por tanto, de una condición previa: comprender suficientemente por qué se obtuvo determinado resultado.

La República que no vuelve a empezar

Una institución madura no depende exclusivamente de las personas que la construyeron. El conocimiento debe poder transferirse y las decisiones deben poder ser comprendidas por quienes no participaron en ellas.

De lo contrario, el Estado puede tener profesionales excelentes y seguir siendo estructuralmente frágil.

El objetivo no es crear organizaciones incapaces de cambiar. Es crear organizaciones con la destreza de cambiar sin perder lo aprendido cada vez que cambian sus dirigentes.

De la capacidad a la inteligencia institucional

Un organismo tiene idoneidad cuando puede hacer mejor algo que antes hacía peor. Empieza a desarrollar un ciclo de aprendizaje institucional cuando puede repetir ese proceso: observar, aprender, incorporar capacidades, enfrentar nuevos problemas y volver a adaptarse.

No se trata de acumular burocracia, normas o información. Se trata de acumular mejores formas de comprender y actuar.

El circuito puede expresarse así:

observar → interpretar → diagnosticar → decidir → intervenir → evaluar → aprender → corregir → institucionalizar → volver a evaluar.

La diferencia entre un círculo y una espiral está en el resultado de cada vuelta.

Si nada esencial queda incorporado, hay repetición. Si cada experiencia mejora la capacidad con la que se enfrentará la siguiente, existe acumulación.

La prueba está en el futuro

Una República no demuestra que aprendió porque cambió. Lo demuestra cuando queda mejor preparada para enfrentar lo que viene.

Esa es la consecuencia política más profunda del aprendizaje institucional. La experiencia deja de ser solamente pasado y se convierte en infraestructura para el futuro.

Porque recordar sin cambiar es archivar. Cambiar sin aprender es improvisar. Y aprender sin acumular capacidad es volver a empezar.

El verdadero progreso institucional consiste en que, después de cada ciclo de experiencia, la República sea capaz de hacer mejor el siguiente.

Una República inteligente no es la que nunca se equivoca. Es aquella cuya experiencia la deja mejor preparada para decidir lo que todavía no conoce.