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Esa es la pregunta que la diáspora se hace más de 15 años, desde que la Constitución de 2010 la declaró «parte esencial de la Nación». Y la respuesta, hasta ahora, ha sido el silencio, la tarifa abusiva y la foto en campaña.
El Estado cumplirá cuando entienda tres verdades que hoy ignora:
Mientras el Estado nos vea como 10,400 millones de dólares en remesas, seguirá cobrándonos el pasaporte más caro de la región, la libreta más costosa y el acta de nacimiento a 95 dólares.
Cumplirá cuando el Tribunal Constitucional acoja una acción directa contra esa discriminación tarifaria. El Artículo 39 de la Constitución prohíbe la discriminación por condición social o lugar de residencia. Cobrarle a un dominicano en Nueva York cinco veces más por el mismo papel que en Santo Domingo no es un tema administrativo, es inconstitucional.
Un mismo documento, un mismo precio. Ese día habrá empezado a cumplir.
CUANDO LA PROTECCIÓN DEJE DE SER UN DISCURSO Y SEA UN PROTOCOLO
El caso de los 150 dominicanos llevados con engaños a la guerra en Rusia desnudó la mentira del Artículo 18.
El Estado debe proteger. No dice «si puede», no dice «si tiene consulado cerca». Dice debe.
Hoy no existe un protocolo de trata transnacional para dominicanos en el exterior. No existe un fondo de repatriación de emergencia. No existe un abogado del Estado que lo demande cuando no protege.
El Estado cumplirá cuando un cónsul pueda ser destituido y sancionado por no activar la protección consular. Cuando haya consecuencias por la omisión, no solo aplausos por la comisión.
CUANDO LA REPRESENTACIÓN DE ULTRAMAR DEJE DE SER SIMBÓLICA
La Constitución nos dio el voto y la curul. La ley nos quitó el contenido.
Cumplirá cuando se reforme la Ley de Diputados de Ultramar y se exija residencia efectiva, oficina abierta en la jurisdicción, rendición de cuentas trimestral y revocabilidad del mandato si no reside donde dice representar.
Mientras un diputado de ultramar pueda vivir en Santo Domingo, cobrar viáticos en dólares y legislar sin pisar Queens, El Bronx o Madrid, no hay representación. Hay una estafa constitucional.
El Estado dominicano no cumplirá por pena, ni por presión en redes, ni por operativos navideños. Cumplirá cuando la diáspora deje de pedir favores y empiece a interponer recursos.
La Constitución no se mendiga. Se exige en los tribunales.