POR ALEJANDRO JAQUEZ

En la República Dominicana seguimos demasiado concentrados en una pregunta: ¿quién ganará las próximas elecciones? A mí me preocupa otra: ¿qué ganará el país?

Porque se pueden ganar elecciones y perder cuatro años. Cambian los gobiernos, los discursos y los protagonistas, pero muchas de nuestras prácticas permanecen intactas. Nos prometen cambios, nos hablan de transformaciones y, mientras tanto, gran parte de la política se consume desacreditando al adversario en lugar de construir un proyecto de nación.

Hemos convertido la confrontación en espectáculo y, peor aún, estamos normalizando antivalores simplemente porque generan aplausos, popularidad o comentarios en las redes. Fabricamos figuras desde el escándalo y después el país termina pagando las consecuencias.

Y siempre paga la gente: más deuda, menos oportunidades, instituciones debilitadas y una inversión insuficiente en educación y desarrollo humano. Seguimos administrando problemas en lugar de construir soluciones de largo plazo.

No tenemos un problema solamente político.

También debemos mirarnos como sociedad.

Exigimos lealtad siendo desleales, confianza siendo desconfiados, trabajo tolerando la vagancia y respeto mientras celebramos la falta de respeto cuando viene de nuestro lado.

Queremos instituciones fuertes, pero muchas veces solo cuando sus decisiones nos favorecen.

Tenemos un país extraordinariamente rico, no solamente por sus recursos, sino por su gente: hombres y mujeres trabajadores, solidarios, emprendedores y capaces. Sin embargo, demasiada gente buena se ha aislado de los asuntos públicos.

Mientras más preparados estamos, pareciera que más aprendemos a construir nuestra pequeña burbuja: proteger nuestra familia, nuestros negocios y nuestro bienestar. Pero ¿de qué sirve estar bien individualmente si la sociedad que nos rodea se deteriora?

Los buenos también tienen que participar

Invito a quienes se consideran serios a participar en política. A quienes critican la corrupción, a demostrar que pueden administrar lo público sin beneficiarse. A quienes reclaman eficiencia, a asumir responsabilidades. A quienes dicen que todos los políticos son iguales, a entrar y demostrar que no tiene que ser así.

Porque dejar la política exclusivamente en manos de quienes criticamos tampoco resuelve nada.

Nuestra historia reciente debe servirnos de espejo. Hemos visto partidos pasar décadas cuestionando al poder y llegar al Gobierno prometiendo hacerlo diferente. Por eso debemos aprender una lección: cambiar de partido no necesariamente significa cambiar el país.

El verdadero cambio se produce cuando fortalecemos las instituciones, invertimos en la gente, respetamos las reglas y construimos políticas públicas que sobrevivan a los gobiernos.

Por eso, para mí, quién ganará realmente no es lo más importante.

Si quien llega hará exactamente lo mismo que criticó cuando estaba fuera, habrá ganado unas elecciones, pero el país habrá vuelto a perder tiempo.

La República Dominicana necesita menos espectáculo y más propósito; menos fanatismo y más conciencia; menos salvadores y más ciudadanos comprometidos.

Quizás deberíamos dejar de preguntarnos quién ganará las próximas elecciones y comenzar a hacernos una pregunta mucho más importante: ¿Cuándo vamos a decidir ganar todos como país?.

jpm-am

El anuncio del Gobierno de comenzar a publicar las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República merece ser recibido con responsabilidad, pero, sobre todo, con sentido crítico.

La transparencia será siempre bienvenida, pero publicar auditorías no puede convertirse, por sí mismo, en una prueba de transparencia y eficiencia  institucional. En determinados casos, podría terminar siendo, precisamente, todo lo contrario: la evidencia de que los controles internos fallaron cuando más se necesitaban.

El debate no debería centrarse únicamente en si las auditorías se publican o no. La pregunta verdaderamente importante es cuándo se realizaron, qué detectaron, y qué ocurre después de que se identifican las irregularidades.

El control interno del Estado no puede ser visto como una herramienta para mirar hacia atrás. Su razón de ser es, fundamentalmente, prevenir, advertir y corregir oportunamente aquellas actuaciones que puedan comprometer los recursos públicos o vulnerar los procedimientos administrativos.

Por eso, cuando una auditoría identifica irregularidades dos, tres o incluso cuatro años después de ocurridos los hechos, surge una pregunta inevitable: ¿dónde estaban los controles cuando esas irregularidades estaban ocurriendo?

Una auditoría tardía puede documentar un problema, pero difícilmente puede impedir un daño que ya se consumó. El dinero que fue gastado irregularmente ya salió de las arcas públicas; el procedimiento que fue violentado ya produjo sus consecuencias y la decisión administrativa cuestionada ya surtió sus efectos.

En ese contexto, la publicación posterior de un informe de auditoria no debe confundirse con una respuesta a tiempo y eficaz del Estado. La transparencia no puede reducirse a publicar el diagnóstico de una irregularidad cuando el daño ya está hecho. También debe existir capacidad institucional para detectar las señales de alerta y actuar antes de que el problema se convierta en una pérdida para el patrimonio público.

Cuando una irregularidad aparece años después, corresponde preguntar por qué no fue detectada antes, qué mecanismos de control estaban vigentes, quién tenía la responsabilidad de supervisar, si existieron advertencias previas y qué medidas fueron adoptadas para evitar que la situación continuara.

También es necesario conocer qué consecuencias tuvieron esos hallazgos. Porque una auditoría que identifica irregularidades, pero no genera correcciones, responsabilidades ni recuperación de recursos cuando corresponda, corre el riesgo de convertirse en un simple documento administrativo archivado después de haber cumplido su función formal.

La ciudadanía necesita conocer la historia completa: cuándo ocurrieron los hechos, cuándo fueron detectados, cuánto tiempo transcurrió hasta la auditoría, cuánto dinero estuvo comprometido, qué daños causó, qué medidas correctivas se adoptaron y qué consecuencias enfrentaron los responsables, si las hubo. Ese es el verdadero estándar de transparencia.

No basta con mostrar lo que salió mal. Un Estado eficiente debe demostrar también que tiene la capacidad de impedir que los errores, abusos o irregularidades se repitan, y hacer las correcciones de lugar, oportunamente.

Porque existe una contradicción evidente en presentar como éxito institucional el descubrimiento tardío de irregularidades que los propios mecanismos de control debieron detectar y, cuando fuera posible, impedir.

Las auditorías son indispensables. Nadie cuestiona su importancia. Pero una auditoría realizada demasiado tarde puede terminar siendo apenas una fotografía administrativa de un daño ya consumado.

El Gobierno debe entender que el control interno no significa solamente auditar después. Significa, ante todo, prevenir antes.

La eficacia de los controles públicos no debería medirse únicamente por la cantidad de irregularidades que logran descubrir años después, sino también —y principalmente— por su capacidad para evitar que esas irregularidades ocurran.

El país no necesita controles que lleguen tarde. Necesita instituciones que actúen a tiempo.

Y si las auditorías llegan cuando el daño ya está hecho, en lugar de convertirse en una vitrina del éxito de transparencia y control interno, podrían terminar demostrando exactamente lo contrario: que el sistema de prevención falló y que el Gobierno no fue capaz de evitar aquello que tenía el deber de controlar.