POR FRANCISCO MANUEL ORTEGA
«A sigún», en lugar de «según», sirve aquí como símbolo de una comunicación que reclama atención sin asumir la obligación de prepararse. Una expresión incorrecta aislada no define la capacidad de nadie; lo preocupante es la acumulación de errores, la pobreza de las ideas y la resistencia a corregirse de quienes pretenden informar y orientar al público.
Esa mediocridad se manifiesta al hablar, al escribir, al entrevistar y al publicar, y merece ser cuestionada en todos esos espacios.
Hay un deterioro de la comunicación que no debemos seguir celebrando como si fuera una conquista de la modernidad. Personas incapaces de organizar una idea, redactar un párrafo comprensible o formular una pregunta con sentido se presentan como comunicadores, reporteros y periodistas. Lo preocupante es la facilidad con que encuentran espacios y aplausos sin demostrar la preparación que esas funciones requieren.
Las deficiencias quedan expuestas en sus propias publicaciones: errores elementales, oraciones sin coherencia, titulares que contradicen el contenido y palabras cuyo significado parecen desconocer. Al escucharlos, la situación puede resultar todavía más penosa. Confunden nombres, atropellan conceptos y sustituyen con volumen la claridad que les falta. Todo ello frente a una audiencia que merece recibir información comprensible.
No estamos hablando de un error ocasional. Todos podemos equivocarnos al escribir o al hablar. El problema es la improvisación convertida en costumbre, acompañada muchas veces de una arrogancia que impide aceptar correcciones. Quien desconoce algo puede aprenderlo; quien presume que no necesita aprender convierte sus limitaciones en un perjuicio para los demás.
Tampoco se trata de despreciar el habla popular, el acento dominicano ni las expresiones de nuestros pueblos. Nuestra gente sabe contar, explicar y hacerse entender con una riqueza admirable. El cuestionamiento apunta a quienes asumen una función pública sin esforzarse por comprender lo que dicen ni hacerse responsables de sus consecuencias.
Un título universitario tampoco concede inmunidad frente a la mediocridad. Existen profesionales titulados que maltratan el oficio y personas de formación autodidacta que lo honran con estudio y disciplina. La exigencia debe ser la misma para todos: preparación, cultura general, dominio del idioma y respeto por la verdad. Nadie debería considerarse dispensado de esos deberes.
Resulta inadmisible entrevistar sobre una institución sin conocer sus funciones, abordar una controversia sin revisar sus antecedentes o presentar una acusación como si fuera una sentencia. Una pregunta mal planteada puede revelar desconocimiento; una información irresponsable puede dañar una reputación. El micrófono exige conciencia del poder que se tiene entre las manos.
En algunos espacios, la agresividad pretende pasar por valentía y la insolencia por independencia. Se interrumpe al entrevistado, se le atribuyen intenciones y se busca una reacción que pueda circular como escándalo. Así se desperdicia la oportunidad de obtener respuestas útiles y se acostumbra al público a una comunicación donde el espectáculo desplaza al esclarecimiento.
La condición de influencer tampoco acredita conocimientos sobre cualquier materia. Tener seguidores no convierte a nadie en especialista en salud, economía, justicia o política. Cuando alguien utiliza su popularidad para emitir afirmaciones que no comprende ni verifica, abusa de la confianza de su audiencia. Esa conducta merece cuestionamientos, por muchos aplausos que reciba.
Hay, además, una práctica particularmente dañina: publicar primero y averiguar después. Se difunden rumores, se recortan declaraciones y se construyen titulares destinados a provocar indignación. Luego, cuando aparece el error, una eliminación silenciosa pretende resolverlo todo. La rectificación debe tener visibilidad y reconocer con claridad qué se informó incorrectamente.
Los propietarios de medios, productores y responsables de contratar personal también deben responder por sus decisiones. Si escogen únicamente por popularidad, capacidad de provocar conflictos o disposición para hacer ruido, contribuyen al deterioro que después dicen lamentar. Un espacio informativo necesita criterios de calidad, orientación editorial y personas capaces de cumplirlos.
Quienes recibimos la información tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Cada vez que compartimos sin verificar, premiamos el escándalo con nuestra atención o confundimos popularidad con credibilidad, damos cabida a esa legión de desinformadores. Nuestra indignación pierde fuerza cuando seguimos alimentando, con visitas y aplausos, las mismas prácticas que criticamos.
Hace falta recuperar la exigencia. Los medios deben formar y supervisar; quienes comunican deben estudiar y corregirse; la audiencia debe aprender a retirar su confianza cuando esta se utiliza de manera irresponsable. Abrir oportunidades a nuevos talentos supone acompañarlos y exigirles condiciones para ejercer. Entregarles una cámara y abandonarlos a la improvisación perjudica tanto a ellos como al público.
La comunicación merece respeto y la ciudadanía merece calidad. Basta de premiar la desfachatez, tolerar la desinformación y presentar la falta de preparación como una virtud espontánea. Quien aspira a orientar a los demás tiene el deber de formarse. La ignorancia frente a un micrófono adquiere alcance público, y sus consecuencias no se borran apagando la cámara.
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