Hay un eco sordo y constante que recorre la geografía nacional, desde los callejones febriles del Distrito Nacional hasta el verdor laborioso del Cibao, pasando por las entrañas sufridas de Cotuí y las tierras históricas de Hermanas Mirabal. Esa sombra que se alarga sobre los portales no es otra que el miedo: el temor cotidiano que ha convertido la paz social en un bien escaso y la seguridad ciudadana en la asignatura más lacerante y postergada de la democracia dominicana.

Frente a este flagelo, las respuestas espasmódicas y los discursos de corte reactivo se revelan no solo insuficientes, sino éticamente insostenibles. La Constitución de la República no consagra un ideal decoroso, sino un mandato imperativo: el deber indelegable del Estado de garantizar la vida, la dignidad y la integridad de sus habitantes. Sin embargo, la realidad cotidiana palpita bajo el signo de la vulnerabilidad.

La violencia contemporánea no brota por generación espontánea; es el fruto amargo de deudas históricas inconclusas, de la sima lacerante de la desigualdad, de la asfixia de las oportunidades y de los resquebrajamientos institucionales que aún no hemos sabido sanar.

Hasta ahora, la gramática del poder ha respondido a la crisis con la gramática de la fuerza: más patrullas, más asfalto vigilado, más botas en las esquinas críticas. Pero calmar los síntomas con analgésicos de trinchera no cura la enfermedad.

La verdadera seguridad pública no se conquista atrincherándose tras murallas de fusiles y uniformes; florece únicamente cuando se desarman las causas estructurales que alimentan el delito: la deserción escolar, la ociosidad juvenil sin horizontes, la oscura marea del narcotráfico y el vaciamiento de espacios comunitarios donde antaño florecía la convivencia pacífica.

La República Dominicana clama con urgencia por un Pacto Nacional de Seguridad Ciudadana, un horizonte estratégico que trascienda la mezquindad de los ciclos electorales y se eleve a la categoría de política de Estado inquebrantable. Este propósito nacional exige cuatro pilares fundamentales:

• Prevención social de raíz: Sembrar futuro en los territorios vulnerables mediante el arte, la cultura, el deporte y la educación de excelencia, arrebatándole la juventud a las fauces de la delincuencia antes de que el crimen haga su primera oferta.
• Reforma policial auténtica: Transformar desde los cimientos el cuerpo del orden en una institución profesional, incorruptible, tecnificada y profundamente respetuosa de los derechos humanos.
• Justicia expedita y confiable: Un sistema judicial implacable con el ilícito, certero en la sanción y implacable contra la impunidad, que es, al fin y al cabo, el combustible silencioso de la reincidencia.
• Corresponsabilidad comunitaria: Entender que la paz social no se decreta desde los despachos refrigerados de la capital, sino que se teje desde abajo, con la voz, la vigilancia lúcida y la participación activa de los ciudadanos.

La inseguridad, conviene recordarlo, es una fuerza democrática en su perversidad: no distingue credos, partidos, ni clases sociales. Golpea con idéntica crudeza al colmadero que abre el cristal de su negocio al alba en un barrio populoso y al empresario que discurre tras los cristales ahumados de una torre metropolitana. Nos concierne a todos, pues la indiferencia colectiva es el cómplice silencioso que perpetúa el desorden.

La historia universal y la nuestra propia demuestran que los pueblos verdaderamente grandes no son aquellos que están libres de tempestades, sino los que se atreven a mirarlas a los ojos con la firmeza de la razón y la justicia.

La República Dominicana no puede, ni debe, resignarse a vivir agazapada bajo el asedio del pánico. Es la hora de que los gobernantes asuman el peso histórico de sus curules y de que el pueblo común reclame, sin tregua, lo que le pertenece por derecho divino y constitucional: que la seguridad ciudadana deje de ser una quimera electoral para convertirse, al fin, en una realidad palpable y dichosa.

Durante 27 años ininterrumpidos cubrí la fuente presidencial para el periódico Hoy, básicamente desde 1982 hasta parte de 2009. Esa experiencia me permitió conocer de cerca el comportamiento de Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, y observar posteriormente parte del ejercicio de Danilo Medina.

Podría escribir extensamente sobre la conducta personal de cada uno, sus temperamentos y la forma en que enfrentaron las responsabilidades del poder. Sin embargo, el interés de esta columna no es evaluar integralmente sus gobiernos, sino comparar sus respectivos estilos de ejercer la Presidencia con la intensa y particular agenda desarrollada por el actual mandatario, Luis Abinader.

Se dice que cada gobernante llega con su propio librito, aunque en República Dominicana ese manual parece guardarse en una gaveta del despacho presidencial para desempolvarlo según las conveniencias políticas del momento. Lo evidente es que existen diferencias notables entre la manera en que cada uno ha desempeñado sus funciones.

Llegué al Palacio Nacional en agosto de 1982, coincidiendo con el inicio del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Era un mandatario sobrio, de hablar pausado, que desde el principio mostró interés en mantener una relación cercana y respetuosa con los periodistas asignados a la fuente.

Llegaba temprano a sus oficinas, que trasladó del segundo al tercer piso del Palacio Nacional. Sus actividades fuera de la casa de gobierno estaban previamente programadas y concentraba buena parte de su trabajo en el despacho. Realizó numerosos viajes internacionales, pero estos respondían, generalmente, a una agenda oficial claramente definida.

Joaquín Balaguer encarnó un ejercicio mucho más formal de la Presidencia. Era, en el sentido clásico, un hombre de Estado, extremadamente cuidadoso del simbolismo y la solemnidad del poder. Sus principales salidas del Palacio estaban vinculadas con el inicio o la inauguración de obras públicas. Sus viajes al exterior fueron muy contados.

Leonel Fernández mantuvo, en buena medida, ese estilo institucional y protocolar. Fue un presidente muy apegado a los cánones oficiales, aunque impuso récords en materia de viajes internacionales. Su agenda interior podía resultar un poco más elástica, pero conservó siempre una imagen de formalidad y un ejercicio del poder ajustado al protocolo de Estado.

Hipólito Mejía rompió significativamente con esa tradición. Entre los periodistas comentábamos que Hipólito no se sentaba en su despacho. Recuerdo que, en una ocasión, cerca del mediodía, entré a su oficina y todo permanecía rigurosamente organizado: los documentos estaban cuidadosamente colocados y los periódicos parecían no haber sido tocados.

Cuando salía de su casa nunca existía absoluta certeza de que se dirigiera al Palacio Nacional. Podía aparecer en cualquier lugar, participando en actividades que, en algunos casos, tenían poco que ver con el ejercicio formal de la Presidencia, incluido un juego de dominó. Ese comportamiento reflejaba su personalidad espontánea, informal e impredecible.

Luis Abinader guarda cierto parecido con Hipólito Mejía en su resistencia a permanecer detrás del escritorio, pero existen diferencias fundamentales. Abinader desarrolla una agenda intensa, planificada y políticamente calculada. Está en las calles de domingo a domingo, inaugurando obras, encabezando reuniones, anunciando inversiones, supervisando proyectos y trasladándose constantemente por todo el país.

Ese dinamismo tiene aspectos positivos. Un presidente activo puede conocer directamente los problemas, presionar a sus funcionarios y transmitir una sensación de cercanía. Abinader no proyecta la imagen de un gobernante aislado en el Palacio Nacional. Su presencia frecuente en las comunidades también contribuye a colocar determinados problemas en el centro de la atención pública.

Pero su agenda no es solamente trabajo. Es también una herramienta de comunicación, promoción y posicionamiento político. Tiene una naturaleza populista y mediática, concebida para mantener al presidente como figura central de la vida nacional.

No es casual que la popularidad personal de Abinader se mantenga generalmente por encima de la valoración de su gobierno. Esa diferencia demuestra que su estrategia ha resultado eficaz para preservar su imagen, incluso cuando la población cuestiona servicios públicos, seguridad, costo de la vida, apagones, tránsito o calidad del gasto.

Abinader no será candidato nuevamente, pero parece decidido a dejar abonado el terreno para quien finalmente lo sustituya como opción presidencial del oficialismo. Por eso exhibe ahora un activismo y una presencia en las calles que, en ocasiones, superan los de su primer período.

Gobernar exige cercanía, pero también resultados. Una agenda repleta puede proyectar eficiencia, aunque no necesariamente garantiza que los problemas estén siendo solucionados. Al final, la historia no juzga a los presidentes por la cantidad de kilómetros recorridos, actos encabezados o promesas anunciadas, sino por las transformaciones reales que dejaron al concluir su mandato.