Por JUAN RAMÓN CRUZ VENTURA

CORAAVEGA ha colocado en un mismo lote cuatro obras de agua potable y alcantarillado que suman aproximadamente RD$91 millones, aunque corresponden a sectores distintos de La Vega y cuentan con presupuestos y alcances constructivos independientes. Al mismo tiempo, una quinta obra, con un presupuesto inferior a RD$4 millones, fue colocada en un lote separado.

La pregunta es inevitable: ¿qué criterio técnico, financiero o administrativo justifica agrupar cuatro obras independientes en un solo lote de gran magnitud, mientras otra obra de menor cuantía dispone de un lote individual? El planteamiento surge del proceso CORAAVEGA-CCC-CP-2026-0003, publicado el 27 de agosto en el Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

El Lote 1 reúne las obras de Ana Magalis y Fundación Panal, Residencial Omelia, Carreterita de Soto y Nibaje, Etapa 4. Sus presupuestos individuales son de aproximadamente RD$19.2 millones, RD$23.2 millones, RD$36.3 millones y RD$11.9 millones, respectivamente, para un monto conjunto cercano a RD$91 millones.

El contraste está en el Lote 2, que contiene únicamente el acueducto de Villa Francisca Segunda, con un presupuesto inferior a RD$4 millones. El propio proceso demuestra, entonces, que CORAAVEGA utiliza la modalidad de lotes independientes. ¿Por qué no aplicar el mismo criterio a las cuatro obras que integran el Lote 1?

El asunto adquiere mayor relevancia al revisar las exigencias financieras. Para el Lote 1 se contempla una línea de crédito bancaria equivalente al 10 % y una línea de crédito de suplidor de tubería equivalente al 20 %. Aplicadas sobre unos RD$91 millones, representan aproximadamente RD$9.1 millones y RD$18.2 millones, respectivamente.

Esto significa que un oferente tendría que demostrar, solo por esos dos conceptos, un respaldo financiero cercano a RD$27.3 millones. Una empresa con capacidad técnica para ejecutar una de las obras individualmente podría quedar impedida de competir si debe demostrar capacidad financiera para asumir las cuatro simultáneamente.

Aquí debe hacerse una precisión: nadie plantea que las empresas de La Vega deban recibir contratos por el simple hecho de ser locales. La contratación pública debe garantizar competencia, igualdad, transparencia y razonabilidad. La cuestión es si la estructura del lote está ampliando la competencia o, por el contrario, reduciendo innecesariamente el número de empresas que pueden participar.

También merece explicación la exigencia de una línea de crédito de suplidor equivalente al 20 %, particularmente cuando el propio pliego contempla un anticipo del 20 % del monto contratado. No afirmo que ambos mecanismos sean jurídicamente equivalentes; sí considero legítimo preguntar cuál es la justificación técnica y financiera para exigir ambos y cuál será exactamente la base utilizada para calcular esos porcentajes.

Existe, además, una cuestión normativa que debería ser aclarada. El pliego hace referencia al nuevo marco de contratación pública, pero en determinadas etapas del procedimiento también aparecen referencias al Reglamento 416-23 y a disposiciones vinculadas con la legislación anterior. Si existe un régimen transitorio que explique esta coexistencia, debería quedar claramente establecido para garantizar seguridad jurídica a todos los oferentes.

La participación de las mipymes tampoco puede quedarse en una declaración de principios. Si una contratación pública pretende promover la competencia, su estructura debe permitir que empresas con capacidad técnica y financiera suficiente para una obra determinada puedan competir efectivamente por ella, sin tener que asumir requisitos financieros correspondientes a varias obras agrupadas.

Por esa razón, he presentado ante el Comité de Compras y Contrataciones de CORAAVEGA una observación formal al pliego, dentro del plazo establecido, solicitando que el Lote 1 sea dividido en cuatro lotes y que los requisitos financieros sean recalculados sobre el monto individual de cada obra. No se trata de detener las inversiones, sino de procurar condiciones de participación más amplias.

La Vega necesita estas obras y necesita que sean ejecutadas con eficiencia, transparencia y calidad. Por eso, la discusión no debe centrarse en quién debe ganar la licitación, sino en quiénes tienen realmente la posibilidad de competir.

Revisar el pliego, aclarar las disposiciones que generan dudas y ampliar la participación fortalecería la confianza en el proceso. Los profesionales y constructores veganos quieren competir; corresponde garantizar que puedan hacerlo bajo reglas claras y razonables.

Por Carlos Salcedo

El Estado moderno, en su incesante vocación de Leviatán, padece de una peligrosa y persistente tentación: la de confundir la administración con la inquisición y el poder fiscal con la potestad punitiva absoluta.

Asistimos con demasiada frecuencia a una praxis institucional donde las prerrogativas de control –tales como las fiscalizaciones tributarias, los bloqueos sistemáticos de plataformas digitales, la inhabilitación arbitraria de comprobantes fiscales o las oposiciones indefinidas sobre bienes corporativos– se instrumentalizan como arteros artilugios de presión previa.

Con ello, se desnaturaliza por completo su vocación estrictamente fiscal para convertirlas en verdaderas penas anticipadas que lesionan gravemente el pacto social y la convivencia democrática.

Esta desviación dogmática vulnera de manera frontal el núcleo esencial del principio de legalidad, de la seguridad jurídica y del derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable. Como ocurre palmariamente cuando la propia Administración Tributaria pretende escudarse bajo el ropaje de una supuesta medida temporal dictada en el ejercicio de sus atribuciones ordinarias, olvidando que si dicha oposición o traba administrativa se ejecuta en el marco de una investigación penal preexistente, y no en la de un procedimiento tributario autónomo, se revela su indudable naturaleza coactiva.

Cuando se prolongan sine die los efectos de una oposición al margen de los plazos perentorios que la ley establece, el ciudadano y la empresa quedan sumidos en un estado permanente de zozobra e indefensión jurídica. No se persigue únicamente el esclarecimiento de una verdad material o la regularización de obligaciones; se instaura una coacción larvada que asfixia el patrimonio, estrangula la actividad comercial y lacera la tranquilidad del investigado mucho antes de que exista una imputación formal sostenible.

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática al establecer que el cómputo de las garantías procesales y el derecho a una tutela judicial efectiva no pueden quedar al arbitrio del retardo burocrático, de la negligencia investigativa ni de la inercia de los órganos querellantes. Permitir que los aparatos del Estado utilicen el tiempo procesal como un mecanismo de desgaste equivale a vaciar de contenido el debido proceso.

Las medidas restrictivas exigen estricta proporcionalidad y sujeción temporal rigurosa; de lo contrario, la justicia cede el paso al más crudo autoritarismo institucional. Garantizar la vigencia del Estado constitucional exige poner coto definitivo a esta peligrosa deriva inquisitorial. La tutela judicial no es una mera fórmula retórica, sino el escudo protector frente al abuso de un poder público que olvida que los derechos fundamentales constituyen el límite infranqueable de toda soberanía estatal.