Por LUIS M. GUZMAN

La próxima elección dominicana no comenzará cuando la JCE abra oficialmente la campaña ni terminará únicamente cuando el ciudadano marque una casilla. Mucho antes de 2028 ya habrá otra competencia en marcha, la lucha por nuestra atención. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X, WhatsApp, encuestas, comunicadores e influencers participan en un espacio donde un dirigente puede comenzar a parecer presidenciable antes incluso de convertirse formalmente en candidato.

El cambio parece pequeño, pero altera la lógica tradicional de la política. Antes, el recorrido habitual era partido, militancia, estructura, candidatura y posteriormente exposición pública. Hoy puede invertirse, audiencia, notoriedad, influencia, presencia en encuestas y finalmente aspiración política. Eso no convierte en ilegítimo al dirigente surgido de las redes; demuestra que ahora es posible acumular primero atención y después transformar parte de ella en capital político.

El dinero ocupa un lugar decisivo dentro de ese nuevo ecosistema. La propaganda tradicional permitía identificar con relativa facilidad una valla, una cuña radial o un anuncio televisivo. En internet la frontera puede ser menos visible. Un ciudadano puede opinar libremente, un militante defender a su partido y un influencer hablar favorablemente de un dirigente después de recibir una compensación. Para quien mira los tres videos desde su teléfono, las diferencias pueden no resultar evidentes.

Aquí aparece el algoritmo. Las plataformas no necesitan tener preferencias por partidos políticos, o ningún candidato. Su negocio consiste principalmente en mantener nuestra atención. Por eso el conflicto, la indignación, el miedo, el humor y el espectáculo pueden recibir una distribución extraordinaria.

Una explicación económica de cinco minutos compite con una polémica de quince segundos. El político aprende entonces que para permanecer visible no siempre necesita ser más profundo, necesita ser más compartido.

Riesgos

La propia JCE reconoce que ese nuevo terreno plantea riesgos. En julio de 2026 reunió, junto con IDEA Internacional, autoridades electorales de 21 países para debatir inteligencia artificial, desinformación, campañas automatizadas y transparencia electoral. No estamos hablando, por tanto, de una fantasía futurista. Deepfakes, clonación de voces, producción masiva de contenido y nuevas formas de manipulación ya forman parte de las preocupaciones institucionales sobre las próximas elecciones.

Las encuestas agregan otra dimensión. La JCE intentó impedir su publicación fuera de los períodos de precampaña y campaña mediante el artículo 13 del Reglamento 14-2026, pero el 20 de agosto suspendió provisionalmente esa restricción mientras se resuelve la controversia jurídica. Por tanto, las mediciones podrán seguir formando parte de la conversación mucho antes de 2028, y eso obliga a distinguir entre una encuesta que mide opinión y el uso propagandístico posterior de sus resultados.

Porque una encuesta no necesita ser falsa para convertirse en propaganda. Basta extraer una cifra, eliminar margen de error, metodología, indecisos y fecha del levantamiento, colocar una flecha hacia arriba y anunciar: “Fulano sigue creciendo”. Entonces comienza el circuito, encuesta, titular, redes, influencers, programas de opinión, memes, conversación y nuevamente encuesta. La medición puede terminar participando en la misma realidad política que originalmente pretendía solamente observar.

Ese proceso puede fabricar algo electoralmente poderoso, la percepción de inevitabilidad. Cuando durante meses se repite que alguien “ya ganó”, que otro “no despega” o que determinada candidatura “no tiene posibilidades”, algunos electores pueden sentirse estimulados a acompañar al supuesto ganador y otros pueden reaccionar movilizándose contra él.

Abstención

Pero también existe una tercera posibilidad, que una parte concluya simplemente que no vale la pena votar. Ahí el algoritmo se encuentra con la abstención.

Los números dominicanos obligan a observar esa conexión con seriedad. Entre 2004 y 2016 la abstención presidencial aumentó gradualmente, desde alrededor de 27% hasta 30%. En 2020 saltó cerca del 45%, aunque aquella elección estuvo marcada por la pandemia. Lo verdaderamente significativo ocurrió en 2024, desaparecida aquella circunstancia excepcional, la participación no regresó a sus niveles anteriores. La abstención volvió a situarse alrededor del 46%. La JCE conserva la serie histórica oficial.

El propio PRM reconoció después de las elecciones de 2024 que estaba analizando las razones del aumento de la abstención “desde el 2016”. Y tras las municipales, Luis Abinader explicó que su partido había conseguido llevar a sus electores a votar y planteó que correspondía preguntar a las demás organizaciones qué había ocurrido con los suyos.

Eso no demuestra una estrategia oficialista para producir abstención; demuestra algo diferente y electoralmente importante, movilizar la base propia puede resultar decisivo cuando otros electores permanecen en casa.

La distinción es fundamental. No existe evidencia suficiente para afirmar que un partido dominicano esté utilizando algoritmos deliberadamente para impedir que sus adversarios voten. Pero sí tiene sentido preguntar si determinadas narrativas digitales pueden producir efectos desmovilizadores, “todos son iguales”, “esto ya está decidido”, “ninguno sirve”, “tu candidato no puede ganar”.

El nuevo estudio de IIDH/CAPEL solicitado por la JCE confirma que la abstención es multicausal y está vinculada a factores políticos, socioculturales y logísticos.

Ahí está quizá el verdadero desafío de la democracia algorítmica dominicana. El algoritmo no entra al colegio electoral, no marca la boleta ni cuenta los votos. Su poder puede ser más sutil, ayudar a decidir a quién vemos, de quién hablamos, quién parece importante, quién parece viable y si sentimos que participar todavía vale la pena.

Antes de preguntarnos quién ganará en 2028, convendría hacer otra pregunta, ¿quién está decidiendo, durante los años anteriores, cuáles candidatos miraremos y cuántos ciudadanos llegarán finalmente a las urnas?

jpm-am

Jueces de la instrucción estarían violando el Código Procesal Penal al ordenar a fiscales y a policías a realizar allanamientos en las residencias en horas de la noche. La normativa procesal penal no da competencia legal al juez para dar orden de allanamiento cuando las personas duermen y sin ropa. Eso es una violación al Estado de derecho.

El artículo 183 del Código Procesal establece el cómo y cuándo hacer un registro-allanamiento. Este artículo dispone que se hará el registro o allanamiento en lugares cerrados y cercados, aunque sean de acceso al público en horario entre la seis de la mañana y las seis horas de la noche y excepcionalmente el juez lo puede autorizar de modo expreso en horas nocturna.

En materia jurídica donde existe una excepción no es la regla. Un registro debe estar bien motivado, tanto la solicitud como la autorización. Al hilo de lo anterior, un lugar cerrado o cercado de acuerdo al diccionario de la real academia española es un huerto, prado u otro sitio rodeado de valla, mientras para la ciencia criminal es un espacio físico, generalmente reducido, delimitado por una barrera, muros o techo, y que cuenta con una vía de entrada y una salida. En fin, no es una casa habitada o morada.

El legislador es específico al dictar que el registro nocturno es para lugares cerrados o cercados y de manera excepcional. Fíjese bien que dicha regla no aplica para casa o morada.

En la práctica jueces y fiscales hacen interpretación extensiva del artículo 183 para aplicarlo a residencias privadas o moradas. Sin embargo, esto es una violación de interpretación. Las normativas procesales se interpretan de manera restrictiva y por ello, está prohibido hacer analogía e interpretaciones extensivas en materia penal.

Una interpretación se puede hacer siempre para favorecer la libertad y el ejercicio de derechos de las personas o del imputado. Para el derecho procesal penal y en sentido general para el Estado, el principio más importante y rector básico es el de legalidad. Este principio solo autoriza a las autoridades penales hacer los que esta descripto y establecido expresamente en la ley. Estado no puede actuar, sino no está escrito.

Las actuaciones del Estado se rigen por el principio de legalidad

A las personas física le rige el principio de libertad. No hay libertad de hacer para el Estado. Este no tiene discrecionalidad. El Estado tiene mandatos escritos para poder hacer, ver art. 6 constitucional. Si no está escrito, Estado no puede actuar, ver sentencia TC/0468/21.

Para la jurisprudencia constitucional lo que no está permitido debe entenderse como prohibido, ver sentencia TC/0468/21 y otras sobre el principio de legalidad, sentencias SCJ-TS-22-0537 de fecha 31 de mayo de 2022, SCJ-PS-22-0434 de fecha 28 de febrero de 2022, TC/0025/22 y TC/0468/21.

Por su parte, el artículo 184 del Código Procesal Penal es la normativa que establece la forma, el cómo y cuándo hacer el registro o allanamiento en una morada o casa habitada. Esta regla procesal, no dispone hacer el registro en horas nocturna. Ni tampoco incorpora una excepción.

Si el legislador hubiese querido autorizar el allanamiento de noche en una casa habitado donde puede haber menores y demás familias, lo hubiese dicho de manera expresa. Pero el legislador no lo dispuso, por tanto, el juez no puede autorizar allanamientos de noche en una morada o domicilio.

Un domicilio se define según el Tribunal Constitucional español en su sentencia No. 22/1984, de 17 de febrero, como “un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima”.

Hacer allanamientos nocturnos es un acto ilegal y arbitrario tanto de quien lo autoriza (juez), como quienes lo ejecutan (fiscales y policías). Es un abuso. En horas de las noches se duerme, se descansa y se reúnen los hijos menores, padres y demás familias para dormir cómodo y con poca ropa.

El impacto que tiene un allanamiento en un menor y el resto de la familia es tan fuerte que puede afectar la integridad psíquica y podría requerirse de asistencia médica y psicológica. Se afecta el interés superior del menor hacer un allanamiento en horas de las noches y delante de menores.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- reconoció la responsabilidad internacional del Estado de Bolivia por violar la Convención Americana de Derechos Humanos –CADH- al realizar allanamientos en casa habitada no autorizados por la ley en horas nocturnas y en presencia de menores.

En este mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también señala que la injerencia en el hogar no sólo debe ser legal sino también no arbitraria, observando las circunstancias particulares de cada caso.

Jueces, fiscales y policías con esta violación en realizar registros de noche, es un hecho antijurídico, en el cual comprometen sus responsabilidad penal, civil, disciplinaria y con consecuencias de responsabilidad patrimonial personal y la de sus instituciones.

jpm-am

En lo que resta de este año 2026, están pautadas las realizaciones de cuatro interesantes elecciones, a los fines de preservar el sistema democrático representativo: en Brasil, el 4 de octubre, en los Estados Unidos de América (EE.UU.), el 4 de noviembre,  en Haití, el 13 de diciembre, y en Nicaragua, cuando a los co-presidentes Rosario Murillo y Daniel Ortega “les dé las ganas”. Veamos cada caso por separado:

La primera vuelta de las elecciones generales de Brasil serán el próximo 4 de octubre, en las que se van a escoger presidente, vicepresidente, legisladores, gobernadores, vicegobernadores. Se realizaría una segunda vuelta, el 25 de octubre, en caso de que en las elecciones de presidentes, vicepresidentes y gobernadores no se alcance la mayoría (50 + 1) de los votos emitidos.

Para quienes observamos ese proceso desde la lejanía, nos parece increíble que el candidato ultraderechista Flavio Bolsonaro, Partido Liberal (PL), e hijo del expresidente y condenado Jair Bolsonaro, por bellaquerías golpistas,  está en un empate técnico con el presidente y candidato a la reelección Inácio Lula da Silva con un 45.2 %, mientras Bolsonaro tiene 46.4 %.

Para la posible segunda vuelta, las últimas encuestas colocan a Bolsonaro con mayores posibilidades de ganar:  Bolsonario tiene un 46.4 % mientras que el presidente Lula, postulado por el Partido de los Trabajadores (PT) y una amplia alianza de izquierda,  se queda con un 46.2 %.

Obviamente, “el fantasma de la ultraderecha recorre el mundo”. y para Brasil el presidente Trump ha manifestado su respaldo (con acciones políticas  y económicas) a su amigo, el ultraderechista Bolsonaro.  Es decir, las manos de los yanquis se las están jugando en esas elecciones “hasta el tope”.

Elecciones de medio término en EE.UU.:

Al margen de los deseos y propósitos del presidente Trump, en las elecciones de medio término del 4 de noviembre repercutirán los negativos efectos económicos y sociales de las guerras de EE.UU-Israel Vs. Irán y de Rusia Vs. Ucrania-OTAM en los resultados de esas elecciones, razones por las que se vaticina que los candidatos del Partido Demócrata, para senadores y la Cámara de Representantes tienen mejores posibilidades de triunfar ante los candidatos del Partido Republicano, lo cual sería un impredecible golpe político contra las próximas ejecutorias internas e internacionales que pretenda implementar el presidente Trump.

Por los efectos directos de la inestabilidad social e inflación norteamericanas, se vislumbran cuestionamientos directos a las ejecutorias del presidente Trump, acariciándose la realización de un impeachment (juicio político) contra el presidente Trump.

Haití

Sin controlar los desmanes y el terror que las bandas armadas de delincuentes han sometido al pobrísimo pueblo haitiano, se decretó la realización de elecciones generales en Haití: para el 13 de diciembre próximo, será la primera vuelta para elegir presidente, vicepresidente, y legisladores. En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales alcance la mayoría (50 +1) de los votos emitidos, entonces se efectuará una segunda vuelta, el 21 de febrero de 2027.

A la fecha, el Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití aceptó un total de 105 organizaciones políticas (88 partidos y 17 coaliciones) para participar en las elecciones programadas para el 13 de diciembre. No se ha terminado de preparar el padrón electoral y las bandas delincuenciales siguen controlando  más del 80 % del territorio, lo cual produce un panorama incierto para realizar esas elecciones.

La comunidad internacional (ONU, OEA, CARICOM, Unión Europea, EE.UU. FMI, Banco Mundial, importantes ONGs, etc.) han sido indolentes, indiferentes y hasta propiciadoras de la inestabilidad económica e ingobernabilidad democrática que, desde hace décadas, padece el pueblo haitiano.

Con ese ambiente de violencia, terror, inestabilidad económica e ingobernabilidad que se agravó con el magnicidio del 7 de julio de 2021, contra su presidente Juvenel Moises, ¿será posible la realización de elecciones democráticas, equitativas, transparentes y con resultados aceptados por los partidos y candidatos participantes?

Particularmente, ¡lo dudamos! Para nuestra sincera reflexión, es prioridad 1-A proceder con el desarme, control y pacificación del pueblo haitiano para que se puedan efectuar elecciones, directamente fiscalizadas por la susodicha comunidad internacional.

La mancuerna formada por los octogenarios esposos y co-presidentes de Rosario Murillo y Daniel Ortega (vergonzantes dictadorzuelos) decretó (con “apoyo del Congreso”) que en Nicaragua no se van a realizar elecciones para evitar que “delincuentes de la oposición” puedan llegar al poder nicaragüense. ¡Qué barbaridad!

Por lo tanto, para Nicaragua no hay una fecha programada para las próximas elecciones presidenciales ya que el gobierno de los esposos Murillo y Ortega anunció, en el pasado mes de julio, la abolición del sistema electoral del país.

Naturalmente, para esos absurdos, dictatoriales y antidemocráticos propósitos políticos, la cancelación de los comicios, fue necesario realizar una burda “extensión de mandatos»: A través de reformas impulsadas por la Asamblea Nacional. “Los periodos de los cargos de elección popular y de las autoridades actuales fueron ampliados los mandatos presidenciales y locales a plazos de hasta siete años”, lo que deja sin fecha ni previsión votaciones libres en el futuro cercano de Nicaragua.

Como se puede observar, la comunidad internacional debe estar vigilante para las interesantes elecciones que, en lo que resta de este año 2026, se deben efectuar en Brasil, EE.UU., Haití y Nicaragua a los fines de que en esos países reine la institucionalidad, gobernabilidad democrática y la paz social. ¡Ojalá así ocurra!