La luz de la verdad, tarde o temprano, expone lo que se ha intentado mantener en secreto. Como dice la reflexión bíblica: “Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido que no haya de saberse y salir a luz”. (Lucas 8:17, Reina-Valera 1960).

El ejercicio de comunicación presidencial dominicano conocido como “La Semanal” no es un fenómeno completamente nuevo en la política latinoamericana. En México, por ejemplo, el presidente ha utilizado un formato similar, denominado las “mañaneras”, que también han sido objeto de fuertes críticas y alabanzas incólumes y a pesar de que, al parecer, estos formatos buscan un contacto directo y sin intermediarios con la población, a menudo generan críticas y controversias entre los ciudadanos y partidos de oposición.

En la República Dominicana, presidentes anteriores a Luis Abinader no habían institucionalizado una rueda de prensa semanal de esta naturaleza. La comunicación presidencial solía ser más tradicional, a través de alocuciones puntuales o ruedas de prensa menos frecuentes, o sea, según el gobierno, “La Semanal” marca un punto de inflexión en la estrategia de comunicación política del país, con implicaciones más negativas que positivas y en este encuentro de “canchanchanes” del presidente nunca hay nada nuevo, solo promover la verdad mediante un discurso cargado de mentiras.

Desde la perspectiva del gobierno, “La Semanal” es un pilar de la transparencia y la rendición de cuentas, un espacio para “llevar la verdad” a la población, además de permitir al presidente Abinader detallar avances de las obras y proyectos que pone en ejecución; sin embargo, la comunicación directa del presidente no es más que una herramienta para combatir las críticas sobre el gobierno sombrío que ejecuta, que beneficia a unos pocos y socava a la mayoría del pueblo dominicano.

Esta visión es brutalmente cuestionada por una crítica incisiva que destapa las costuras del formato, señalando que se utiliza como un teatro de sombras para justificar acciones gubernamentales y presentar “logros ficticios” de manera incompleta o, peor aún, grotescamente exagerada, mediante un libreto que está escrito con mediastino y planificado para desviar con maestría la atención de los problemas reales; y por ende, minimizar las carencias y el calvario de la población en el acceso a los servicios públicos esenciales.

Un punto de fricción que no solo derrama el agua del vaso, sino que lo resquebraja, tiene su ingrediente sine qua non en el indecente y alto presupuesto destinado a una publicidad y propaganda política que supera holgadamente la escandalosa cifra de 10,000 millones de pesos mensuales, lo que milimétricamente se constituye una bofetada a la realidad del país, dinero este que debería destinarse a servicios vitales como priorización del gasto público.

La independencia de los periodistas que asisten a “La Semanal” es otro foco de debate candente, una herida abierta en el ejercicio de la prensa libre. La sospecha cobra fuerza: en su gran mayoría, son empleados del gobierno, dóciles peones en la nómina de publicidad, lo que los obliga a generar preguntas diseñadas a la medida de los intereses presidenciales, poniendo radicalmente en entredicho la objetividad y dinamita la capacidad de fiscalización crítica que se espera de un periodista imparcial, dejando claro que el entorno comunicacional del palacio se percibe como un club selecto de periodistas y comunicadores que han financiado la ética, subastando su credibilidad y poniéndola servilmente a tono con los argumentos del gobierno.

Preguntas

Esto plantea preguntas incómodas, casi punzantes, sobre la calidad real del escrutinio periodístico. “La Semanal” ¿es un espacio de debate genuino, un verdadero crisol de ideas, o simplemente un pulido monólogo presidencial con preguntas amigables, coreografiadas de antemano? La otra cuestionante que viene a contrapelo y que golpea con fuerza la lógica, es inevitable: ¿Cómo es posible que la flagrante falta de un contrapeso crítico efectivo pueda convertir, ante los ojos de la nación, un supuesto ejercicio de transparencia en uno de autopromoción y propaganda descarada?

En el fragor del contexto preelectoral, con la vista puesta en el 2028, “La Semanal” adquiere una inconfundible y afilada connotación de proselitismo político, es un show diseñado meticulosamente para mantener a flote, contra viento y marea, la imagen del presidente y su partido, bajo el hilo conductor de cocinar la promoción de un candidato específico; sin embargo, también hay que proclamar sin ambages, que el motivo subyacente es claro: El perfil del presidente ha decaído, y la Constitución le cierra el paso a una reelección inmediata, por ende, está obligado a elegir entre la camada de aspirantes que pugnan en la carpeta electoral del PRM, razón por la cual, la línea que divide el informar sobre la gestión y el hacer campaña se vuelve peligrosamente delgada, casi invisible, alimentando las críticas feroces sobre el uso partidista y cínico de los recursos del Estado.

Si lo analizamos de manera objetiva, y a la vez subjetiva, se podría decir que “La Semanal” es un ejercicio de comunicación de doble filo, visto que solo busca confundir a la población al hacer creer transparentar la rendición de cuentas, cuando realmente se utiliza como una herramienta de propaganda y control de narrativa, en consecuencia, la percepción pública de su valor tendrá que depender en gran medida de la perspectiva política de sus analistas y observadores.

El desafío para cualquier gobierno que implemente un formato similar es mantener un equilibrio genuino entre la comunicación proactiva y la rendición de cuentas transparente, asegurando la independencia de la prensa y la objetividad de los datos presentados.

La transparencia y la honestidad de vida son virtudes que Jesús alababa, y que deberían ser el faro que guíe a todos los servidores públicos en su labor diaria, garantizando que sus acciones y palabras edifiquen a la nación, según la necesidad del momento. “No es posible descifrar el camino cuando las luces están llenas de sombras”.

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POR ALEJANDRO SANTOS

Llama inevitablemente la atención de cualquier ciudadano dominicano, sin importar su afiliación política, que figuras públicas vinculadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) —diputados, dirigentes o personas relacionadas con ellos— hayan sido solicitadas en extradición por parte de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Más allá de las responsabilidades individuales que determine la justicia, estos casos exponen debilidades en los mecanismos de previsión, control y seguridad política dentro de esa organización.

Ante la reiteración de situaciones vinculadas al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, es razonable que la ciudadanía muestre preocupación por las consecuencias que estos hechos podrían acarrear para la estabilidad y credibilidad del sistema de partidos en la República Dominicana.

Es importante aclarar que examinar estos acontecimientos no implica generalizar ni atribuir responsabilidades institucionales más allá de lo que establezcan los procesos judiciales. El objetivo es analizar, desde una perspectiva crítica, los fallos en los filtros internos y los mecanismos de supervisión política, voluntarios o no, que permiten que estas situaciones ocurran.

El PRM, como heredero directo del legado político del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), arrastra virtudes, aprendizajes y también desafíos propios de esa trayectoria histórica. Experiencias, liderazgos y circunstancias del pasado del PRD moldean inevitablemente la cultura organizacional del PRM de hoy.

Uno de los episodios más traumáticos para el PRD ocurrió durante las campañas electorales de 1994 y 1996, cuando el liderazgo de José Francisco Peña Gómez fue objeto de una agresiva campaña de descrédito, con señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico promovidos por diversos sectores políticos de la época. Esas imputaciones nunca fueron comprobadas, ni siquiera con evidencias mínimas, pero causaron profundo daño moral y electoral.

A raíz de aquella experiencia, el PRD implementó protocolos estrictos de protección política y de selección de figuras públicas. Se reforzaron los controles en actividades, contactos y entornos del liderazgo, procurando minimizar riesgos y evitando exponer al partido a influencias o acercamientos de individuos cuestionados o relacionados con actividades ilícitas. Se establecieron cordones de seguridad física y política que, combinados, blindaban tanto la integridad del líder como la imagen institucional del partido.

La pregunta necesaria: ¿por qué no se mantuvo el mismo nivel de rigurosidad?

Si existió un precedente tan contundente en la historia política dominicana —y específicamente del PRD, raíz directa del PRM— resulta inevitable preguntar cómo y por qué esas enseñanzas no fueron plenamente asumidas por la nueva organización.

¿Cómo no se fortalecieron los mecanismos de prevención para evitar que personas bajo sospechas, o sujetas a investigaciones internacionales, alcanzaran posiciones relevantes dentro del partido o incluso cargos electivos?

¿Cómo se explica que personas que luego serían objeto de solicitud de extradición llegaran a ocupar funciones públicas sin que saltaran alertas institucionales?

Este tipo de cuestionamientos no busca descalificar al PRM como organización, sino examinar una evidente falla sistémica en el control de acceso y en la vigilancia política. Son precisamente estas reflexiones las que fortalecen la democracia y las instituciones.

A juicio de gran parte de la ciudadanía —especialmente de quienes no se sienten influenciados por intereses partidarios— parece razonable esperar que el PRM adopte medidas internas claras y firmes:

– revisar sus mecanismos de depuración,

– fortalecer los filtros de ingreso y ascenso,

– y evaluar responsabilidades políticas frente a quienes debieron prevenir que situaciones como estas se produjeran.

La sociedad dominicana tiene un interés legítimo en que los partidos mantengan un blindaje efectivo contra personas vinculadas a actividades ilícitas, especialmente aquellas que dañan de forma directa a la población joven, como el tráfico y consumo de drogas.

Ese interés debe ser compartido por cualquier organización política comprometida con el futuro institucional del país.

jpm-am