Las aspiraciones presidenciales de los líderes políticos independientes para las elecciones de mayo de 2028 no pueden estar basadas en el ego personal, el absolutismo de conceptos ideológicos ni en doctrinas individuales de cada candidato. El momento histórico que vive la República Dominicana exige mucho más que eso.

Todo dominicano que ama profundamente a su país, que sufre los estragos de la corrupción, la falta de seguridad ciudadana, la escasa inversión en educación y el deterioro de los valores, del amor por la familia y del respeto por nuestra sociedad, tiene derecho a exigir una nueva opción política. Una opción capaz de enfrentar problemas como la drogadicción, la violencia, la desigualdad y el deterioro institucional que amenazan nuestro desarrollo y, con ello, nuestra soberanía y el futuro de la nación.

La historia nos ha demostrado que, cuando quienes tienen la responsabilidad de construir un futuro común son incapaces de ponerse de acuerdo, las consecuencias las termina pagando el pueblo.

¿Cuánto le ha costado al pueblo dominicano que los líderes que tienen la capacidad de producir cambios históricos se enfrenten entre ellos en lugar de encontrar los puntos que los unen?

Por eso cobra tanta fuerza la célebre reflexión de George Santayana, filósofo, ensayista y escritor hispano-estadounidense, en The Life of Reason (1905): “Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”, que resume una advertencia que sigue teniendo enorme vigencia: desacuerdo → personalismo → ruptura institucional → lucha por el poder → violencia → intervención externa o concentración del poder → debilitamiento del Estado.

Una historia que no debemos repetir

En 1821, José Núñez de Cáceres proclamó la independencia, pero su proyecto no logró reunir el respaldo político y militar necesario y terminó con la ocupación haitiana de 1822. En 1844, alcanzamos nuevamente la independencia, pero las diferencias entre el proyecto de Juan Pablo Duarte y el liderazgo de Pedro Santana terminaron debilitando el proyecto original de la República y, en 1861, Santana impulsó la anexión a España, desterrando a Duarte a Venezuela e imperando en el poder aquellos que traicionaron la gesta independentista.

En 1930, las divisiones políticas y la crisis del gobierno de Horacio Vásquez facilitaron el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo, quien aprovechó aquella fractura para construir una dictadura que duraría 31 años. Una dictadura con sus luces y sombras que aún marcan política y culturalmente al pueblo dominicano.

En 1963, la democracia encabezada por Juan Bosch fue interrumpida por un golpe de Estado. Dos años después, las divisiones políticas desembocaron en la Revolución de Abril y en una intervención militar extranjera. Aquí empieza el desplome total de los valores y principios de la sociedad dominicana, de la cultura populista de llevar la corrupción al Estado, de dejar de invertir en la educación como eje fundamental para elevar los pilares del futuro de una nación.

Y en 1994, otra profunda crisis política y electoral obligó a los principales líderes a negociar una salida. Paradójicamente, en 1996, Joaquín Balaguer y Juan Bosch demostraron que dos adversarios históricos podían encontrar un punto de coincidencia. Evento que abre las puertas al caudillismo presidencial del siglo XXI, donde los intereses y el protagonismo político son el centro de la política dominicana; se deja de invertir en la gente para convertirla en peones más manejables y prolongar partidos y líderes en el poder.

La lección atraviesa toda nuestra historia: las diferencias políticas son normales; permitir que esas diferencias destruyan la posibilidad de construir acuerdos nacionales puede resultar extremadamente costoso para el país. Por el contrario, cuando los líderes son capaces de superar sus diferencias y encontrar puntos comunes, pueden modificar el curso político de una nación.

Un ejemplo reciente demuestra que la unidad política no exige que todos piensen exactamente igual. En 2024, Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática, dio un paso al lado y cedió la candidatura presidencial de su organización a Roque Espaillat. Su propia declaración resumió el principio: “Más importante que Ramfis Domínguez Trujillo es la patria y es el pueblo”.

Ese gesto plantea una lección que los liderazgos independientes deberían considerar. Hoy existen sectores emergentes cuyos dirigentes presentan sus propias propuestas como la respuesta fundamental a los problemas nacionales y, en las redes sociales, dedican buena parte de sus esfuerzos a señalar las debilidades, errores y limitaciones de otros líderes independientes, en lugar de buscar los puntos que podrían unirlos.

Cuando cada proyecto entiende que la unidad sólo es posible alrededor de su propia plataforma y que sus respuestas son las únicas válidas, la fragmentación termina imponiéndose.

La experiencia de 2024 muestra, al menos, que un dirigente puede poner temporalmente su aspiración personal detrás de una candidatura común. Más allá de las diferencias que surgieron después, ese episodio ofrece un punto de partida para discutir una política diferente: encontrar primero lo que puede unir a los independientes, respetar las diferencias y colocar el interés nacional por encima del protagonismo individual.

La República Dominicana no necesita líderes que piensen exactamente igual; necesita líderes capaces de reconocer que ninguno posee, por sí solo, todas las respuestas que necesita el país.

¿Cuántas veces más pagará el pueblo dominicano el precio del ego y la división de sus líderes?

Estos líderes independientes tienen la responsabilidad histórica de dar esa respuesta a nuestro doliente y sufrido pueblo dominicano.

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POR FRANCISCO ORTEGA

La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM) tiene una responsabilidad fundamental: defender los derechos de los usuarios frente a las empresas distribuidoras. Sin embargo, cabe preguntarse si sus procedimientos están facilitando esa protección o si terminan convirtiéndose en obstáculos para quienes buscan respuestas.

Ante las reclamaciones por facturación elevada, las familias de ingresos bajos y medios necesitan investigaciones rigurosas y soluciones oportunas. Una factura que supera considerablemente el consumo habitual puede comprometer recursos destinados a alimentos, medicamentos y otras necesidades esenciales.

El problema surge cuando el procedimiento parece adquirir mayor importancia que la reclamación misma. El ciudadano debe acudir primero a la distribuidora y, si no está conforme con su respuesta, recurrir a PROTECOM dentro de los plazos establecidos. Pero ¿qué sucede con quien desconoce esos plazos o carece de conocimientos técnicos para cuestionar una lectura del medidor?

¿Debe perder la oportunidad de obtener una evaluación de fondo simplemente por no dominar el lenguaje burocrático? Las normas son necesarias, pero no deben convertirse en barreras que dificulten el acceso a la protección institucional. El tecnicismo debe servir para garantizar justicia, no para impedir que esta se examine.

Una factura elevada puede responder a distintas causas: mayor consumo, variaciones tarifarias o errores de medición. Precisamente por eso, cada reclamación merece una investigación objetiva y una explicación comprensible. Si existe un error, debe corregirse; si la facturación es correcta, debe demostrarse con argumentos técnicos claros.

No basta con cerrar un expediente. Hay que resolver la controversia. La eficiencia de PROTECOM debe medirse mediante resultados verificables: ¿cuántas reclamaciones recibe?, ¿cuántas son rechazadas por requisitos formales?, ¿cuántas concluyen con correcciones de facturación y cuánto tiempo tarda el ciudadano en obtener una respuesta definitiva?

Estas informaciones deben publicarse periódicamente. La transparencia permitiría conocer si los mecanismos existentes están cumpliendo su propósito y si las decisiones responden verdaderamente a una evaluación del fondo de cada reclamación.

Pero existe una dimensión todavía más importante: la humana. La protección al consumidor debe sentirse en los barrios, los hogares y las comunidades. Una persona de escasos recursos no debería necesitar conocimientos jurídicos especializados para defenderse frente a una factura que considera incorrecta. Detrás de cada expediente hay una familia, no simplemente un número de reclamación.

Considero necesario que la Superintendencia de Electricidad evalúe públicamente la efectividad de PROTECOM, particularmente los rechazos sustentados en requisitos formales, la calidad de las investigaciones y los tiempos de respuesta. Una institución creada para proteger al consumidor debe demostrar que sus procedimientos están al servicio de esa misión.

No se trata de favorecer automáticamente al usuario ni de desconocer los derechos de las distribuidoras. Las empresas tienen derecho a cobrar la energía efectivamente suministrada, mientras los ciudadanos tienen derecho a recibir una facturación correcta y a cuestionarla mediante procedimientos accesibles, transparentes y justos.

La ciudadanía no reclama privilegios. Reclama equidad, explicaciones convincentes y respuestas. Si el ciudadano termina sintiéndose indefenso ante la institución creada para protegerlo, ha llegado el momento de revisar profundamente su funcionamiento.

PROTECOM no debe ser evaluada únicamente por la cantidad de expedientes que procesa, sino por la calidad de sus decisiones, la transparencia de sus actuaciones y la confianza que genera entre los consumidores.

La electricidad se factura en kilovatios. La protección al consumidor debe medirse en resultados.

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