Por MANUEL JIMENEZ

El 16 de agosto de 1982 marcó no solo el inicio del gobierno de Salvador Jorge Blanco, sino también el comienzo de una experiencia profesional que me permitió observar, desde dentro, una de las prácticas más cuestionadas —y a la vez necesarias— de la gestión pública: los viajes internacionales de los jefes de Estado.

Asignado a cubrir el Palacio Nacional para el periódico Hoy, bajo la dirección entonces de Virgilio Alcántara, pasé 27 años siguiendo de cerca a los presidentes dominicanos, acompañándolos dentro y fuera del país. Esa trayectoria me permitió ver más allá de los titulares y entender la lógica —y también las debilidades— de esas giras.

Durante décadas, la opinión pública dominicana ha sido profundamente escéptica frente a los resultados de los viajes presidenciales. Y no sin razones.

En muchos casos, los anuncios que se hacían al cierre de cada visita eran grandilocuentes: promesas de inversión, acuerdos estratégicos, iniciativas de cooperación. Sin embargo, con frecuencia esos compromisos no se materializaban o tardaban demasiado en hacerlo.

A esto se sumaban factores que alimentaban la crítica: comitivas numerosas, estancias prolongadas y una percepción de desconexión entre lo anunciado y lo ejecutado. No solo los ciudadanos cuestionaban estas giras; también líderes políticos, muchos de ellos aspirantes presidenciales, se convertían en duros críticos… hasta que les tocaba gobernar.

El caso de Hipólito Mejía es ilustrativo. Fue un fuerte cuestionador de los viajes de Leonel Fernández, pero al llegar al poder no solo mantuvo la práctica, sino que la superó en número de salidas.

La diferencia, sin embargo, no estaba en la cantidad, sino en el enfoque. Fernández tenía una agenda claramente orientada a la promoción del país como destino de inversión, con encuentros estructurados con empresarios y líderes internacionales. Mejía, en cambio, proyectaba un estilo más espontáneo, menos centrado en ese objetivo específico.

Son detalles que parecen menores, pero que reflejan estilos de gestión. Recuerdo, por ejemplo, cómo Leonel Fernández no dejaba de visitar librerías en cada ciudad, mientras Mejía encontraba espacio para recorrer centros comerciales. Son símbolos, si se quiere, de formas distintas de ejercer el poder, incluso en el exterior.

Pero sería injusto reducir el análisis a anécdotas o críticas. Incluso en los años de Joaquín Balaguer, quien viajaba poco, existía una estrategia de representación internacional. Delegaba en su vicepresidente, Jacinto Peynado, quien asumía la tarea de promover al país en escenarios externos. Fui testigo de varias de esas misiones.

Danilo

Con la llegada de Danilo Medina en 2012, se produjo un cambio importante: viajes más cortos, comitivas reducidas y una agenda más concreta. Ese estilo contribuyó a modificar la percepción pública. La idea de viajes más austeros y enfocados comenzó a generar mayor aceptación. Esa línea ha sido mantenida por el actual presidente Luis Abinader.

Hoy, cuando se observan los niveles de inversión extranjera que recibe República Dominicana, es necesario mirar el proceso en perspectiva. No se trata de resultados aislados ni de una gestión en particular. Es el fruto de años de promoción, de discursos reiterados, de presencia constante en escenarios internacionales.

La estabilidad política y económica ha sido clave, sin duda. Pero también lo ha sido esa labor persistente de mostrar al país, de vender sus ventajas, de generar confianza. Durante años se insistió en turismo y zonas francas. Hoy, el panorama comienza a ampliarse.

El anuncio reciente de un proyecto aeroespacial en Oviedo, Pedernales, fue recibido con escepticismo, como tantas otras iniciativas en el pasado. Pero esta vez, los inversionistas han dado la cara, han hablado de cifras y plazos. Falta lo más importante: que se ejecute.

Al final, los viajes presidenciales no son el problema. El problema ha sido, muchas veces, la falta de seguimiento. Porque en política, como en la vida, no basta con anunciar; hay que cumplir. Y cuando eso ocurre, el tiempo —y los resultados— terminan cambiando la percepción.

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En el tablero contemporáneo de la geopolítica, la humanidad se debate entre el orden jurídico internacional que tanto costó construir tras las grandes guerras del siglo XX y una peligrosa deriva hacia la normalización de la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos.

Las guerras entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, el secuestro de un presidente en funciones, y la creciente banalización del asesinato selectivo de líderes políticos y militares, evidencian una crisis profunda del Derecho Internacional, de humanidad y espiritualidad.

No se trata solo de conflictos armados: se trata de la erosión de principios fundamentales como la soberanía, la no intervención, y el respeto a la vida humana.

Determinar cuándo una acción o inacción de un Estado resulta perjudicial para otros no es simplemente un ejercicio político, sino jurídico. Un Estado incurre en responsabilidad internacional cuando viola una obligación establecida en tratados, costumbre internacional o principios generales del derecho.

Esto puede manifestarse tanto en acciones directas -como invasiones militares, bombardeos o asesinatos selectivos- como en omisiones, por ejemplo, al no prevenir crímenes internacionales dentro de su territorio.

Quizás el fenómeno más preocupante es la banalización del crimen en el ámbito internacional. El asesinato de líderes, ministros o figuras clave -justificado bajo argumentos de seguridad o prevención- abre una puerta peligrosa: si todo puede justificarse, entonces nada está prohibido.

Cuando el Derecho Internacional pierde su capacidad de imponer límites, el mundo entra en una lógica de «ley del más fuerte». Y en ese escenario, ningún Estado, grande o pequeño, está verdaderamente seguro.

La humanidad se encuentra en una encrucijada histórica. O se reafirma el Derecho Internacional como el marco legítimo de convivencia global, o se consolida un orden basado en la fuerza, la unilateralidad y la impunidad.

Los conflictos actuales no solo ponen a prueba la estabilidad global, sino la esencia misma del sistema internacional construido tras décadas de esfuerzo. Restablecer el respeto al derecho no es solo una necesidad jurídica, sino una urgencia moral.

Porque cuando el derecho se debilita, lo que emerge no es el orden, sino el caos. Y la historia ha demostrado, una y otra vez, que el caos siempre tiene un costo humano incalculable.

La crisis actual no es únicamente militar, sino profundamente política, económica y estratégica. La alianza atlántica, concebida como un mecanismo de defensa colectiva durante la Guerra Fría, enfrenta hoy tensiones internas derivadas de intereses divergentes entre sus miembros, el desgaste por conflictos prolongados y el cuestionamiento de su papel en un mundo multipolar.

La expansión hacia el este, las diferencias en gasto militar y la percepción desigual de amenazas han debilitado su cohesión, generando un debate sobre si la OTAN sigue siendo un instrumento de estabilidad o sí, por el contrario, contribuye a la escalada de tensiones globales.

En paralelo, el sistema de gobernanza internacional representado por el Consejo de Seguridad de la ONU evidencia una crisis de legitimidad. Su estructura, dominada por cinco miembros permanentes con poder de veto, responde a una realidad geopolítica de 1945, no del siglo XXI.

Este diseño ha derivado en bloqueos sistemáticos frente a conflictos críticos, donde los intereses de las grandes potencias prevalecen sobre el bien común global. La idea de transitar hacia una «democracia general internacional», donde las decisiones reflejen de manera más equitativa la voluntad de la comunidad de Estados, surge como una necesidad histórica para devolver credibilidad y eficacia al sistema multilateral.

Finalmente, la humanidad necesita un cambio de paradigma: pasar de una geopolítica basada en la competencia y la disuasión, a una centrada en la cooperación, la interdependencia y la seguridad compartida.

Esto implica reconocer que los grandes desafíos actuales -cambio climático, migraciones, conflictos híbridos- no pueden resolverse mediante la lógica de bloques o alianzas militares, sino a través de consensos globales. ¡Solo así será posible!

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