Como punto inicial para cualquier análisis tenemos que partir del hecho concreto de que la Policía Nacional, como un organismo estatal que monopoliza el uso de la fuerza, está en la obligación de preservar la integridad física de todas las personas objeto de persecución por la presunta comisión de un delito.

Es lo que se impone en un Estado social y democrático de derecho como es la República Dominicana, donde ni siquiera mediante la aplicación de la ley está permita la pena de muerte.

En esto estamos más que claros. Sin embargo, cuando la criminalidad se desborda; cuando no funcionan los métodos persuasivos; cuando los antisociales se proponen plantar cara a las autoridades, la Policía Nacional se ve ante un grave dilema.

Por un lado, se encuentra con el reclamo de la ciudadanía que se ve asfixiada por las acciones de los delincuentes y pide que el cuerpo policial dé respuesta a una situación que genera una gran incertidumbre.

Solo quienes hemos sido víctimas de delincuentes—directamente o por agresiones a familiares nuestros—sabemos de la impotencia que se apodera de uno cuando se pasa por semejante trance.

Y por el otro lado, la institución tiene que afrontar las críticas—la mayoría de buena fe, pero una parte con intenciones maliciosas—cuando su respuesta a la delincuencia desborda lo que se considera políticamente correcto.

Es decir, los llamados intercambios de disparos le producen a la Policía Nacional un ambiente gris que acaban por minar su imagen ante la sociedad legalista.

Creo que no deberían existir posiciones dubitativas cuando se pone en la balanza la seguridad de 11 millones de dominicanos y los millones de turistas que nos visitan, frente a unos cuantos delincuentes cuyo accionar se circunscribe a una vida de antisociales irrecuperables.

La autoridad tiene que preservar la tranquilidad ciudadana apelando a la famosa ley de la necesidad del romano Tito Livio, que, en el caso particular de la situación dominicana, se contrae a la obligación que tiene el Estado de apelar incluso a ciertos extremos para preservar el derecho de la mayoría.

La seguridad ciudadana, definida así como concepto medio abstracto, se fundamenta en la obligación que tiene la Policía de garantizar que todos los dominicanos podamos transitar tranquilos por las calles o dormir sin sobresaltos. Lo demás es parafernalia ruidosa.

Nelsonencar10@gmail.com

Por CARLOS SALCEDO

La investigación abierta en torno al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) obliga a mirar más allá del expediente penal. El Ministerio Público sostiene, en una nueva fase del caso, que existieron autorizaciones médicas facturadas y cobradas por procedimientos que no habrían sido realizados.

La acusación deberá probarse en los tribunales y cada imputado conserva íntegramente su presunción de inocencia. Pero, aun antes de una sentencia, el caso plantea una cuestión institucional que el país no debería reducir al espectáculo de allanamientos y medidas de coerción.

SeNaSa no administra una mercancía cualquiera. Gestiona recursos destinados a garantizar acceso a servicios de salud. Por eso, una eventual defraudación contra esa institución tendría una dimensión distinta a la simple sustracción patrimonial: podría afectar la confianza de millones de afiliados en un sistema que existe precisamente para protegerlos cuando son más vulnerables.

El problema, por tanto, no es solamente penal. Es también de gobernanza, cumplimiento y control interno. ¿Cómo se autorizan procedimientos? ¿Quién verifica que fueron prestados? ¿Qué alertas generan patrones atípicos de facturación? ¿Qué responsabilidad corresponde a quienes diseñan, supervisan y auditan esos procesos? La persecución del delito llega necesariamente después. La buena administración debe intentar llegar antes.

También conviene evitar el error de convertir la indignación pública en una condena anticipada. Un Estado constitucional serio investiga con rigor, pero también individualiza conductas, permite la contradicción de la prueba y distingue entre sospecha, imputación y culpabilidad. La magnitud social de un caso no disminuye las garantías procesales; las hace todavía más importantes.

Hay una lección adicional

La corrupción en los sistemas de salud no solo erosiona presupuestos. Puede deformar prioridades médicas, deteriorar servicios y transformar al paciente en una cifra dentro de una estructura de incentivos perversos. Por eso el control no puede limitarse a descubrir culpables después del daño. Debe construir mecanismos que hagan más difícil que el fraude ocurra.

La tecnología puede ayudar, pero no sustituye la responsabilidad humana. Cruces automatizados, auditorías concurrentes, trazabilidad de autorizaciones y controles sobre prestadores son herramientas indispensables. También lo es la ética profesional: cuando un médico, un funcionario o un proveedor traiciona su deber, el daño alcanza a toda la institución.

El verdadero examen institucional de SeNaSa no terminará con una medida de coerción ni siquiera con una sentencia. Terminará cuando sepamos qué falló, quién debía detectarlo y qué cambió para impedir que vuelva a suceder. La justicia penal puede sancionar personas. La reforma institucional debe corregir sistemas. Y una democracia madura necesita ambas cosas.