El discurso de despedida del mayor general retirado Andrés Modesto Cruz Cruz, quien permaneció apenas seis meses (del 17 de febrero a agosto de 2026) al frente de la Policía Nacional, no debe interpretarse como simple “adiós” protocolar sino como un diagnóstico involuntario de la profunda crisis moral que atraviesa la institución.

Al insistir en la integridad ética y la firmeza moral y exhortar a los agentes a “luchar por lo correcto”, Cruz Cruz dejó entredicho que en esa institución, hacer lo correcto parece ser la excepción y no la regla.

Su mensaje adquiere una dimensión política e institucional que trasciende una exhortación ética. Hay tres razones que así lo explican: permaneció apenas seis meses en el cargo; fue sustituido sin que el Gobierno ofreciera una explicación pública convincente; y decidió dedicar su despedida precisamente a defender la integridad como el valor esencial del ejercicio policial. Cruz Cruz pidió a los agentes preservar sus principios éticos y morales y no dejar de “luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto”.

Para un buen entendedor, cuando la máxima autoridad de un cuerpo encargado de hacer cumplir la ley considera que su mensaje final debe ser “sean íntegros, luchen por lo correcto”, está dejando sugerido que la integridad todavía no forma parte de la cultura institucional. La ética se invoca como virtud individual precisamente porque aún no se ha convertido en una práctica colectiva.

Qué encontró?

El discurso revela que el problema de la Policía Nacional no es únicamente operativo, sino también institucional y moral. Cuando quien acaba de dirigir la institución advierte a sus subordinados que actuar correctamente puede costarles el puesto, surge inevitablemente una pregunta: ¿qué encontró durante esos seis meses para considerar necesaria una advertencia de esa naturaleza?

No corresponde afirmar, sin pruebas, que Cruz Cruz fue removido por enfrentarse a intereses internos. Él nunca lo dijo. Pero precisamente por eso el Gobierno tiene el deber de explicar las razones de una sustitución tan prematura.

Lamentable resultan las declaraciones de la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz, en el sentido de que Cruz Cruz «dijo lo que pensaba» y sus palabras se amparan en el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Pero eso no es la cuestión. Milagros Ortiz no habló simplemente como una ciudadana que comenta las palabras de un exdirector policial: habló siendo la directora general de Ética e Integridad Gubernamental. Esa responsabilidad cambia lo que razonablemente cabría esperar de su reacción.

Lo dicho por Cruz Cruz debió llevar a Milagros Ortiz a preguntarse: ¿Por qué hacer lo correcto podría costarle el puesto a un policía? ¿Existen dentro de la Policía mecanismos que protegen conductas incorrectas y perjudican a quienes las enfrentan? ¿Encontró el director saliente situaciones de corrupción, cobros irregulares, protección o complicidades durante sus seis meses al frente de la institución?

El discurso de Cruz Cruz coloca en el centro del debate la diferencia entre la institucionalidad formal y la institucionalidad informal. Se puede aprobar una nueva ley, establecer protocolos, adquirir cámaras corporales, mejorar salarios, etc.

Pero si dentro de la organización continúa predominando una cultura que tolera prácticas indebidas, protege a determinados funcionarios, mantiene redes informales de poder y hace sentir al policía íntegro que actuar con honestidad puede perjudicar su carrera, la institucionalidad informal se impone sobre la institucionalidad formal.

En ese contexto resultan  reveladoras las declaraciones de Alfredo Pacheco, quien reconoció que todavía existen agentes que mantienen la vieja práctica de cobrar “peaje” y otras conductas irregulares, aunque estimó que representan alrededor del 10 % del cuerpo policial. Más allá de cuál sea el porcentaje real, ese reconocimiento confirma que el problema ético y cultural sigue siendo uno de los principales desafíos de la institución.

Lección

La gran lección de este episodio es que la reforma policial no fracasará por falta de leyes, reglamentos, equipos o cambios de mandos. Fracasará si no enfrenta la institucionalidad informal: esa que se transmite mediante la cultura organizacional, las prácticas arraigadas y los incentivos que premian o castigan determinadas conductas.

Cuando un jefe de la Policía abandona el cargo después de apenas seis meses exhortando a sus hombres a luchar por lo correcto, aunque ello pueda costarles el puesto, el país tiene derecho a preguntarse qué está ocurriendo dentro de la Policía Nacional para que cumplir con el deber represente semejante riesgo.

JPM

En el siglo pasado, nuestros ciudadanos, cuando realizaban un negocio que dejaba pérdidas por ser la inversión mayor que los beneficios. Decían que «era más la sal que el chivo», porque el precio de la sal era mayor que comprar un chivo y, en el caso de capar perros, era más el esfuerzo que lo que cobraban. Es decir, ambas expresiones pertenecen a la tradición oral del argot popular dominicano y se utilizan para describir transacciones desastrosas o esfuerzos que terminan costando más de lo que aportan.

«El negocio del capa perros» proviene de una leyenda urbana de la era de Trujillo. Se cuenta que, para controlar la sobrepoblación de perros realengos en la capital, el gobierno contrató a un hombre pegándole un peso por cada perro que castrara («capara»). El problema surgió cuando el hombre intentaba atrapar al canino: los perros mordían, y se escapaban, por lo que el gasto en curaciones, vacunas contra la rabia supera el peso que cobraba por la castración.

Esta metáfora sirve para demostrar las actuaciones de Estados Unidos frente a sus aliados por defender al Estado sionista de Israel, las cuales han embarcado a Washington en múltiples conflictos bélicos. Esta defensa le está saliendo muy cara al imperio norteamericano porque, hasta ahora, todo lo que se ha invertido ha resultado ser «más la sal que el chivo»; esto es, se ha invertido mucho dinero en los conflictos provocados por su protegido desde su creación impulsada por las Naciones Unidas en 1948.

Todo el mundo se pregunta: ¿qué carta tiene Israel debajo de la manga para que Estados Unidos tenga que obedecer a sus mandatos? La pregunta surge porque, en términos geopolíticos concretos, el apoyo incondicional de EE. UU. a Israel lo ha llevado a enfrentarse de forma directa o indirecta con prácticamente la mayoría de la comunidad internacional. Por eso, el respaldo a Tel Aviv también ha generado fisuras con bloques históricamente alineados con Washington.

Más que un conflicto puntual con un número reducido de naciones, la política exterior estadounidense hacia Israel sitúa a Washington en tensión continua con toda la Liga Árabe, el Bloque Islámico, la gran mayoría del Sur Global y sectores clave de la Unión Europea. Además, hoy muchos de sus aliados latinoamericanos se están alejando de la influencia de Washington y acercándose a los brazos de los aliados de China.

Mientras la estrategia de la Casa Blanca bajo el segundo mandato de Trump busca cercar o presionar a la región con medidas arancelarias y de seguridad, la respuesta latinoamericana ha sido diversificar sus alianzas.Tenemos los ejemplos recientes del lado latioamericano: Ecuador, El Salvador, México, Canadá, Brasil, Cuba, Panamá. Argentina, Bolivia.

Los países BRICS

La integración al bloque ampliado de los BRICS, donde China y Rusia actúan como pesos pesados, buscando no depender exclusivamente de la arquitectura financiera de EE. UU., para no depender del dólar, cuya moneda de circulación mundial, se está devaluando y perdiendo confianza. ¡Oh! Ironía de la vida, los países del golfo árabe que eran la garantía del dólar, decidieron no seguir respaldando vía la venta de petróleo que se exige su pago en dólar.

Washington está jugando a la ruleta rusa geopolítica. Mientras insiste en subsidiar un conflicto ajeno que solo le reporta aislamiento, desgaste militar y repudio diplomático, no se da cuenta de que la factura final no se pagará en dólares, sino en la pérdida irreversible de su hegemonía global.

El imperio norteamericano debe recordar la lección básica de nuestras calles: cuando la sal cuesta más que el chivo, el que insiste en el banquete termina en la quiebra.

JPM

Las centrales sindicales solicitaron al Congreso que dejara engavetado el proyecto de reforma del Código Laboral porque creen que esa es la única garantía de sobrevivencia del régimen de cesantía laboral, misma razón que en su oportunidad expuso el sector patronal para que no se convirtiera en ley con esa figura inserta.

Pese a las objeciones de trabajadores y patronos, la Cámara de Diputados anunció la reintroducción de la pieza en la presente legislatura, con lo que se escenifica un caso único en América Latina, de que sindicatos y gremios patronales coinciden por ratones diferentes en malograr el advenimiento de un nuevo Código Laboral.

En términos político y sociológico, ese extraño escenario refleja una crasa y debilidad ideológica de un movimiento sindical enfermo de burocracia que ha extraviado la definición aquella de “obreros en sí o para sí”, y del sector patronal que olvidó que el crecimiento del capital no sería posible sin la fuerza laboral.

La Cuarta Revolución Industrial, que signa al mundo de hoy, parece borrar la condición de enemigos de clase irreconciliables que el canon del marxismo- leninismo endilgaba a la relación entre capital y mano de obra, porque en la era de la tecnología ha resurgido un adversario común que es la oligarquía.

Enormes capitales imponen a nivel mundial control sobre flujo, producción y distribución de tecnología, materias primas y mercados de consumo, lo que le ha permitido controlar también el Poder político y militar en la mayoría de las grandes economías, aun en aquellas que pregonan filosofía y praxis de izquierda.

Petróleo, oro, tierras raras, fertilizantes, inteligencia artificial, industria espacial y el complejo militar están hoy bajo control de mega corporaciones de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, cuyos tentáculos alientan el renacer de oligarquías nacionales que imponen modelos políticos excluyentes.

Ante la actual coyuntura económica y geopolítica se requiere una unidad táctica o estratégica entre el capital intensivo y la mano de obra en todas sus vertientes como forma de impedir o desalentar la expansión de un modelo oligárquico que ejerze monopolio u oligopolio y otras prácticas desleales sobre el mercado.

Las presentes generaciones de empresarios tienen el compromiso de promover un tipo de relación obrero patronal basada en la justa distribución de las utilidades, como forma de estimular la expansión y consolidación empresarial, para lo cual se requiere de instrumentos jurídicos como el Código de Trabajo que garantice vías de resolución de conflictos.

La prevalencia de la cesantía laboral es una aspiración esencial de los trabajadores, pero puede ser también punto de arranque de un tipo de vínculo que conlleve a avenencia a largo plazo entre el movimiento sindical y el empresariado para impulsar un modelo político que promueva dignificación del trabajo y democratización del mercado.

jpm-am