POR LUIS M. GUZMAN

Desde 2020, el país celebraba una supuesta era de transparencia y justicia independiente. Pero bajo esa luz optimista persistían estructuras antiguas que movían los hilos de compras y contrataciones públicas. Eran redes silenciosas que operaban desde la sombra. Años después, una investigación periodística comenzaría a iluminar ese subsuelo oculto donde el poder real llevaba décadas escondido.

El Plan Social se convirtió en el escenario más revelador de ese poder invisible. Lo que debía ser una institución humanitaria funcionaba como un nudo entre política, logística y contratos. Mientras el discurso oficial hablaba de orden y control, grupos especializados aprovechaban grietas internas. Ese tejido oculto fue justamente el que un reportaje valiente realizado por Nuria Piera decidió exponer.

Las señales no aparecieron de golpe, surgieron como patrones que pocos querían ver. Ofertas idénticas, licitaciones repetidas y empresas que ganaban siempre formaban un rompecabezas incompleto. Fue necesario que alguien conectara esas piezas para que lo sospechoso se volviera evidente. Entonces, el país entendió que no se trataba de coincidencias.

La clave estaba en los pliegos, requisitos técnicos aparentemente legítimos, pero diseñados para excluir a quienes no formaban parte del círculo interno. Esa manipulación sofisticada, escondida en detalles burocráticos, revelaba una estrategia calculada. Lo que parecía orden institucional era, en realidad, una puerta cerrada para la competencia real.

La presión pública empezó cuando se mostró que varias empresas actuaban como un solo bloque, ganando procesos con una frecuencia imposible de justificar. La colusión dejó de ser un rumor para convertirse en un patrón. Ya no era un simple fallo administrativo, sino una arquitectura de intereses que se movía con disciplina.

Suplidores legítimos comenzaron a admitir presiones, exclusiones silenciosas y obstáculos imposibles. Algunos quedaban fuera por requisitos hechos a la medida de otros; otros renunciaban por temor a perder futuros contratos. Lo que parecía incompetencia estatal se revelaba como un mecanismo deliberado para favorecer a los mismos actores.

La contradicción era evidente, el gobierno del “Cambio” hablaba de una reforma profunda, pero la colusión se fortalecía bajo nuevas formas. Los actores que operaban desde las sombras conocían mejor que nadie los mecanismos internos. Sabían anticiparse a cada proceso, presionar a los contactos adecuados y moldear condiciones según sus intereses.

Estas redes no empezaron en 2020, pero encontraron en ese año un terreno ideal para reorganizarse. Crearon nuevas razones sociales, expandieron su alcance y aprovecharon la digitalización para moverse con más agilidad. La modernización hizo que sus maniobras fueran más elegantes y discretas, pero no menos dañinas para el erario.

El silencio institucional tenía explicación, romper estas estructuras significaba enfrentar intereses demasiado profundos. No eran simples empresas; eran engranajes del financiamiento político. Cualquier intento de desmontarlas afectaría alianzas, operadores y compromisos que ningún gobierno estaba dispuesto a desafiar abiertamente.

Los indicios se acumulaban. Lo que faltaba era una voz que organizara el caos. Fue entonces cuando la investigación de una periodista experimentada como Nuria y su equipo de investigación llevó al público a ver el patrón completo, documentos, fechas, precios, vínculos y decisiones cruzadas. La Caja de Pandora empezaba a abrirse.

Ese primer destape permitió entender que la colusión no era un accidente burocrático, sino una estructura viva. La narrativa cambió, ya no se señalaban errores, sino un modelo. La sociedad comenzó a comprender que lo oculto llevaba décadas moldeando decisiones y drenando recursos desde un segundo Estado paralelo.

Así cierra esta primera parte con la tapa de la Caja de Pandora levantada y una luz incómoda cayendo sobre figuras que gobernaban desde las penumbras. La segunda parte revela lo que salió de esa caja, nombres, conexiones y el funcionamiento de una red que siempre supo esconderse mejor que cualquier político.

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Narcotráfico y corrupción han infringido severo daño al ensamblaje institucional, partidos políticos, tejido social, económico y a la sociedad toda,, por lo que puede advertirse que esos tipos penales cercenan la medula de la democracia dominicana.

No se sabe si reír o llorar con la noticia de que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con auxilio de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), decomisa toneladas de drogas en puertos, aeropuertos o en narco lanchas, porque se sabe que por cada cargamento incautado otros arriban a su destino.

Hace más de veinte años que el ex presidente Leonel Fernández estimó en 30 mil millones de pesos anuales, el monto esquilmado al Estado por la corrupción, cifra que seguramente se ha multiplicado con el paso del tiempo y la prevalencia de la impunidad.

De los contados expedientes por prevaricación o cohecho que han arribado a los tribunales, ninguno ha concitado sentencia condenatoria irrevocable y muchos se han extraviados en laberintos de burocracia o incidentes procesales, que muchos creen disfraces de impunidad o venalidad.

Gobierno, partido oficial, Congreso y ayuntamientos confrontan hoy una crisis de reputación por el involucramiento de funcionarios, legisladores, ediles, y miembros del PRM en el narcotráfico, aunque se reconoce que las autoridades intensifican el combate contra ese flagelo.

Se considera grave que el narcotráfico asuma compromiso de financiación electoral de cualquier estructura partidaria, más aun si el ente beneficiario tiene conocimiento de la procedencia de esos capitales que también pueden provenir de la corrupción administrativa.

Es difícil contradecir el criterio de que en mayor o menor medida, el narcotráfico ha permeado a instituciones partidarias, por lo que resulta inocuo debatir sobre cuál partido padece la infección mayor, porque para ello solo se requiere develar las supuraciones.

Duele admitirlo, pero los carcinomas del narcotráfico y la corrupción han logrado permear al tuétano de la sociedad con metástasis en la construcción y sector inmobiliario, agropecuaria, importaciones de vehículos y maquinarias, hoteles, bares y restaurantes y otras actividades comerciales y financieras.

Drogas y prevaricación han diezmado la economía, gobernanza e institucionalidad de naciones como México y Colombia, por lo que aquí obraría como un huracán categoría 5, que en pocos años no dejaría piedra sobre piedra, a menos que todos los sectores nacionales halen la cuerda en la misma dirección.

Lo sensato sería que Gobierno y liderazgo político saquen esos temas de la agenda electoral y promuevan junto al empresariado, academia y sociedad civil un nivel de consenso que unifique el combate contra esos ilícitos penales en todos los terrenos, antes de que el monstruo engulla a toda la colectividad.

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