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La X Cumbre de las Américas, que debía tener lugar en República Dominicana, ha pasado de ser un faro de diálogo continental a convertirse en el epicentro de una sonora derrota diplomática.
Oficialmente pospuesta hasta 2026 debido a «profundas divergencias», esta claudicación es el primer y contundente «efecto dominó» de una política de exclusión impuesta.
El rechazo de países clave como México y Colombia forzó la mano del bloque regional que dijo «No» a la agenda preestablecida, percibida como un intento de alineamiento hemisférico.
El destino del evento no se decidió en Santo Domingo ni en ninguna capital latinoamericana, sino en la férrea postura adoptada sobre quién debía sentarse a la mesa.
El principal factor gravitacional que sentenció el evento fue la insistencia, impulsada principalmente por Washington, de excluir a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Esta postura reactivó una división histórica en el hemisferio: la que opone la diplomacia basada en la inclusión, sostenida por el bloque progresista, contra la política de sanciones y vetos promovida por la Casa Blanca y sus aliados, lo cual fue un error de cálculo monumental en el contexto regional actual.
La dinámica del fracaso fue sencilla: al vetar a tres naciones, se vetaba de facto la legitimidad del encuentro para representar a la totalidad del continente.
El «eco de la suspensión» resuena con una lección ineludible: la soberanía en política exterior es el activo más valioso de cualquier nación. La suspensión, impulsada por la acción colectiva del Sur global, marca un precedente histórico que señala el fin de las imposiciones unilaterales.
El multilateralismo de las Américas solo puede avanzar bajo el principio irrenunciable de la inclusión total, dejando claro que la exclusión sella, inevitablemente, el destino de la Cumbre al convertirla en un cónclave sesgado.
El objetivo declarado de la Cumbre quedó inmediatamente eclipsado por un debate ideológico sobre la soberanía de los Estados.
Reafirmación de la soberanía regional
En el entramado de esta debacle diplomática, el papel de República Dominicana como anfitrión ha sido objeto de intensa crítica regional. La decisión de la suspensión reforzó la narrativa de que el país caribeño operó como un mero vocero o ejecutor de una agenda preestablecida por Estados Unidos.
Al ceder a la exigencia de mantener la exclusión, RD comprometió su papel de mediador neutral y asumió el riesgo de ser percibido como una pieza clave en el esquema de la política exterior de la Casa Blanca, perdiendo la oportunidad de un gran escaparate diplomático.
La suspensión, por lo tanto, no se presentó como una decisión soberana para reevaluar la logística, sino como el reconocimiento forzado de que no se podía garantizar la asistencia de peso sin romper con la línea de Washington.
El impacto es que la imagen de RD en la región quedó ligada a la claudicación ante la presión externa. El gobierno dominicano se limitó a informar la suspensión, en lugar de liderar un proceso de negociación que buscara salvar el consenso, lo que fue visto como la admisión de no tener el control real sobre la agenda ni la lista de invitados de «su» propia Cumbre.
Si la política de exclusión fue el factor gravitacional que sentenció el evento, fue el «Veto del Sur», liderado por las decisiones de México y Colombia, lo que activó y completó el temido efecto dominó que forzó la suspensión.
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Gustavo Petro fue clara y contundente, abogando por un acercamiento multilateral sin exclusiones ideológicas. El peso combinado de estas dos naciones era insuperable, ya que representan grandes economías con significativa influencia política en la región.
Su negativa a asistir, a menos que se garantizara la participación de todos los Estados, dejó al eje EE. UU.-RD en una posición insostenible, pues su ausencia significaba la pérdida de legitimidad total del evento.
Ante el inminente anuncio de que otros líderes progresistas seguirían el mismo camino, los promotores de la Cumbre entendieron que la única opción era el repliegue.
La decisión de la suspensión, por lo tanto, no fue un acto de proactividad, sino una reacción forzada a la cohesión del bloque regional que dijo «No» a la agenda impuesta, dejando la secuencia del fracaso claramente expuesta.
jpm-am
