SANTO DOMINGO. – Durante el período presidencial 2020–2025, la Contraloría General de la República (CGR) amplió la cobertura del control interno en la administración pública: abrió 98 Unidades de Auditoría Interna y realizó 184 revisiones el pasado año.

Al ofrecer los detalles, el contralor general de la República, Félix Santana García, destacó que esa entidad coordina y supervisa la ejecución de 42 realizadas por firmas privadas.

Santana precisó que con ello garantiza independencia técnica, rigor metodológico y apego a las normas vigentes, lo que marca un antes y un después en la forma de auditar el sector público.

Expresó que este incremento evidencia un fortalecimiento significativo de la capacidad operativa de la Contraloría, y un compromiso rcon la fiscalización oportuna y efectiva.

GOBIERNOS LOCALES O CABILDOS

Santana García dijo que, por primera vez, el control oficial también alcanzó directamente a los gobiernos locales o cabildos.

Entre enero y junio de 2025, hicieron 68 auditorías en esas instancias, que comprendieron las evaluaciones  generales y las focalizadas en nóminas.

Manifestó que estas acciones contribuyen a robustecer la institucionalidad municipal y a promover una gestión más ordenada y transparente en el nivel local, donde el impacto de los recursos públicos es percibido de forma más inmediata por la ciudadanía.

MINISTERIOS EN PROCESO DE AUDITORÍA

Indicó que 18 ministerios del Gobierno Central están en proceso de ser auditados, y 5 programados para su inicio.

Explicó que a esto se suman 22 auditorías adicionales a Unidades Ejecutoras del Gobierno Central, con presupuestos superiores a los mil millones de pesos, con un enfoque estratégico orientado a los entes con mayor impacto presupuestario.

Precisó que esta perspectiva reafirma que la labor no se limita a la detección de hallazgos, sino que está orientada a mejoras reales y sostenibles en la gestión pública.

agl/of-am

SANTO DOMINGO/BARAHONA, República Dominicana.- Wagner Gomera Aquino, director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (INISE) de la UASD, alertó sobre el menor crecimiento económico  y el endeudamiento improductivo del país.

Aquino, director del INISE de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), advirtió que República Dominicana cerraría 2025 con una expansión cercana al 2.6 %, muy por debajo del 5 % proyectado, lo cual refleja una desaceleración significativa.

Así lo manifestó durante una entrevista en el programa “A Media Mañana”, transmitido por televisión y plataformas digitales desde la provincia Barahona.

DEBILIDAD DE SECTORES PRODUCTIVOS

Atribuyó el menor incremento a la debilidad de sectores estratégicos como la construcción, sumado a una baja ejecución de la inversión pública, que limita la capacidad de la economía para sostener el dinamismo de años precedentes, añadió.

Asimismo, explicó que el consumo privado se mantiene moderado, afectado por altas tasas de interés, una política monetaria restrictiva y la limitada capacidad adquisitiva de los hogares dominicanos.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Sostuvo que aunque organismos internacionales mantienen proyecciones más optimistas, la expansión podría ubicarse alrededor del 3 %, debido a limitaciones estructurales persistentes.

ADVERTENCIA SOBRE LA DEUDA PÚBLICA

Al referirse al endeudamiento del sector público, que ronda el 58 % del Producto Interno Bruto (PIB), señaló que el problema no es solo eso.

Argumentó que se trata de un endeudamiento que no genera productividad ni retornos económicos, creando una dinámica de “bola de nieve”, que compromete la sostenibilidad fiscal.

REFORMA FISCAL

Para el experto, la salida estructural a la actual situación pasa por una reforma fiscal integral y progresiva, orientada a sanear las finanzas públicas y sentar las bases de un crecimiento sostenible.

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Durante la época de De Gaulle, en los años 60, la decisión de Francia de exigir a Estados Unidos la conversión de sus dólares en oro no fue un capricho. Fue un acto político calculado, casi pedagógico, para denunciar lo que París consideraba una distorsión peligrosa del sistema monetario internacional. Los franceses estudiaron el funcionamiento de Bretton Woods, que permitía a EE. UU. financiaría sus déficits simplemente emitiendo dólares, porque el resto del mundo los aceptaba como reservas internacionales.

Con este privilegio, De Gaulle y su asesor Jacques Rueff observaron que EE. UU. acumulaba crecientes déficits externos. Si todos los países decidían convertir sus dólares en oro al mismo tiempo, las reservas estadounidenses no alcanzan. Francia concluyó que el sistema era insostenible y que terminaría rompiéndose —como efectivamente ocurrió. De Gaulle afirmó que solo el oro —“valor fiduciario inalterable”— podía servir como referencia internacional, porque no dependía de la política de ningún país.

A partir de la década de los 70, el FMI y el Banco Mundial reforzaron en los países de América Latina la aplicación del sistema de Bretton Woods. En la práctica, estaban obligados a mantener sus reservas internacionales principalmente en dólares. La consecuencia de obedecer ese mandato fue que EE. UU. acumuló más del 70% del oro mundial, dejando a los demás países sin alternativa.

Estados Unidos descubrió entonces que su poder monetario tenía límites. En 1971, Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro. El “Nixon Shock” marcó el inicio formal de la decadencia: el dólar dejó de ser “tan bueno como el oro” y pasó a ser “tan bueno como la confianza”. Las devoluciones de dólares por oro provocaron un disparo inflacionario; el mundo empezó a cuestionar la estabilidad del dólar.

En una jugada maestra, EE. UU. llegó a un acuerdo con Arabia Saudita y la OPEP para que las ventas de petróleo se pagaran exclusivamente en dólares. A cambio, Washington garantizaba seguridad militar mediante bases estratégicas en la región. Este acuerdo salvó al dólar, pero también lo hizo dependiente de la geopolítica energética. Desde entonces, nació el “petrodólar”, dominante a partir de los años 80.

La decadencia del dólar no empieza hoy, ni con China ni con los BRICS. Comenzó hace más de medio siglo, cuando el mundo descubrió que Estados Unidos había emitido más dólares de los que podía respaldar con oro. No había suficiente oro para sostener todos los dólares circulando en el planeta. Ese desorden monetario y la desconfianza en su moneda provocaron inflación y déficits presupuestarios persistentes.

La pérdida de confianza y la devaluación del dólar dependen de la geopolítica: de la fuerza, de las alianzas, de las sanciones y del control de recursos estratégicos. Para recuperar su hegemonía, las potencias actúan como imperios porque sienten que el tiempo se acelera. De ahí que las invasiones —Rusia en Ucrania; Estados Unidos en Venezuela— respondan a una misma lógica: administrar esos países como fideicomisos de facto para explotar, en beneficio propio, sus riquezas naturales.

Para Rusia, no se trata sólo de fronteras: es una disputa por gasoductos, puertos, rutas comerciales y la capacidad de proyectar poder sobre Eurasia. Para EE. UU., la Doctrina Monroe —que alguna vez justificó intervenciones en el Caribe y Centroamérica— reaparece bajo nuevas formas: sanciones financieras, presiones diplomáticas, reordenamiento energético y vigilancia sobre los minerales estratégicos que alimentan la economía digital y sostienen el poder del dólar.

En un mundo donde el dólar enfrenta desafíos estructurales, el control de recursos críticos, la Doctrina Trump Monroe se convierte en un mecanismo de supervivencia monetaria. El petróleo, el litio, el gas y las tierras raras ya no son solo materias primas: son instrumentos de poder para la recuperación de la confianza del dólar.

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