JERUSALEN.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha solicitado formalmente al presidente del país, Isaac Herzog, que emita una orden de clemencia y le exima definitivamente, en pro del «interés nacional», de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción al que está siendo sometido el jefe del Gobierno israelí, y por el que no admite culpabilidad alguna.

En realidad, Netanyahu explica en su carta que, a pesar de su interés personal en «llevar a buen término» el proceso judicial al que está siendo sometido, el procedimiento está causando tal inestabilidad que no ve más solución que acelerar su conclusión para «reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo».

«Por lo tanto, y a pesar de mi interés personal en demostrar mi inocencia hasta mi completa absolución, creo que el interés público dicta lo contrario», ha explicado el primer ministro israelí en su declaración.

«Por mi responsabilidad pública, como primer ministro, de intentar lograr la reconciliación entre las partes del pueblo, no me cabe duda de que la conclusión del juicio ayudará a reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo», ha aseverado antes de esgrimir una vez más el conflicto en Gaza como motivo prioritario de su petición.

«Ante los desafíos de seguridad y las oportunidades políticas que enfrenta actualmente el Estado de Israel, me comprometo a hacer todo lo posible para sanar las divisiones, lograr la unidad del pueblo y restaurar la confianza en los sistemas del Estado, y espero que todos los poderes del Estado hagan lo mismo», ha indicado.

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.

Entre las acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario ‘Yedioth Aharonot’ para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario ‘Israel Hayom’.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, Netanyahu ha lamentado que el proceso en su contra ha sido un lastre que le ha impedido ejecutar con normalidad su tarea. El primer ministro ha presentado numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas.

Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos y gran aliado de Netanyahu, Donald Trump, dio un paso más al enviar una carta a Herzog para pedirle que sopesara directamente el indulto para el primer ministro al asegurar que el caso judicial contra él está «políticamente motivado» desde 2020 y asegurara que los delitos de los que se acusa a Netanyahu son «cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño».

LA PRESIDENCIA ESTUDIA PETICIÓN

En su primera respuesta, la oficina de la Presidencia de Israel ha eludido pronunciarse de forma inmediata y ha indicado que estudiará la situación a conciencia.

«Se trata de una solicitud de clemencia extraordinaria con importantes implicaciones. Tras recibir todas las opiniones, el presidente del Estado la considerará con responsabilidad y seriedad», hace saber en la nota.

La oficina del presidente Herzog, en su comunicado, pasa a explicar que la solicitud fue presentada al Departamento Jurídico de la Presidencia por el abogado del primer ministro, Amit Hadad, y desde ahí será transferida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, «que recabará las opiniones de todas las autoridades competentes».

«Posteriormente, estas opiniones se transmitirán a la Asesora Jurídica de la Presidencia y a su equipo para que formulen una opinión adicional para el presidente», momento en que Herzog adoptará una decisión al respecto, concluye el comunicado.

SU PARTIDO Y SOCIOS DECLARAN RESPALDO 

Altos cargos de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu han elogiado su decisión, comenzando por los propios compañeros de su partido Likud, como el diputado y representante de la alianza Ofir Katz. «Podría haber demostrado fácilmente su inocencia en esta persecución corrupta, pero ha optado por otro camino en aras de la curación del país y la reconciliación», ha indicado.

Para el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Givir, la clemencia para Netanyahu resulta de «interes crítico para la seguridad del Estado» como paso previo a la «la reforma de la corrupta y despreciable Fiscalía del Estado, que se inventó estos casos».

Por contral el líder opositor del país, el ex primer ministro Yair Lapid, ha rogado a Herzog que no se le ocurra conceder clemencia a Netanyahu porque en su declaración no hay «ni una admisión de culpabilidad, ni una expresión de arrepentimiento ni una sola intención de abandonar la vida política».

Para el también destacado opositor y jefe del partido de Los Demócratas, Yair Golan, la clemencia representaría directamente un «escupitajo en la cara del pueblo israelí» y se ha negado a llamarlo indulto: «Algo así solo se considera tras asumir la responsabilidad y demostrar arrepentimiento».

WASHINGTON 30 Nov.- El juez del distrito de Delaware Leonard P. Stark ha aprobado la venta de acciones de PDV Holding, matriz de la empresa petrolera estatal venezolana Citgo, a la empresa Amber Energy, filial del fondo de inversión Elliott Investment Management.

Amber Energy ha informado de la decisión judicial en un comunicado en el que destaca que esperan que la transacción se cierre en 2026, cuando se produzca la aprobación de los organismos reguladores como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y otras «condiciones». La empresa seguirá operando como Citgo, aunque ya con Gregory Goff como consejero delegado.

«Esperamos poder trabajar con el talentoso equipo de Citgo para reforzar el negocio a través de inversiones de capital y excelencia operativa. Confío en que juntos ayudemos a mejorar la posición de liderazgo de Estados Unidos en el sector energético», ha resaltado Goff en el comunicado de Amber Energy.

La nota de Amber Energy destaca que empresas financieras como Barclays, Citi o Perella Weinberg Partners han realizado labores de asesoría para Amber Energy en esta operación.

Amber Energy no ha informado de los fondos que destinará a la adquisición, pero distintos medios estadounidenses han publicado la cifra de 5.890 millones de dólares (unos 5.082 millones de euros), muy por debajo de la valoración oficial realizada por el propio tribunal, de 13.000 millones de dólares. Venezuela sostiene que vale 18.000 millones de dólares.

Citgo es la séptima mayor petrolera de Estados Unidos por volumen de refinado y está considerado como el principal activo en el exterior de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Desde 2019 estaba controlada por la oposición venezolana, que se reivindicaba como legítima representante del Estado venezolano.

Hasta 15 acreedores han estado litigando desde hace ocho años para reclamar casi 19.000 millones de dólares en los tribunales estadounidenses en compensación por la expropiación de activos e impagos de deuda en Venezuela. Citgo generaba entre 700 y 1.200 millones de dólares anuales y era la principal fuente de divisas líquidas para el Gobierno venezolano.

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BOGOTA 30 Nov.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido este domingo una convocatoria «inmediata» de la asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobe el cierre del espacio aéreo venezolano.

«El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea» del organismo, ha afirmado Petro en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El mandatario colombiano ha subrayado que la orden de Trump solo se aplica a las empresas de aviación de Estados Unidos. «Todas las demás empresas del mundo deben decidir de acuerdo a las normas de la OACI (…). Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país», ha argumentado.

Además, Petro ha recordado que «no hay autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino» y que «el senado de los Estados Unidos no ha dado la autorización para una intervención armada».

Ante esta situación, Petro considera que se debería multar a las empresas que no cumplan con los servicios comprometidos y ha instado en concreto a la Unión Europea a «ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan».

«En Colombia deben ser sancionadas las empresas que se nieguen a asumir los servicios a los que se comprometieron y a solo seguir indicaciones de la OACI o del gobierno colombiano», ha apuntado. «La humanidad debe ser libre de volar y los cielos deben estar abiertos en todas partes del mundo», ha remachado.

Trump declaró el sábado que el espacio aéreo «sobre» Venezuela «y sus alrededores» ha quedado completamente «cerrado» en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

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CARACAS 30 Nov.- El Gobierno venezolano ha denunciado este domingo durante la conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que Estados Unidos «pretende apoderarse» de las reservas de petróleo venezolanas, las mayores del planeta.

«Venezuela denuncia formalmente ante esta instancia que el gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza. Esta pretensión situación es contraria la convivencia pacífica entre las naciones y pone en peligro la producción petrolera venezolana y le mercado mundial», ha afirmado Delcy Rodríguez durante la reunión en un mensaje firmado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En particular, Caracas alerta de que Estados Unidos «ha desplegado más de 14 buques y 15.000 efectivos militares» en la región del Caribe y de que estas fuerzas han realizado más de 20 bombardeos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico «dando como resultados el asesinato de 80 personas».

«Estos meses han sido de constantes y reiteradas amenazas con el uso de la fuerza contra el Estado venezolano, lo cual vulnera la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional» y «pone en claro peligro la paz, seguridad y estabilidad regional e internacional», ha reprochado Venezuela.

El Gobierno venezolano ha subrayado que se mantendrá «firme» en la defensa de sus recursos y «no sucumbirá ante ningún tipo de amenazas». «Espero contar con los esfuerzos para contribuir a detener esta agresión y amenaza de los equilibrios del mercado energético internacional, para los países productores y consumidores», ha apelado.

Trump declaró el sábado que el espacio aéreo «sobre» Venezuela «y sus alrededores» ha quedado completamente «cerrado» en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad», anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

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WASHINGTON 30 Nov.- El senador demócrata Mark Kelly ha advertido este domingo de que los ataques militares de Estados Unidos contra supuestas lanchas del narcotráfico en aguas del Caribe podrían suponer un crimen de guerra, en particular si se confirman las informaciones sobre segundos bombardeos contra presuntos traficantes heridos.

«Lo parece», ha afirmado Kelly en declaraciones a la CNN al ser interrogado si cree que el segundo ataque es un crimen de guerra. Kelly ha estado 25 años en la Armada estadounidense.

«Si lo que se ha dicho es cierto, tengo serias sospechas de que alguien en esa cadena de mando ha cruzado una línea que no debería de haber cruzado jamás», ha añadido.

Kelly ha apuntado que el no habría obedecido una orden para realizar un segundo ataque. «No. No», ha declarado ante las preguntas del entrevistador, «y soy un tipo que ha hundido dos barcos».

Las informaciones se refieren al ataque contra una embarcación del pasado 2 de septiembre, cuando al parece los militares realizaron un segundo ataque tras comprobar que el primero no había acabado con la vida de todas las personas que iban a bordo.

‘The Washington Post’ ha publicado incluso que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth ordenó «matar a todos». Este fue el primero de una serie de ataques que hasta el momento se han cobrado más de 80 vidas en el Caribe y el Pacífico.

Hegseth salió al paso de estas informaciones el viernes y aseguró que este ataque era «legal tanto según la ley de Estados Unidos como del derecho internacional». La noticia es «falsa, incendiaria y peyorativa» y busca «desacreditar a nuestros sensacionales guerreros que luchan para proteger la patria», según Hegseth.

Kelly y otros cinco congresistas demócratas más han publicado recientemente un vídeo en el que recuerdan a los militares que tienen la obligación de desobedecer cualquier orden ilegal, lo que ha desatado la ira del presidente Donald Trump.

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