POR RAFAEL PASIAN

En la historia de nuestra América Latina, marcada por invasiones, tutelajes extranjeros y golpes encubiertos, el nuevo asedio militar de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela constituye un episodio que amenaza con reabrir las heridas más profundas de nuestro continente. Bajo el disfraz de operaciones “preventivas”, Washington pretende intervenir en los asuntos internos de un país soberano, reproduciendo el viejo libreto imperial que ha desangrado a nuestra región durante más de un siglo.

Ante este panorama, el gobierno de la República Dominicana ha adoptado una postura que solo puede calificarse de servil y lacaya: permitir el uso de suelo, puertos y aeropuertos dominicanos por parte de tropas y aviones estadounidenses para su potencial ofensiva contra Venezuela.

Un gobierno que entrega su territorio para una agresión externa renuncia, de hecho, a su papel como defensor de la soberanía nacional.

Convertir nuestro territorio en plataforma militar extranjera contra un país hermano es un acto irresponsable que coloca a la República Dominicana en una posición peligrosa ante la historia.

Consecuencias para América Latina

Una invasión a Venezuela tendría repercusiones profundas y duraderas en toda la región:

• Desestabilización política y migratoria, generando tensiones entre países vecinos.

• Radicalización social, con la posibilidad real de que resurjan movimientos insurgentes o guerrilleros como reacción a la intervención extranjera.

• Fragmentación regional, debilitando proyectos de integración y cooperación.

Los pueblos latinoamericanos no han olvidado los efectos devastadores de las intervenciones militares pasadas. Una agresión a Venezuela sería vista como una agresión a la Patria Grande.

El factor geopolítico: China, Rusia e Irán en el tablero

Una intervención contra Venezuela no ocurriría en un vacío. El conflicto movería piezas en el tablero global:

• China, con cuantiosas inversiones energéticas, buscaría defender sus intereses estratégicos.

• Rusia, aliada militar de Caracas, podría responder con presencia y apoyo tecnológico directo.

• Irán, enemigo declarado de Washington y socio petrolero venezolano, vería la agresión como un desafío que podría escalar.

Un conflicto así convertiría al Caribe en un punto de tensión mundial, replicando escenarios devastadores similares a Gaza o Siria, donde los pueblos pagan el precio de las ambiciones geopolíticas.

La juventud y el peligro del adormecimiento mental

Mientras la región se encuentra al borde de una crisis histórica, preocupa el estado de apatía que domina a muchos jóvenes latinoamericanos.

Una generación atrapada en redes sociales, entretenimiento superficial y desinformación algorítmica es una generación vulnerable.

Pero hoy más que nunca se necesita una juventud despierta, crítica, consciente de su rol social y de la importancia de defender la soberanía de sus pueblos.

La libertad no se hereda: se defiende.

Conclusión

La República Dominicana enfrenta una prueba moral decisiva. Puede defender la dignidad nacional o continuar actuando como una extensión obediente del poder extranjero.

Las decisiones que se tomen hoy resonarán en toda la región.

Si se consuma una invasión contra Venezuela, la herida será continental.

Y cuando los pueblos despierten —porque los pueblos siempre despiertan— juzgarán a quienes traicionaron la soberanía y la hermandad latinoamericana.

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POR LUIS M. GUZMAN

Para comprender la magnitud de lo expuesto, basta observar un solo dato; un entramado encabezado por Munir Manuel Kury Hazoury, junto a sus empresas Inversiones Q-Tek y Tingley Business SRL, logró controlar el 78% de las licitaciones del Plan Social en los ultimos años. Cuando un grupo domina casi todo el abastecimiento estatal, no estamos ante eficiencia; estamos ante un monopolio silencioso, legalizado en apariencia, pero corrosivo hasta la médula.

Esta colusión no es un error administrativo, es un modelo económico criminal, más peligroso que el narco porque opera dentro de la ley y bajo el sello del Estado. Los narcotraficantes usan violencia; estos usan firmas, pliegos y sellos oficiales. Sus armas son los requisitos manipulados y los contactos internos. Y su campo de batalla es el bolsillo del pueblo.

Cuando el Estado —el mayor comprador del país— paga sobreprecios, esos precios se vuelven referencia. Así, lo que empezó como una licitación amañada se convierte en inflación cotidiana. El ciudadano no sabe que su compra en el colmado está afectada por una decisión tomada en un escritorio, pero así funciona este cartel, silencioso, técnico, devastador.

Un mercado sano necesita diversidad, pero un mercado capturado produce miedo y sumisión. Muchas PYMES dejaron de competir porque sabían que el juego estaba escrito para favorecer al bloque vinculado a Kury y a empresas como Empresas Integradas SAS, propiedad de Edmond Elías Barnichta. Cuando la competencia muere, la calidad se desploma y el pueblo paga más por menos.

El ejemplo de los precios inflados lo resume todo, el Estado pagó 1,476 pesos por una caja de aceite en una licitación, pero 2,276 en otra manipulada. Esa diferencia no es técnica ni accidental. Es saqueo institucional disfrazado de trámite. Es hambre disfrazada de contrato. Es una familia pagando más porque un grupo decidió enriquecerse sin riesgo.

Y aquí está lo que hace este cartel más corrosivo que el narcotráfico, ellos no enfrentan policías, fiscales ni persecución real. Se mueven con protección institucional, con la complicidad —directa o tácita— de funcionarios que acomodan pliegos, filtran información o simplemente “no ven”. Son parásitos legales incrustados en el sistema, drenando recursos desde adentro.

El narco opera desde la sombra; este cartel opera desde oficinas públicas. El narco altera territorios; este cartel altera presupuestos nacionales. El narco busca dinero rápido; este cartel busca permanencia, continuidad y poder estructural. Por eso son más peligrosos,  porque capturan instituciones completas, no solo barrioada sobreprecio estatal se transforma en deuda pública. Esa deuda genera intereses. Y esos intereses los pagamos todos, con menos hospitales, menos educación, menos seguridad y menos oportunidades.

En términos estrictos, este cartel económico ha causado mayor daño estructural al país que muchos narcopolíticos juntos. Por eso los gobiernos, sin importar color, terminan dependiendo de esta red. Necesitan su logística, sus vehículos, sus almacenes, su financiamiento de campaña y su capacidad para “resolver”. La dependencia es tan profunda que los convierte en árbitros del poder, funcionarios van y vienen; ellos permanecen.

Desmontar esta estructura no es un acto administrativo; es una cirugía mayor al sistema político. Implica romper pactos, tocar financistas, enfrentar operadores y abrir expedientes que podrían comprometer a figuras de alto nivel. Por eso la lista de nombres públicos es corta. Por eso los demás siguen en la sombra.

Pero ahora la luz entró. Por primera vez, la población entiende que esta colusión no es técnica, es parasitaria. No es puntual, es sistémica. No es un caso aislado, es un Estado paralelo que funciona drenando recursos, subiendo precios y obligando al país a endeudarse para sostener privilegios privados. Su daño no es visible, pero se siente en cada factura.

Así cierra esta segunda parte, con una verdad que duele, cuando un solo grupo controla el 78% de las compras del Estado, no es el gobierno quien manda sobre los contratos; son los contratos quienes mandan sobre el gobierno. Y mientras esa ecuación no cambie, el dominicano seguirá pagando más, viviendo peor y financiando, sin saberlo, a los Señores de la Sombra que gobiernan desde la oscuridad

jpm-am.

https://almomento.net/los-senores-de-la-sombra-1/

La Carta de las Naciones Unidas consagra un delicado equilibrio entre el respeto a la soberanía de los Estados y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Durante más de ocho décadas, estos principios han orientado procesos de independencia, la arquitectura del derecho internacional y la conformación de nuevos Estados. La República Dominicana como signataria de la Carta de 1945 y de diversos tratados internacionales, está obligada a velar por la preservación íntegra de su soberanía.

En ese sentido, nuestro país debe actuar con extrema prudencia frente a cualquier solicitud o acuerdo que implique el uso de nuestro espacio aéreo, marítimo o terrestre para operaciones militares de los Estados Unidos o de cualquier otra potencia en el Caribe. Más aún cuando tales operaciones, disfrazadas o justificadas bajo diversos argumentos, pudieran en realidad formar parte de acciones triangulares dirigidas contra un Estado miembro del sistema de Naciones Unidas. La neutralidad estratégica de la República Dominicana constituye una ventaja comparativa y un pilar de nuestras buenas relaciones con todas las naciones.

Lo que está en juego es, en esencia, nuestra soberanía nacional: un valor por el que hemos luchado a lo largo de nuestra historia y que nos une sin distinción de credos políticos, ideológicos, económicos, religiosos o culturales. Este principio adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de operaciones de gran escala contra la vecina República Bolivariana de Venezuela, país con el que compartimos lazos históricos y humanos, y cuyas consecuencias colaterales podrían impactar a otras naciones soberanas, así como generar riesgos en nuestra propia zona marítima y en materia de derechos humanos.

América Latina conoce muy bien los efectos de intervenciones e invasiones justificadas con argumentos cambiantes pero con resultados reiteradamente lesivos. la República Dominicana, en particular, posee dolorosas experiencias al respecto: la intervención de 1916, orientada a controlar nuestras aduanas y economía, y la de 1965, supuestamente para impedir el avance del comunismo, que terminó imponiendo nuevamente tropas extranjeras en nuestro suelo.

La República Dominicana es una nación de paz. No tiene tradición agresora; por el contrario, ha sido muchas veces víctima de agresiones externas. Señor Presidente, amigo Luis Abinader: el momento exige prudencia, comedimiento y una lectura serena del convulso escenario geopolítico que atraviesan América Latina y el mundo. Desde la patria de Duarte, no debemos avalar ni permitir acciones militares contra ningún país soberano.

Conviene recordar que el artículo 80, acápite 4, de la Constitución dominicana atribuye al Senado la facultad de autorizar la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, así como el envío de tropas dominicanas al exterior, pero únicamente para misiones de paz. No para guerra, Cualquier decisión contraria a este mandato constitucional tendría un altísimo costo humano, social y político, tanto para el Gobierno como para toda la nación.

La situación de Venezuela no debe verse de manera aislada: es un eslabón dentro de una cadena mayor, vinculada a las tensiones de un nuevo orden multipolar en gestación. Los riesgos superan con creces cualquier beneficio momentáneo. Debemos proteger nuestra soberanía, porque nada ganamos involucrándonos, y sí podemos perder mucho.

Por estas razones, y considerando el deber de salvaguardar nuestra institucionalidad, solicitamos que el Tribunal Constitucional examine esta situación y se pronuncie al respecto, en mi nombre, en el del Partido Revolucionario Independiente (PRI) y en representación de ciudadanos preocupados por las consecuencias futuras de decisiones apresuradas.
jpm-am