El arroz dominicano enfrenta una encrucijada que va mucho más allá de la derogación de un decreto. Lo que está en discusión es el resultado de veinte años de política agrícola, apertura comercial y responsabilidades acumuladas.

El DR-CAFTA estableció un calendario conocido por sucesivos gobiernos, pero la preparación del campo quedó por debajo de las exigencias de esa transición. Hoy se le pide al agricultor competir en condiciones que debieron construirse durante dos décadas, mientras su futuro depende de decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras.

La apertura del arroz estadounidense no llegó por sorpresa. Hubo tiempo para modernizar el riego, mejorar semillas, mecanizar cosechas, ampliar seguros y reducir costos. Sin embargo, persisten diferencias importantes de productividad y financiamiento.

El Estado no puede presentar como una exigencia repentina aquello que conocía desde la firma del tratado. Si la transformación fue insuficiente, corresponde identificar qué inversiones se realizaron, cuáles fracasaron y por qué numerosos agricultores continúan enfrentando dificultades para competir.

Estados Unidos exige acceso libre de aranceles para su arroz mientras mantiene programas de préstamos, seguros agrícolas y compensaciones para sus productores. República Dominicana también destina recursos al campo, pero debe demostrar si esos apoyos reducen efectivamente las desventajas de sus agricultores.

El libre comercio no garantiza igualdad de condiciones cuando existen diferencias profundas de tecnología, escala y financiamiento. Cumplir un tratado no debería impedir investigar las subvenciones extranjeras ni utilizar los mecanismos legales de defensa comercial.

Pregunta

¿La derogación del Decreto 693-24 mediante el 635-26 plantea una pregunta que el Gobierno todavía debe responder con claridad: ¿qué cambió en las condiciones productivas que justificaron aquella protección? El régimen anterior reconocía la importancia del arroz para la seguridad alimentaria y el empleo rural.

Si esas vulnerabilidades persisten, las autoridades deben explicar qué medidas las sustituirán, cuáles estudios respaldaron la decisión y cómo se evitará que una apertura comercial conocida termine debilitando una producción estratégica.

La contradicción también alcanza las relaciones comerciales con Washington. Estados Unidos mantiene medidas arancelarias que afectan exportaciones dominicanas mientras reclama la apertura de nuestro mercado arrocero. Aunque ambas disposiciones responden a fundamentos jurídicos diferentes, el país necesita conocer los resultados de sus negociaciones.

La confianza entre socios no sustituye la reciprocidad ni la defensa de intereses nacionales. El Gobierno debe explicar qué compromisos asumió, qué avances obtuvo y qué alternativas prepara si las barreras estadounidenses continúan.

La propuesta del exsenador Heinz Vieluf de investigar las subvenciones estadounidenses merece una evaluación técnica formal. Los acuerdos comerciales y las normas de la OMC contemplan derechos compensatorios cuando se demuestran subvenciones sujetas a medidas, daño material y relación causal.

El gobierno debería estudiar esa posibilidad con especialistas independientes y examinar los mecanismos jurídicos disponibles. No se trata de suspender importaciones arbitrariamente, sino de determinar si existen fundamentos legales para defender una producción sometida a competencia desigual.

El Gobierno anunció RD$12,000 millones para financiar la pignoración arrocera de 2026-2027. Pero el Decreto 220-25 contempla apoyos a agroindustrias y almacenistas, de modo que recibir fondos públicos no equivale necesariamente a entregar dinero directamente al agricultor.

Productores han denunciado que los subsidios no llegan a sus fincas. Ambas realidades pueden coexistir, el Estado financia la cadena comercial y el pequeño productor no percibe un beneficio suficiente. Por eso es indispensable medir quién realmente recibe los recursos y cuánto llega finalmente a la cosecha.

Las denuncias de exclusión tampoco pueden ignorarse. Agricultores han señalado dificultades para acceder al crédito y a los programas de apoyo, mientras auditorías internas identificaron 56 inobservancias administrativas y financieras en el Ministerio de Agricultura entre 2020 y 2024.

Esos hallazgos por sí solo justifican una investigación rigurosa sobre posibles desvíos de subsidios. Deben publicarse los beneficiarios, los criterios de selección, las solicitudes rechazadas y los resultados obtenidos. La transparencia no termina cuando el dinero sale del presupuesto.

Algo semejante ocurre con los subsidios a fertilizantes, anunciados por más de RD$2,151 millones en 2026 mediante acuerdos con empresas importadoras de insumos. Ese mecanismo puede reducir costos, pero su efectividad debe comprobarse en el precio pagado por el agricultor.

¿Cuánto recibió indirectamente cada productor? ¿Cuáles regiones resultaron beneficiadas? ¿Hubo diferencias entre explotaciones pequeñas y grandes? Sin esas respuestas, las cifras oficiales describen el esfuerzo presupuestario, pero no permiten determinar si la ayuda alcanzó a quienes más la necesitaban.

La seguridad alimentaria tampoco puede confundirse con supermercados abastecidos mediante importaciones. El arroz sostiene agricultores, jornaleros, molinos, transportistas y economías provinciales enteras. Su deterioro afectaría actividades que no pueden sustituirse de inmediato.

Pero proteger indefinidamente una producción costosa también puede perjudicar al consumidor. La política correcta debe reducir costos, mejorar rendimientos y vigilar los márgenes de comercialización para que las importaciones más baratas, cuando existan, beneficien realmente a las familias.

El problema se extiende a las habichuelas, el plátano, la yuca, el ajo, la cebolla y otros alimentos esenciales. Cada cultivo necesita una evaluación propia de productividad, importaciones, rentabilidad y empleo. La reconversión agrícola no puede imponerse a familias que carecen de otras fuentes de ingresos.

Debe ofrecer capacitación, financiamiento, mercados comprobados y alternativas sostenibles. Tampoco basta con exhibir éxitos exportadores en otros productos, una nación puede vender más al exterior mientras conserva vulnerabilidades en los alimentos que consume diariamente.

Las responsabilidades de estos veinte años corresponden a sucesivas administraciones, pero las decisiones actuales también deben someterse a rendición de cuentas. El país necesita una política agrícola con metas, auditorías, distribución transparente de ayudas y defensa comercial jurídicamente sustentada.

El verdadero fracaso no sería importar arroz cuando convenga, sino perder capacidad de producirlo por no haber preparado a quienes lo siembran. Porque una nación que descuida su campo termina comprometiendo parte de su alimentación a decisiones que no controla.

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EDDY PEREYRA ARIZA

El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), implementado por el Ministerio de Educación (MINERD) durante el mandato del presidente Luis Abinader, redefinió la política de movilidad escolar en la República Dominicana.

Aunque concebido inicialmente exclusivamente el sector público, la actual gestión encabezada por el ministro Luis Miguel Miguel De Camps, amplió su alcance hacia la enseñanza privada. Esta decisión, sustentada en rigurosos estudios de campo, reconoció una realidad innegable: la vulnerabilidad económica no es exclusiva del aula pública.

Así, el TRAE ha dejado de ser un simple servicio de traslado para consolidarse como un eje estratégico de inclusión, una columna vertebral de equidad social, con un impacto directo en la economía familiar, la seguridad ciudadana, descongestión vehicular, el acceso equitativo a las aulas y la sostenibilidad ambiental.

En la planificación inicial del TRAE se proyectaba un despliegue de 1,522 unidades de autobuses, pero para responder a la demanda del año escolar 2026-2027 el Ministerio de Educación extendió el servicio incorporando cientos de unidades adicionales que incluyen 50 autobuses adaptados con rampas para estudiantes con discapacidad, lo que reafirma su profundo compromiso social.

Los indicadores reflejan la solidez de su desempeño operativo. De acuerdo con el director del TRAE, ingeniero Luis Felipe Cartagena, el sistema mantiene en servicio activo 1,871 autobuses, incluyendo 300 unidades 100% eléctricas, garantizando el traslado diario de 215,000 a 245,000 estudiantes e integrando a 6,370 escuelas públicas a nivel nacional. Este despliegue no solo ha fortalecido la educación, sino que impulsa el dinamismo económico mediante la creación de más de 5,200 empleos directos, entre choferes, auxiliares y supervisores.

Desde el inicio de sus operaciones, el TRAE acumula más de 72.6 millones de traslados, lo que representa un alivio histórico para la economía popular, estimándose un ahorro global cercano a los RD $21,700 millones para las familias dominicanas.

Sin duda, un proyecto de tal envergadura no está exento de desafíos. El programa aún enfrenta limitaciones logísticas, como las deficiencias en la infraestructura de recarga eléctrica y brechas en la cobertura de rutas específicas; retos que, según el propio Cartagena, se encuentran en vías de solución. A pesar de estas fisuras de crecimiento, el avance del TRAE resulta innegable al consolidar una cobertura verdaderamente nacional que alcanza a las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Los recientes avances del TRAE invitan a soñar con su próxima frontera: la digitalización total de la ruta. Imaginar una aplicación móvil que notifique al estudiante o a sus padres el minuto exacto en que el autobús arribará a su parada no es una utopía lejana, sino el resultado lógico de conectar el vehículo a la nube mediante algoritmos o procedimiento de rastreo en tiempo real.

Lo más valioso de esta propuesta es que ya es posible aplicarla. La flota cuenta con GPS e internet, por lo que la base ya existe. Compartir esa información con los usuarios dará tranquilidad a las familias y posicionará al TRAE como un referente de transporte escolar moderno, situándose a la altura de las ciudades inteligentes.

eddypereyra1000@gmail.com

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