Según la Junta Central Electoral (JCE) en nuestro país existen treinta y cuatro partidos políticos y siete movimientos con personería jurídica.  Los líderes de los partidos usaron como argumento la gran cantidad de organizaciones políticas para rechazar las candidaturas independientes. Por motivo de la crisis mundial, el poder ejecutivo propuso rebajar el 50% de los fondos que reciben. Pero también se niegan a aceptarlo.

Un hecho contraproducente para las intenciones de llegar al poder. Pues, hace muchos años que la sociedad viene rechazando la entrega de fondos públicos para los partidos políticos. Muchos de los cuales obtienen pírricas votaciones y actúan como empresas familiares, sin lograr convertirse en opciones de poder.

Un estudio reciente de Participación Ciudadana sobre la desconfianza de la ciudadanía contra los líderes políticos, encontró que solo un 20.4% de los dominicanos confía en ellos. Una muestra clara y contundente es el resultado de las pasadas elecciones, en que la abstención electoral alcanzó cifras alarmantes que deberían motivarlos a reflexionar sobre la trayectoria, que están recorriendo

Los partidos de Leonel Fernández y Danilo Medina, expresidentes que por veinte años gobernaron el país  apadrinando la corrupción administrativa más devastadora que nos haya azotado y haciendo a sus seguidores de inmensas fortunas y hundiendo en la miseria a las grandes mayorías, hoy salen al frente de un pueblo cansado de tantos engaños para reclamar que no se disminuya la cantidad de fondos públicos, que reciben los partidos.

Pero, dice un refrán popular: lo mucho hasta Dios lo ve.Un buen ejemplo es El Salvador, en una época fue el país más violento de América. Sin embargo, hoy es sinónimo de equidad y convivencia pacífica. Representa la esperanza de los demás pueblos de la región. Los cuales, han sido saqueados por su clase política en complicidad con empresas internacionales, que extraen nuestros recursos naturales.

Un amigo me envió los estatutos del Movimiento Rescate Democrático fundado por el Dr. Roque Espaillat causando en mí, una gran impresión al leer el Artículo 46, que establece lo siguiente: En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el Movimiento Rescate Democrático (MRD) recibirá fondos públicos provenientes de la Junta Central Electoral (JCE) conforme a la ley que rige los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

La aceptación de fondos públicos por parte del movimiento será causa inmediata de disolución de la organización, pudiendo los órganos competentes promover dicha disolución conforme a los presentes estatutos por abandono de los principios, valores y fines esenciales de la organización.

Por un lado, un grupito protesta porque se frena el dispendio de recursos, que son necesarios en otras áreas. Mientras que por otro, uno renuncia a su uso por considerar que no se debe continuar distribuyendo fondos públicos para campañas políticas, en un país donde algunos pobres mueren por falta de medicina.

No obstante, cuando existe un presidente acostumbrado a ceder frente a las presiones, nadie sabe qué esperar, cuando se unen poderes oscuros para luchar en contra de los mejores intereses del pueblo. Cuando una ley puede romper la armonía social, urge su modificación, para adecuarla a los nuevos tiempos.

Eliasrosario7680@gmail.com 

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En República Dominicana, el accionar del gobierno no se mide solo por notas de prensa, acuerdos , campañas , inauguraciones, discursos o fotos. Se mide por algo más concreto: si el Gobierno logra ordenar su equipo, comunicar de forma efectiva, anticipar problemas y hablarle al país con claridad cuando el bolsillo aprieta, el tránsito desespera, la seguridad preocupa y las redes multiplican el ruido. Hoy la gente no está pidiendo magia; está pidiendo dirección y que se le comuniquen las cosas como son.

En muchos países se ha debatido algo esencial: la necesidad de un “centro de gobierno”, una estructura cercana al Presidente que no sustituye a los ministerios, pero sí los alinea. Su trabajo es simple de explicar y difícil de ejecutar: coordinar prioridades, evitar contradicciones, garantizar que las decisiones se implementen y que la comunicación sea coherente.

Cuando ese centro existe y funciona, el Estado se mueve como un cuerpo. Cuando no existe, cada institución actúa como una isla, cada funcionario interpreta por su cuenta, y la ciudadanía termina confundida, irritada o desconfiada.

Traigámoslo a nuestra realidad. Aquí también se siente esa tensión: ¿quién ordena la operación diaria del Gobierno? ¿quién evita que una medida se anuncie mal? ¿quién hace qué lo prometido se cumpla en tiempos razonables? ¿quién pone a trabajar juntas a instituciones que, por naturaleza, tienden a competir o a “cuidar su parcela”?

Si no hay un punto de coordinación fuerte, ocurre lo que el dominicano ya conoce: voces dispersas, mensajes distintos, anuncios que se contradicen, agendas que se pisan y, peor aún, problemas que se hacen grandes por falta de prevención.

El gobierno dominicano necesita tres cosas urgentes: coordinación real, comunicación inteligente y manejo profesional de crisis.

Primero, coordinación real. El Presidente de un país puede tener una visión clara, pero si el gabinete opera como piezas sueltas, esa visión no aterriza. Coordinar no es “reunirse”; coordinar es definir pocas prioridades nacionales cinco, seis, siete y convertirlas en plan: responsables, fechas, presupuesto, indicadores y seguimiento.

Coordinar es que Hacienda, Obras Públicas, Salud, Educación, Energía, Turismo, ayuntamientos y comunicación gubernamental trabajen con un tablero único, sin duplicidades y sin guerra interna. Y coordinar también implica relación política: un Gobierno que no construye acuerdos con Congreso, municipios y sectores sociales se pasa el tiempo apagando fuegos o chocando contra muros.

Segundo, comunicación inteligente. No hablo de propaganda. Hablo de claridad, consistencia y respeto a la inteligencia de la gente. El país está saturado de contenido: rumores, tendencias, titulares incompletos, videos editados, interpretaciones malintencionadas. Si el Gobierno comunica tarde, comunica confuso o comunica diferente según quien tenga el micrófono, pierde lo más caro que puede perder: credibilidad. Y cuando se pierde credibilidad, hasta una medida buena se interpreta como truco.

La comunicación que funciona hoy tiene un formato simple: qué se decidió, por qué, cómo afecta, desde cuándo, quién responde y qué viene después. Un mensaje principal por día vale más que diez explicaciones improvisadas.

Tercero, manejo profesional de crisis. Ya no vivimos en tiempos estables. Una crisis puede venir por factores internacionales, por alzas de precios, por lluvias extremas, por un hecho de seguridad, por un conflicto social o por un video viral que incendia la opinión pública. El punto no es evitar que existan crisis; el punto es tener capacidad instalada para reaccionar rápido y bien.

Cuando el Gobierno no tiene un sistema de crisis, improvisa. Y cuando improvisa, se equivoca dos veces: en la acción y en el mensaje. Aquí la palabra clave es certidumbre. La gente aguanta decisiones difíciles cuando siente que hay un rumbo. Lo que no aguanta es el zigzag.

Reforzamiento

Entonces, ¿qué debería reforzar el gobierno dominicano, en términos prácticos?

1. Crear o fortalecer un centro de coordinación con reglas claras: quién coordina, quién ejecuta, quién comunica y cómo se decide.

2. Unificar la narrativa: no muchas voces desconectadas, sino una línea coherente con datos y próximos pasos.

3. Instalar un sistema de alertas de crisis: identificar temas sensibles (precios, tránsito, seguridad, educación, salud, lluvias) y preparar respuestas y protocolos antes de que el problema explote.

4. Disciplina de seguimiento: lo que se anuncia se monitorea. Si se retrasa, se explica. Si cambia, se justifica. Si se cumple, se evidencia.

Lo esencial es entender esto: no se trata de “concentrar poder por capricho”. Se trata de ordenar el poder para que funcione. Un Presidente sin un centro que coordine termina gobernando a empujones, reaccionando tarde y pagando el costo de la desorganización. Y un país gobernado a empujones se vuelve un país cansado.

El gobierno necesita hoy saber que gobernar no es solo mandar. Gobernar es coordinar, anticipar y comunicar a tiempo. Cuando el Gobierno da certidumbre, el país respira. Y cuando el país respira, produce, se organiza y confía. Esa es la estabilidad verdadera que debe brindar este gobierno y el nuevo que llevaremos al poder a partir del 2028

jpm-am

San Juan habló.

El Presidente entendió.

Ahora el Estado debe actuar.

El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.

San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.

En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.

El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.

Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.

La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.

En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.

El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.

Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.

La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.

San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.

A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.

En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.

Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.

República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.

Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.

En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.

En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.

San Juan habló.

El Presidente entendió.

La Constitución manda.

El pueblo debe vigilar.

Agua sí, oro no.

Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.

POR E. MARGARITA EVE

En la República Dominicana no solo están aumentando los feminicidios. También está creciendo una generación marcada por el miedo, la violencia y el trauma. Detrás de cada mujer asesinada queda una profunda estela de dolor familiar, descomposición social y niños emocionalmente heridos que pocas veces reciben la atención necesaria.

Durante el primer trimestre de 2026, la República Dominicana registró 22 feminicidios, según informes de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género. Organizaciones sociales y entidades oficiales advierten además un aumento preocupante respecto al mismo período del año anterior. La situación evidencia que el problema sigue lejos de ser controlado.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó que en 2023 al menos 3,897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en la región. Esto equivale a más de 11 asesinatos diarios por razones de género. La República Dominicana figura entre los países con tasas más preocupantes del Caribe y América Latina.

Las estadísticas muestran que el feminicidio rara vez ocurre de manera repentina. En la mayoría de los casos existían antecedentes de amenazas, violencia física y control psicológico. Muchas víctimas incluso habían presentado denuncias previas. Sin embargo, las medidas de protección no lograron evitar el fatal desenlace.

En muchos casos, los agresores habían sido denunciados previamente

sin que las víctimas recibieran protección efectiva. A esta realidad se suma una cultura machista todavía arraigada en amplios sectores de la sociedad dominicana. Persisten patrones donde los celos y el control sobre la mujer son vistos como conductas “normales”.

Cada vez es más frecuente observar feminicidios en parejas jóvenes de la República Dominicana como si ciertas conductas agresivas comenzaran a normalizarse. En muchas escuelas públicas ya se reportan situaciones preocupantes entre niños de apenas nueve y diez años. Especialistas advierten que la violencia aprendida durante la niñez suele reproducirse posteriormente en relaciones adultas.

En algunos casos, la respuesta inmediata ante el rechazo es un empujón, una bofetada o incluso un puñetazo. Estas conductas reflejan patrones de intolerancia y necesidad de control que más adelante pueden transformarse en violencia de género. La falta de educación emocional y orientación familiar continúa agravando un problema que ya comienza a manifestarse desde la infancia.

Sin embargo, las víctimas no son únicamente las mujeres asesinadas. Miles de niños y adolescentes quedan marcados por estos crímenes. Algunos pierden a su madre y también a su padre, encarcelado o suicidado tras cometer el asesinato. Otros presencian directamente la tragedia y quedan atrapados en secuelas emocionales de por vida.

Hace algunos meses abordamos en el artículo ‘Los huérfanos que RD sigue ignorando⁠’ el impacto devastador que estos crímenes dejan sobre los hijos de las víctimas. Una dimensión del feminicidio que continúa recibiendo escasa atención pública. Muchos de esos menores enfrentan ansiedad, depresión y abandono escolar.

A estas secuelas se suma, en numerosos casos, la violencia hacia otros niños. Especialistas advierten que muchos menores expuestos a feminicidios o violencia intrafamiliar desarrollan conductas agresivas. Esto ocurre como reflejo del trauma, el miedo y la violencia aprendida dentro de sus propios hogares. El feminicidio no termina con la muerte de la mujer.

El trauma que deja el feminicidio puede ser tan profundo que algunos niños terminan repitiendo expresiones estremecedoras sobre las mujeres, como reflejo directo de la violencia vivida dentro de sus propios hogares.

La República Dominicana necesita pasar de las reacciones momentáneas a políticas preventivas permanentes. Se requiere educación emocional desde las escuelas, protección efectiva para víctimas en riesgo y mayor orientación emocional y familiar para menores afectados. El feminicidio no solo mata mujeres; también puede destruir emocionalmente el futuro de un país.

emargaritaeve@gmail.com

JPM