POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Una denuncia no es el final de un trámite. Es el comienzo de una obligación pública. Cuando una persona acude a las autoridades después de sufrir un delito, necesita que se valore el riesgo, se investigue el hecho, se proteja su integridad y se le informe qué ocurre con su caso.

La seguridad ciudadana suele medirse mediante cifras de homicidios, robos, operativos y detenciones. Son indicadores necesarios, pero describen dimensiones distintas. La disminución de la tasa de homicidios constituye un avance que debe reconocerse. La tasa definitiva de homicidios de 2025 fue de 8.7 por cada 100,000 habitantes, correspondiente a 951 homicidios intencionales.

Para 2026, la Policía comunicó una tasa acumulada de 7.23 al 23 de octubre. Este último dato es parcial y no debe compararse como si fuera el cierre anual de 2025.

Reconocer ese progreso no significa considerar resuelto el problema. La tasa de homicidios no informa cuántas víctimas de otros delitos denunciaron, cuánto tardó la respuesta, cuántos casos fueron investigados ni cuántas personas recibieron protección. Tampoco permite saber si una víctima pudo continuar su vida sin quedar expuesta a nuevas amenazas.

La experiencia de denunciar merece atención propia. La ENHOGAR 2022 de la Oficina Nacional de Estadística encontró que, entre 881 personas de 15 años o más que denunciaron ante la Policía u otra autoridad competente el último robo con violencia del que fueron víctimas, el 39.8 % declaró estar insatisfecha con el manejo de la denuncia y el 39.0 % muy insatisfecha. En conjunto, el 78.8 % expresó insatisfacción.

Es un dato histórico, limitado a quienes denunciaron ese tipo de hecho y respondieron sobre su satisfacción. No representa a todas las víctimas ni a todos los delitos, pero plantea una pregunta que las estadísticas de criminalidad no responden: ¿qué sucede después de denunciar?

La respuesta exige seguir cada caso. La Policía Nacional recibe denuncias y realiza labores de prevención e investigación. La Dirección Central de Investigación (DICRIM) desarrolla actuaciones especializadas de investigación policial, bajo la dirección legal del Ministerio Público, al que corresponde dirigir la investigación penal.

Lo que debe poder verificarse es cómo se conectan esas funciones: quién recibe el hecho, quién evalúa el riesgo, a qué unidad se asigna, qué diligencias se realizan, cuándo interviene el fiscal y qué información recibe la víctima.

El informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), correspondiente a enero-septiembre de 2026, registró 40,589 denuncias como «resueltas», equivalentes al 91.4 % de la meta programada de 44,400. Son cifras preliminares, imputadas al 30 de septiembre y registradas al 15 de octubre.

La tabla identifica el producto como «Ciudadanos querellantes reciben atención policial» y la unidad de medida como «Cantidad de denuncias resueltas», pero no presenta allí la definición operativa del indicador. Por tanto, la cifra no demuestra que 40,589 delitos fueran esclarecidos, que sus responsables fueran identificados o que las víctimas quedaran protegidas. Para evaluar el resultado se necesita conocer la definición, el universo contabilizado y la trayectoria posterior de esos casos.

El país cuenta con una arquitectura de coordinación que incluye el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado mediante el Decreto 645-21, y mecanismos operativos interinstitucionales. El decreto no se limita a establecer una estructura: contempla funciones de coordinación, supervisión, seguimiento y evaluación de las políticas y planes, así como obligaciones de rendición de cuentas.

Su existencia formal acredita un marco de organización; no demuestra, por sí sola, que los acuerdos se ejecuten ni que produzcan resultados. La pregunta es si cada función tiene un responsable identificable, recursos, autoridad, plazo y evaluación.

Por eso, el Estado debe publicar indicadores que permitan seguir los casos sin revelar datos personales: denuncias recibidas; investigaciones iniciadas y concluidas; tiempos entre denuncia, asignación y primera diligencia; casos remitidos al Ministerio Público; acusaciones y decisiones judiciales; medidas de protección solicitadas y otorgadas; y mecanismos de información y atención a las víctimas.

Esos indicadores deben permitir seguir cohortes de denuncias, mediante datos anonimizados a través de las distintas etapas, con denominadores compatibles y criterios uniformes de registro. Cada cifra debe identificar período, territorio, tipo de delito, unidad de conteo y metodología.

La Policía Nacional debe rendir cuentas sobre recepción, respuesta, prevención e investigación policial; el Ministerio Público, sobre la dirección de la investigación y las decisiones procesales; y el Poder Judicial, sobre la duración y los resultados de los procesos. El Ministerio de Interior y Policía debe explicar cómo coordina el sistema y supervisa los compromisos. Los ayuntamientos, dentro de sus competencias, deben informar sobre las acciones preventivas territoriales que ejecutan y sus resultados. Coordinar no puede significar que la responsabilidad se diluya.

La prevención sigue siendo indispensable: responder después del delito no sustituye la obligación de reducir los riesgos antes de que ocurra. Tampoco basta con patrullar más, celebrar reuniones o registrar denuncias. Hay que saber si las intervenciones reducen la victimización, si la investigación produce evidencia útil y si las víctimas reciben protección oportuna. El presupuesto ejecutado y los operativos realizados son indicadores de gestión, no pruebas automáticas de impacto.

La seguridad se debilita cuando denunciar se convierte en una gestión sin respuesta, cuando la persona debe perseguir información o cuando teme que colaborar la deje más expuesta. No afirmamos que esto ocurra en todos los casos. Sostenemos algo más preciso: los indicadores públicos examinados no permiten reconstruir de manera integrada el recorrido de la víctima desde la denuncia hasta la investigación, la protección y el resultado judicial.

Una República segura no se limita a reducir homicidios. También garantiza que, cuando alguien denuncia una agresión, la autoridad competente actúe, explique, proteja y responda por el curso del caso. La denuncia no debe ser el punto en que termina la atención del Estado. Debe ser el punto en que comienza a hacerse verificable.

jpm-am

El denominado «chantaje mediático» o «sicariato de la información» se ha consolidado en la República Dominicana como una práctica paralela y altamente lucrativa que desvirtúa el ejercicio del periodismo Esta modalidad, atribuida a comunicadores empíricos, plataformas digitales y generadores de contenido, utiliza la difamación, las amenazas y la presión pública para extorsionar a empresarios, funcionarios y dirigentes políticos a cambio de beneficios económicos, contratos o colocaciones publicitarias

MECÁNICA DE LA «EMPRESA DEL CHANTAJE»

Este fenómeno puede operar bajo una estructura organizada de extorsión, mediante mecanismos como los siguientes

• Fabricación de campañas: Se difunden acusaciones sin fundamento, rumores o ataques sistemáticos contra la reputación de personas e instituciones
• Oferta de contención: Después de iniciar el asedio digital, radiofónico o mediático, los responsables presentan propuestas económicas o contratos de asesoría y publicidad como supuesta condición para detener los ataques
• Usurpación de funciones: El auge de las redes sociales y de los programas independientes ha facilitado la aparición de actores sin formación periodística ni compromiso con los principios éticos de la profesión, algunos de los cuales utilizan su exposición pública para ejercer presiones ilegítimas

IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA DEMOCRACIA

Esta práctica representa una amenaza para distintos sectores de la sociedad dominicana y afecta tanto la actividad económica como la credibilidad de los medios de comunicación

1. Inseguridad jurídica y económica: Sectores productivos, como el desarrollo hotelero e inmobiliario en polos turísticos, particularmente Punta Cana y Bávaro, pueden verse afectados por campañas de descrédito dirigidas a presionar a empresarios o condicionar sus decisiones comerciales

2. Erosión de la credibilidad periodística: Cuando los micrófonos, las publicaciones y los algoritmos de las plataformas digitales se convierten en instrumentos de negociación privada, se deteriora la confianza ciudadana en los medios que ejercen una labor legítima de fiscalización social, sustentada en hechos verificables

3. Daño reputacional permanente: Aunque las tendencias en las redes sociales suelen ser pasajeras, las campañas de descrédito pueden ocasionar perjuicios duraderos a la honra, la imagen y los intereses económicos de personas y empresas

Combatir este fenómeno no significa promover la censura ni silenciar las voces críticas Por el contrario, supone fortalecer la institucionalidad, garantizar la libertad de expresión y aplicar el marco legal correspondiente cuando existan pruebas de difamación, injuria, amenazas o extorsión

MEDIDAS PARA COMBATIR EL CHANTAJE MEDIÁTICO

La lucha contra el denominado periodismo de chantaje requiere una estrategia integral que combine reformas legales, persecución penal de la extorsión, transparencia en la publicidad oficial, autorregulación profesional y educación ciudadana

1. FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y LA ACCIÓN JUDICIAL

La respuesta judicial debe distinguir claramente entre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y las conductas delictivas cometidas bajo la apariencia de actividad periodística

• Actualización de la legislación: Revisar la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, para adecuarla a las nuevas realidades de la comunicación digital, sin establecer restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de prensa
• Persecución de la extorsión: Aplicar las disposiciones penales correspondientes cuando se compruebe que una persona solicita dinero, contratos o publicidad a cambio de no divulgar informaciones o retirar publicaciones
• Investigaciones especializadas: Fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de los organismos de investigación de delitos tecnológicos para identificar amenazas, campañas coordinadas y posibles operaciones de extorsión digital

2. TRANSPARENCIA EN LA PUBLICIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

El componente económico constituye uno de los aspectos que deben abordarse para reducir los incentivos de estas prácticas

• Depuración de la publicidad estatal: El Gobierno debe establecer criterios transparentes y verificables para distribuir la publicidad oficial, tomando en cuenta el alcance, la audiencia, la transparencia y la responsabilidad de los medios, sin utilizar estos criterios como mecanismos de represalia contra las voces críticas
• Responsabilidad empresarial: Las empresas privadas deben evitar acuerdos económicos destinados a comprar silencios o detener amenazas Cuando sean víctimas de extorsión, deben acudir a las autoridades y documentar las pruebas correspondientes

3. FORTALECIMIENTO DE LOS GREMIOS PERIODÍSTICOS

Las organizaciones profesionales tienen una responsabilidad importante en la defensa de la ética y la credibilidad del periodismo

• Aplicación de los códigos de ética: El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) deben promover mecanismos de evaluación, orientación y disciplina, respetando los procedimientos y las garantías correspondientes
• Identificación profesional: Impulsar mecanismos voluntarios y transparentes de acreditación que permitan a la ciudadanía reconocer a los profesionales y medios comprometidos con las buenas prácticas periodísticas, sin convertir la colegiación en una condición para ejercer la libertad de expresión

4. EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LAS AUDIENCIAS

La ciudadanía también desempeña un papel fundamental en la prevención de estas prácticas

• Alfabetización mediática: Promover la capacidad de verificar fuentes, contrastar informaciones y desconfiar de contenidos escandalosos que no presenten evidencias
• Denuncia de abusos digitales: Incentivar el reporte de cuentas y publicaciones que incurran en amenazas, acoso, extorsión o violaciones de las normas de las plataformas digitales, mediante los procedimientos establecidos

DIFERENCIAR LA CRÍTICA PERIODÍSTICA DE LA EXTORSIÓN

Para combatir eficazmente el chantaje mediático en la República Dominicana, sin caer en la censura previa ni en el silenciamiento de la prensa libre, es necesario establecer una clara diferenciación entre la crítica periodística legítima y la extorsión disfrazada de actividad informativa

1. DESPENALIZACIÓN DE LOS DELITOS DE OPINIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA VÍA CIVIL

La legislación dominicana sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento debe adecuarse a los estándares constitucionales y democráticos actuales Las sanciones por difamación e injuria no deben convertirse en instrumentos para intimidar a periodistas, investigadores o ciudadanos que cuestionan las actuaciones de quienes ejercen funciones públicas

En ese sentido, se plantean dos medidas fundamentales

• Evitar las penas de prisión por delitos de opinión: La respuesta legal debe impedir que las disposiciones sobre difamación e injuria se utilicen para establecer mecanismos de intimidación contra la prensa y el debate democrático
• Establecer responsabilidades civiles proporcionales: Las indemnizaciones deben guardar relación con el daño efectivamente demostrado, evitando tanto la impunidad como las sanciones económicas desproporcionadas que puedan provocar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión

2. TIPIFICACIÓN PRECISA DE LA EXTORSIÓN MEDIÁTICA EN EL CÓDIGO PENAL

Para enfrentar a quienes utilizan la comunicación como instrumento de chantaje, el sistema judicial debe concentrarse en la conducta extorsiva y no en el contenido de las denuncias o publicaciones

• El componente económico: La publicación de una denuncia, una investigación o una información de interés público no debe confundirse con un acto de extorsión Lo que debe investigarse es la exigencia de dinero, contratos o publicidad a cambio de retirar una publicación, detener ataques o abstenerse de divulgar determinada información
• La comprobación de las amenazas: Cuando existan pruebas de que se condicionó la divulgación o eliminación de información a la entrega de un beneficio económico, las autoridades deben investigar los hechos conforme a las disposiciones penales sobre extorsión y aplicar las sanciones correspondientes

UN COMPROMISO CON LA ÉTICA Y LA LIBERTAD DE PRENSA

El periodismo tiene como misión informar, investigar, fiscalizar al poder y servir a la sociedad No puede convertirse en un instrumento de intimidación, extorsión o enriquecimiento ilícito

La defensa de la libertad de prensa también implica defender la responsabilidad de quienes ejercen la comunicación La credibilidad de los medios depende de la veracidad de sus informaciones, la independencia de sus periodistas y el respeto a la dignidad de las personas

La República Dominicana necesita un periodismo libre, crítico, independiente y responsable, capaz de denunciar los abusos del poder y de los sectores privados, pero también de rechazar las prácticas que convierten la información en un negocio de chantaje

La libertad de expresión es un derecho fundamental; la extorsión, bajo cualquier disfraz, no puede ampararse en ella.