El respeto a los  derechos  humanos no es negociable. A toda persona  se le debe salvaguardar su integridad física y  su libertad de pensamiento. El cercenamiento de una vida en una acción extrajudicial es inaceptable.

En la República Dominicana hay hoy plenas libertades públicas, no existen los presos políticos, y el escenario está enmarcado en la detención de los que violan las leyes. Difícil determinar si hay defensa personal o institucional, o sencillamente se aplica el llamado intercambio de disparos.

De las muertes la única información que se puede esclarecer del caso parte de la policía, que siempre lo estima un intercambio a tiros, y los familiares que  dicen que se cometió una injusticia y que no existían razones para la muerte de su allegado.

En el país no está contemplada la pena de muerte, por lo que ninguna institución puede proclamarla, sin importar de qué se disfrace la estadística. Sin pena de muerte en el código penal y la Constitución, cualquier violación es inaceptable.

Cada persona que muere en un hecho de enfrentamiento entre delincuente y policía,  se debe hacer una investigación a fondo. Es hora de crear los fiscales independientes, que tengan por visión investigar uno a uno el expediente de las víctimas de la limpieza social de la policía.

Fiscal

El fiscal independiente tendría la oportunidad de hablar con cada uno de los policías que se vean envueltos en el intercambio de disparos, y esclarecer si hubo exceso de la fuerza.

Ese fiscal no  debe ser miembro ni allegado a la policía, sino que esté investido de independencia de trabajo y su papel sería esclarecer hechos que no deben quedar en dudas.

Sin embargo, no se puede echar toda la culpa sobre los hombros de la policía. Se supone que tiene hombres sumamente capacitados en la defensa personal y en cómo actuar en operativos para detener a violadores de la leyes.

La policía tiene que defenderse si un antisocial le hace frente. Allí depende actuar de acuerdo al poder de fuego  que está enfrentando. No  se le puede atar las manos a la policía. Tampoco convertir la fuerza bruta en la primera opción.

La policía con su accionar no viola los derechos humanos, porque primero habría que desmontar que se actuó en un intercambio de disparos, con fuerza bruta excesiva. Hay que crear el mecanismo  legal para esclarecer  todas las muertes extrajudiciales, y si en el caso  amerita aplicar las sanciones de rigor.

La limpieza social es una necesidad, aún y en ocasiones se utilice la fuerza desmedida. Debe haber control institucional, pero la delincuencia tiene que ser combatida sin cuartel. La paz y la tranquilidad conllevan orden y sacrificios.

En toda democracia madura, el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes debe ir acompañado del derecho a conocer si quienes aspiran a dirigir el Estado cuentan con las condiciones físicas y mentales necesarias para ejercer el cargo. En la República Dominicana, este debate cobra cada vez mayor relevancia ante la realidad de líderes políticos de avanzada edad que, por diversas razones, no se someten voluntariamente al escrutinio médico público.

La Presidencia de la República no es un puesto simbólico. Implica jornadas extensas, toma de decisiones bajo presión, manejo de crisis nacionales e internacionales y una carga emocional considerable. Por ello, resulta razonable plantear que la evaluación integral de salud —física y cognitiva— sea considerada una condición sine qua non para quienes aspiran a ocupar la primera magistratura del Estado.

No se trata de discriminar por edad ni de vulnerar la dignidad personal de ningún dirigente. La edad cronológica, por sí sola, no determina la capacidad de gobernar. Existen líderes longevos con plena lucidez y energía, así como figuras más jóvenes con limitaciones importantes. El punto central es la transparencia frente al electorado.

En democracias consolidadas, la salud de los jefes de Estado ha sido históricamente un asunto de interés público. La razón es simple: la estabilidad institucional puede verse comprometida si un gobernante carece de las condiciones médicas para cumplir sus funciones o si su estado se oculta hasta convertirse en una crisis de gobernabilidad.

La población dominicana merece certezas, no especulaciones

Un protocolo formal de evaluación médica para aspirantes presidenciales —realizado por juntas médicas independientes y con criterios técnicos claros— contribuiría a elevar la confianza pública y a fortalecer la institucionalidad democrática. Este proceso debería incluir, como mínimo, exámenes físicos generales, evaluación cardiovascular, pruebas neurológicas y valoración cognitiva.

Naturalmente, cualquier iniciativa en esta dirección debe equilibrar dos principios fundamentales: el derecho a la privacidad del candidato y el derecho colectivo a la información relevante sobre quien podría dirigir los destinos nacionales. La clave está en definir qué aspectos de salud son de interés público y cuáles pertenecen estrictamente al ámbito privado.

También es importante evitar la instrumentalización política de la salud. La evaluación no puede convertirse en un arma de descrédito entre adversarios ni en un mecanismo de exclusión arbitraria. Debe ser un proceso técnico, uniforme y obligatorio para todos los aspirantes que cumplan los requisitos constitucionales para competir.

Más que una medida contra individuos específicos, esta propuesta apunta a fortalecer la calidad de nuestra democracia. La confianza en el liderazgo político se construye con transparencia, reglas claras y respeto institucional.

Si la República Dominicana aspira a seguir consolidando su sistema democrático, la discusión sobre la evaluación física y mental de los candidatos presidenciales ya no puede postergarse. La salud de quien gobierna no es un asunto menor: es una variable estratégica para la estabilidad del Estado y para la tranquilidad de la nación.

Convertir esta evaluación en un requisito formal no debe verse como una barrera, sino como una garantía de responsabilidad pública. Porque al final, gobernar un país exige no solo voluntad política y experiencia, sino también la capacidad plena —física y mental— para ejercer el poder con eficacia y equilibrio.

jpm-am

Hay nombres que no necesitan estatuas porque viven en las aulas. Patria Mella Del Monte es uno de ellos.

En el Centro Educativo que lleva su denominación, ubicado en Santo Domingo Este, un grupo de estudiantes se sentó hace unos días no a escuchar una clase más, sino a reencontrarse con su propia raíz.

El encuentro fue organizado por la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. -FundoVida-, esa trinchera comunitaria que lleva años haciendo lo que muchos olvidan: estimular la lectura y enseñar historia contando vidas.

Frente a los alumnos del plantel, como quien abre un libro viejo con respeto, hablamos de la insigne educadora Patria.

No como una efeméride, sino como lo que fue: una mujer extraordinaria que entendió antes que todas que educar era un acto de rebeldía.

Patria Mella Del Monte no fue sólo una directora eficiente y recta, gremialista comprometida y regidora eficiente como dicen los documentos oficiales.

Encarna a una auténtica forjadora de conciencia social en un país donde ser mujer y ser maestra inducía sospechas.

Simboliza una genuina pionera del gremialismo magisterial cuando organizar a los maestros era desafiar al poder, y precursora del feminismo cuando reclamar derechos para la mujer era casi una herejía.

En la convivencia educativa los estudiantes recibieron un folleto. No era un panfleto frío. Era un espejo.

Allí estaban sus reconocimientos, sí, pero también sus noches, sus traslados, su manera inflexible de entender que una escuela no es un edificio, es un compromiso moral.

Recordamos que algunas de sus pertenencias aún se conservan, con pudor y orgullo, en la dirección del centro que hoy lleva su nombre, bajo la vigilancia estricta de un director responsable y un equipo de educadores con una vocación de servicio extraordinaria.

Todo da la sensación de reliquias laicas, con la impresión de ser un recordatorio testimonio de que la grandeza no siempre hace ruido.

Con palabras llanas, contamos también lo más doloroso y lo más hermoso: que su cuerpo descansa en una tumba sencilla, sin mármoles excesivos, en el Cementerio Nacional de la avenida Máximo Gómez.

Hablamos de una morada eterna modesta, como vivió. Grande, como lo que dejó.

Porque hay sepulcros que son más elocuentes que muchos mausoleos.

Y entonces, ocurrió lo que FundoVida siempre busca: los muchachos preguntaron. Interrumpieron. Dudaron y discutieron.

No fueron espectadores. Pasaron a ser los protagonistas.

Porque cuando se les habla de verdad, los jóvenes responden con interés, autenticidad y certeza.

Al final, hicimos lo que hacía la maestra Patria Mella Del Monte: Compartir.

Repartimos ejemplares de la Constitución Dominicana —esa que ella habría querido que cada alumno llevara en el bolsillo y el alma como un catecismo cívico— y que será analizada en un próximo encuentro.

Luego, repartimos unos bizcochitos y disfrutamos de un suculento refrigerio, porque toda jornada del pensamiento debe terminar también en convivencia.

Finalmente, salimos del Centro Educativo Patria Mella con una certeza: mientras exista una escuela que preserve una libreta vieja de su directora, mientras haya una fundación que lleve un folleto a un barrio, y mientras sobresalga un estudiante que pregunte quién fue esa mujer del retrato en la dirección, Patria Mella Del Monte seguirá enseñando.

No ha muerto. Está dando clases todavía…

jpm-am

Por Edwin De La Cruz

La defensa del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS) significa proteger un mecanismo de seguridad social destinado a miles de hombres que, con su esfuerzo físico, levantan las edificaciones y las infraestructuras que impulsan el desarrollo de la República Dominicana.

En ese sentido, la posición asumida por la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (FENTICOMMC), presidida por Pedro Julio Alcántara, y el respaldo del movimiento sindical, incluida la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), constituyen una señal importante frente a las iniciativas que pretenden transformar o eliminar este fondo.

La participación de Rafael “Pepe” Abreu, presidente de la CNUS, reviste especial importancia en una discusión que compromete derechos laborales y conquistas sociales. La defensa de los trabajadores no puede limitarse a reivindicaciones salariales; también debe promover mecanismos que les permitan enfrentar la vejez, las enfermedades y las dificultades económicas después de una vida dedicada al trabajo.

Creado mediante la Ley núm. 6-86, del 4 de marzo de 1986, el FOPETCONS nació para responder a la desprotección de un sector caracterizado por la movilidad laboral, la contratación temporal y la ausencia frecuente de ingresos estables. Su misión es garantizar pensiones, jubilaciones y servicios sociales a los trabajadores de la construcción y sus afines.

La importancia del fondo se evidencia en los servicios que ofrece, pese a sus limitaciones de recursos. Un ejemplo es el Centro de Especialidades y Geriatría Eduardo Alexi, ubicado en Santo Domingo Este y construido y equipado con recursos propios de la institución.

Esta instalación brinda atención médica especializada a trabajadores de la construcción y al público en general, y representa una contribución concreta al bienestar de quienes necesitan asistencia sanitaria, especialmente durante la vejez.

Este aporte demuestra que el FOPETCONS no se limita a administrar recursos, sino que también los convierte en servicios que responden a necesidades humanas reales. Por ello, antes de plantear su desaparición, corresponde evaluar cómo ampliar su cobertura, mejorar su eficiencia y garantizar su sostenibilidad.

En ese proceso, el diálogo entre las organizaciones sindicales, el empresariado y las autoridades debe desarrollarse con respeto a la ley y con la participación efectiva de los representantes de los trabajadores.

La República Dominicana necesita instituciones que garanticen que quienes construyen el país también puedan disfrutar de una vejez digna. El FOPETCONS tiene desafíos, pero la respuesta debe ser su modernización, la transparencia y el fortalecimiento de su capacidad de servicio.

Antes que discutir cómo eliminarlo, debemos preguntarnos cómo fortalecerlo para que proteja a más trabajadores y les garantice mayores oportunidades de bienestar. Defender el FOPETCONS es defender el derecho de quienes han dedicado su vida a construir el país a vivir con dignidad.

jpm-am 

Irónicamente el Ministerio de Educación es la única entidad enfocada en pelear con sus empleados y los empleados enfocados en pelear con quien les paga.

No obstante, ese hecho, es menester hacer algunas precisiones.

El Ministerio de Educación trimestralmente envía dinero a cada Centro Educativo, las denominadas transferencias. Ese dinero es por cada estudiante, para la operatividad del centro de enseñanza. Para la compra de papel de baño, insumos del centro, lápices, lapiceros, abanicos, toallas sanitarias para las niñas, reparación de daños menores del centro, por ejemplo una puerta que se dañó, un aire acondicionado que haga falta, mantenimiento de la jardinería, reparación de un baño en mal estado, etc…..

Podemos notar que todo esto corre a cuenta de los centros educativos, pues se les suministra recursos para eso. Sin embargo, también notamos que constantemente se hacen paralizaciones de docencia a los fines de reclamar eso que cité mas arriba.

Tanto la ADP como las autoridades educativas saben que ese dinero por lo común se va por el caño de la corrupción.

Los que han leído mi columna saben que soy docente de mas de 15 años en el sistema público y siempre he manifestado mi rechazo a la paralización de docencia por cuestiones tan simple como que un baño no tenga agua o una escuela, en estética esté en mal estado, cuando eso corresponde al centro mismo con los fondos que llegan al plantel.

Entiendo que el ministerio debería nombrar una personal para que se dedique exclusivamente a esa tarea, preferiblemente un contable, al menos uno por cada 5 centros educativos.

De hecho, si el Ministerio y la ADP indagaran más en eso que explico, encontrarán casos de corrupción muy graves, todo en detrimento de la educación y sus recursos.