La nueva normativa penal sustantiva establece que una de las formas de participar en la comisión u omisión de una conducta delictual (infracción) es a través de la inducción para incidir a que otro realice algo.

El artículo 3 del código penal (ley 74-25) describe que es autor quien comete el hecho u omisión punible por si solo o conjunto con otras personas y agrega, esta regla penal que es también autor quien induzca directamente a otra persona a perpetuar la infracción o ayude a su ejecución.

Para el diccionario de la lengua española la palabra induzca es sinónimo de inducir y se define cuando una persona decide mover a alguien a algo o darle motivo para ello. Induzca es sinónimo de incitar, instigar, mover, empujar, impulsar, animar, exhortar, persuadir, convencer, estimular, excitar y requerir.

Es decir, que el periodista o cualquier persona que a través de su poder social e influencia promueve, incita y pide al jefe de la policía que mate o asesine a supuestos delincuentes o personas en aparente conflicto con la ley penal, es autor de dicha muerte. Y no solo es autor del hecho penal concretizado, sino que ese periodista viola la ética o deontología que les rige y debe ser perseguido por instigador por la muerte provocada por su llamado.

En el caso de una persona particular también es pasible de ser perseguido por su incitación y rebela no solamente una violación al artículo 3 del código penal sino una trasgresión constitucional en su artículo 75.  Los ciudadanos no solo tienen derechos, también tienen deberes constitucionales, éticos y morales.

La persona que pide, instiga, estimula, promueve públicamente que se mate a otro realiza un quebrantamiento a los deberes constitucionales, pues, la Constitución establece en el artículo 75 que todos los ciudadanos deben acatar y cumplir con el orden jurídico, respetar las leyes y la Constitución, así como velar por el fortalecimiento de la democracia. Proclamar que se mate a otro debilita el Estado de Derecho Constitucional y por ende a los valores democráticos y republícanos.

Para la doctrina comparada la autoría en derecho penal puede ser de dos formas, autor inmediato o directo, cuando el autor es el único que ejecuta la acción directamente y por sí mismo, teniendo dominio del hecho y la autoría medita o indirecta, en la cual el autor del delito, pese a tener el dominio del hecho compartido, no ejecuta directa y personalmente la conducta punible, sino que usa a otra persona de instrumento para cometer la infracción.

Este autor mediato es considerado autor del delito responsable del mismo, articulo 3 párrafo 1 del CP: “es también autor quien induzca a otra persona a perpetra la infracción…”, otras legislaciones le asignan la categoría de coautor. Nuestra nueva normativa penal prefiere denominarle autor.

Los periodistas

Los periodistas que utilizan su poder e influencia para instigar al director de la Policía Nacional a que mate a supuestos delincuentes conforme a nuestro código penal son autores de dicha muerte.

Son instigadores y unos irresponsables que utilizan sus influencias para motivar y apoyar a la fuerza policial a que mate a quien la justicia no ha establecido que es un delincuente. Ellos contribuyen a que se instaure la pena de muerte de hecho o de facto.

Esos comunicadores irresponsables que llaman a matar a otro violan la ética periodística, violan la Constitución y buscan aplausos de una colectividad que ignora que estimular a matar es una infracción penal.

 

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Latinobarómetro es un reconocido estudio de opinión pública que se realiza anualmente en 18 países de América Latina por la Corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile, fundada y dirigida por la destacada especialista Marta Lagos.

Sus encuestas constituyen una herramienta fundamental para conocer, entre otros aspectos, el respaldo ciudadano a la democracia frente a opciones autoritarias o populistas. Sus indicadores permiten examinar la satisfacción con los gobiernos, la confianza en instituciones como el Congreso, los partidos políticos y la Policía, así como la creciente indiferencia ante la naturaleza del régimen político.

Los resultados de Latinobarómetro 2026, dados a conocer el pasado 2 de octubre, ofrecen importantes lecciones sobre el estado de la democracia latinoamericana. En el caso particular de República Dominicana, permiten extraer conclusiones políticas especialmente relevantes acerca de las percepciones y preocupaciones de la ciudadanía.

Considero que el hallazgo más inquietante, y el que merece mayor atención, es la disposición a aceptar alternativas no democráticas. El 61% de los dominicanos afirma que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si resolviera los problemas nacionales, nueve puntos por encima del promedio latinoamericano. Además, el respaldo a la democracia se situó en 47%, ocho puntos porcentuales menos que en 2024, mientras el 69% considera que «un poco de mano dura no viene mal».

Esto no significa que el 61% de los dominicanos desee una dictadura. Revela algo distinto, pero igualmente preocupante: para una proporción considerable de la población, la eficacia gubernamental podría terminar pesando más que el carácter democrático del régimen.

Tampoco permiten estos resultados concluir que República Dominicana se encamine inevitablemente hacia el autoritarismo. De hecho, el 70% continúa considerando indispensables las elecciones. Sin embargo, ponen de manifiesto una tensión entre el reconocimiento de los procedimientos democráticos y la exigencia de soluciones concretas a los problemas cotidianos.

Desconfianza

Hay más. Otros indicadores evidencian la magnitud de la desconfianza institucional: apenas el 35% expresa confianza en el presidente de la República; el 30%, en el Congreso; el 28%, en el Gobierno y el Poder Judicial; el 24%, en la Policía Nacional; el 44%, en la institución electoral, y solamente el 20%, en los partidos políticos.

Estos porcentajes describen un problema que trasciende la valoración de un presidente o una administración. La desconfianza alcanza a las instituciones encargadas de organizar, representar y ejercer el poder político. No está concentrada en una sola entidad: comprende al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a las organizaciones partidarias.

Esta situación exige examinar no solo la actuación de quienes gobiernan, sino también la responsabilidad de quienes ejercen la oposición y de quienes administran las instituciones públicas democráticas del país.

Esta interpretación se refuerza con otros resultados: el 68% de los dominicanos no se siente representado por el Congreso; el 76% desconfía de que los impuestos sean utilizados correctamente, y apenas el 30% considera que el país avanza en la dirección adecuada.

En conjunto, estas respuestas sugieren una distancia considerable entre las expectativas ciudadanas y la capacidad que la población atribuye a las instituciones para atenderlas y satisfacerlas.

Que el apoyo a la democracia como régimen preferible haya descendido por debajo del 50%; que el 61% acepte hipotéticamente un gobierno no democrático si resuelve los problemas; que el 69% favorezca cierta «mano dura»; que el 68% no se sienta representado por el Congreso; que el 76% desconfíe del destino de sus impuestos; que el 81% perciba un gran poder del crimen organizado, y que apenas el 30% crea que el país marcha en la dirección correcta constituyen señales que merecen una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad democrática.

¿Cuál es, entonces, el mensaje de Latinobarómetro 2026?

La ciudadanía dominicana está expresando una desconfianza que ninguna organización política debería ignorar. La legitimidad que otorgan las urnas debe complementarse con aquella que nace del buen gobierno, la honestidad, el respeto a la ley y la solución de los problemas sociales.

Cuando los ciudadanos pierden confianza en sus representantes, no solo se deteriora la relación entre gobernantes y gobernados: también puede debilitarse su compromiso con las instituciones democráticas. Recuperar esa confianza constituye, por tanto, uno de los grandes desafíos de la democracia dominicana y una responsabilidad ineludible de toda su clase política.

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Por RAMFIS RAFAEL PEÑA NINA

Hay apodos que sobreviven a sus dueños y terminan encontrando nuevos destinatarios. «Chapita», que parecía reservado a un capítulo oscuro de nuestra historia, vuelve a resultar útil para la sátira política. Esta vez, la imaginación le ha expedido pasaporte de República Dominicana a Estados Unidos, con escala en la vanidad.

¡Qué orgullosos tendríamos que sentirnos los sancristoberos, si siguiéramos la lógica de aquella antigua propaganda! Aquí nació Rafael Leónidas Trujillo Molina, alrededor de cuya figura se acumularon tratamientos y títulos: el Jefe, el Generalísimo, el Benefactor, el Padre de la Patria Nueva, el Perínclito. Tanto adorno verbal acabó convertido en una ceremonia permanente de reverencia.

Su afición a las medallas y las condecoraciones quedó asociada al apodo de Chapita. El sobrenombre tenía una eficacia que difícilmente podían alcanzar los discursos oficiales: reducía aquella aparatosa exhibición de grandeza a una palabra pequeña, familiar y burlona. Cuanto más solemne se presentaba el personaje, más punzante resultaba la ocurrencia.

Hoy, en Estados Unidos, aparece una figura a la que esta sátira propone llamar «Chapita USA»: Donald Trump. La comparación se concentra en el gusto por la exaltación personal, la búsqueda de reconocimientos y la necesidad de ocupar el centro del escenario. El viejo apodo dominicano parece encontrar acomodo en una política donde el espectáculo reclama cada vez más espacio.

Trump ha declarado públicamente que merece el Premio Nobel de la Paz. Su insistencia ofrece abundante material para la ironía: pareciera que el reconocimiento pierde valor cuando tarda en llegar a sus manos. En ese universo de expectativas, hasta un premio internacional corre el riesgo de convertirse en una deuda que el mundo tiene pendiente con el gobernante.

Nuestro Chapita dejó su apellido instalado en la geografía: Ciudad Trujillo y Provincia Trujillo son denominaciones que todavía pueden leerse en documentos de la época. El homenaje desbordaba los salones y las ceremonias; había que encontrarlo también en los mapas. Hasta para indicar dónde vivía, el ciudadano terminaba pronunciando el nombre del hombre que mandaba.

En Estados Unidos, el Gobierno de Trump adoptó «Golfo de América» como denominación oficial estadounidense para el golfo de México. El episodio permite prolongar la comparación satírica: la geografía vuelve a servir como escenario de afirmación política. Las aguas continúan su movimiento, mientras los gobernantes descubren que también los mapas pueden participar en sus ceremonias de grandeza.

La representación del poder ha llegado incluso al vestuario pontificio

En mayo de 2025, Trump difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía vestido de papa. La estampa ofrece una escena difícil de superar para cualquier caricaturista: sentado ante el mundo, con tiara y solemnidad, el presidente parecía ensayar otro papel en su interminable repertorio público.

En abril de 2026 difundió otra imagen artificial, interpretada ampliamente como una representación suya semejante a Jesucristo. Después la retiró y sostuvo que pretendía aparecer como médico. El episodio alimenta esta sátira por la desmesura de sus símbolos: entre la presidencia, la tiara y la imagen del sanador, el escenario empieza a parecer demasiado pequeño para tantos personajes.

Hasta Idi Amin, el dictador ugandés conocido por sus títulos grandilocuentes, encuentra sitio en esta galería de vanidades. En una competencia imaginaria por acumular honores, habría que reservarle un asiento junto a nuestros dos Chapitas. El jurado tendría una tarea difícil: determinar quién necesita más palabras, más insignias y más reverencias para sentirse suficientemente grande.

Si prolongamos la caricatura, mañana podría reclamarse una constelación con nombre presidencial. Después vendría el turno de los elementos químicos: el uranio y el plutonio quizá recibirían nuevas denominaciones, escogidas por su asociación con el poder y la fuerza. La imaginación permite llegar hasta allí, porque una vanidad sin límites siempre encontrará insuficiente el tamaño de su pedestal.

Y quienes tanto criticaron a nuestro Chapita, siguiendo esta ironía hasta el absurdo, tendrían que organizar una procesión de penitencia, de rodillas hasta la Basílica. Su supuesto pecado habría sido creer que aquella desmesura era irrepetible.

Allí podrían meditar sobre la sorprendente longevidad de ciertas costumbres del poder: cambian los escenarios, crecen los reflectores y se modernizan los retratos, pero la vieja necesidad de adoración sigue encontrando protagonistas. Para reconocerla, los dominicanos conservamos una palabra breve y certera: Chapita.

jpm-am

Una de las primeras sentencias judiciales ordenadas por los ocupantes haitianos del territorio dominicano  se produjo el 15 de octubre de 1823. Ella forma parte destacada en la galería de la infamia procesal del país.

En esa ocasión fueron condenados el señor Narciso Sánchez, padre del patricio Francisco del Rosario Sánchez, con una advertencia amenazante y a pagar 500 francos “cuando lo tuviera”. Agustín Acosta fue condenado a destierro del territorio de la República.

Como el gobierno de facto comenzaba su larga hegemonía no hay constancia, según lo que he investigado, de que Agustín Acosta volviera a tener presencia en el país. Su rastro se perdió desde entonces. José de Cierra y otros patriotas dominicanos sufrieron otras sanciones. Todos fueron  acusados de promover una de las primeras protestas contra el régimen impuesto desde el 9 de febrero de 1822.

Vale decir, en consecuencia, que este mes de octubre se cumplen 203 años de aquella nefasta decisión que privó de su libertad al pueblo dominicano, el cual nunca aceptó  que no aceptaba la hegemonía de dichos invasores extranjeros.

El 15 de junio de 1843 Narciso Sánchez, junto con Manuel Cabral Bernal y Pedro Carrasco Capeller (cura párroco de la iglesia de Los Llanos) realizaron una campaña de conquista de votantes a fin de que eligieran a los candidatos de inclinación trinitaria para que fueran los representantes dominicanos en una Asamblea Constituyente en la capital de Haití.

Así ocurrió cuando finalizó ese escrutinio especial en el ex convento de los Dominicos, el mismo que sirvió de escenario en el 1511 para que fray Antonio de Montesinos pronunciara el célebre Sermón de Adviento en defensa de los indígenas. No valieron las presiones y manipulaciones de los pro haitianos.

Lucha permanente

Sin lugar a dudas puede decirse que la lucha de Narciso Sánchez, a quien también le decían Seño Narcisazo (descendiente de exesclavos africanos) fue permanente durante las más de dos décadas de permanencia del régimen de imposición de los haitianos. Su hogar en la antigua calle Tapado (ahora 19 de marzo), en la ciudad de Santo Domingo, fue lugar de reuniones secretas de los patriotas y el centro de orientación de sus hijos para que defendieran su patria.

Como progenitor de una distinguida familia formada con doña Olalla del Rosario Belén no sólo aportó de su estirpe al padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez, sino también, entre otros, a la educadora Socorro del Rosario Sánchez y a los combatientes febreristas Tomás y Andrés (este último fusilado el 27 de febrero de 1845, junto a su tía María Trinidad Sánchez, por órdenes de Pedro Santana). También tuvieron otros hijos sin vocación de lucha conocida.

Cuando en julio de 1843 llegó al país con un contingente militar de miles de soldados el general Charles Hérard Aimé (gobernante provisional) ordenó una represión brutal en todo el territorio nacional. Uno de los apresados en la ciudad de Santo Domingo, por su lucha en favor de la libertad del pueblo dominicano, fue Narciso Sánchez.

Junto al papá de Sánchez también fueron aprehendidos Juan Nepomuceno Ravelo, José María Leyba, Manuel Leguisamón, Pedro Pablo Bonilla, Norberto Linares, Silvano Pujol, Gabriel José de Luna, Félix Mercenarios y otros.

En esa misma redada ramificada fueron capturados en Higüey los patriotas Nicolás Rijo y Vicente Ramírez. Entre los que fueron arrojados a la goleta de guerra haitiana denominada Praslin y enviados a las cárceles de Puerto Príncipe estuvo Narciso Sánchez.

Otra prueba de la importancia de Narciso Sánchez es que fue de los firmantes del Manifiesto del 16 de enero de 1844, en el cual de manera abierta se les hizo saber a los gobernantes haitianos la voluntad del pueblo dominicano de liberarse del yugo que por más de veinte años laceraba su dignidad.

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