La historia de la diplomacia dominicana recoge momentos de trascendencia y testimonios de integridad inquebrantable. Este 18 de mayo se cumple 61 años de una carta memorable que enviara el escritor y diplomático Manuel del Cabral al presidente chileno Eduardo Frei Montalva.

Es imperativo analizar este documento no solo como un acto político, sino como la culminación de una postura ética, frente al poder y la soberanía.

La relación de Manuel del Cabral con el servicio exterior en Chile estuvo marcada por la legitimidad democrática. En 1963, tras el ascenso de Juan Bosch a la presidencia, el laureado poeta fue designado ministro Encargado de Negocios en Santiago de Chile. Sin embargo, el destino democrático dominicano fue truncado por el golpe de Estado militar el 25 de septiembre de ese mismo año.

Fiel a sus convicciones y al mandato de quien le nombró, Del Cabral no dudó: renunció a su cargo en protesta contra el derrocamiento de Bosch. Por ello, cuando escribe a Frei Montalva en mayo de 1965, lo hace con la autoridad moral de un diplomático que prefirió la incertidumbre del retiro intempestivo, antes que servir a un régimen de facto.

La carta de Del Cabral tuvo un detonante preciso como se puede leer en este fragmento: «Después del histórico gesto con que usted puso tan alto el nombre de Chile, salvando a la vez la dignidad latinoamericana, al pedir ante la ya deteriorada Organización de Estados Americanos el retiro inmediato de las tropas intervencionistas de los Estados Unidos, me permito pedirle en nombre de mi pueblo destrozado, violado y heroico, el segundo y complementario gesto que esperamos del gran presidente chileno, y es el que corresponde al impostergable y justiciero reconocimiento que el pueblo dominicano espera también de los demás países del mundo, pero especialmente de Chile, hacia el Gobierno constitucional del coronel Caamaño».

Días antes del envió de la misiva, el presidente Frei Montalva (con quien los dominicanos tenemos una eterna gratitud) en un gesto de autonomía frente a la política exterior de Washington, había lanzado una advertencia que resonó en todo el hemisferio respecto a la ocupación norteamericana en Santo Domingo: «Pueden ganar una isla, pero perderán un continente”.

Frase lapidaria, recogida en el libro que así titula el escritor chileno Hugo Harvey-Valdés, 2025, desnudaba la miopía estratégica y la injusticia de la intervención. Fue un motivó al poeta para romper su silencio desde el suelo de Chile.

En su misiva, Manuel del Cabral no solo agradecía esa valentía del presidente Frei, sino que le solicitaba el reconocimiento oficial al gobierno constitucionalista en armas, encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño.

Este episodio histórico es el eje central de su poemario “La isla ofendida” (Impresora Horizonte-Chile 1965). En esta obra, Cabral inserta esa carta junto a otra al presidente Lyndon B. Johnson, como un documento testimonial, fundiendo la realidad documental con la fuerza de los versos que conforman un grito por la patria.

El libro es una descarga de patriotismo que cohabita en espacio y tiempo con el «Versainograma a Santo Domingo», de Pablo Neruda. Ambos, al unísono, denunciaban la traición desde la poesía pura, al sentir la traición de cerca coinciden en el mismo tenor para la repulsa absoluta a la bota extranjera y la exaltación del honor dominicano.

A seis décadas de aquel gesto patriótico, la figura de Manuel del Cabral se agiganta. Su carta histórica nos recuerda que la verdadera representación de un país no reside en un nombramiento vigente, sino en la defensa de sus valores más sagrados.

Cabral, quien al decir de Gabriela Mistral es “uno de los mayores poetas de nuestra América” deja en esta carta un testimonio de patriotismo inconmensurable. Nos enseñó que cuando la patria es mancillada, la palabra es un arma poderosa.

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Por LUIS M. GUZMAN

El feminicidio en la República Dominicana no nace de un solo golpe ni de un arrebato aislado. Casi siempre viene precedido por señales, amenazas, celos extremos, control económico, acoso, denuncias, órdenes de protección incumplidas y una idea peligrosa de la pareja como propiedad.

Por eso, la respuesta no puede quedarse en condenar el crimen después del entierro. Hay que intervenir antes, cuando la vida todavía puede salvarse. Esa mirada cambia el enfoque, menos funeral, más prevención.

Una orden de protección no puede ser un papel que la mujer guarda con miedo mientras el agresor continúa rondando su casa o su trabajo. Debe activar vigilancia, patrullaje, contacto periódico, respuesta inmediata y consecuencias si se viola la medida.

Aquí deben actuar juntos el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer. Si cada institución trabaja sola, la protección llega tarde o no llega. La orden debe sentirse en la calle, no solo en el archivo.

La denuncia también necesita dejar de ser un simple expediente. Cuando una mujer denuncia, el sistema debe evaluar riesgo, revisar antecedentes, verificar si hay armas, amenazas, violencia previa, dependencia económica, hijos menores o ruptura reciente. Las Unidades de Atención Integral del Ministerio Público tienen que conectarse con la Línea Mujer *212, las Casas de Acogida y la Policía. Denunciar debe abrir una ruta de vida, no aumentar el peligro.

El machismo sigue siendo una raíz profunda. Todavía se confunden celos con amor, control con protección y separación con humillación masculina. Esa cultura se combate desde la escuela, la casa, los medios, las iglesias y las comunidades. Por eso deben vincularse el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, las alcaldías, las juntas de vecinos y los líderes comunitarios. Prevenir también es educar antes de que aparezca la violencia. La prevención cultural debe ser constante, no una campaña ocasional.

La violencia económica debe verse como una señal de alarma. Muchas mujeres no salen de una relación peligrosa porque no tienen ingresos, vivienda, transporte, cuidado para sus hijos ni apoyo familiar. Por eso deben entrar al plan Supérate, el Ministerio de Trabajo, el INFOTEP, el Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos. Sin ayuda material, decirle a una mujer “vete” puede ser una frase cruel, porque no toda víctima tiene una puerta abierta. La libertad necesita condiciones reales para sostenerse.

Los hijos de las mujeres asesinadas no son daños colaterales. Son víctimas directas, aunque sigan vivos. Pierden a su madre, muchas veces al padre preso o muerto, el hogar, la escuela estable y la confianza en el mundo. CONANI, el Ministerio de Educación, Salud Pública, el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial deben crear una ruta especial para esos menores, custodia segura, terapia, becas, salud y seguimiento. El funeral no puede ser el final del caso.

También hay que hablar del engaño, la infidelidad y los celos como detonantes posibles, sin convertirlos jamás en justificación. Una traición puede causar dolor, rabia y ruptura, pero no autoriza golpes, amenazas ni muerte. Si una relación terminó emocionalmente, lo responsable es cerrarla. Y si un hombre descubre un engaño, la salida es alejarse, buscar apoyo, separarse o acudir a la ley. El dolor no da derecho sobre la vida de nadie. La ruptura duele, pero la violencia destruye todo.

Educar

Por eso el país necesita educar emocionalmente a los hombres. Muchos aprendieron a dominar, no a perder; a imponer, no a retirarse; a ocultar dolor, no a pedir ayuda. Una estrategia seria debe incluir manejo de ira, celos, duelo, rechazo y paternidad responsable. Aquí pueden trabajar Salud Pública, Educación, iglesias, clubes deportivos, universidades y organizaciones sociales. La masculinidad no debe medirse por control, sino por autocontrol. Esa educación salva vidas.

La familia y la comunidad tienen un papel decisivo. Cuando un hombre amenaza, persigue, vigila, acosa o dice que matará, no estamos ante simples “problemas de pareja”. Estamos ante una señal de alto riesgo. Vecinos, familiares, iglesias, escuelas y juntas de vecinos deben saber cómo reportar sin exponer a la víctima. El 911, la Policía, el Ministerio Público y la Línea Mujer *212 deben funcionar como una red, no como puertas separadas. El silencio, en estos casos, puede convertirse en complicidad.

El Estado necesita un sistema único nacional de riesgo. Fiscalía, Policía, tribunales, Ministerio de la Mujer, CONANI, Salud Pública y servicios sociales deben compartir información sobre denuncias, órdenes activas, reincidencia, armas, amenazas y menores afectados. Si la información queda dispersa, nadie ve el peligro completo. Clasificar los casos en bajo, medio, alto y extremo riesgo permitiría actuar primero donde la vida está en peligro. Esa coordinación debe ser obligatoria, medible y permanente.

Los medios de comunicación también deben asumir responsabilidad. No es “crimen pasional”, ni “ataque de celos”, ni “tragedia amorosa”. Es feminicidio, violencia, persecución, control y asesinato. Los medios pueden ayudar si informan con cuidado, publican rutas de ayuda, evitan culpar a la víctima y explican señales de alerta. Nombrar bien el crimen no es un detalle, el lenguaje puede educar o puede seguir protegiendo al agresor. Informar con responsabilidad también es una forma de prevención.

El pais necesita pasar de la indignación a la prevención organizada. Eso exige órdenes vigiladas, denuncias con seguimiento, refugios suficientes, ayuda económica, educación masculina, protección a los hijos, datos confiables, comunidades alertas y sanción rápida al agresor.

El feminicidio no empieza en el cementerio; empieza cuando se minimizan señales que todavía podían salvar una vida. Ahí es donde el país debe actuar. No mañana, sino desde la primera amenaza.

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El presidente Luis Abinader ha vuelto autorizar la presencia de soldados estadounidenses en territorio dominicano, en franca violación a la Carta Magna. Lo que esta dice, en las atribuciones exclusivas del Senado, artículo 80, es: 6) “Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía” (1).

El convenio que habría permitido ese ingreso de soldados estadounidenses a República Dominicana fue rechazado por el Tribunal Constitucional, tras ser firmado por el Gobierno de Danilo Medina. “Permanencia: la presencia de tropas militares en el territorio dominicano debe estar supeditada a un plazo concreto (Art. 80.6 Constitución). Principio de soberanía y Principio de no intervención: El acuerdo estudiado podría poner en riesgo la integridad del Estado dominicano, pues da cabida a condiciones imprecisas e ilimitadas que, eventualmente, podrían contradecir el ordenamiento constitucional y la seguridad nacional” (2).

Dos titulares del Listín Diario (13/5/26), un periódico que sería una herejía calificar de antiestadounidense o antigobiernista, acentúan esa preocupación: “Los puntos ciegos en el nuevo trato con EEUU.”- “Los detalles clave del pacto que el Gobierno no revela”. Un par de líneas de la primera información afirman: “El documento contiene partes sin claridad e inconsistencias que el anuncio no termina de despejar, sembrando una estela de dudas”.

Otra vez se menciona el combate al narcotráfico que quedó desmentido por los indultos que ha concedido el presidente Trump a diez poderosos narcotraficantes, según publicó el diario Washington Post y han reproducido agencias noticiosas. Y, más recientemente, liberó a otros cinco.

¿Qué aporta al pueblo dominicano recibir deportados oriundos de otros países y declarar terroristas a organizaciones cuyo escenario de guerra es el Medio Oriente? Deberíamos ocuparnos de nuestros deportados y nuestros problemas.

Toca a la sociedad dominicana protestar consistentemente contra estas nuevas aberraciones de un gobierno que se suponía tenía algo que ver con el nacionalismo revolucionario de José Francisco Peña Gómez, precisamente en el 28 aniversario de su partida de este mundo.

1,- Congreso Nacional, Constitución Dominicana 2024. Obtenido de: https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/61583/constitucion-6-x-9-de-lujo-web-portad-nea.pdf

2.- Tribunal Constitucional, Sentencia TC 0315/15. Obtenido de: Tribunal Constitucional | TC/0315/15

JPM