Bogotá (EFE).- Un inusual intento de suspender provisionalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, causó revuelo este miércoles en el país, a once días de la segunda vuelta de los comicios en los que será elegido su sucesor entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

La decisión, una medida cautelar sin piso jurídico, fue tomada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, el mismo partido del presidente, porque supuestamente Petro participó en la actual campaña política para apoyar a Cepeda, a pesar de que legalmente no puede hacerlo.

«No he hecho intervención en política y lo he aclarado», aseveró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde hoy presidió un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio.

El presidente aseguró que el intento de suspensión es por «tener un pensamiento diferente» y defendió que por el hecho de ser presidente no deja de tener «derechos fundamentales», en lo que se entiende como una alusión a su derecho a pronunciarse sobre las elecciones.

De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro se convertiría en el primer presidente de Colombia al que se suspenda del cargo, una potestad que solo tiene el Senado y no la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

El mandatario aseguró que «el abogado» de Gloria Arizabaleta, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que ordenó la suspensión, «es el abogado de Abelardo de la Espriella, cuya oficina ya se sabe a quien ha defendido».

ARGUMENTO DE LA CONGRESISTA

En el auto de Arizabaleta, que no fue debatido por ese organismo, la congresista argumentó que la inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse «siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación».

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones cuya segunda vuelta será el 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

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TEHERAN 10 Jun.- Las autoridades iraníes han denunciado este miércoles ataques de Estados Unidos contra instalaciones «civiles» que abastecen de agua a más de 20.000 personas en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán y en el litoral norte del estrecho de Ormuz, y han reclamado que la Administración Trump rinda cuentas por lo que han calificado de «crimen de guerra» y violación grave de los Derechos Humanos.

«Como parte de su agresión contra Irán, el Ejército estadounidense ha atacado deliberadamente infraestructuras civiles vitales de abastecimiento de agua en Sirik, Hormozgán, destruyendo dos embalses con una capacidad conjunta de 2.500 metros cúbicos», ha señalado en sus redes sociales el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Las instalaciones atacadas, ha subrayado Baqaei, suministran agua potable a más de 20.000 personas residentes en una decena de aldeas de la provincia.

El portavoz diplomático ha incidido en que el ataque y sus efectos no son «daños colaterales, sino un crimen de guerra calculado y una violación flagrante de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario».

«El agua es el pulso de la vida, y Estados Unidos está atacando deliberadamente la fuente de vida del pueblo iraní», ha afirmado en el mismo mensaje, antes de reclamar que Washington «debe rendir cuentas por cometer ataques tan brutales y sistemáticos contra infraestructuras civiles que sustentan la vida».

Previamente, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha recordado en sus redes sociales que «las infraestructuras críticas son las arterias de la vida de la gente», por lo que «amenazar con atacarlas, desde las redes de transporte hasta la industria eléctrica y de agua, no es una muestra de poder, sino un signo de desesperación ante la voluntad de una nación».

El mandatario ha vuelto a asegurar que Teherán se mantendrá «firme ante cualquier presión y amenaza», mediante la unidad y «solidaridad» entre sus ciudadanos así como «apoyándose en el conocimiento y la capacidad de sus especialistas».

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CARACAS 10 Jun.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado este miércoles el cierre de El Helicoide, un centro de detención situado en la capital de Venezuela, Caracas, operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado en reiteradas ocasiones por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.

El tribunal con sede en San José, Costa Rica, ha dictaminado de este modo al considerarlo una de las «medidas de reparación» en el caso contra Jorge Rojas Riera, detenido «ilegalmente» por agentes de la Policía mientras participaba en una «protesta pacífica» en la capital venezolana en septiembre de 2003.

La corte, que ha declarado al Estado «responsable intencionalmente» de restringir a Rojas «su libertad de pensamiento y expresión y su participación política», ha justificado en su dictamen el cierre del citado centro penitenciario porque «su continuidad resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Así, ha considerado que la reclusión de Rojas en El Helicoide –donde sufrió «actos de tortura (…) que no fueron investigados»– «generó un riesgo agravado para su integridad personal y sus garantías judiciales» y ha advertido de que este riesgo «se mantiene para las personas» que aún permanecen allí.

Las autoridades venezolanas tendrán asimismo que reabrir de forma «diligente» la investigación penal para esclaracer «plenamente» lo ocurrido contra Rojas; juzgar y, en su caso, «sancionar» a los responsables; organizar un «acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional» en relación con los hechos.

Además, ha indicado la corte, deberán «adoptar un protocolo especializado» dirigido a jueces, fiscales y otros funcionarios de justicia para que investiguen presuntos delitos de tortura y maltrato; implementar «medidas de prevención» de los mismos, crear un registro centralizado y actualizado de denuncias, investigaciones y medidas adoptadas sobre estos hechos presuntamente cometidos en El Helicoide y abonar las indemnidaciones fijadas en la sentencia en materia de reparación a las víctimas.

El Ministerio de Obras Públicas de Venezuela anunció a finales de febrero el inicio de las obras para transformar El Helicoide en un centro social, deportivo y cultural, un proyecto impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para readecuar esta infraestructura.

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LIMA 09 Jun.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha señalado este martes que los resultados oficiales de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, en los cuales se disputan el Gobierno del país la ultraderechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se conocerán en un plazo estimado de 30 días.

«Tenemos más o menos un lapso (programado) de 30 días, a mediados de julio, porque todavía tenemos que ver cómo vamos a finalizar con la carga (procesal) que vamos a tener con relación a las actas observadas y después a otros pedidos que nos presenten las organizaciones políticas», ha manifestado en rueda de prensa el abogado del gabinete de asesores del JNE Jorge Valdivia.

Con un porcentaje del 96,3% de los sufragios escrutados que deja al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con un 50,12% de los votos frente a la alternativa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que lo sigue de cerca con el 49,87%, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha separado hasta el momento 1.547 actas observadas.

Cabe destacar que, a diferencia de la primera ronda electoral, el escrutinio de la presente está siendo mucho más rápido en la medida en que, tal como ha indicado el propio Valdivia, el proceso de la primera requirió de un trabajo mayor al votarse cinco categorías a la vez: presidente, diputados, senadores nacionales y regionales, y representantes del Parlamento andino.

Conscientes de la estrecha diferencia de votos que los separan, concretamente 43.233 con el 96,3% del escrutinio completado, tanto Sánchez como Fujimori han coincidido en reconocer que gane quien gane las elecciones celebradas este pasado domingo, será necesario establecer consensos políticos de cara a los próximos años.

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