SANTO DOMINGO.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) instó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a concluir la selección de los seis jueces pendientes de incorporación a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), así como definir la presidencia del alto tribunal y sus sustitutos, ante la incertidumbre generada por la prolongación del proceso.
La organización, presidida por Julio César De la Rosa Tiburcio, denunció que los despachos de los seis magistrados que no continuarán en el máximo tribunal permanecen cerrados y reclamó explicaciones oficiales sobre la atención de los asuntos pendientes y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio judicial.
“Resulta inaceptable que una transición conocida y programada desemboque en despachos cerrados y en incertidumbre sobre el ejercicio de funciones esenciales. La ciudadanía necesita una Suprema Corte plenamente integrada, con una conducción definida y con garantías de que sus asuntos recibirán atención oportuna”, expresó De la Rosa Tiburcio.
PROCESO DE SELECCIÓN PENDIENTE
ADOCCO recordó que las entrevistas a los aspirantes ya concluyeron y que la reunión del CNM prevista para el 21 de octubre, en la que se deliberaría sobre la selección de los nuevos magistrados, fue pospuesta por compromisos de agenda del presidente de la República, Luis Abinader, quien también preside ese organismo.
La entidad sostuvo que la integración del máximo tribunal es fundamental para preservar la seguridad jurídica, garantizar la tutela de los derechos y fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
“La agenda institucional del país no puede mantener en espera indefinida una decisión de esta trascendencia. Corresponde al Consejo concluir el proceso con transparencia, rigor y sentido de urgencia, seleccionando entre los aspirantes evaluados a quienes reúnan los méritos, la capacidad y la independencia necesarios”, manifestó.
PIDEN ACLARAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DESPACHOS
La organización advirtió que la demora en las designaciones, sumada al cierre de los despachos denunciado, plantea un escenario de “limbo institucional” que requiere aclarar quiénes asumen las responsabilidades jurisdiccionales y administrativas durante la transición.
sp-am

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