Ecuador ordena prisión contra excandidata Luisa González

QUITO.– Una jueza de Ecuador ordenó este viernes prisión preventiva contra la excandidata presidencial Luisa González, principal figura de la oposición al presidente Daniel Noboa, por una investigación sobre el presunto lavado de activos y la financiación irregular de la campaña electoral de 2023.

La Fiscalía informó que el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, luego de que González fuera detenida el jueves en su domicilio, ubicado en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabí. La audiencia de formulación de cargos se celebró por videoconferencia.

También fueron enviados a prisión preventiva el exasambleísta correísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, exfuncionaria del Ayuntamiento de Guayaquil.

INVESTIGACIÓN POR FINANCIACIÓN ELECTORAL

El caso, denominado Laberinto, busca determinar si fondos vinculados al exalcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez terminaron financiando la campaña presidencial de González y su compañero de fórmula, Andrés Arauz, en las elecciones de 2023.

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, informó que las autoridades rastrean el origen y destino de aproximadamente 500,000 dólares.

La investigación cobró fuerza tras las declaraciones de Díaz, quien aseguró haber trasladado dinero en efectivo desde Venezuela por orden del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Sin embargo, según la información divulgada, el exasambleísta no presentó pruebas para respaldar esa afirmación.

GONZÁLEZ ALEGA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Durante la audiencia, González reiteró que permanecerá en Ecuador para defenderse y proclamó su inocencia. También afirmó que enfrenta 19 procesos fiscales y se definió como víctima de persecución política.

La excandidata, representante del movimiento Revolución Ciudadana, perdió las elecciones presidenciales frente a Noboa en 2023 y 2025.

El proceso también busca establecer si una empresa vinculada a Alvarez aportó recursos a la campaña. El exalcalde, otra figura opositora al Gobierno, permanece encarcelado y enfrenta condenas, incluida una relacionada con la comercialización ilegal de combustibles.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el origen de los fondos y establecer posibles responsabilidades penales.

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