POR CARLOS SALCEDO

El incremento salarial dispuesto en su propio favor por los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana durante el ejercicio de sus funciones plantea un problema de notable gravedad. Este hecho no puede reducirse a una mera medida administrativa interna, pues activa de inmediato el control constitucional sobre los límites del poder público

El artículo 140 de la Constitución establece una prohibición categórica: ningún funcionario puede dictar normas ni adoptar decisiones con efectos de beneficio propio durante el ejercicio del cargo. No se trata de una pauta ética ni de una regla programática, sino de una interdicción directa cuyo incumplimiento compromete la validez material del acto.

Es cierto que, ante la reacción adversa de la opinión pública, la propia Cámara de Cuentas dejó sin efecto el incremento salarial. Sin embargo, esa retractación -motivada por la presión social más que por un control institucional interno – no borra el hecho generador ni neutraliza sus consecuencias jurídicas. El vicio se produce en el momento mismo en que se adopta la decisión prohibida; su posterior reversión no reconstituye automáticamente la juridicidad ni restablece la confianza comprometida.

Desde esta perspectiva, el incremento salarial decidido por los propios miembros del órgano no solo plantea un problema de legalidad, sino que configura un conflicto constitucional abierto, al colocar a sus autores en posición de beneficio directo derivado de su propia actuación normativa.

La gravedad

La gravedad se intensifica por la naturaleza del órgano. No estamos ante una dependencia administrativa cualquiera, sino ante el ente constitucional encargado de fiscalizar la legalidad, eficiencia y transparencia del gasto público. Su función exige no solo sujeción a la ley, sino una apariencia reforzada de imparcialidad, sin la cual el control pierde credibilidad.

La Ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, núm. 18-24, refuerza esta exigencia. Su artículo 15 atribuye a la Cámara la facultad de examinar cuentas, auditar la ejecución presupuestaria, identificar violaciones con posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, y rendir informes al Congreso Nacional. Estas competencias descansan, estructuralmente, en la confianza en la objetividad del órgano.

A su vez, el artículo 26 establece que sus miembros pueden ser separados por faltas graves mediante juicio político ante el Senado de la República. No se trata de una previsión excepcional, sino del mecanismo institucional previsto precisamente para situaciones en que la conducta de los titulares compromete la integridad del órgano.

Bajo este marco, la infracción del artículo 140 – materializada en la adopción de decisiones con beneficio económico propio – erosiona la presunción de legitimidad de sus actuaciones. Y sin esa presunción, el sistema de control público se debilita en su núcleo.

La cuestión, entonces, se impone: ¿puede un órgano que actúa en conflicto constitucional generar actos plenamente eficaces? ¿pueden sus informes conservar valor probatorio íntegro cuando la imparcialidad del emisor ha sido comprometida? La respuesta es categóricamente negativa.

El problema no es formal ni subsanable. Es sustantivo. Afecta el principio de imparcialidad, que constituye la base de la función de control. Cuando el órgano fiscalizador se convierte en beneficiario de sus propias decisiones, incurre en una forma cualificada de desviación de poder que proyecta sus efectos sobre toda su producción institucional.

En consecuencia, los informes de auditoría quedan bajo sospecha. No necesariamente por su contenido, sino por la quiebra de confianza en quien los emite. En sede jurisdiccional, esa circunstancia incide en su valoración, debilita su fuerza probatoria y abre espacio a su impugnación.

Se configura, además, una paradoja difícilmente sostenible, dado que el órgano llamado a controlar la legalidad se coloca en una posición que exigiría su propio control externo inmediato, tensionando el sistema de pesos y contrapesos.

Este episodio no ocurre en el vacío. La Cámara de Cuentas arrastra un historial reciente de crisis institucional, incluyendo procesos de juicio político contra sus integrantes. La reiteración de conductas que comprometen su credibilidad revela una dificultad persistente de recomposición y aprendizaje institucional, lo que agrava el juicio sobre su desempeño actual.

Las consecuencias jurídicas son, por tanto, acumulativas y previsibles: responsabilidad de sus miembros, activación del juicio político como vía de separación, afectación de la credibilidad de sus actos y necesidad de restaurar la confianza pública.

En ese contexto, la permanencia en el cargo de quienes han incurrido en este tipo de actuaciones puede resultar incompatible con la recomposición institucional. La renuncia deja de ser una opción meramente personal para convertirse en una salida funcional que permita al Senado de la República proceder a la designación de nuevos miembros con las condiciones de independencia y objetividad requeridas.

El artículo 140 no admite relativizaciones. Opera como una cláusula de cierre frente al uso indebido del poder. Su infracción no sólo genera responsabilidad, deslegitima.Y un órgano de control deslegitimado no controla. Simula.

Además, hay que destacar que en conjunto eran ´raticos, y no sólo esto sino que el más importante de ellos, Tiberios Decianus, en su apología  de la Jurisprudencia} de los Concilias contra los ataques de los humanistas, sostiene terminante y apasionadamente la prioridad de la práctica frente a la doctrina y rechaza, bajo la divisa “aetas Nostra different ab antigua”, las tendencias historicistas.

Sin embargo, al considerar las obras de Tiracuellos,   Y Teodorico es lícito, supuesta la relevante importancia que han tenido para la época posterior, hablar de un muy profundo influjo humanista en la dogmática jurídico-penal. Sólo que aquí hay una diferencia entre la Ciencia del Derecho privado y la del Derecho penal.

Pues en ésta, a diferencia de aquella, no influyó propiamente el humanismo mediante sus configuraciones primarias como movimiento filológico y de retorno a la antigüedad, sino más bien a través de sus manifestaciones secundarias y consecuenciales en la filosofía coetánea y en la doctrina de los métodos didáctico-científicos, a las cuales no pudieron sustraerse tampoco estas primeras exposiciones jurídico-penal no se determinan inmediatamente por la existencia humanista de un retorno a las fuentes puras, sino por la resurrección de la filosofía antigua que produjo, no limitada ya ahora, por causa del “platonismo humanista “referido.

“Ciencia del Derecho penal en la época del humanismo” no equivale a “ciencia humanista del Derecho penal”. Aunque el humanismo fuera la fuerza espiritual que proporcionó, mediata o inmediatamente, los más importantes impulsos a la dogmática jurídica del siglo XVI.

La influencia humanista fue en muy diverso modo y grado, no sólo sobre los grandes juristas españoles de la época, entre ellos Covarrubias, en los que predomina sin duda en absoluto el elemento escolástico sirviendo los floreos humanistas a lo sumo para ornato estilístico, sino incluso en aquellos autores más importantes que se apartan claramente por su método y la finalidad que persiguen de los postglosadores que les precedieron.

A esto se añade que todavía no hay claridad completa en cuanto al alcance del influjo humanista. El humanismo en sentido estricto es, en su origen, un movimiento literario, filológico e historicista que une al enlace con los modelos antiguos la protesta contra el mundo de formas espirituales de la Edad Media.

Esto caracteriza al mismo tiempo sus repercusiones primarias sobre la ciencia del Derecho. La jurisprudencia humanista está desde un principio en consciente y acentuada oposición con glosadores y posglosadores, con su antecesora la ciencia medieval del Derecho. Los principales objetivos de sus ataques son el latín bárbaro y la deficiencia filológica de la tradicional interpretación  de las fuentes de una parte, y el método escolástico de enseñanza y el culto de las autoridades que mantuvo por otra.

El lado positivo de esta polémica y con ello la genuina aportación de la dirección histórica literaria del humanismo en el campo jurídico científico no consiste tanto en la propugnada elegante latinidad del estilo, sino más bien en el retorno a las puras fuentes y en el esfuerzo para su exacta interpretación filológica.

Esto es lo que hace que hoy nos parezcan algunos contemporáneos y compatriotas, por ejemplo, los dos iniciadores de la investigación histórico-jurídica romanista. Por supuesto que la ciencia humanista del Derecho adquirió de este modo una pronunciada fisonomía teorética, que la colocó en la oposición a la que antes hemos aludido con la jurisprudencia dominante de los concilios e hizo que perdurara su influencia.

Es digno de observar ahora, y precisa una explicación especial, el que no encontremos estos efectos primarios del humanismo sobre la ciencia del derecho en ninguno de los criminalistas de que nos vamos a ocupar (abstracción hecha de los esfuerzos por lograr un elegante estilo latino que se pueden comprobar incluso, por ejemplo, en Covarrubias).

El análisis de sus obras mostrará no sólo que están ausentes de aquella polémica fundamental contra las autoridades tradicionales de la época del post glosador, sino que también están muy lejos de querer liberar la materia jurídica romana de sus interpolaciones mediante métodos filológicos.

Además, hay que destacar que en conjunto eran ´raticos, y no sólo esto sino que el más importante de ellos, Tiberio , en su apología  de  la jurisprudencia  , sostiene terminante y apasionadamente la prioridad de la práctica frente a la doctrina y rechaza, bajo la divisa “aetas Nostra different ab antigua”, las tendencias historicistas.

Sin embargo, al considerar las obras de Tiracuellos, Decianus   Y Theororico  es lícito, supuesta la relevante importancia que han tenido para la época posterior, hablar de un muy profundo influjo humanista en la dogmática jurídico-penal. Sólo que aquí hay una diferencia entre la Ciencia del Derecho privado y la del Derecho penal.

Pues en ésta, a diferencia de aquella, no influyó propiamente el humanismo mediante sus configuraciones primarias como movimiento filológico y de retorno a la antigüedad, sino más bien a través de sus manifestaciones secundarias y consecuenciales en la filosofía coetánea y en la doctrina de los métodos didáctico-científicos, a las cuales no pudieron sustraerse tampoco estas primeras exposiciones jurídico-penal no se determinan inmediatamente por la existencia humanista de un retorno a las fuentes puras, sino por la resurrección de la filosofía antigua que produjo, no limitada ya ahora, por causa del “platonismo humanista”.