Por HECTOR RAMIREZ

En República Dominicana, el caos en el transporte público, la evasión fiscal y el desorden en el uso del espacio público no son la excepción: son la norma. Y no por falta de diagnóstico o de soluciones, sino por el costo político que implica enfrentarlos.

Cuando las medidas necesarias afectan a grandes sectores de la población, se vuelven impopulares, y con frecuencia terminan siendo postergadas por consideraciones de carácter electoral, lo que prolonga y profundiza el problema.

El país cuenta con un parque vehicular de aproximadamente 5.8 millones de unidades (2024), de los cuales entre 3.2 y 3.8 millones son motocicletas, es decir, alrededor del 56% al 60% del total. Una parte significativa de estas opera sin cumplir plenamente con los requisitos legales para circular. No sorprende entonces que estos vehículos estén involucrados en el 50% al 70% de las muertes por accidentes de tránsito, en un país donde la siniestralidad vial se mantiene entre las más altas del mundo.

En 2025, los accidentes de tránsito dejaron aproximadamente 1,994 muertes y 104,666 personas lesionadas, lo que equivale a unas 166 muertes y 8,722 personas heridas cada mes, es decir, cerca de 8,900 personas afectadas mensualmente.

El impacto económico es igual de contundente. Se estima que el costo anual de los accidentes de tránsito oscila entre RD$106,000 millones y RD$141,600 millones de pesos, equivalente a entre 1.5% y 2% del PIB. Si se compara ese costo con el número de personas afectadas, cada caso representa en promedio entre RD$990,000 y RD$1,330,000 pesos, sin incluir plenamente el impacto humano, familiar y social que estos eventos generan.

Si quienes generan el problema no enfrentan medidas de disuasión, el problema no solo persiste, se agrava. La alta tasa de accidentes es la evidencia de que el desorden, cuando no tiene consecuencias, se convierte en caos.

El fenómeno se amplifica con los motoconchos. De manera conservadora, se estima que al menos el 30% de las motocicletas se utilizan con fines comerciales —motoconcho, delivery, mensajería—, lo que representa más de 1 millón de unidades operando en gran medida fuera de esquemas efectivos de regulación.

Bancas

Algo similar ocurre con las bancas de apuestas. En República Dominicana existen aproximadamente 100,000 bancas. Para ponerlo en contexto: hay alrededor de 7,000 escuelas públicas y menos de 2,000 centros de atención primaria. Es decir, hay hasta 14 veces más bancas que centros de salud primaria.

A esto se suman frituras, vendedores ambulantes y ocupación del espacio público. En muchos casos, estas actividades operan sin registro formal, sin control sanitario adecuado y sin aportar al sistema fiscal, mientras generan costos indirectos en salud, tránsito y organización urbana.

El dilema para buscarle soluciones a estos problemas se presenta muchas veces como una falsa disyuntiva: permitir el desorden o afectar el sustento de quienes dependen de estas actividades. Pero esa no es la única opción.

La pregunta es otra: ¿qué ganaría el país si decide organizar estos sectores?

En motocicletas, si se mantiene el cargo base de RD$1,200 pesos y se introduce un recargo de RD$1,000 pesos para uso privado y RD$5,000 pesos para uso comercial, el potencial de recaudación alcanzaría aproximadamente RD$12,920 millones de pesos al año. De ese total, RD$8,360 millones de pesos serían ingresos adicionales, es decir, recursos que hoy no se están capturando.

Si las medidas de registro, fiscalización y sanción logran reducir la evasión a un rango de entre 10% y 15%, la captación efectiva en este segmento podría superar los RD$7,000 millones de pesos anuales solo en ese componente adicional.

En el caso de las bancas de apuestas, tomando un universo estimado de 100,000 unidades y un pago fijo anual cercano a RD$60,000 pesos, el potencial mínimo supera los RD$6,000 millones de pesos al año. Con niveles de cumplimiento similares, el Estado podría captar entre RD$5,200 millones y RD$5,600 millones de pesos.

Para frituras y ventas ambulantes, bajo una estimación conservadora de 100,000 unidades reguladas con un impuesto único anual de RD$5,000 pesos, la recaudación sería de aproximadamente RD$500 millones de pesos al año.

En conjunto, estos tres sectores podrían generar entre RD$12,800 millones y RD$13,500 millones de pesos anuales, dependiendo del nivel de cumplimiento.

Si de manera conservadora se destina la mitad de esos recursos —entre RD$6,400 millones y RD$6,700 millones de pesos— a financiar sistemas de registro, fiscalización, tecnología, personal y control, aún quedarían entre RD$6,400 millones y RD$6,800 millones de pesos netos adicionales para el Estado.

Pero el impacto no se limita a la recaudación.

Es reducción de muertes. Es reducción de personas incapacitadas.

Es menor presión sobre hospitales públicos. Es menos gasto en emergencias.

Es orden en las calles. Es recuperación del espacio público.

Es aumento de la productividad. Es trazabilidad económica.

Es decir: se recauda más, pero también se gasta menos.

Porque mientras el país hoy absorbe entre RD$106,000 millones y RD$141,600 millones de pesos al año por los efectos del desorden, una política de formalización bien ejecutada no solo se paga a sí misma, sino que reduce ese costo de manera estructural.

Para que esto funcione, no basta con establecer impuestos. Es imprescindible una estructura institucional adecuada. Esto implicaría la creación o designación de una unidad especializada dentro de la DGII para el manejo de la economía informal, encargada del registro, categorización y tributación simplificada de estos sectores.

A su vez, se requeriría una unidad operativa interinstitucional de fiscalización —una especie de policía fiscal-administrativa— coordinada con tránsito, ayuntamientos y fuerzas de orden, para verificar cumplimiento, aplicar sanciones y evitar que el sistema se convierta en una formalidad sin consecuencias.

Y entonces la pregunta de fondo es: ¿a qué debemos apostar, al desorden por su rentabilidad política inmediata o a la organización de estos sectores para reducir costos, recaudar mejor y liberar recursos para el desarrollo?

jpm-am

Los años posteriores a la pandemia nos han dejado muchas lecciones. Algunas visibles, como los cambios en la economía o en la forma de trabajar. Otras, más silenciosas pero igual de profundas, tienen que ver con lo emocional.

En República Dominicana —como en buena parte del mundo— hemos vivido un período cargado de pérdidas, tensiones y una sensación constante de fragilidad que antes no era tan evidente.

Las familias, los grupos de amigos, los espacios laborales… todos han sentido el impacto. Las relaciones ya no son exactamente las mismas. La cercanía, el afecto cotidiano, incluso la manera en que compartimos, parecen haber cambiado. Y no es casualidad. Hemos recibido golpes emocionales que, en muchos casos, nos han colocado al borde de necesitar atención psicológica o psiquiátrica.

La muerte, ese evento inevitable que forma parte de la existencia, hoy se siente más presente. No es que antes no doliera; es que ahora llega con una frecuencia y una intensidad que nos descoloca. Nos toma por sorpresa, incluso cuando hay enfermedades prolongadas o condiciones críticas. Aun cuando sabemos que el final puede estar cerca, la esperanza siempre juega su papel… y cuando la realidad se impone, el golpe es igual de fuerte.

Pero no se trata solo de lo individual. A las pérdidas personales se suman tragedias colectivas que cargan el ambiente de un peso difícil de explicar. De un día para otro, recibimos la noticia de que un familiar, un amigo o un conocido falleció en un accidente de tránsito.

En nuestro país, estos hechos se han convertido en una de las principales causas de muerte. Cada año vemos cifras alarmantes, y cada año repetimos la misma pregunta: ¿qué estamos haciendo mal?

Y como si eso no fuera suficiente, hay eventos que marcan a toda una nación. El 8 de abril quedará en la memoria colectiva por la tragedia del desplome del techo de la discoteca Jet Set, con un saldo devastador de víctimas y heridos.

Más allá de los números, lo que queda es el dolor de las familias, la incertidumbre, y una pregunta que sigue en el aire: ¿habrá justicia? Este tipo de acontecimientos no solo afectan a quienes los viven directamente, sino que impactan a toda la sociedad, generando angustia y desconfianza.

A esto se suma otro problema persistente: la violencia. En algunos momentos parece disminuir, pero luego vuelve a crecer. Los feminicidios, por ejemplo, siguen dejando una estela de dolor difícil de dimensionar. Niños que quedan huérfanos, familias destruidas, comunidades

En lo personal, estas reflexiones no son ajenas. La pérdida de seres queridos golpea de una manera que no siempre sabemos explicar. La partida de personas cercanas deja un vacío que no se llena fácilmente. Colegas, amigos, compañeros de vida… gente con la que compartimos conversaciones, consejos, momentos importantes.

Cada despedida es un recordatorio de algo que a veces preferimos ignorar: nuestra vida tiene un límite. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero ese momento existe. Y aunque lo sepamos en teoría, en la práctica vivimos como si nunca fuera a llegar.

Quizás por eso estos tiempos nos están obligando a mirarnos por dentro. A revisar quiénes somos, cómo estamos viviendo, qué tipo de relaciones estamos construyendo. Nos invitan a volver a lo esencial: la familia, la amistad sincera, la solidaridad real.

Siempre hay tiempo para cambiar. Para corregir actitudes, para acercarnos a quienes hemos descuidado, para ser mejores en lo cotidiano. No se trata de grandes discursos, sino de acciones simples: escuchar más, acompañar más, juzgar menos.

Los tiempos que vivimos parecen confirmar una verdad antigua, presente en muchas tradiciones y creencias: la vida es pasajera, y lo verdaderamente importante no es lo que acumulamos, sino lo que sembramos en los demás.

Oremos por los que ya no están. Pero también hagamos algo más: miremos al prójimo con humildad, con respeto y con sinceridad. Porque al final, eso es lo que nos queda. Y quizá, también, lo único que realmente importa.