POR ALFONSO BENOIT

Hoy basta con recorrer las calles de República Dominicana para observar la presencia de nacionales haitianos en actividades económicas, comercios y servicios de transporte, incluidas motocicletas y taxis mediante aplicaciones digitales. Esta realidad plantea preguntas que las autoridades no han respondido con claridad. Mi preocupación no es únicamente lo que vemos a diario, sino la falta de explicaciones sobre la magnitud de la situación migratoria y las medidas del Estado.

La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017) estimó que 497,825 personas nacidas en Haití residían en República Dominicana en 2017. Considero que esa cifra contrasta con lo que observamos en 2026. Mi percepción es que la cantidad de extranjeros en condición irregular supera ampliamente lo reconocido oficialmente y podría ascender a más de ocho millones. ¿Dónde están los resultados actualizados de los levantamientos migratorios?

También me preocupan las escuelas públicas. Considero que muchos centros están desbordados y que los estudiantes dominicanos encuentran cada vez menos cupos. ¿Qué sucederá cuando nuevas generaciones de nacionales haitianos se conviertan en profesionales y aspiren a posiciones institucionales, incluso a ser diputados, senadores o alcaldes? Esos cargos tienen requisitos constitucionales de nacionalidad, pero el futuro de nuestras instituciones merece un debate serio.

República Dominicana grita, y pareciera que nadie escucha. A mi entender, la dominicanidad se debilita mientras disminuye el respeto por nuestros símbolos patrios, incluido el himno nacional. Comprendo que los extranjeros conserven sus tradiciones, pero he observado casos de nacionales haitianos que afirman ser dominicanos sin reconocer su origen. Esto me preocupa por el significado de nuestra identidad y la preservación de nuestras raíces culturales.

En educación denuncio otra situación: algunas familias dominicanas enfrentan obstáculos para inscribir a sus hijos cuando les falta un documento, mientras ciertos estudiantes haitianos, según los casos que señalo, reciben facilidades sin requisitos equivalentes. Entiendo que ningún niño debe ser privado arbitrariamente de educación, pero pregunto: ¿por qué parecen aplicarse exigencias distintas? El Ministerio de Educación debe garantizar reglas claras e iguales para todos.

También cuestiono el destino de las ayudas millonarias y programas internacionales destinados a la crisis haitiana. ¿Por qué determinadas operaciones humanitarias se realizan desde República Dominicana y no directamente en Haití? ¿Qué recursos reciben nuestras autoridades, quién los administra y cuánto se destina a ciudadanos haitianos que permanecen aquí? La solidaridad debe ir acompañada de transparencia y de información sobre las responsabilidades asumidas por el Estado dominicano.

Desde 2020, distintos medios han documentado al menos una docena de militares dominicanos heridos en incidentes vinculados con nacionales haitianos. Nuestros soldados afrontan riesgos y condiciones difíciles al custodiar la frontera. ¿Invierte el Estado lo suficiente en personal, tecnología y equipamiento para el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT)? ¿Reciben los militares la protección necesaria y se investigan debidamente los incidentes que los afectan?

La frontera dominico-haitiana continúa siendo un desafío crítico. Se construyen muros, se anuncian operativos y se dictan decretos, pero percibo que miles de personas siguen cruzando diariamente por puntos no oficiales sin obstáculos suficientes. No bastan los anuncios si los resultados no corresponden a las promesas. Exijo información sobre los cruces detectados, la respuesta de las autoridades y las responsabilidades ante las fallas de vigilancia.

En la construcción, la agricultura y el comercio informal observo una competencia desigual entre trabajadores dominicanos y haitianos en condición migratoria irregular. Por su vulnerabilidad, estos últimos pueden aceptar salarios inferiores al mínimo legal, lo que facilita abusos de algunos empleadores y perjudica las condiciones laborales. El Estado debe fiscalizar las contrataciones, hacer cumplir el Código de Trabajo y proteger al trabajador dominicano sin tolerar la explotación.

La presión también alcanza al sistema de salud pública, que enfrenta limitaciones de recursos e infraestructura. Desde enero de 2020 hasta septiembre de 2026 se registraron más de 200,000 partos de nacionales haitianas en hospitales públicos dominicanos, según cifras divulgadas por el sistema de salud. ¿Cuánto cuestan estos servicios y cómo se planifican los presupuestos y la atención hospitalaria? Exigir cuentas no implica desconocer la atención médica necesaria.

República Dominicana necesita respuestas claras y autoridades que asuman sus responsabilidades. La solidaridad con Haití no significa que nuestro país deba resolver indefinidamente una crisis que también corresponde al Estado haitiano y a la comunidad internacional. Reclamo información migratoria actualizada, transparencia sobre la cooperación internacional, vigilancia fronteriza efectiva, cumplimiento de las leyes y un Estado que coloque las necesidades de su población en el centro de sus decisiones.

Una nación no se defiende únicamente levantando su bandera o entonando el himno nacional; también se defiende garantizando dignidad, seguridad e identidad a las generaciones futuras. Mi pregunta trasciende gobiernos, partidos e ideologías: ¿qué República Dominicana estamos construyendo y qué patria entregaremos a nuestros hijos? Tal vez mañana no nos pregunten cómo llegamos hasta aquí, sino por qué, cuando todavía podíamos exigir respuestas, decidimos mirar hacia otro lado.

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Hay cifras capaces de desnudar décadas de discurso económico.

Cerca de US$50 mil millones.

Esa es la magnitud que arroja nuestra reconstrucción del costo financiero de la deuda del Gobierno Central dominicano entre 2004 y 2026, utilizando las ejecuciones oficiales de DIGEPRES hasta 2025 y lo presupuestado para 2026.

No estamos incluyendo amortización de capital.

Entre 2004 y 2025, las cuentas públicas registran aproximadamente RD$2.285 billones en la clasificación funcional de intereses y comisiones. Incorporando el presupuesto de 2026 y convirtiendo cada año a dólares, el acumulado se aproxima a US$50 mil millones, con variaciones según la clasificación financiera y el tipo de cambio utilizados.

La cifra adquiere una dimensión extraordinaria frente a las necesidades fundamentales que todavía enfrenta nuestra nación.

Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021 estimó entonces en US$32,175 millones las inversiones necesarias hasta 2030 para atender importantes brechas dominicanas en agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y transporte.

¡La factura financiera reconstruida equivale aproximadamente a una vez y media aquella estimación de infraestructura!

Son magnitudes de períodos y bases de precios diferentes, no recursos automáticamente intercambiables. Pero su contraste revela la escala del costo financiero y obliga a examinar nuestras prioridades.

La cuestión no es atribuir obras al pago de intereses, sino determinar si el endeudamiento que originó esa factura produjo beneficios económicos y sociales suficientes para justificar su costo.

¿Qué país construimos a cambio de semejante factura?

Durante décadas, el debate sobre la deuda pública ha girado alrededor de un indicador que, presentado aisladamente, puede transmitir una tranquilidad injustificada: la relación deuda/PIB.

El indicador es legítimo, pero insuficiente.

El PIB mide el tamaño de la economía, no los ingresos fiscales disponibles. Los intereses deben financiarse con ingresos públicos o nuevo endeudamiento, comprometiendo capacidad fiscal presente o futura.

Para 2026, DIGEPRES presupuestó RD$324,257 millones en intereses bajo la clasificación económica, equivalentes al 26.2% de los ingresos tributarios previstos. La clasificación funcional más amplia alcanza RD$362,550 millones, equivalentes al 29.3%, pero incorpora conceptos adicionales asociados al Banco Central que no deben confundirse con intereses estrictos.

De cada RD$100 proyectados en impuestos, aproximadamente RD$26 equivalen solamente a intereses. Y todavía falta amortizar capital.

Mientras tanto, el FMI ha advertido que una inversión pública cercana al 2.5% del PIB continúa siendo insuficiente para atender nuestras necesidades de infraestructura y desarrollo.

Hemos desarrollado una enorme capacidad para financiar obligaciones, mientras persisten profundas deficiencias en los servicios esenciales que deberían sostener el bienestar y la productividad nacional.

El proyecto presupuestario de 2027 añade otra dimensión: contempla RD$351,327 millones en intereses y RD$44,556 millones para recapitalizar el Banco Central. Aunque son obligaciones contables diferentes, su suma ronda RD$396,000 millones, superando la asignación proyectada para el Ministerio de Educación, que no representa la totalidad del gasto educativo nacional.

La deuda convencional tampoco cuenta toda la historia.

En 2024, RD Vial registró RD$5,624 millones en intereses devengados, frente a RD$6,576 millones de resultado operativo. Su costo financiero equivalió al 85.5% de ese resultado contable, aunque no necesariamente del efectivo disponible.

Este caso plantea preguntas que deben extenderse a los demás fideicomisos públicos, empresas estatales, garantías y contratos de largo plazo:

¿Cuánto deben? ¿Qué ingresos futuros tienen comprometidos? ¿Qué patrimonio han creado? ¿Qué beneficios económicos y sociales concretos aportan a la nación?

Porque la responsabilidad fiscal no consiste solamente en demostrar capacidad de pago.

Consiste también en demostrar qué recibe la sociedad a cambio de las obligaciones que asume.

Frente a esta realidad, la respuesta nacional no puede limitarse a denunciar el pasado ni continuar administrando sus consecuencias.

Gobierno y oposición deberían presentar programas fiscales cuantificados, sometidos al escrutinio público, que expliquen cómo reducirán sostenidamente el costo del endeudamiento sin sacrificar inversión productiva ni servicios esenciales.

República Dominicana necesita un compromiso de Estado de 18 años, desde 2027 hasta 2044, bicentenario de nuestra Independencia Nacional.

No proponemos deuda cero. Proponemos una deuda baja, sostenible y manejable, acompañada de equilibrio fiscal estructural, fortalecimiento de la recaudación, revisión de privilegios injustificados, eficiencia del gasto y recuperación legal del patrimonio público.

El endeudamiento debe orientarse principalmente hacia inversiones cuya rentabilidad económica o social justifique sus costos y riesgos, preservando excepciones transparentes para emergencias.

La transformación exige compromisos verificables: para 2030, publicar un balance fiscal ampliado y establecer una trayectoria plurianual de reducción del déficit estructural; para 2035, evaluar las metas legales de deuda y la presión de intereses sobre ingresos; para 2040, comprobar avances en inversión productiva, reducción de deuda y servicios esenciales; y para 2044, evaluar los resultados de sostenibilidad fiscal y fortalecimiento patrimonial.

Las metas deberán sustentarse en proyecciones públicas de ingresos, gastos, balance primario, deuda e inversión, bajo escenarios económicos favorables, centrales y adversos, con revisiones periódicas y evaluación independiente.

Hacienda deberá publicar sus resultados anualmente; el Congreso ejercer su función fiscalizadora y los organismos de control verificar su cumplimiento. La transición deberá preservar la estabilidad económica y la protección social.

Deuda para crear patrimonio, no para perpetuar déficits.

Después de una factura financiera cercana a US$50 mil millones, no basta con celebrar nuevas emisiones de bonos.

Obtener crédito no demuestra que se haya creado riqueza. Refinanciar no equivale a reducir deuda. Y crecimiento económico no garantiza desarrollo.

Las generaciones que todavía no han nacido heredarán consecuencias de decisiones que nunca tomaron.

Que en 2044 República Dominicana no celebre solamente dos siglos de independencia política, sino también una nueva etapa de autonomía fiscal y económica.

Porque la verdadera independencia también consiste en que el país que entreguemos a nuestros hijos valga más que la deuda que les dejamos.

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