Los altos precios de los alimentos, las medicinas, los materiales para la construcción, los servicios, los escándalos de corrupción y otros males, la mayoría de ellos presionados por la crisis internacional, especialmente los costos de combustibles, son hoy los principales enemigos del gobierno del Presidente Luis Abinader.

A esos males estructurales hay que agregarle que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibió un Estado con casi todas sus empresas u órganos privatizados, como son el ya desaparecido Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Industria Dominicana del Papel, Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), Fábrica de Zinc y Cemento Colón.

También, la Industria del Clavo, Industria Nacional del Vidrio, la eliminación de la Dirección Nacional de Control de Precios y decenas de instituciones que eran equilibrios en los precios a favor de los consumidores.

¡Instituciones creadas por los gobiernos del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina y el doctor Joaquín Balaguer!

Pero de la privatización de las empresas del Estado, las más dolorosas son la eliminación del CEA, porque de un país exportar de azúcar, como era la República Dominicana, hoy es un gran importar desde Estados Unidos, Brasil u otras naciones, con precios elevadísimos, y la CDE por las altas tarifas o los muchísimos apagones que tenemos, que en su totalidad son causados por las entidades contratistas.

A esas situaciones hay que agregarle la ineficiencia de una parte de los altos funcionarios, los cuales se dejan ver en los actos a los cuales asiste el Presidente Luis Abinader, pero luego desaparecen hasta que llegan los procesos internos del PRM, las elecciones municipales, congresionales y nacionales.

En lo que respecta al manejo de la publicidad, la mayoría de ministros y directores generales mantienen malas relaciones con la totalidad de los periodistas o comentaristas tradicionales, favoreciendo a grupos de los mismos entornos, creándoles adversarios de manera innecesaria al Presidente Abinader.

¡Es que a esos funcionarios lo único que les interesa es ser millonarios o multimillonarios! ¡Y lo están logrando!

En Santiago

Dentro de algunas soluciones a los problemas internos del gobierno, pensamos que el Presidente de la República debe utilizar a dirigentes de la base del PRM o aliados para futuros altos funcionarios. ¡Aunque en el Gobierno Central hay algunos funcionarios de la base y son malos, como es el caso de Santiago, donde hay mediciones al respecto!

Rosa Santos, la gobernadora provincial, hace lo que puede con lo que recibe del gobierno, aunque es buena gestionaría. El profesor José María Díaz (Tilía), que debería ser el ministro de Educación, lo tienen apagando fuegos en la Regional de Medio Ambiente.

Hay otros, como Iván Hernández Guzmán, que es un buen funcionario, que está en el INTABACO, y Gustavo Martínez, que está en EDENORTE, donde las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad, son las que parece que realmente dirigen. Muchos de los apagones son atribuidos a esas empresas.

Hay sectores de ese mismo conglomerado, que parece no estar muy de acuerdo con Martínez como gerente de EDENORTE. ¡Pero está nombrado por el Presidente!

Las designaciones de empresarios como funcionarios del Gobierno Central, no le está dando buenos resultados al Presidente de la República. En la mayoría de los escándalos de corrupción, los responsables son empresarios.

En otros temas, el Presidente, que es un gran conquistador de votos, debe comenzar a visitar los municipios, como los de la Provincia Santiago, evitando el protocolo militar que no permite que el jefe de Estado, escuche a la base del PRM para que se entere de las malas cosas que están sucediendo en su gobierno y la entidad política. ¡No es que asista sin seguridad, sino que se corrija su mal comportamiento!

Esos problemas están causando bajas en las puntuaciones del PRM en la Provincia Santiago, que es el corazón del Cibao, donde Abinader ganó en las tres últimas elecciones presidenciales.

Exceptuando al Municipio de Santiago, donde el alcalde Ulises Rodríguez se mantiene como el más popular de ese sector en la Provincia, el PRM tiene graves problemas, incluyendo a Tamboril, donde el alcalde es Anyolino Germosén, que es, al mismo tiempo, el secretario general nacional de Justicia Social.

Justicia Social se está quedando sola, porque la mayoría de los militantes se queja de no haber recibido nombramientos u otras necesidades básicas para su sustento familiar. ¡Los altos dirigentes de ese partido tienen poco qué hacer por sus militantes!

El líder del PRM en Tamboril, es el ex alcalde Francisco Álvarez, pero no tiene ninguna institución del Estado bajo su control, con la cual pueda resolver algunos de los principales males a favor de una parte de militantes. ¡Y, ahí, está el PLD acechando!

Por suerte, para el gobierno y el PRM, el buen trabajo de su alcalde Ulises Rodríguez le está “salvando” la situación, por ahora, en Santiago, donde las grandes obras que realiza el Presidente Abinader, fruto de la incompetencia de muchos de sus funcionarios, ya no parecen estar respondiendo a las buenas intenciones del gobernante.

Habrá que esperar qué ocurrirá cuando el ingeniero Silvio Durán comience sus actividades con su retorno al PLD, que es otro de los más destacados dirigentes políticos de Santiago. ¡Es que Durán es una especie de logia, porque sus seguidores están donde él está y van a donde él va!

Ulises y Silvio son dos políticos donde la sencillez habita en ellos.

Parece que el Presidente se descuidó y los problemas se incrementaron. Lo correcto, a partir del momento, deberá ser que el gobernante se reúna con los dirigentes municipales de la Provincia Santiago, para conocer la real situación política del oficialismo, que no hay duda de que requiere de mayor atención de parte del gobernante.

Y quizás llegó el momento para que el Presidente designe a Marcos Martínez en el Estado, quien es uno de los más populares dirigentes del perremeísmo. ¡Pero es odiado por algunos funcionarios que no saben donde el PRM tiene un comité de base!

jpm-am

Las recientes declaraciones de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP) colocaron el debate sobre la deuda vieja de los contratistas estatales en el terreno peligroso de confundir depuración legal con negación absoluta de derechos adquiridos.

Según los reportes, la FP fijó su posición en el entendido de  que el proyecto que ordena el pago de esa deuda permitiría hacer desembolsos millonarios por obras no contratadas conforme a la ley.

Desde la óptica de decenas de contratistas aglutinados en el denominado Comité Institucional Codiano (CIC), esa posición parte de una generalización injusta, en virtud de que no todos los contratistas incluidos en el proyecto están en la misma condición jurídica.

Es de dominio público que entre las personas físicas y jurídicas incluidos como acreedores del Estado  hay tres grupos de contratistas que enfrentan situaciones jurídicas diferentes, para las cuales se deben adoptar mecanismos diferenciados de validación y reconocimiento de las deudas que reclaman.

Hay obras ejecutadas, supervisadas, recibidas y en uso por la población desde hace largos años y reducir todo ese universo a “pagos ilegales” equivale a desconocer que el propio Estado usufructúa esas obras y ha recibido un enriquecimiento ilícito.

La FP tiene razón en defender la transparencia, la legalidad presupuestaria y el control del gasto público, pero el error está en convertir esa preocupación legítima en una condena previa contra contratistas que no son responsables del desorden administrativo estatal.

El debate correcto no debe ser “pagar o no pagar”, sino cómo depurar, sanear, validar y pagar conforme a derecho, y eso es lo que se plantea en el proyecto que ya fue convertido en ley por la Camara de Diputados.

Ahí está el punto central que los contratistas del CIC han venido planteando: establecer mecanismos diferenciados para quienes tienen contratos formalizados, para quienes ejecutaron obras por instrucción administrativa y para quienes sufren la desaparición de documentos generados por el propio Estado.

Lo que no puede aceptarse es que el discurso político termine revictimizando a ingenieros y contratistas que llevan decenas de años esperando cobrar obras ejecutadas.

Debe quedar absolutamente claro el hecho de que la deuda vieja con contratistas del Estado aglutinados en el CIC no es un invento.

Más del 60% de esa deuda se originó en gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), medio político donde se originó la Fuerza del Pueblo y que hoy
pretende cuestionar su pago.

Surge una pregunta inevitable: ¿cómo se cuestiona hoy una deuda que ellos mismos generaron y que tuvieron el poder de resolverla?

Pero hay algo aún más grave, pues este no es un tema improvisado ya que el proyecto fue debatido y convertido en ley por la Cámara de Diputados.  Es una decisión del Congreso Nacional.