La debilidad institucional reina en la región Sur (subregión Enriquillo: Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia) y esa situación constituye un caldo de cultivo para que emerjan estos esperpentos, y den lugar, asimismo, en esa zona a una estructura empresarial dotada de poderes e incidencias que desafiarían el poder central del gobierno de la República. En términos más llanos: “un gobierno que operaría a sus anchas al margen del gobierno nacional”.

La situación, como tal, no parece estar planificada, sino que se construye paulatinamente, sutilmente, cuasi imperceptible, a causa de una realidad latente.

La apreciación surge a raíz del conocimiento sobre la firma y posterior extensión del acuerdo de arrendamiento del ingenio Barahona del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) al Consorcio Azucarero Central (CAC), hasta los años 2060 o 2070, según la fuente que dio a conocer este dato crucial que involucra el desarrollo socioeconómico de alrededor de medio millón de habitantes de esta subregión.

En término sociológico, y según las afirmaciones aportadas por la Inteligencia Artificial (IA) un “gobierno dentro de otro gobierno significa la coexistencia de dos o más sistemas de orden, autoridad y control social dentro de un mismo territorio de un Estado soberano, donde el sistema secundario opera al margen, en paralelo o en desafío directo a la estructura gubernamental legalmente constituida. Este fenómeno demuestra que el poder y la dominación no están centralizados de forma absoluta, sino fragmentados”.

En ese sentido, algunos pensadores analizan el concepto como un “Estado dentro del Estado”. Históricamente la teoría política y jurídica lo asocia con la locución latina Imperium in Imperio y describe a partir de ese enfoque, “la existencia de un poder o estructura organizativa que opera con autonomía, reglas propias y control territorial o institucional real dentro de las fronteras de un Estado formal”. 

Pensadores como Baruch Spinoza “advierte-al tratar el tema- que cuando los ciudadanos o corporaciones religiosas pretenden regirse por normas totalmente ajenas a la ley civil del Estado, quiebran la paz general y destruyen la cohesión democrática y la estabilidad social”.

En tanto, Thomas Hobbes en “Las corporaciones como “gusanos” en las entrañas del Leviatán”, compara las corporaciones autónomas y los monopolios comerciales privados con “gusanos en las entrañas de un hombre natural”. Para Hobbes, “el Estado absoluto debe poseer el monopolio incuestionable del poder. Si un grupo crea un gobierno paralelo con capacidad de dictar sus propios mandatos y exigir lealtad a los súbditos, el pacto social original se rompe, arrastrando a la sociedad de vuelta al caótico «estado de naturaleza» y a la guerra civil”.

Precisa que “cuando emergen ejércitos privados, mafias a gran escala, corporaciones o burocracias enquistadas capaces de dictar el orden social al margen de las directrices del poder central, el Estado se debilita. Bajo la perspectiva weberiana, la consolidación de un gobierno a la sombra rompe la estructura institucional y encamina la entidad hacia lo que la politología moderna cataloga como un Estado fallido”.

Asimismo, Max Weber ve “el segundo gobierno” como “una usurpación del monopolio del poder que arrastra al territorio hacia la ineficacia institucional”.

¿Acaso no es eso precisamente lo que ocurre en la actualidad en la subzona Enriquillo con la entrega por tiempo indefinido del control del ingenio Barahona al feudo CAC?

Primeramente, a este Consorcio Azucarero se le otorga el arrendamiento del ingenio por un plazo determinado de 20 años y en medio de maniobras opacas se extiende el contrato por otros 30 años, ahora se estipula que el mismo durará hasta el 2060, -dicen algunos- y hasta el 2070, afirman otros.

El contrato, y las adendas que lo extienden hasta ¿2060? ¿2070? no han sido publicitadas. El Consejo Estatal de Azúcar (CEA) ni el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) han divulgado el contenido de ese documento, ni han explicado sobre qué argumentos se justificó esa medida. Frente a los reclamos de distintos sectores del Sur y del país, las autoridades del gobierno se limitan a decir que se han acogido a la política de la “continuidad del Estado”.

jpm-am

Al aproximarse la evaluación y posterior elección del presidente y los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura empieza a recibir una sutil presión mediática que tiende a condicionar la decisión del órgano constitucional sobre la base de una retórica engañosa.

La matriz mediática consiste en apalancar el criterio de que el CNM debe elegir para presidir la Suprema Corte a un juez de carrera para alejar esta alta corte de cualquier influencia política o vinculación partidaria.

El mensaje luce revestido de buena fe y de un interés legítimo porque la administración de justicia se ponga lo más lejos posible de cualquier mediatización derivada de manipulaciones partidarias o colindancia con elementos ajenos a este poder del Estado.

Pero nadie se llame a engaño: la supuesta equidistancia que se pide es de los políticos, no así de los intereses corporativos que siempre aspiran tener “su justicia” cortada a la medida.

El presidente de la República y del CNM tiene el entrenamiento suficiente para distinguir cuando ciertos consejos surgen de una intención sana y cuando se le pretende engatusar para que complazca intereses ocultos.

El argumento de que la Suprema Corte debe ser encabezada por un juez de carrera, se estrella, de manera frontal con la tradición de al menos las últimas cuatro décadas, a partir de cuando el principal juez de la SCJ no ha sido de carrera.

Sin embargo, pudiéramos separar el período en que todos los jueces eran elegidos por el Senado de la República, y quedarnos en la nueva etapa en que los magistrados son escogidos por el CNM, esto es, desde la reforma constitucional de 1994 y su aplicación en este aspecto a partir de 1997.

Desde entonces—y antes también—, el presidente de la Suprema no ha sido un juez de carrera, sino un abogado de reconocido prestigio.

¿Fueron jueces de carrera los magistrados presidentes de la Suprema Jorge Subero Isa, Mariano Germán Mejía y el actual Luis Henry Molina?

Todos sabemos que no lo fueron, y, sin embargo, su desempeño fue, y es en el actual, digno de los mayores elogios.

Con estos antecedentes rueda por el piso el argumento de que el presidente Luis Abinader debe decantarse por un juez de carrera. Es pura argucia.

Nelsonencar10@gmail.com