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Al aproximarse la evaluación y posterior elección del presidente y los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura empieza a recibir una sutil presión mediática que tiende a condicionar la decisión del órgano constitucional sobre la base de una retórica engañosa.
La matriz mediática consiste en apalancar el criterio de que el CNM debe elegir para presidir la Suprema Corte a un juez de carrera para alejar esta alta corte de cualquier influencia política o vinculación partidaria.
El mensaje luce revestido de buena fe y de un interés legítimo porque la administración de justicia se ponga lo más lejos posible de cualquier mediatización derivada de manipulaciones partidarias o colindancia con elementos ajenos a este poder del Estado.
Pero nadie se llame a engaño: la supuesta equidistancia que se pide es de los políticos, no así de los intereses corporativos que siempre aspiran tener “su justicia” cortada a la medida.
El presidente de la República y del CNM tiene el entrenamiento suficiente para distinguir cuando ciertos consejos surgen de una intención sana y cuando se le pretende engatusar para que complazca intereses ocultos.
El argumento de que la Suprema Corte debe ser encabezada por un juez de carrera, se estrella, de manera frontal con la tradición de al menos las últimas cuatro décadas, a partir de cuando el principal juez de la SCJ no ha sido de carrera.
Sin embargo, pudiéramos separar el período en que todos los jueces eran elegidos por el Senado de la República, y quedarnos en la nueva etapa en que los magistrados son escogidos por el CNM, esto es, desde la reforma constitucional de 1994 y su aplicación en este aspecto a partir de 1997.
Desde entonces—y antes también—, el presidente de la Suprema no ha sido un juez de carrera, sino un abogado de reconocido prestigio.
¿Fueron jueces de carrera los magistrados presidentes de la Suprema Jorge Subero Isa, Mariano Germán Mejía y el actual Luis Henry Molina?
Todos sabemos que no lo fueron, y, sin embargo, su desempeño fue, y es en el actual, digno de los mayores elogios.
Con estos antecedentes rueda por el piso el argumento de que el presidente Luis Abinader debe decantarse por un juez de carrera. Es pura argucia.