Por Rafael Ramírez Medina

La reciente postura del presidente Luis Abinader frente a las protestas en San Juan de la Maguana marca un punto de inflexión en la forma de gobernar. Al rechazar la explotación minera en la zona, el mandatario no solo ofrece una respuesta política sino que  actúa con la sensatez de quien comprende que el valor del agua y la seguridad alimentaria de un valle supera, con creces, cualquier beneficio metálico inmediato.

La decisión del Ejecutivo de frenar las pretensiones mineras en la provincia de San Juan trasciende el debate coyuntural. Es, en esencia, un ejercicio de soberanía ambiental y de racionalidad económica que prioriza el recurso más estratégico del siglo XXI: el agua.

Conviene, sin embargo, precisar el contexto. La actual administración recibió un escenario previamente configurado. Las concesiones de exploración que dieron origen a este conflicto fueron otorgadas en gestiones anteriores, particularmente durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que obligaba al Estado a actuar con cautela al evaluar su continuidad.

Que hoy surjan críticas desde sectores que en su momento impulsaron esas decisiones forma parte del juego político. Pero más allá de esas contradicciones, lo relevante es la resolución adoptada.
Al escuchar el clamor de la comunidad sanjuanera, el presidente ha asumido una decisión alineada con la lógica de la sostenibilidad.

El Valle de San Juan, reconocido como el “granero del sur”, no es solo una zona productiva; es un sistema vital cuya vocación agrícola y equilibrio hídrico no pueden ser sustituidos por una rentabilidad minera de corto plazo sin incurrir en un error histórico.

Esta postura evidencia una comprensión clara de que el desarrollo no puede construirse a cualquier costo. Escuchar al pueblo no es un signo de debilidad, sino una expresión de inteligencia democrática.

Cuando un gobierno valida tanto el criterio técnico de los ambientalistas como la experiencia de los productores locales, fortalece la paz social, un activo intangible pero determinante para la estabilidad económica y la gobernabilidad.

En conclusión, la decisión de proteger San Juan apunta hacia un modelo de país más consciente de sus prioridades estratégicas. Más allá de las diferencias partidarias, lo que debe prevalecer es la defensa de los recursos que sostienen la vida.

El bienestar de las futuras generaciones dependerá de nuestra capacidad, en el presente, de establecer límites claros. Decir “no” a aquello que compromete nuestra seguridad hídrica es, en última instancia, afirmar que la vida, la tierra y la producción agrícola siempre tendrán un valor superior.

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POR ROBERTO PAULINO

Después de realizarse dos importantes jornadas en repudio a la posible explotación minera del proyecto Romero, y las manifestaciones en la zona norte del país en contra de exploraciones en la Cordillera Septentrional, la nación entra en una situación muy peligrosa en torno a la minería.

Los sanjuaneros en su gran mayoría, sienten un gran temor a que sus aguas sean dañadas por una explotación minera. Se le ha metido mucho miedo sobre ese particular, y por ende no quieren minería en la cuenca norte de San Juan. El sanjuanero está lleno de temor por un posible daño a sus aguas, un temor que ha sido infundido a base de terror y malas informaciones.

No se puede ocultar que el pueblo está «engrengueñado», como se dice popularmente, al punto que muchos opositores al Proyecto Romero se han llenado de odio, provocando actos vandálicos en contra de todo aquel que se manifieste a favor de la minería.

En San Juan ahora existe una moda de declarar personas no gratas a aquellos que de una u otra forma expresen su apoyo a los estudios medio ambientales: Danny Alcántara, Oscar Medina; Hipólito Mejía, Ricardo de los Santos, Frank Ramírez, Hanói Sánchez, Osvaldo Canario, hasta la primera dama Raquel Arbaje, son declaradas personas no gratas. Es una locura total.

Cada individuo tiene derecho a expresar sus ideas y oponerse a lo que quiera, a lo que no tiene derecho es a usar la violencia, provocando actos vandálicos como lo que se han realizados aquí en San Juan en donde no ha habido una desgracia por la intervención divina de Dios. Al parecer aquí se quiere tener un muerto. Eso no debe ser.

El radicalismo es tan grande, que se oponen rabiosamente a los estudios medio ambientales, contemplado en las leyes dominicanas. Es una negación y una incredulidad inmensa, nadie quiere escuchar explicaciones de ningún tipo, sus mentes se han cerrado totalmente.

¿Quién está sacando beneficio de todo esto?

Los franceses acuñaron una frase que dice “ A quién beneficia el crimen”. Este disgusto de muchos sanjuaneros, la Fuerza del Pueblo -con Félix Bautista a la cabeza- lo está aprovechando con la difusión del miedo y el terror, al daño al agua, sin esperar los resultados de los estudios medio ambientales. El senador es quien está sacando la mejor tajada de esta situación.

Mientras eso ocurre, miembros del PRM, diputados y regidores, como dóciles ovejas, se unen al coro de Félix Bautista bajo la consigna de agua si, oro no, diputados como Carlos Morillo (Chijo) y Elvira Corporán, no saben el peligro que esto representa para su propio partido, están afilando cuchillos para sus propias gargantas.

El grito de los opositores al PRM y al gobierno de Luis Abinader, es: E pa fuera que van. Si esos diputados y regidores del partido de gobierno piensan que van a repetir, se equivocaron, Los fupistas y peledeístas le van a pasar el rolo en las próximas elecciones aquí en San Juan.

¿Qué hace el presidente Abinader?

El presidente Abinader solo se ha limitado a decir, que está esperando la finalización de los estudios para tomar una decisión. Eso es correcto, pero si los estudios dan positivos, él no puede negarle a la minera Goldquest el permiso para la explotación, porque podría ser objeto su gobierno de demandas legales, tanto nacionales, como internacionales.

Lo correcto y lo más sensato sería, que el presidente Abinader, llamara a las figuras más importantes de San Juan, como al senador Felix Bautista, obispo Monseñor Tomas Alejo, ingeniero Julito Marranzini, doctor José Joaquín Puello, Manuel Matos, la gobernadora Ana Maria Castillo, el alcalde ingeniero Lenin de la Rosa, Rubén Moreta, empresarios como Isidro Sosa, Fausto Figuereo y Olanda Bautista, representante de la Cámara de Comercio, director del Plan de Desarrollo, San Juan Carlos Roa, representantes de la ADP, CMD, periodistas, SNTP; medios digitales y líderes comunitarios, a un gran encuentro en el Palacio Nacional.

En este encuentro deberían estar la Academia de Ciencias Dominicanas, el departamento de ciencias de las universidades como la Uasd, Pucamayma, Intec, OyM, entre otras, allí plantear la necesidad de que se hagan concomitantemente con los estudios medio ambientales, el estudio ambiental estratégico, propuesto por la Academia de Ciencias y la Uasd, el cual la Goldquest ha aceptado.

Y si es posible, que se traigan técnicos en estudios medio ambientales del PNUD, igual como se trajo en Loma Miranda y la cementera de Gonzalo, comprometer a todo el mundo a respetar los resultados de estos estudios, para que la paz y la armonía puedan llegar a la provincia San Juan, que si los mismos dan negativos, sean aceptados por la Goldquest, pero si dan positivo, sean acogidos como buenos y validos por todos los sanjuaneros,

Si no se toman medidas satisfactorias sobre el Proyecto Romero, aquí en este país, desde ahora en adelante, se le puede ir diciendo adiós y hasta nunca, a todos los demás proyectos mineros que están en proceso de exploración, en espera del permiso de los estudios medio ambientales y otros por el permiso de explotación.

San Juan es el medidor para la minería en República Dominicana, y lo que suceda aquí, va a suceder en todo el país donde se trate de explorar o explotar proyectos mineros.

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