El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) es la versión legislativa del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) creado en octubre de 1991 por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Honduras. Su “objetivo fundamental es su integración para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo”.

La sede central del PARLACEN está en la ciudad de Guatemala. Cada país está representado con 20 diputados y sus respectivos suplentes. Ambos elegidos por votación popular en sus respectivos países y también por los expresidentes y ex vicepresidentes de esos países por un período de cuatro años.

La República Dominicana (RD) ingresó al PARLACEN como  observador en 1998. Su membresía titular al SICA y por lo tanto al PARLACEN se materializó en octubre de 2010, con la elección de sus primeros 20 diputados. Danilo Medina y Margarita Cedeño, en calidad de ex mandatarios, son los únicos dominicanos que se han juramentado (noviembre de 2020); pero ninguno  tuvo participación activa en dicho parlamento.

Los 20 diputados dominicanos para el período 2024-2028 son 12 del PRM y partidos aliados, 4 de la Fuerza del Pueblo y aliados, y 4 del PLD, entre ellos la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, pero como titular electa.

Al reflexionar con objetividad  en ¿cuánto cuesta a RD su participación en el PARLACEN y para qué nos sirve?  Obtuvimos esta conclusión:

¡El PARLACEN significa un altísimo costo económico en una superflua decoración regional que no impacta para nada en los intereses geopolíticos de RD y tampoco reditúa beneficios al pueblo dominicano!

Lamentablemente, llegamos a esa conclusión al evaluar la relación costos Vs.  resultados y beneficios de la participación de RD en el PARLACEN. Veamos:

¿Cuál es el costo de RD en el PARLACEN?

El costo económico de la participación RD en el PARLACEN es el siguiente:  a) Se paga una cuota anual de 2,000,000 de dólares. b) Mensualmente, a cada uno de los 20 diputados se les paga 4,200 dólares para un total de 84,000 dólares (distribuidos en 1,400 para sueldos, 500  pasajes aéreos, y  2,300 en viáticos).  c) Sueldos navideños (No. 13),  d) Cada diputado disfruta de dos exoneraciones para importar vehículos (casi siempre de altas gamas).

Los 20 diputados también disponen de pasaportes diplomáticos, inmunidad parlamentaria,  seguros médicos internacionales, se les cubren los gastos  de combustible, de celulares, de un chofer y de tres empleados.

¿Cuáles beneficios recibe RD del  PARLACEN?

Independientemente de que las resoluciones del PARLACEN no son vinculantes a los gobiernos y no tienen responsabilidades para sus ejecutorias.

En los 27 años que tiene RD participando en ese inservible  PARLACEN no se conoce una sola decisión que tenga repercusión en los problemas internacionales que durante ese tiempo nos han afectado. El PARLACEN nunca se ha pronunciado sobre la crisis sin precedentes que, desde hace décadas, padece Haití y sus negativas consecuencias para la RD.

Por esa inoperante y parasitaria existencia del PARLACEN, reiteramos la pregunta: ¿Para qué  sirve el PARLACEN a la RD y cuáles beneficios recibe el pueblo dominicano de los cuantiosos recursos que, cada año, malgastamos en esa entelequia de organismo?

Por lo tanto, se impone que el presidente Abinader y los partidos PRM, FP y PLD interioricen esa anacrónica situación y procedan a realizar los trámites correspondientes para desvincular a la RD del PARLACEN,  porque se ha demostrado que esa institución no sirve para nada. ¡Ojalá así ocurra!

jlopezb18@gmail.com

POR ALEJANDRO SANTOS

Asistimos a una época en la que la ficción se confunde con la realidad, y la realidad ya no se conoce objetivamente en toda su amplitud. Hay tantas verdades como personas opinan sobre un hecho. Al mismo tiempo, se tiende una gran cortina de humo que cubre de incertidumbre e interrogantes los acontecimientos.

Las guerras han pasado a percibirse como un acontecimiento normal, como si fueran películas para pasar el rato. Las pantallas de las grandes cadenas de televisión muestran aviones lanzando bombas sobre territorios donde habitan hombres, mujeres y niños, provocando muertes y dolor.

Luego aparecen los estrategas militares justificando estas acciones como parte de una estrategia fría, concebida en salas seguras y herméticas donde no se oyen ni los cantos de las aves.

Los búnkeres protegen a quienes desatan las guerras, mientras las poblaciones desprotegidas viven a merced de ataques despiadados, lanzados por quienes se han arrogado el derecho supremo de disponer de vidas humanas como si fueran los dueños y señores del mundo.

Gaza

Lo que ocurre en la Franja de Gaza —las terribles escenas de muertes masivas— transcurre ante la total indiferencia de los países que se proclaman estandartes de la civilización, la libertad y la democracia. El mundo ha perdido la capacidad de asombro y de respuesta ante la barbarie. Todos hemos pasado a ser espectadores pasivos del gran espectáculo de la guerra.

Podemos citar al recientemente fallecido Vargas Llosa, en su libro La civilización del espectáculo, donde afirma:

“Asimismo, su afirmación de que, en un medio en el que la vida ha dejado de ser vivida para ser solo representada, se vive por procuración, como los actores la vida fingida que encarnan en un escenario o en una pantalla.”

También podemos recordar a Albert Camus:

“Los espectadores no tienen memoria; por esto tampoco tienen remordimientos ni verdadera conciencia.”

Así hemos llegado a ver los acontecimientos de la guerra: como un espectador sin memoria ni conciencia, lo cual es profundamente lamentable. Hemos caído en un estado inferior, en el que se ha desvalorizado la vida y se ha perdido el respeto por la dignidad humana.

No solo mueren hombres, mujeres y niños bajo las armas de los poderosos. También el mundo entero sufre las repercusiones morales de unos nuevos valores que embotan la conciencia. Se pierde la empatía frente al dolor ajeno.

Todo parece reducirse a la nada, y lo que ocurre en las guerras se percibe como una mera representación de actores filmando una película, mientras el resto de la humanidad come palomitas frente a las pantallas, viendo las masacres inhumanas en Gaza, en Ucrania, o cualquier día, en un lugar indeterminado del planeta.

jpm-am

La Ley 87-01, que dio origen al sistema dominicano de seguridad social, no fue pensada para proteger al pueblo. Fue concebida para proteger un modelo corporativo, financiero y excluyente que convierte los derechos fundamentales —como la salud y la pensión— en mercancía. Y si bien muchos actores tratan hoy de reducir el problema a una crisis técnica o de sostenibilidad financiera, el fondo es otro: lo que está en crisis no es el presupuesto, es la legalidad, la justicia y la moralidad del modelo en sí mismo.

Desde la proclamación de la Constitución del 2010, la República Dominicana asumió, al menos en papel, el compromiso de transformarse en un Estado Social y Democrático de Derecho. Eso implica que los derechos sociales no son favores, subsidios ni concesiones electoreras, sino garantías exigibles, sin discriminación y sin condiciones.

Sin embargo, la Ley 87-01 jamás fue ajustada a ese nuevo pacto constitucional. Sigue siendo una estructura importada, construida para dividir al pueblo entre “formales” e “informales”, entre asegurados y desprotegidos, entre ciudadanos y mercancía.

Y lo más grave: sigue premiando a los intermediarios —ARS y AFP— que han hecho de la salud y la pensión un negocio multimillonario.

La ley 87-01 no fue fruto de la ignorancia, sino de la conveniencia. Fue una copia de modelos de países donde la desigualdad es vergonzosa. No se pensó para garantizar salud de calidad ni pensiones dignas. Se diseñó para enriquecer aún más a los que siempre han controlado el sistema financiero y político. Y lo lograron. Convirtieron el dolor del pueblo en fuente de capital. Convirtieron el derecho en privilegio. Convirtieron el Estado en cómplice.

EL DESCALABRO DE SENASA

Hoy, con justa razón, se denuncia el descalabro de SENASA. La ‘carnetización’ masiva de millones de personas sin evaluación legal ni respaldo financiero no fue un acto de justicia social, fue una jugada electoral.

Una manipulación de la pobreza que sacrifica la sostenibilidad del sistema para ganar aplausos momentáneos. Pero no nos confundamos: el problema no nació con el gobierno actual. El modelo es viejo, estructural y multipartidista. Lo parió el PLD y el PRD, lo profundizó el PRM, y la Fuerza del Pueblo no es la excepción: es una continuación maquillada del mismo viejo sistema.

Sus miembros, aunque no hayan gobernado como partido, son los mismos actores, con iguales o peores prácticas, que montaron este sistema atroz e inhumano desde sus orígenes. No representan renovación alguna, sino reciclaje de lo peor del pasado.

No es casualidad el descrédito mediático y político creciente contra SENASA. Lo que está en marcha es el mismo libreto aplicado al sistema eléctrico: desprestigiar lo público para justificar su privatización. Ya lo hicieron con las empresas eléctricas, que hoy son un monopolio disfrazado donde el pueblo ha subsidiado más de 30 mil millones de dólares sin recibir mejoras sustanciales.

Ahora quieren hacer lo mismo con la salud: crear la crisis, dramatizarla, intervenirla y luego traspasarla al gran capital privado. Lo que buscan no es salvar el sistema: es convertir en mercancía lo último que queda como servicio público en manos del Estado. Quieren cerrar el ciclo del saqueo y garantizar que también las próximas generaciones nazcan deudoras, enfermas y sin derechos.

El Frente Cívico y Social (FCS) rechaza todo intento de limitar el debate al plano financiero. La salud no se resuelve con inyecciones de fondos, ni la dignidad se compra con subsidios. Esto no se arregla con ajustes: se arregla con justicia.

Por eso, desautorizamos también a quienes, desde sectores “opositores”, reducen la crisis a una discusión técnica, evadiendo el fondo inconstitucional del problema. No se trata de mejorar lo que está mal. Se trata de reemplazar lo que es moral y legalmente inaceptable.

Frente a este colapso anunciado, el FCS plantea la única salida posible: el desmonte total del sistema de intermediación privada (ARS y AFP), la creación de una única institución pública, autónoma y soberana que administre el sistema de salud y pensiones del país con control ciudadano y rigor constitucional, la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, la atención primaria como eje de salud pública, y una nueva ley ajustada a la Constitución del 2010 y los principios de equidad y dignidad humana.

El modelo propuesto no es utopía. Funciona ya en países como España, donde la salud pública es gratuita, universal y financiada por impuestos; Singapur, donde un fondo soberano estatal gestiona con eficiencia y sin lucro la salud y las pensiones; y Noruega, Canadá, Suecia, donde el Estado cumple su función social sin intermediarios privados que negocien con el sufrimiento humano.

No nos engañemos: la única manera real de desmontar este modelo es que el pueblo, por la vía constitucional, unifique sus fuerzas a través de candidaturas independientes auténticas. Que tome el poder político en sus manos y lo use para desmontar este régimen de exclusión y levantar uno de justicia social.

Desde el Frente Cívico y Social no buscamos cargos: buscamos justicia. No aspiramos a administrar el viejo sistema: aspiramos a enterrarlo. No queremos reformar lo que nació mal: queremos fundar lo que nunca ha existido.

Porque sin salud, no hay vida. Sin justicia social, no hay patria. Y sin dignidad, no hay futuro.  Despierta, RD!

jpm-am