Desde Irán, pasando por Israel y llegando a Estados Unidos, periodistas y medios de comunicación son amenazados por los gobiernos para restringir la información sobre la guerra en Oriente Medio.

Nadie sabe lo que ocurre por miedo o represalias. En Israel quintan las cámaras del tránsito en todas las calles para que no se vean las imágenes de los bombardeos y el presidente Trump llama traidores a los medios que den información falsa, aunque estén verificadas por periodistas profesionales en el lugar de los hechos.

Lo que sucede en Irán es un enigma indescifrable. “No hay más que destruir», dice el presidente Trump, pero desde su territorio siguen saliendo miles de drones y misiles hacia ciudades de todo Israel y prácticamente a todos los países del Golfo Pérsico, destruyendo instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, bases militares, edificios públicos, zonas residenciales y barcos petroleros en el estrecho de Ormuz.

Israel, contradiciendo a Estados Unidos, dice que Irán posee más de 150 instalaciones de misiles y drones activas de gran poder destructivo.

Israel y Estados Unidos atacan a diario el territorio iraní con aviones de ultima generación, de gran precisión y bombas altamente destructivas que penetran decenas de metros bajo tierra.

Pero tocaron una tecla equivocada: Una escuela donde murieron 170 niñas en Irán por un misil Tomahawk. Eso ha tenido más peso que los miles de muertos víctimas de la guerra.

Pero Irán, sin saber quién gobierna o quien dirige su maquinaria de guerra (el nuevo Ayatola no se sabe si está muerto o vivo) sigue respondiendo los ataques y saben exactamente cuáles son las coordenadas de los objetivos que quieren bombardear con ayuda satelital de Rusia.

Por su parte, Hizbola ataca el norte de Isarel, coordinando su ofensiva con Irán e Israel contrataca al Libano y sus soldados penetran su territorio. Los Huties, desde Etiopia y Somalia comienzan los ataques a cargueros en el mar rojo mientras el estrecho de Ormuz sigue bajo llave, cerrado como una caja fuerte.

Europa está “entre Lucas y Juan Mejía” y no sabe que hacer. Unos apoyan a Trump y otros no, pero sin meterse en el conflicto. Trump quiere que otros países manden sus barcos de guerra al estrecho de Ormuz para romper el cerco, pero nadie dijo SI. Todos dijeron NO o se quedaron callados.

¿Quién comenzó esta guerra estúpida e innecesaria?

Fueron Estados Unidos e Israel y son ellos los que tienen que terminarla. No es Europa, ni Japón, ni Australia y muchos menos China, a quien Trump le pidió ayuda. Pero China está concentrada en sus planes para invadir a Taiwan en el 2027. Espérenlo.

Rusia es la más beneficiada en esta guerra y los países del Golfo, Israel e Irán los grandes perdedores. Todos quedará destruidos. Mientras Estados Unidos apenas pierde algunos aviones y soldados, que el presidente Trump prometió que nunca sucedería.

Ahora se desvincula del problema en Ormuz diciendo que tiene suficiente petróleo para cubrir su demanda. Que se jodan los demás.

Mientras tanto, el petróleo sobre US$100 el barril, los fertilizantes ya escasean, golpeando la producción de alimentos (aumentos de precios del maíz, la soya y el trigo), las tarifas aéreas suben, los fletes se duplican, y se disparan los precios de la energía.

El bolsillo de miles de millones de personas, que no querían esta guerra, están vaciándose rápidamente.

Dentro de Estados Unidos solo 40% apoyan la guerra y 57% la desaprueban. Otras encuestas hablan de un apoyo de solo 29%. Pero con un dato muy interesante: un 54 % dijo que conoce  muy poco los detalles de la guerra, las pérdidas de soldados y lo que sucede en el terreno bélico, pero está ´pagando mucho más por el galón de gasolina.

Es obvio porque la información que circula en medios escritos y digitales y en las redes, están bajo vigilancia o muy restringidas mientras todos lo lideres mienten.

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POR CASSANDRO FORTUNA

Hace un mes se cumplieron 204 años de la ocupaci­ón del territorio del Este por parte de Jean Pierre Boyer y la efeméride pasó virtualmente dentro del más absoluto de los silencios

La historia de los pueblos suele organizarse alrededor de ciertas fechas que se convierten en símbolos de la memoria colectiva.

Sin embargo, no todos los acontecimientos que marcaron profundamente la vida de una sociedad reciben el mismo lugar dentro de ese calendario histórico.

El 9 de febrero de 1822 Jean-Pierre Boyer entró en el territorio que, veintidós años más tarde, adoptaría el nombre de República Dominicana. Se trata de un acontecimiento importante dentro de la historia del país, pues marcó el inicio de un período que transformó profundamente la organización política y social de la parte oriental de la isla.

Sin embargo, a diferencia de otras fechas significativas de la historia dominicana, el 9 de febrero rara vez ocupa un lugar visible dentro del calendario cívico nacional. Esta situación llama la atención en un país donde muchas efemérides históricas han sido tradicionalmente recordadas con solemnidad.

Desde los primeros años de la República, por ejemplo, se consolidó la conmemoración de diversos acontecimientos vinculados a la lucha por la independencia y a la defensa de la soberanía nacional. Entre ellos figuran:

• 6 de enero de 1844, fecha asociada al Manifiesto de Independencia.

• 27 de febrero de 1844, día de la proclamación de la Independencia Nacional.

• 19 de marzo de 1844, Batalla de Azua.

• 30 de marzo de 1844, Batalla del 30 de Marzo en Santiago.

• Batalla de Santomé, en San Juan de la Maguana, en 1855.

Estas y otras fechas han formado parte del calendario histórico dominicano durante generaciones, contribuyendo a consolidar la memoria de los acontecimientos que dieron origen al Estado dominicano.

En contraste, el 9 de febrero de 1822 ha permanecido en gran medida fuera de ese calendario simbólico. Esta ausencia plantea una pregunta legítima: ¿por qué un acontecimiento que marcó el inicio de un período tan decisivo de nuestra historia ha recibido relativamente poca atención dentro de la memoria pública?

La entrada de Boyer en Santo Domingo ha sido descrita habitualmente en la historiografía como el inicio de una ocupación extranjera. Esa interpretación refleja una dimensión real de los hechos: la incorporación del territorio oriental al Estado haitiano y la subordinación política de sus autoridades al gobierno de Puerto Príncipe.

Pero ese período histórico produjo también otros efectos que influyeron de manera profunda en la evolución de la sociedad de la isla. Entre ellos destaca la abolición definitiva del sistema esclavista, así como una serie de transformaciones jurídicas y sociales que alteraron la estructura heredada del período colonial.

Examinar ese proceso con detenimiento no significa relativizar los conflictos políticos de la época ni ignorar las tensiones que posteriormente conducirían a la separación de 1844. Significa, más bien, reconocer que la historia rara vez se reduce a una sola dimensión.

Tal vez la relativa ausencia del 9 de febrero dentro del calendario cívico dominicano tenga que ver precisamente con la complejidad de ese período. Algunos acontecimientos del pasado resultan más difíciles de integrar en la memoria colectiva porque sus consecuencias fueron múltiples y a veces contradictorias.

Sin embargo, el desarrollo de la investigación histórica contemporánea invita cada vez más a observar estos procesos dentro de un marco interpretativo más amplio. Comprender el significado del período iniciado en 1822 puede contribuir a enriquecer nuestra visión del pasado dominicano y a reconocer la diversidad de experiencias históricas que han formado la sociedad del país.

En ese sentido, recordar fechas como el 9 de febrero no tiene necesariamente un propósito polémico. Puede ser simplemente una invitación a examinar con mayor amplitud los procesos históricos que dieron forma a la sociedad dominicana.

Porque, al fin y al cabo, la memoria histórica de un país se vuelve más rica cuando logra integrar todas las dimensiones de su propio pasado.

jpm-am

La decisión de la Cámara de Diputados de enviar a una comisión especial el proyecto de ley que ordena el pago de la llamada deuda vieja a contratistas de obras estatales, abre una nueva etapa en un proceso que ya se ha prolongado por demasiado tiempo.

La observación realizada por el Poder Ejecutivo no niega la existencia de esa deuda, pues las obras existen, fueron ejecutadas, supervisadas y hoy están en servicio del Estado dominicano.

Lo que señala la observación es una cuestión de naturaleza jurídica ya que no todos los contratistas se encuentran en idéntica situación legal y, por tanto, no pueden ser tratados de forma uniforme por la ley.

Ese señalamiento no debería interpretarse como un obstáculo para el pago, sino como una oportunidad para que el Congreso Nacional corrija el texto legal y establezca mecanismos diferenciados de validación y pago que permitan resolver definitivamente esta situación.

En ese contexto, la comisión especial designada por la Cámara de Diputados tiene ahora una gran responsabilidad institucional y de su trabajo dependerá que el país avance hacia una solución justa y jurídicamente sostenible o que este problema continúe prolongándose indefinidamente.

Durante décadas, el pago de estas deudas acumuladas por el Estado ha estado rodeado de incertidumbre, trámites interminables e incluso prácticas que han sido señaladas como focos de corrupción.

Precisamente por eso, una ley clara y bien estructurada representa la mejor garantía para cerrar definitivamente este capítulo.

Los contratistas afectados no constituyen un grupo homogéneo en virtud de que existen al menos tres situaciones claramente diferenciadas.

Están los contratistas que ejecutaron trabajos adicionales fuera del límite contractual, los que realizaron labores de mantenimiento por instrucciones administrativas del Estado sin contrato formal, y aquellos cuyos expedientes han sido incompletados o desaparecidos con el paso del tiempo.

La solución, por tanto, no está en negar la deuda ni en paralizar el proceso legislativo, sino en diseñar mecanismos técnicos que permitan validar cada caso de acuerdo con su naturaleza jurídica.

El Congreso Nacional tiene hoy la oportunidad de transformar un problema histórico en una solución institucional.

Lo que no puede ocurrir es que esta deuda vuelva a quedar atrapada en los laberintos de una comisión legislativa.

Resolver esta deuda es fortalecer la institucionalidad.

jpm-am

La provincia de Monseñor Nouel, históricamente reconocida por su exuberante vegetación y su régimen de lluvias constante, se encuentra en un punto de inflexión gracias al aprovechamiento estratégico de sus recursos hídricos, visto sus valiosos aportes, la puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos no debe verse meramente como una obra de ingeniería civil, sino como un modelo de desarrollo integral que responde a las carencias sociales y económicas de la región, por tanto, mediante la captura de la energía cinética de los ríos, la provincia ha comenzado a transformar el potencial de sus montañas en un bienestar tangible para sus ciudadanos, sobre todo, ahora que estamos carentes de empleos, debido al cierre de “Falcondo” y la empresa textilera “Dos Ríos”.

Uno de los aportes más significativos de estas obras es su impacto directo en la reducción del desempleo, debido a que el marco de las fases de planificación y construcción de complejos como la hidroeléctrica de Río Blanco, se genera una demanda masiva de mano de obra local y según datos de la EGEHID (Empresa de Generación Hidroeléctrica), la inversión constante en obras civiles y mantenimiento en la zona, que ha superado los RD$188 millones en ciclos recientes, asegura plazas laborales estables que permiten a los residentes de municipios como Bonao y Maimón, principalmente en comunidades como Blanco, encontrar sustento en su propio territorio sin necesidad de emigrar a otros países.

La preparación técnica ha sido un subproducto invaluable de esta industria, en razón de que la necesidad de contar con personal capacitado para la operación de turbinas y sistemas de control ha motivado alianzas educativas que transforman a los jóvenes de comunidades rurales en expertos en electromecánica, lo que permite que el nivel académico de la provincia se eleve, creando una clase trabajadora competitiva y apta para los desafíos del mercado laboral moderno, además de alejarlos de la informalidad y la precariedad.

En términos de responsabilidad social, los proyectos gestionados por el Estado han servido para saldar deudas históricas, ya que poblaciones como Blanco y Arroyo Toro han sido testigos de la construcción de caminos vecinales y centros comunales que funcionan como albergues y espacios de cohesión, por eso, recientemente, se han impulsado infraestructuras en Los Quemados y Sonador, demostrando que el progreso energético llega acompañado de mejoras en la salud y la calidad de vida de las familias serranas.

El compromiso con la reforestación es quizás el legado más duradero de estas iniciativas. Conscientes de que sin bosques no hay agua, se han consolidado acuerdos con la Federación de Campesinos hacia el Progreso para la vigilancia de cuencas, por lo que estos programas no solo protegen la biodiversidad de la Cordillera Central, sino que garantizan la vida útil de las represas al evitar la sedimentación, asegurando que las futuras generaciones también puedan beneficiarse del recurso hídrico de forma perpetua.

Un caso de estudio excepcional en la zona es la Microcentral Hidroeléctrica de El Capá. Este proyecto representa la cúspide de la autogestión comunitaria: una pequeña planta que aprovecha el caudal local para dotar de energía a familias que antes vivían en la oscuridad. La comunidad de El Capá es una muestra que no se necesitan megaestructuras para cambiar la realidad de un pueblo; lo que demuestra que la organización social combinada con la tecnología hidráulica permite que la comunidad sea dueña de su propio destino energético y administrador de sus recursos.

El fenómeno del ecoturismo ha florecido a la sombra de los embalses, entre los que es justo destacar Blanco, Tireo, Tireito y Arroyón, además de la casa de máquinas del Proyecto Hidroeléctrico Pinalito y las zonas de reserva. El entorno de las hidroeléctricas ha transformado paisajes antes inaccesibles en destinos de primer orden. La zona de la Loma de Blanco y los senderos que rodean las cuencas de los ríos Yuna y Masipedro atraen hoy a visitantes nacionales, fomentando la creación de pequeños negocios de hospedaje y gastronomía que diversifican la economía local más allá de la minería tradicional.

Aguas desperdiciadas

Un aspecto crítico que estos proyectos abordan es la gestión del abastecimiento de agua, especialmente, en una región donde las lluvias suelen ser copiosas, resulta paradójico que muchas comunidades sufran por la falta de agua potable o de riego. Las presas actúan como reguladores vitales, almacenando el recurso para distribuirlo de manera equitativa durante las sequías, garantizando a la vez, que el sector agrícola de Monseñor Nouel cuente con un flujo constante para sus cultivos de café, cacao, arroz y otros productos que tienen carácter de importancia.

La paradoja de las aguas desperdiciadas es un tema de profunda reflexión valorativa. Durante décadas, millones de metros cúbicos de agua producto de las lluvias se pierden y provocan inundaciones destructivas. La construcción de infraestructuras permite “cosechar” esta agua hasta convertirla en energía limpia y barata, mitigando al mismo tiempo, el impacto de los fenómenos climáticos extremos que suelen golpear a las poblaciones más vulnerables de la provincia Monseñor Nouel.

Pueblos como Pinalito han servido de ejemplos de desarrollo, tras la llegada de la hidroeléctrica lo que ha significado la salida de la oscuridad y el aislamiento, por lo que en estos lugares, el acceso a una energía limpia y estable ha permitido el nacimiento de microempresas y el mejoramiento de los servicios de salud y la educación, en consecuencia, la ejecución de este tipo de proyectos, es una inversión en la dignidad del ser humano y en la modernización de los servicios básicos fundamentales que toda sociedad merece.

Es imperativo que la provincia continúe fortaleciendo este modelo de desarrollo. La integración de la comunidad en la vigilancia y disfrute de los beneficios hidroeléctricos es la única garantía de éxito a largo plazo, ya que al valorar cada gota de lluvia y cada rincón de sus montañas, Monseñor Nouel asegura un futuro de prosperidad donde esa misma agua se consagra como el motor de una nueva era de progreso social, ambiental y económico.

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