La Reforma Policial que ha emprendido el presidente Luis Abinader desde hace algunos años, no es la responsable del abominable crimen a mansalva del joven de 19 años en Santo Domingo Oeste, Darlin Enmanuel Mercado Reyes, cometido por el cabo José Francisco Moreta Heredia, que ha provocado el repudio de todos en sentido general, incluyendo algunos dirigentes de la oposición que han pretendido sacarle provecho político.

La Policía Nacional es una vergüenza desde su creación en 1936, en plena dictadura de Rafael Trujillo Molina.

¿Quiénes han formado parte de esa institución responsable, en la teoría, de proteger vidas y propiedades?.  En su mayoría jóvenes de extracción social muy humilde provenientes de los barrios y los campos sin mucha educación marginados.

No digo nada nuevo cuando afirmo que, en todas partes del mundo, capitalista o socialista, la Policía, al igual que las Fuerzas Armadas, al igual que la religión, están para proteger y garantizar los intereses de los oligarcas dueños del país, pues sin ellas no podrían gobernar un país.

La Policía dominicana surgida durante una dictadura como la de Trujillo, ha mantenido los mismos valores violentos y desconocedores de los derechos humanos, porque “el civil no es gente”.

La Policía ha sido durante muchos años una banda criminal difícil de dirigir y de controlar. Tras el asesinato de Trujillo, la Policía siguió siendo la misma del dictador, conspirativa, criminal y corrupta.

Ningún gobierno, hasta la llegada de Luis Abinader, se ocupó de limpiarla y transformarla, al contrario, permitieron que se crearan grupos de oficiales superiores, coroneles y generales, con intereses políticos y económicos muy definidos que en determinadas ocasiones atentaron contra la propia democracia que decían proteger.

Para nadie es un secreto que agentes policiales integran bandas paramilitares al servicio del narcotráfico, los juegos de azar, el contrabando y el sicariato. La Policía sabe perfectamente donde están los puntos de drogas y quienes son los dueños, muchas veces oficiales de alto rango de todas las instituciones militares.

Leonel Fernández

Desarticular la banda, asesina y corrupta en la Policía no es tarea fácil. El expresidente Leonel Fernández, que hoy habla pendejadas politiqueras, dijo en una ocasión temerles a los militares porque podían darle un golpe de Estado o matarlo. Ese mismo señor fue quien dijo que “prefería pagar para no matar”. ¡Y no sólo pagó, sino que también mató! ¡Y a muchos infelices!

Los “ intercambios de disparos”, donde por lo general caen muchos de los barrios marginados, de los cinturones de miseria, que “valen menos que la bala que los mata” como dijera el escritor uruguayo Eduardo Galeano, son recurrentes. Los policías disparan y después investigan.

La Reforma Policial emprendida por Luis Abinader requiere de muchos recursos económicos y de mucha educación. Se tomará tiempo, mucho tiempo para que veamos una Policía respetuosa de los derechos humanos, con valores éticos y morales distintos, propios de una sociedad desarrollada.

Mientras la Reforma avance, con nuevos agentes, educados, entrenados correctamente, con tecnología moderna, seguiremos viendo, lamentablemente, hechos como el de Santo Domingo Oeste donde un joven valioso, de 19 años, fue asesinado de un disparo que le propinó un agente. Culpar al gobierno de ese hecho aislado es irresponsable y politiquero.

PD: Invito a los lectores de esta columna a leer el artículo del sociólogo y académico Cándido Mercedes titulado: “Radiografía del drama institucional de los asesinatos de la Policía. (Entre 1996 y 2026). En esos años la Policía ha cometido crímenes que pueden calificarse de lesa humanidad contra los sectores más vulnerables del país.

Busquen ese artículo del profesor Cándido Mercedes. Lean las estadísticas de los crímenes cometidos contra la juventud durante los gobiernos de Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Solo durante la gestión del “cirujano” la Policía mató a más de mil jóvenes. Y eso, que el expresidente Fernández, decidió “pagar para no matar”. (¡Farsante!)

jpm-am

POR ELIZABET TUCENT HIRALDO

La transformación de los mercados financieros, impulsada por el desarrollo de las tecnologías de la información es uno de los caldos de cultivo que ha cambiado la forma en que se cometen algunos delitos económicos. Esa realidad ha obligado a los Estados a revisar sus marcos legales para responder a modalidades delictivas cada vez más complejas, modernas y automatizadas.

En la República Dominicana, algunas conductas vinculadas al ámbito financiero ya estaban previstas en leyes especiales, tal es el caso de la Ley No. 249-17 sobre el Mercado de Valores, la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera y la ley 53-07 sobre delitos utilizando medios tecnológicos.

Sin embargo, la promulgación de la Ley núm. 74-25, que crea, que es más correcto decir, a que modifica, el nuevo Código Penal, representa un paso importante al incorporar figuras penales que hasta ahora no encontraban una respuesta adecuada dentro del derecho penal común.

Aunque la nueva legislación que entra en vigor dentro de apenas unos días ha sido objeto de diversos análisis en su época de vacaciones, conviene analizar más profundamente el tratamiento que ofrece a los delitos financieros, particularmente a aquellos que en los últimos años han puesto a prueba al sistema de justicia dominicano como las estafas financieras y piramidales.

El Código Penal ya modificado no comporta el tratamiento focalizado y especializado de estos tipos penales nacidos cien años después de su adopción, lo que le hacía obsoleto, anacrónico y desfasado frente a estas conductas.

En materia de delitos económicos solo contemplaba la estafa simple y el abuso de confianza, y en el andamiaje jurídico nacional la ley 53-07 abordaba la estafa mediante medios electrónicos prevista en su artículo 15. La estafa simple apenas alcanza una pena de dos años de prisión y no prevé circunstancias agravantes cuando existe una pluralidad de víctimas o cuando estas presentan condiciones de especial vulnerabilidad.

Esa limitación ha tenido consecuencias prácticas. En numerosos casos de gran impacto económico y social, jueces y fiscales han debido recurrir a la figura de la estafa simple, aun cuando los hechos evidenciaban una complejidad y gravedad muy superiores.

El nuevo Código Penal procura llenar ese vacío. En su Capítulo III, Sección I, el artículo 237 define la estafa simple y, posteriormente, los artículos 238 al 242 desarrollan distintas modalidades como la estafa agravada, estafa colectiva, estafa piramidal, estafa piramidal agravada y la complicidad en la estafa piramidal.

Avance

La incorporación de este catálogo de figuras penales constituye un avance importante. No obstante, surge una interrogante de ese catálogo de infracciones y es, ¿por qué la complicidad solo se contempla expresamente para la estafa piramidal, cuando también podría presentarse en cualquiera de las demás modalidades de estafa?.

La observación cobra relevancia porque las formas de criminalidad financiera evolucionan constantemente y es posible que en el futuro aparezcan nuevas modalidades que hoy no pueden preverse.

Otro aspecto novedoso es la tipificación de la intermediación financiera no autorizada o no regulada. Se trata de una conducta que no había sido incorporada como delito en la legislación penal, pese a que la Ley Monetaria y Financiera establece sanciones para las entidades reguladas.

Esa ausencia provocaba que muchas operaciones realizadas por entidades no autorizadas quedaran sujetas únicamente a consecuencias administrativas o, en el ámbito penal, terminaran siendo perseguidas como simples estafas.

Las diferencias también son evidentes en el régimen sancionador. Mientras la legislación actual limita la estafa simple a una pena de dos años de prisión, el nuevo Código Penal eleva esa sanción a un rango de tres a cinco años. La estafa agravada, la estafa colectiva y la estafa piramidal podrán castigarse con penas de cinco a diez años, mientras que la estafa piramidal agravada podrá superar los veinte años de prisión cuando concurran las circunstancias agravantes previstas por la ley.

Sin embargo, la nueva normativa deja abierta una cuestión que seguramente será objeto de debate en la práctica judicial: no establece con claridad si basta una sola circunstancia agravante para imponer la pena más severa o si será necesaria la concurrencia de varias de ellas.

Prevención

Más allá del fortalecimiento del régimen sancionador, conviene recordar que la mejor herramienta frente a las estafas financieras sigue siendo la prevención. Cuando estos delitos se consuman, la respuesta será necesariamente punitiva, pero el daño económico, moral, emocional y psicológico sufrido por las víctimas difícilmente podrá repararse por completo.

Por ello, resulta indispensable que los ciudadanos se informen antes de entregar sus recursos a cualquier esquema de inversión que prometa beneficios extraordinarios. La promesa de una alta rentabilidad continúa siendo una de las principales señales de alerta. En materia financiera, la prudencia sigue siendo la mejor inversión.

Porque, al final, la regla continúa siendo la misma: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea.

jpm-am