Desde la antigüedad, han sido edificadas fortificaciones para proteger territorios e impedir el cruce de guerreros, contrabandistas, inmigrantes ilegales, salteadores de siete leguas y terroristas, amparados en el dicho de que los buenos muros hacen buenos vecinos. El más simbólico es la Gran Muralla China, una de las siete maravillas del mundo, hoy patrimonio de la humanidad. 

En el crepúsculo del siglo XX y las primeras décadas del tercer milenio, 39 naciones han levantado verjas ultramodernas, con alambradas de altos voltios, campos minados, sensores para identificar huellas, radares y láser de movimiento. Recobran vigencia (lo viejo se vuelve nuevo) y representan más protección y una mengua de las insostenibles cargas para los países receptores. 

 Basta citar los de Corea del Norte y Corea del Sur, España y Marruecos, Irlanda del Norte y Malasia, Irlanda y el Reino Unido, Chipre y Turquía-Isla Chipriota, Israel y Cisjordania, Egipto-Gaza, Irak y Kuwait, La India y Pakistán, Botswana y Zimbawe, Los Emiratos Arabes Unidos con Omán-Kuwait, Emiratos y Arabia Saudita, Afganistán y Pakistán, y  Brunei y  Malaya de Lindberth. 

El más difundido ha sido el muro de tres mil 200 kilómetros que Estados Unidos levantó en su frontera con México, con 2 mil 400 millones de dólares, reforzado con detectores infrarrojos, cámaras, radares, torres de control y sensores de tierra, para impedir que a su territorio penetren indocumentados de México y Centroamérica. ¿Han entrado los miembros de la caravana de este último territorio? 

Más o menos un 80% de los dominicanos, promediando los resultados de las encuestas realizadas por distintos diarios, favorecen un muro de hormigón u otros materiales en la frontera dominico-haitiana. No están incluidos empresarios que no piensan en la Patria, sino en el lucro de la mano de obra haitiana, sociólogos que hablan de anacronismo sin enterarse que ellos sí los son, y oriundos anti-nacionales.

Los más sensatos respaldaron la resonante Sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, una efectiva política migratoria, el Plan de Regularización, el diálogo bilateral, la repatriación masiva de ilegales y empleos para los dominicanos, que sean socorridos por una muralla alta, con tecnologías, que puede ser levantada con un fondo especial para no recargar al gobierno.

Urge resguardar la frontera, que en sus 391 kilómetros en 1929 fueron colocadas 313 pirámides, pero una parte ha sido destruida, en tanto que en el 2013 Haití alzó una verja de 17 kilómetros en Elías Piña, para un control de Aduanas y obligar a que las mercancías paguen aranceles. ¿Cuáles voces rezongaron contra esta barrera?

Un contrafuerte o muro será un contrapeso ante el Pacto Mundial sobre Migración o Pacto Global de Derechos de Alojamientos, la antesala macabra de la ONU-ACNUR-OIM para lograr hacia el 2030 naciones sin fronteras, que implica una fusión informal de la isla de Santo Domingo.   

Además de drogas, carros robados y una diversidad de mercancías, por la demarcación limítrofe cruzan también nativos de 70 países, especialmente de Haití, Cuba, China, Colombia, El Líbano, Pakistán, Egipto y Africa, una gran parte de los cuales utilizan a República Dominicana como puente para viajar a Estados Unidos. Esos aventureros arriban a Haití sin ningún inconveniente, por las vías marítimas y aéreas, por la vulnerabilidad en la vigilancia para impedir el trasiego humano. 

Por más vigorosos que han sido los ajetreos del Cesfront, el Ejército y la Dirección de Migración, el tráfico fronterizo puntillea como indetenible, aunque los que vigilan fueran vigilados. Los controles fallan, más o menos, y nos preguntamos: ¿por qué…?             

La haitianización de la República Dominicana aumenta cada día y se reporta que los nativos están abandonando los pueblos fronterizos, donde los indocumentados del vecino país han pasado a ser la mayoría, con el agravante de que ni alcaldes pedáneos hablan  español. 

Esta invasión pacífica viene a ser, sin que lo sepan los ocupantes de hoy, la continuación del propósito de despojar a los dominicanos de la parte Oriental de la isla, que ha generado serios problemas fronterizos y ha obligado a la firma de numerosos acuerdos limítrofes. 

A través del Tratado de Aranjuez de 1777, suscrito por Francia y España, se estableció la primera línea divisoria entre las colonias Oriental y Occidental de la Hispaniola, y en 1856 el gobierno haitiano ocupó irregularmente y declaró como suya otra franja del territorio dominicano. 

Por el temor a nuevas invasiones haitianas, en 1861 Pedro Santana anexó el territorio dominicano a España; luego del triunfo de la guerra de la Restauración, en 1865, siguieron las incursiones y en 1929 fue rubricado el tratado de separación territorial dominicano-haitiano, que está vigente con una enmienda. 

Si el gobierno no desaloja civilizadamente a los haitianos que ocupan espacios fronterizos y dominicaniza esa zona, cuando quiera hacerlo podría ser demasiado tarde, y entrará parcialmente en vigencia el pensamiento de Juan Jacobo Dessalines, quien popularizó la frase de que la isla es única y que ella le pertenece a Haití. 

Provocó escalofríos que el influyente periódico de Haití “Le Nouvelliste” planteara en los primeros días de junio de 2014 que, para desactivar sus graves problemas internos, era necesario que unos 200 mil haitianos salieran cada año de su país, cuando no se sabía con certeza cuántos del vecino territorio residían en República Dominicana. 

Haití y ´la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han actuado en un conciliábulo anti-dominicano desde 1947, cuando este organismo sugirió que los haitianos emigraran masivamente hacia la República Dominicana, lo que ha ocurrido paulatinamente con la complicidad de sectores nacionales. 

Han silenciado sobre este fenómeno a grupos de poder económico, los partidos políticos, incluidos los de la izquierda enclenque, y las Ong’s financiadas por el Tío Sam, y valiosas fueron las advertencias de los ex presidentes Joaquín Balaguer y Juan Bosch, y desde las primeras décadas del siglo XXI las del jurista Marino Vinicio (Vincho) Castillo y sus hijos. 

Se estima que más de dos millones de haitianos viven en República Dominicana, ante la censurable indiferencia de la izquierda desfallecida, que se basan en un mal entendido internacionalismo proletario, y los partidos tradicionales, como el PRD y el PLD, que no se han pronunciado en vista del dramático cuadro. 

Como saben, mientras nuestras calles están repletas de esos nacionales, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Brasil, Perú y las islas del Caribe les cierran las puertas y, entonces, ¿es justo que vengan a destruir el aparato productivo nacional y a poner en peligro los escasos empleos y a limitar la asistencia médica a los dominicanos. 

En su primera rendición de cuentas ante el Congreso, el pasado 27 de Febrero, Día de la Independencia Nacional, el presidente Luis Rodolfo Abinader anunció que reforzará la seguridad y el control en la frontera, para frenar la inmigración ilegal a cargo de mafias que comercializan con seres humanos. Prometió que, en dos años, será terminada una verja perimetral en la frontera con Haití, doble en los tramos más conflictivos y simple en el resto del límite, con sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento fácil, radares y sistemas infrarrojos. 

Así, el jefe de Estado gana puntos y se pone a tono con una corriente mundial de protección fronteriza, comenzando con Estados Unidos, Italia y España, que han devuelto a miles de africanos que han cruzado el Canal de Sicilia, el Estrecho de Gibraltar y la Verja de Melilla. 

Los nuevos anuncios presidenciales, que responden a un sostenido reclamo de control fronterizo, coinciden con la conversión en Ley, tras un consenso entre el presidente Abinader, los legisladores y sectores involucrados, del proyecto que crea la Zona Especial Integral Fronteriza y un régimen de incentivos por 30 años, que apuntala como un gran proyecto de desarrollo socio-económico en esa deprimida región del país, para que los nativos no sigan abandonándola y los forasteros ocupándola. Aguardemos resultados…!

El recular o no cumplir con las promesas del presidente Luis Abinader se ha vuelto una tendencia en su gobierno del “cambio”, esta ocasión con la asignación que denota el Presupuesto Nacional a los partidos políticos de la República Dominicana que este año suma a 1,260 millones de pesos. Este es el gobierno del cangrejo, porque seguimos caminando hacia atrás en las iniciativas que están a favor del pueblo y en contra de los políticos tradicionales del país.

Tenemos la “democracia” más cara del mundo, donde le pagaremos miles de millones a estos partidos, sin importar que tan grande sea la crisis sanitaria y económica del coronavirus. Este gobierno no toma en cuenta las necesidades prioritarias de los dominicanos y este dinero se puede utilizar en problemas pilares de la nación, como son:  asistencia social de desempleo, inseguridad ciudadana  y otros tantos que siguen en segundo plano.

El presidente Abinader sigue demostrando que quienes están al mando son las mafias existentes antes de su gobierno. Una de las propuestas del gobierno mejor recibidas por el pueblo es que este año por causa de la pandemia del Covi-19, la asignación presupuestaria a por orden de la Ley Núm. 33-18, de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos sería reducida a la mitad, o sea solo se pagaría 630 millones de pesos.

La Junta Central Electoral (JCE) dirigida por su presidente, Román Jáquez Liranzo, está saliendo a defender la repartición económica a los partidos políticos. Esta organización que está para ser la protectora de la voluntad del pueblo en las elecciones y no para presionar al gobierno de que reparta todos estos millones a estos políticos corruptos.

Pero, esto se debe a las órdenes emitidas por Leonel Fernandez, quien es el líder político del presidente Román Jáquez. Fernandez quien tiene aspiraciones presidenciales por cuarta vez para el 2024, fue uno de los primeros políticos que salió a darle el frente a esta promesa del presidente Abinader de recortar estos fondos a estas organizaciones políticas. Este tremendo patriota es de los primeros que sale el 27 de febrero a saludar los avances de la democracia, cuando en los gobiernos de Fernández hay varios casos de corrupción y desfalco público.

Es imperativo e inminente terminar las contribuciones económicas a los partidos políticos por vía del gobierno y la Ley 33-18; ya que este ejercicio promueve el vandalismo y corrupción dentro de estas instituciones. Es urgente implementar el sistema de contribución electoral que usan los  países desarrollados, como los Estados Unidos.

Según la Ley de Campañas Electorales Federales las contribuciones están sujetas a límites, por ejemplo:   Individual US$2,900, Comité de candidatos US$2,000 y Comité de Acción Política (PAC): multi-candidato US$5,000 todos estos montos por elección. Estas donaciones por individuos y Comités Políticos promueven los valores democráticos y termina la influencia tanto dentro del gobierno, como fuera por criminales y narcotraficantes.

Si el presidente Abinader tuviera los pantalones bien puestos, se impone ante este desastre y desfalco económico a estos partidos que en vez de defender los intereses constitucionales de los dominicanos, son los centros emisores de los casos de corrupción y robo al erario gubernamental. La independencia de los poderes del estado no existe en este país con ramificaciones presidencialistas, por eso la responsabilidad total de que no se cumpla con esta promesa de solo dar la mitad de lo presupuestado a los partidos políticos caen en los hombros del presidente Abinader.

El cambio se nota solo en los bolsillos de los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), una sucursal del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que tenían desde el 2004 fuera del gobierno.

Esta es la razón por la que vemos el nepotismo familiar al por mayor y al detalle en posiciones en este gobierno del “más de lo mismo”. Los morados “comían solos” y estos “comen con todo y familia”.

Las leyes 33-18 y 15-19 de Régimen Electoral no establecieron un porcentaje específico de cuánto dinero debe recibir los partidos políticos. Esto ha sido manipulado a la medida de las necesidades electorales y ambiciones de los dirigentes de estas organizaciones. La voluntad de usar las leyes siempre a favor de los que están en el poder y en contra de los intereses del pueblo es la norma constante sin importar el partido en el poder.

Nosotros no podemos permitir que se regale tanto dinero a las organizaciones políticas que han hundido este país en corrupción, endeudamientos internacionales, inseguridad ciudadana, una mala  educación y sin un sistema energético o agua potable. Esta decisión del presidente Abinader es sumamente indignante y dolosa que se debe protestar por todos.

Sigue claro que después del 177 aniversario de la Independencia Nacional, los dominicanos seguimos esclavos no con otra potencia extranjera, sino las mafias criollas en el poder que hacen que este gobierno “Recule” en cada decisión que esté en favor del pueblo.

Aquí no se puede seguir votando por los mismos políticos que han hundido este país en miseria, hay que apostar a una opción que vaya en contra de todos los partidos tradicionales que son peores que las siete plagas de egipto y carcome desde la fundación del país, la soberanía nacional.

latrincheradelhonor@gmail.com

JPM