Los cambios de funcionarios gubernamentales se producen ocasionalmente por decisiones presidenciales y muchas veces la comunidad no queda debidamente empapada de quienes son los nuevos incumbentes.

Se produce entonces, en esos casos, conjetura, suposición y podría decirse que especulación acerca de los designados, poniéndose en tela de juicio si tienen capacidad o méritos para desempeñar las nuevas funciones.

Y es, señores, que los decretos no explican las cualidades de los nombrados, aunque el mandatario -siempre avispado- sí sabe a quién envía a determinada posición.

Me preguntaba -y escuché a algunas personas hablando lo mismo- quién es Geraldo Espinosa Pérez, nuevo titular de la Contraloría General de la República,  órgano del Poder Ejecutivo rector del control y la fiscalización interna de las recaudaciones y la inversión de los recursos públicos.

Por aparentar tan joven, supuse que debía tener experiencia de primer orden en materia de contabilidad y ejercicio prolongado en la administración pública. Pero no sabía nada y me dispuse a averiguar.

Las indagaciones que he realizado en los últimos días me han permitido determinar un perfil muy positivo del nuevo funcionario, podría decirse que mucho más sólido de lo que esperaba.

Orígenes y estudios

Lo primero que establecí es que es nativo de Pescadería, pequeña comunidad del Sur de la provincia Barahona, la cual fue elevada a la categoría de distrito municipal en el 2001.

Nació allí el 25 de marzo de 1972, lo que significa que en esta misma semana cumple 54 años. Hijo de los señores Juan Pablo Espinosa (fallecido ya) y Agustina Pérez, ambos de excelente reputación en la zona.

Geraldo Espinosa Pérez egresó de la UASD con Licenciatura en Contabilidad en 1999. Hizo una  especialidad en Tributos Internos en el Instituto de Capacitación Tributaria, antiguo INCAT, ahora Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), la cual concluyó en 2003.

Enriqueció su capacitación de la siguiente forma:

a) Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Universidad Carlos III Madrid, España, 2010.

b) Diplomado en Presupuesto Público, Gestión Financiera, Macroeconomía y Política Fiscal, Asociación Argentina de Presupuesto y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 2015.

c) Diplomado en Introducción a Mercados de Capitales, Universidad Iberoamericana (UNIBE), 2014.

d) Maestría en Administración de Negocios Concentración Operaciones, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), 2024.

Entre 1999 y 2023 participó en cursos, seminarios y talleres en materia de auditoría, administración, contabilidad, tesorería, impuestos, fiscalización y otros.

Experiencia de trabajo

Que Geraldo Espinosa Pérez tiene vasta experiencia de trabajo en el sector público lo demuestra el hecho de que cuenta con 25 años en el mismo.

Se inició en el 2001 como auditor en la Dirección General de Impuestos Internos, hasta el 2004. En el 2005 entró a la Tesorería Nacional, ocupando las funciones de encargado de contabilidad, encargado de análisis y gestión de riesgos y director administrativo y financiero, hasta 2021. Es de valor apuntar que en la Tesorería Nacional creó el informe de activos y pasivos del Tesoro, el monitor financiero y el sistema de inventario interno.

Desde abril del año 2021 se desempeñó como Subcontralor General de la República, lo cual evidencia que en la institución que ahora encabeza no es un improvisado. En la Contraloría, juntamente con su equipo, ha desarrollado el Sistema Unificado de Gestión de Pago (SUGEP), el Nuevo Índice de Control Interno (ICE), el Sistema Automático de Certificaciones de Cargos y otros procesos y resoluciones.

Por todos los lados donde se le vea y escudriñe (especialmente por el profesional y el personal) no hay dudas de que Espinosa Pérez tiene cualidades de sobra que alimentan la buena imagen del funcionariado gubernamental.

josepimentelmunoz@hotmail.com

Estas son las opiniones de altos ex comandantes de la marina y el ejército de Estados Unidos, exmiembros de la CIA, expertos militares europeos y de Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, que le envió al presidente Trump su carta de renuncia por su desacuerdo con la guerra en el Golfo Pérsico.

Estos son los 9 errores estratégicos de Estados Unidos e Israel:

1.    Definitivamente Netanyahu fue quien presionó a Trump a atacar a Irán, no porque este tenía un arma nuclear casi terminada, lo que es totalmente falso, sino para que el petróleo del Golfo Pérsico fluyera a occidente a través de oleoductos que cruzaría por Israel, eliminando a Irán y la importancia del estrecho de Ormuz.

2.    Pero subestimaron lo más importante: La gran capacidad de drones y misiles que posee Irán, escondidos en túneles kilométricos debajo de montañas casi inaccesibles e imposible de destruir. Irán fabrica drones de alta calidad a un costo entre 10 y 20 dólares y le suple esos drones a Rusia para atacar a Ucrania. Y los sigue fabricando en plena guerra. Cuando se lanzan decenas de drones a un objetivo, para interceptarlos se usan misiles Tomahawk que cuestan entre 3 y 7 millones de dólares.

3.    No contaron (o no les importó) que Irán atacaría a Israel duramente, apoyado por Hezbolá desde el Líbano y los Hutíes en el Mar Rojo. Igualmente, las bases militares de Estados Unidos y las plantas de gas y petróleo en los países árabes vecinos están casi destruidas disparando los precios del crudo en más de un 80% y causando una crisis mundial. Y ahora amenazan con destruir todas las plantas desalinizadoras que suplen el 80% del agua potable de los países del Golfo.

4.    El cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, era tan obvio que hasta un estudiante del bachillerato lo hubiera sabido.

5.    La creencia absurda de que con la eliminación del Ayatolah Jamenei y su cúpula política y militar en los primeros minutos de la guerra, ya todo estaba terminado, resultando más fácil vencer a Irán que la captura de Maduro. Pero los estrategas olvidaron algo muy importante: Irán tiene una estructura de mando descentralizada esparcida en 1.5 millones de kilómetros cuadrados, con órdenes claras de seguir atacando sin necesidad de una orden desde arriba. Se prepararon años para eso.

6.    Para sorpresa de Washington, Irán lanza un misil que recorre casi 4 mil kilómetros hasta la Isla Diego García en el Océano Índico, donde hay una base militar de E.U. en suelo inglés. Todos creían, hasta ahora, que esos misiles solo podían alcanzar objetivos hasta 2,500 kilómetros. Ahora pueden llegar hasta Europa.

7.    Tampoco contaron con el soporte logístico de China y Rusia. La precisión de los ataques de Irán solo es posible con apoyo satelital de esos dos países que facilita ubicar objetivos estratégicos en cualquier punto del globo.

8.    También olvidaron algo aún más importante: Irán es chiita y jamás se rendirán (por tradición histórica) aunque todos tengan que morir. El sacrificio, la escasez y el sufrimiento son parte de su cultura. En occidente eso no se entiende.

9.    Desde el comienzo de la guerra, Irán tenía un objetivo: No podía ganar militarmente contra Estados Unidos e Israel, pero sí podían ganar la guerra económica. Y lo están logrando. Han puesto al mundo boca abajo y apenas la guerra esta comenzando, mientras el presidente Trump sigue divagando si envía tropas terrestres, para terminar como en Vietnam y Afganistán.

10 Trump se pelea con la OTAN y los insulta por no apoyarlo en una Guerra sin sentido y siempre habla de que ganaron la guerra (¿Qué guerra?) mientras le pide al congreso 200 mil millones más para financiar una causa perdida que cuesta 1.3 billones diarios. Árabes e israelíes mueren por docenas todos los días por una inexistente!!!. 

Por RAFAEL RAMIREZ MEDINA

El reciente discurso del presidente Luis Abinader, en el que advierte sobre el impacto del conflicto con Irán en los precios del petróleo y sus derivados, plantea un desafío inminente para la economía de la República Dominicana.

Ante este panorama, el gobierno debe actuar con firmeza y sensibilidad social, priorizando medidas que protejan el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Es fundamental establecer subsidios focalizados a los combustibles de uso público y productivo, evitando que el alza se traslade de manera desproporcionada al transporte y a los alimentos.

Asimismo, se debe reforzar la supervisión de los mercados para prevenir la especulación y el aumento injustificado de precios.

La transparencia en la comunicación será clave para generar confianza. No se trata solo de informar, sino de demostrar control y capacidad de respuesta. El momento exige liderazgo, pero también empatía con la realidad del pueblo.

En paralelo, el gobierno debe impulsar políticas estructurales que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, apostando por energías renovables y eficiencia energética como pilares de sostenibilidad.

Es oportuno revisar la carga impositiva sobre los combustibles de manera temporal, aliviando el impacto inmediato en los sectores más vulnerables sin comprometer la estabilidad fiscal a largo plazo.

También se deben fortalecer los programas sociales existentes, asegurando que lleguen de forma efectiva a quienes más lo necesitan. El apoyo al sector productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, será determinante para evitar una desaceleración económica.

La coordinación entre sector público y privado puede marcar la diferencia en momentos de crisis. Convertir la adversidad en una oportunidad de transformación debe ser el enfoque estratégico. Porque más allá del impacto externo, la verdadera respuesta está en la capacidad interna de actuar con visión y responsabilidad.

Aspecto clave

Un aspecto clave que no debe pasarse por alto es la eficiencia del gasto público en tiempos de crisis. Cada peso del Estado debe orientarse a generar el mayor bienestar posible, eliminando gastos innecesarios y priorizando la inversión social.

En momentos donde factores externos, como el conflicto con Irán, presionan la economía local, la disciplina fiscal inteligente se convierte en un escudo para la estabilidad.

La reorientación del presupuesto hacia sectores estratégicos puede amortiguar el impacto en los hogares más vulnerables. Además, es momento de fortalecer la institucionalidad y la rendición de cuentas.

La confianza ciudadana se construye cuando el sacrificio es compartido y bien administrado. Gobernar en crisis no es solo resistir, es saber priorizar con justicia.

Finalmente, el país debe asumir esta coyuntura como un llamado a la acción colectiva, donde no solo el gobierno, sino también el sector privado y la ciudadanía juegan un rol determinante. La concertación nacional puede facilitar acuerdos que eviten medidas improvisadas o desproporcionadas.

Bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, se abre una oportunidad para impulsar reformas que fortalezcan la resiliencia económica del país. Educar a la población sobre consumo responsable y eficiencia energética también forma parte de la solución.

No se trata únicamente de enfrentar una crisis pasajera, sino de sentar las bases de un modelo más sostenible y equitativo. Las grandes naciones se definen en los momentos difíciles. Y la República Dominicana tiene hoy la oportunidad de demostrar su capacidad de adaptación y visión de futuro.

jpm-am 

Por ISAIAS RAMOS

En los últimos días, el debate sobre las candidaturas independientes ha sido arrastrado hacia un terreno doctrinal cada vez más complejo. Se habla de interpretación constitucional, mutación constitucional, activismo judicial y democracia de partidos.

Todo eso puede tener interés académico. Pero, para fines institucionales, la pregunta decisiva es mucho más simple: ¿puede una autoridad pública decidir no cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional?

La respuesta, en un Estado Social y Democrático de Derecho, es no.

El Tribunal Constitucional ya fijó un criterio mediante la Sentencia TC/0788/24. Ese criterio puede ser discutido. Lo que no puede ser relativizado en la práctica institucional es su fuerza obligatoria.

El artículo 184 de la Constitución no deja espacio para ambigüedades: las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado.

Eso incluye, sin excepción, a la Junta Central Electoral.

Si la JCE pretendiera organizar un proceso electoral ignorando ese precedente, no estaríamos ante una diferencia legítima de interpretación. Estaríamos ante una violación abierta del orden constitucional.

Candidaturas independientes

La primera consecuencia es jurídica. El artículo 6 de la Constitución dispone que toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Ninguna autoridad puede actuar como si una sentencia del Tribunal Constitucional pudiera ser desobedecida por conveniencia política o administrativa.

En términos simples: una ley posterior no puede invalidar una sentencia constitucional vigente. Tampoco puede “corregir” al Tribunal Constitucional mediante una mayoría legislativa ordinaria. Si una nueva norma pretendiera erradicar las candidaturas independientes en contradicción con el alcance constitucional ya definido, esa norma nacería gravemente viciada.

La segunda consecuencia es democrática. El artículo 22 reconoce el derecho de ciudadanía a elegir y ser elegible. No se trata de una concesión de los partidos ni de una autorización graciable del legislador. Se trata de un derecho fundamental.

Aquí conviene despejar una confusión. El reconocimiento constitucional de los partidos políticos como actores esenciales del sistema democrático, en el artículo 216, no puede interpretarse como una autorización para convertirlos en barrera absoluta frente al derecho de ciudadanía a ser elegible.

Una cosa es reconocer su centralidad en la vida democrática; otra, muy distinta, es transformarla en un monopolio excluyente del acceso a la representación.

La tercera consecuencia es institucional. Si se entiende que el criterio del Tribunal debe ser revertido, la Constitución ofrece un camino legítimo: la reforma constitucional. No el desacato ni la anulación indirecta por ley ordinaria.

Pero incluso esa vía exige rigor. El artículo 267 es claro: la reforma solo puede realizarse en la forma que la propia Constitución establece. Eso significa que, si se pretendiera alterar por vía constitucional el alcance del derecho a ser elegible, no bastaría una ley ordinaria ni una consulta general.

Habría que declarar la necesidad de la reforma mediante la ley de convocatoria, someterla a la Asamblea Nacional Revisora y, al tratarse de derechos, garantías o deberes fundamentales, activar el referendo aprobatorio previsto en el artículo 272.

Ese referendo debe ser convocado por la Junta Central Electoral una vez aprobada la reforma, celebrarse dentro de los sesenta días siguientes a su recepción formal y solo queda válidamente aprobado si obtiene más de la mitad de los votos de los sufragantes y una participación superior al treinta por ciento del Registro Electoral, sumados los votos por “sí” y por “no”.

En ese contexto, el artículo 210, que regula el referéndum en general, no puede ser utilizado para eludir ese procedimiento agravado ni para sustituir el control constitucional ya ejercido por el Tribunal Constitucional.

Y hay algo que debe quedar fuera de toda duda: mientras ese proceso de reforma no haya sido completado en la forma que la propia Constitución establece, todos los órganos del Estado continúan obligados a cumplir íntegramente el orden constitucional vigente y, por tanto, la Sentencia TC/0788/24.

Ni la apertura de un debate político, ni la discusión de una ley, ni la eventual activación de mecanismos de reforma suspenden por sí mismas la fuerza vinculante del artículo 184 ni neutralizan la nulidad prevista en el artículo 6 frente a los actos contrarios a la Constitución.

Hay, además, una contradicción que el país no puede pasar por alto: no se puede haber proclamado un Estado Social y Democrático de Derecho para luego reducir el alcance efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía. La democracia pierde autenticidad cuando el poder pretende administrar como concesión lo que la Constitución reconoce como derecho.

La cuarta consecuencia es administrativa. Incluso en la medida en que la Junta Central Electoral ejerce función administrativa, la conclusión es la misma. La Ley 107-13 obliga a la administración pública a actuar conforme al ordenamiento jurídico, bajo principios de legalidad, racionalidad, motivación y no arbitrariedad.

Las elecciones no son solo un procedimiento. Son un contrato de legitimidad entre instituciones y ciudadanía. Y ese contrato se debilita cuando el acceso a competir deja de regirse por la Constitución y pasa a depender de decisiones selectivas de poder.

No se trata, entonces, de estar a favor o en contra de una modalidad de candidatura. Se trata de algo más elemental: si las reglas constitucionales obligan de verdad a todos. Porque cuando una sentencia del Tribunal Constitucional se vuelve opcional para los órganos del Estado, la Constitución misma empieza a perder su fuerza normativa.

Y cuando la Constitución pierde fuerza normativa, lo que entra en crisis no es un artículo, ni una candidatura, ni una coyuntura electoral. Lo que entra en crisis es la credibilidad del Estado de Derecho.

Porque cuando el poder decide que puede incumplir la Constitución sin consecuencias, la primera víctima no es una candidatura: es la República misma.

jpm-am