Algunas instituciones son creadas para administrar. Otras para ejecutar políticas públicas. Pero existen algunas cuya misión es todavía más delicada: servir de contrapeso frente al poder y convertirse en refugio institucional del ciudadano cuando siente que nadie lo escucha.

Entre ellas, pocas cargan con una responsabilidad tan simbólica y trascendental como la figura del Defensor del Pueblo.

Su razón de existir no es ocupar espacios protocolares ni acumular presencia pública. Tampoco es administrar relaciones cómodas con quienes gobiernan. Su propósito es mucho más exigente y aguerrido: vigilar, señalar, defender derechos, acompañar reclamos y representar institucionalmente la voz de quienes no tienen poder.

Por eso, resulta preocupante que cada vez más ciudadanos se hagan eco de una percepción incómoda de escuchar: que frente a muchos de los problemas que más golpean a la población dominicana, el Defensor del Pueblo parece mantenerse distante, selectivo o insuficientemente presente.

El país vive tensiones y desafíos que no necesitan explicación para quien los enfrenta todos los días: inseguridad, presión sobre el costo de vida, interrupciones en servicios básicos, dificultades en salud, desafíos educativos, incertidumbre económica y una sensación creciente de desgaste en la calidad de vida.

No son asuntos aislados ni casos individuales. Son preocupaciones colectivas que afectan a miles de familias.

Y es precisamente ahí donde surge una pregunta que empieza a repetirse con más fuerza en distintos sectores de la sociedad: ¿Dónde está la institución creada para defender al ciudadano cuando éste siente que está enfrentando solo sus dificultades?

No se trata de pedir que el Defensor del Pueblo gobierne. No se le exige sustituir ministros ni resolver por sí solo problemas históricos del Estado. Pero sí se espera algo esencial: una institución con iniciativa, con criterio independiente y con capacidad de colocar los derechos ciudadanos en el centro del debate público.

Porque defender al pueblo no significa procurar que el conflicto desaparezca, significa entrar donde el conflicto existe.

Una institución de defensa ciudadana no demuestra fortaleza por la cantidad de actividades que realiza ni por la frecuencia con que aparece en titulares. Su relevancia se mide por su disposición a intervenir donde están las preocupaciones reales de la población.

Y cuando empieza a instalarse la percepción de que la energía institucional se concentra más en casos de alto rendimiento mediático que en problemas estructurales que afectan a millones, el cuestionamiento deja de ser coyuntural y se vuelve más profundo.

Porque la ciudadanía no evalúa solamente si una institución existe o sale todos los días en los medios de comunicación. Evalúa, más bien, si se siente defendida por ella ante todos los problemas que la agobian.

Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones llamadas a protegerlos guardan silencio frente a los temas que generan angustia colectiva, comienza a deteriorarse la confianza institucional.

Y una democracia donde la gente deja de confiar en sus órganos de protección empieza lentamente a perder mecanismos de equilibrio.

Porque una institución puede emitir comunicados, asistir a eventos y mantener presencia pública, pero si el ciudadano no siente acompañamiento frente a los problemas que condicionan su vida diaria, se instala la sensación de que la representación existe solo en el papel.

El Defensor del Pueblo no está llamado a agradar al poder. Está llamado a incomodarlo cuando sea necesario. No está para administrar prudencias excesivas. Está para recordar que los derechos fundamentales de los ciudadanos no esperan momentos oportunos.

No está para seleccionar únicamente causas que generen exposición. Está para estar donde le duele al país.

La República Dominicana necesita un Defensor del Pueblo valiente, independiente y cercano a la gente. Que no tema elevar la voz cuando las circunstancias lo demanden. Que entienda que el prestigio no se construye con presencia mediática, sino con presencia social.

Porque al final, toda esta discusión termina reducida a una sola pregunta que ninguna democracia debería permitirse ignorar: ¿Quién defiende al pueblo cuando su Defensor calla?

No permitamos que los desastres del PRM, PLD y FP sigan gobernando. De lo contrario, el diablo nos toca la puerta.

Los tres partidos que se han repartido el poder en los últimos 30 años no resolvieron ninguno de los problemas estructurales del país. Al contrario: los administraron, los rentabilizaron y los empeoraron.

1. Deuda externa impagable

Desde que el PLD llegó al poder en 1996, la deuda pública se disparó con préstamos y financiamientos internacionales. PRM y FP le dieron continuidad al mismo modelo. Hoy la deuda es tan abultada que hipoteca el presente y el futuro, en detrimento de la calidad de vida del dominicano de a pie. Pedimos prestado para pagar intereses, no para producir.

2. Corrupción administrativa con cambio de actores

Desde el año 2000, cuando cayeron presos Luis Inchausti, Diandino Peña, Félix Bautista, Simón Lizardo y demás, el patrón se repite: la corrupción no se detiene, solo cambia de color. Se muda de un partido a otro. A veces con los mismos rostros. Pregúntenle a Ángel Lockward, preso en dos gobiernos distintos y que nunca ha devuelto lo acumulado ni ha sido apartado de forma definitiva de la cosa pública.

3. Sistema de salud caótico

En 2001 se aprobó la Ley 87-01 de Seguridad Social. Se vendió como progreso y terminó siendo un atraco legalizado sin régimen de consecuencias. Las AFP y ARS nadan en dinero de trabajadores, ahorrantes y asegurados, sin devolverlo con eficiencia ni dignidad. Casos como el de Senasa y el hospital oncológico de Santiago muestran cómo funcionarios se lo llevaron en las garras. Y de paso se fueron vidas. Hoy los responsables, perversos y delincuentes, buscan libertad mientras un Estado cómplice coquetea con soltarlos. ¿Hasta dónde vamos a llegar?

4. Educación en retroceso

El sistema educativo se deteriora por pérdida de vocación, salarios mal manejados y la connivencia de sectores de la ADP y Coopnama que se han convertido en nidos de corrupción. Mientras sus dirigentes viven en el lujo, el aula sigue pobre. No hay fortalecimiento real ni avance económico ni social que se refleje en los estudiantes.

La conclusión es clara*: PRM, PLD y FP han usado los pilares del Estado no para impulsar el Producto Interno Bruto de la gente, sino para maquillar cifras mientras el país retrocede.

Hoy el partido con más dominicanos se llama “Ninguno”. Son los indecisos, los silentes, los que perdieron la fe porque los de arriba fallaron.

Y si los de siempre no pueden, no resolvemos nada entregándole el país a improvisados, exconvictos o oportunistas cansados que buscan atajos. El remedio no puede ser peor que la enfermedad.

Porque si se lo dejamos otra vez a la cúpula del PRM, PLD y FP, el diablo no va a tardar: va a gobernar.

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