La seguridad social es un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho, el cual está consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República, que reza: «Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.»

Este derecho fundamental se concretiza a través de la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), concebido como un mecanismo integral de protección frente a las contingencias que pueden afectar la vida y la capacidad productiva de las personas.

La acción protectora del sistema se refiere al conjunto de prestaciones, servicios y garantías que el Estado organiza para proteger a los ciudadanos frente a riesgos como la enfermedad, la vejez, la discapacidad, los accidentes laborales y la pérdida de ingresos.  El financiamiento de la misma se hace a través de los regímenes contributivo, subsidiado y contributivo-subsidiado.

En ese sentido, desde una perspectiva doctrinal, la acción protectora no solo implica la existencia de prestaciones económicas, sino también la garantía de acceso efectivo a servicios de salud y mecanismos de prevención.

Tal como se expone en Lecciones de Seguridad Social, de Juan Gorelli Hernández, Ángel Luis Val Tena y otros autores, la acción protectora “comprende el conjunto de técnicas jurídicas y organizativas mediante las cuales el sistema de seguridad social da cobertura a las situaciones de necesidad socialmente relevantes”. Esta definición resalta el carácter dinámico e integral del sistema, que no se limita a compensar daños, sino que busca anticiparse a los riesgos.

En el caso dominicano, el Seguro Familiar de Salud (SFS) y el Seguro de Riesgos Laborales (SRL) son ejemplos concretos de esta acción protectora. El primero garantiza la atención médica a los afiliados y sus dependientes, mientras que el segundo cubre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, promoviendo además la prevención en los espacios laborales. A esto se suma el sistema de pensiones, orientado a asegurar ingresos en la vejez o en caso de discapacidad.

No obstante, a más de dos décadas de la promulgación de la Ley 87-01, persisten importantes desafíos, que conducen hacia una reforma integral, en la que se destacan la cobertura efectiva, la sostenibilidad financiera del sistema y la mejora en la calidad de los servicios. De igual manera, el fortalecimiento de la institucionalidad y la supervisión, a fin de que las prestaciones lleguen de manera oportuna y equitativa a todos los beneficiarios.

Durante más de dos décadas la educación en seguridad social fue olvidada, cualquiera podría decir que, a propósito, para que los ciudadanos no conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento. La educación es indispensable, además, para comprender el complejo lenguaje de la seguridad social.

En definitiva, el fortalecimiento de la acción protectora del sistema de seguridad social es una obligación legal y un imperativo ético para construir una sociedad más justa, inclusiva y resiliente frente a los riesgos del presente y del futuro. Es tiempo de reforma.

A propósito de las atinadas y oportunas declaraciones de mi querida Fellita Caamaño Grullón, prima del inmenso coronel de Abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó y hermana del también héroe de abril, mi hermano Claudio Caamaño Grullón, sobre el manto de olvido que cubre la gesta y el tiempo en que nos casamos con la gloria, me llegó un mensaje del pasado, de 1965, con el grato recuerdo de los compañeros que operaron desde la Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel) 24 horas sin parar, durante los primeros siete días de aquel abril que inscribió con letras de oro el rescate de la dominicanidad, del valor espartano de los restauradores del siglo XX, que impusimos el respeto a la Constitución de 1963, a los derechos humanos, al derecho a vivir sin temor y a la búsqueda de la felicidad en la guerra y en la paz.

El acontecimiento político-popular más importante del siglo XX fue el que protagonizamos los constitucionalistas de abril de 1965.

Desde del Grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863, hasta Abril de 1965, el pueblo dominicano había cedido el protagonismo de su historia, por una y otras razones, a fuerzas internas desorganizadas y antipatrióticas y a la presencia permanente de la bota de los Estados Unidos.

Salvo el luminoso período de la ocupación de 1916 a 1924, en el cual hombres y pequeños grupos de guerrilleros mantuvieron en alto la bandera nacional al enfrentar a las tropas de ocupación, principalmente en la región este, el país era víctima de fuerzas nacionales antipatrióticas.

La larga y oscura noche del trujillaje no pudo desarraigar el afán del pueblo por vivir en libertad bajo un régimen de derecho donde la Constitución y las leyes fueran el marco dentro del cual se desenvolvieran sus ciudadanos.

Por esa razón, cuando nos arrebataron la esperanza hicimos buena la estrofa del himno nacional que reza, como escribió el poeta Emilio Prud Homme:

“Mas Quisqueya la indómita y brava

Otras tantas ser libre sabrá

Que si fuere mil veces esclava

Otras tantas ser libre sabrá”

Los distinguidos compañeros que prestaron el inestimable servicio desde la Compañía Dominicana de Teléfonos fueron:

Héctor Victorino, Raquel Gómez Yangüela, Peña, Bueno y Genao.

Eran supervisados por un funcionario canadiense apellidado McCweight.

Merecen ser recordados.

jpm-am

El objetivo fundamental del derecho es mantener un buen funcionamiento en la sociedad. El filosofo inglés Thomas Hobbes  (1588-1679),  en su obra “El Leviatan” afirma que “cuando los hombres viven sin un poder que los controle, estos se encuentran en un continuo estado de guerra” y por eso era necesario tener un Estado que crease las leyes y las hiciera respetar. Mientras más las leyes de un país funcionan, si aplican correctamente, y van respondiendo a las nuevas mutaciones, las sociedades funcionan mejor.

El derecho penal es una de las ramas del derecho público fundamental, protege nuestros derechos fundamentales, como la vida, la salud, el patrimonio. Tiene una estructura que clasifica las violaciones a sus normas según la gravedad del reato. En la comisión de las infracciones es un elemento esencial el grado o no de participación consciente del autor de la infracción, el llamado elemento subjetivo, o sea la actitud psíquica del individuo respecto a la comisión del acto sancionable.

Existe el dolo, la culpa y la responsabilidad objetiva. Estos son elementos fundamentales para hacer imputable al sujeto de sanciones penales. La culpa, cuando se comete el acto por imprudencia, negligencia o no pericia. La responsabilidad objetiva en la cual es suficiente la relación de causalidad, basta que se haya causado un daño por la acción o inacción del sujeto (Ej. Algunas contravenciones). Estos son elementos fundamentales para hacer imputable al sujeto de la infracción cometida.

El dolo hace más grave la infracción porque en ella se actúa con la voluntad consciente de cometer el acto criminoso mientras que en las otras no hay una voluntad de cometer el hecho.

El dolo es el “animus necandi”, el querer cometer un acto ilícito que puede ser premeditado o de ímpetu, pero que se hace de manera voluntaria y consciente. El dolo está compuesto de dos elementos psicológicos que la definen, la representación y la voluntad. La voluntad es la parte volitiva, el deseo de causar el daño y la representación la idea en la mente de cómo la realizará.

El dolo no debe ser confundido con el móvil del crimen, ya que éste último es solo la causa o la razón por la cual el sujeto ha actuado.

En nuestra legislación hay tres tipos de dolo, el dolo directo que es la intención directa de cometer el delito. El dolo indirecto en el que se actúa previendo los daños colaterales que vienen con el hecho.  El tercero es el dolo eventual, aquel en el que se actúa sabiendo que lo que se hace puede tener como consecuencia un daño a un sujeto y, no obstante eso, se hace. No es importante si se quiere o no causar ese daño, basta la conciencia del riesgo y del daño que podría ocasionar y que se acepte la posibilidad de que se verifique el daño

En conclusión, quien causa un daño sancionado penalmente, sin quererlo pero  asumiendo el riesgo,  será castigado como si hubiera sido un dolo directo.

En Europa, Italia, hubo un caso muy controversial en la empresa Thyssenkrupp, en su establecimiento en Turín, en el 2007, donde se condenó, a sus representantes y a la empresa, por la muerte de siete obreros de la fábrica. Fueron condenados por Homicidio doloso alegándose un dolo eventual.

Dicha empresa, que producía acero y maquinarias industriales, era sujeta a ciertos riesgos, como la posibilidad de la formación de una nube incandescente de aceite nebulizado. Hecho que aconteció  fue la causa de la muerte de los obreros.

El no cumplimiento (crimen por omisión) de las normas de seguridad exigidas para proteger a los obreros de ese riesgo posible, obligatorias en la normativa de dicho país, fue considerado como un dolo eventual.  Los dirigentes de la empresa sabían que eso podía suceder y asumieron el riesgo.

El dolo eventual se puede dar en muchas situaciones y es importante tenerlo en consideración. Quien aplica un tratamiento médico agresivo o aplica medicamentos, vacunas,  (si no se trata de vida o muerte) sabiendo que pudieran causar daños  peores a los beneficios que se buscan, podría responder penalmente por el daño causado.

Un ejemplo serian los que cometen el delito de “Manipulación del Mercado” Este es un tipo de delito financiero, una especie de estafa, en la cual uno o más sujetos ponen en circulación noticias falsas u operaciones financieras simuladas, con el objeto de alterar el valor de los instrumentos financieros en el mercado. La comisión de este reato podría  causar otros daños mas allá de los que  directamente tutela la norma penal.

Este delito además de atentar contra la integridad de los mercados financieros e impedir la correcta formación de los precios de los instrumentos financieros en el mercado, puede afectar patrimonios, empresas y hasta países. En la actualidad tantas deudas públicas de los Estados son vendidas en el mercado segundario a través de  títulos cuyas tasas de intereses  podrían ser afectadas, aunque sea temporalmente,  por la circulación de noticas falsas.

Estos riesgos que se toman al realizar un acto, sea éste legal o ilegal, conllevan en si una responsabilidad sobre quien lo sabía y actúa de toda formas. Debe responder si sucede el daño y, en algunos casos,  sancionado como tentativa por el solo hecho de asumir el riesgo.

Es importante que se conozca mas sobre el dolo eventual porque podría evitar que personas, sujetos investidos con cierta cualidad, entes públicos y privados tomaran ligeramente ciertos riesgos.

Tutelándonos más mejoramos nuestro Estado de Derecho que es nuestra garantía de vivir en Paz y de progresar en una sociedad democrática y soberana. Es a esto a lo que aspiramos todos.

Con reglas más claras, más transparentes, con el hacer respetar  estas reglas, no sólo protegemos a los otros sino también a nosotros mismos. Evitar agresiones y daños  injustos es el objetivo primordial del derecho penal,  además de sancionar y castigar a los que violan esas reglas.

Draindirablanco@gmail.com

jpm-am